PGN - Concepto D-16841 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto D-16841 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
M.P JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
Ciudad
Expediente: D-16841
Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2468 de 2025 “Por medio de la cual se modifica la Ley 549 de 1999 con el fin de garantizar el financiamiento pasivo pensional de las entidades territoriales y el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales”
Concepto No.: 7646
De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto correspondiente a la demanda presentada ante esa Corporación, contra el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2468 de 2025.
I. ANTECEDENTES El 11 de agosto de 2025, el ciudadano Gilberto Toro Giraldo, en calidad de Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios presentó demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2468 de 2025, que modifica el artículo 2 de la Ley 549 de 1999 relativo a las fuentes para la financiación y pago de los pasivos pensionales territoriales. La norma demandada se transcribe a continuación: “ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 549 de 1999, el cual quedará así: Artículo 2. Fuentes para la financiación y pagos de los pasivos pensionales. Se destinarán a cubrir tos pasivos pensionates los siguientes recursos: [...]
así: Artículo 2. Fuentes para la financiación y pagos de los pasivos pensionales. Se destinarán a cubrir tos pasivos pensionates los siguientes recursos: [...]
4. A partir del año 2006, se destina al Fondo el diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial, los cuales se destinarán a atender pasivos pensionales territoriales del sector propósito general. [...]” El accionante formuló dos cargos de inconstitucionalidad. El primero, por el presunto desconocimiento del artículo 151 de la Constitución Política y del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al considerar que la disposición acusada fue aprobada sin realizar el correspondiente análisis de impacto fiscal, pese a que la modificación introducida durante el trámite legislativo habría ampliado tas obligaciones de financiación det FONPET a todas las entidades territoriales, particularmente a tos municipios,
Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA generando nuevas cargas presupuestales sin identificar fuentes de financiación suficientes. El segundo cargo, consistió en la presunta vulneración de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, por estimar que la disposición demandada desconoce el principio de irretroactividad de la ley, en la medida en que establecía obligaciones fiscales con referencia temporal al año 2006, pese a haber sido expedida en el año 2025. El magistrado sustanciador, mediante Auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), admitió el primer cargo de la demanda, al considerar que satisfacia
2025. El magistrado sustanciador, mediante Auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), admitió el primer cargo de la demanda, al considerar que satisfacia las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia constitucional para habilitar el juicio abstracto de constitucionalidad. Por el contrario, el segundo cargo fue inadmitido, al estimarse que no cumplía los requisitos mínimos de aptitud sustantiva exigidos por ta jurisprudencia constitucional. En el término correspondiente, el demandante presentó la corrección de la demanda respecto del segundo cargo, el cual se admitió mediante el Auto del 20 de octubre de
2025. Adicionalmente, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto en tos términos del artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991.
Esta decisión fue comunicada a través de oficio No. 154 del 8 de mayo del presente año!. tl. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL De conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda, en tanto se dirige en contra de un texto normativo que hace parte de una ley de la República. LA PROBLEMAS JURÍDICOS En atención a los cargos admitidos, los problemas jurídicos se circunscriben a determinar si: - —¿Elnumeral 4 del artículo 3 de la Ley 2468 de 2025 desconoce el artícuto 151 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al haber sido aprobado sin la presentación de un análisis de impacto fiscal, pese a que la
la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al haber sido aprobado sin la presentación de un análisis de impacto fiscal, pese a que la modificación legislativa habría ampliado las obligaciones de financiación del FONPET a todas las entidades territoriales y generado nuevas cargas presupuestales para los municipios y demás entidades territoriales? - ¿La misma disposición vulnera los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, al establecer una referencia temporal “a partir del año 2006”, que produciría efectos retroactivos respecto de entidades territoriales que no se encontraban previamente sometidas a la obligación de destinar el diez por ciento (10%) de 1 Mediante escrito del 10 de junio de 2026 el Procurador General de la Nación manifestó encontrarse impedido para rendir concepto en el presente proceso. En Auto 955 del 15 de julio de 2026 se declaró infundado el impedimento manifestado, providencia que fue notificada al Procurador Generat de la Nación mediante oficio SGC-1615/26 del 9 de octubre de 2026 y mediante estado No. 172 de la misma fecha. El término para presentar el concepto se reanudó el 13 de octubre de 2026. Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN sus ingresos corrientes de libre destinación al financiamiento del FONPET bajo el régimen originalmente previsto en la Ley 549 de 19997 NA CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará un análisis sobre: (a) el fundamento constitucional del impacto fiscal en relación con el
NA CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará un análisis sobre: (a) el fundamento constitucional del impacto fiscal en relación con el principio de sostenibilidad fiscal; (b) la estructura y el funcionamiento del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET); y (c) el principio de irretroactividad de ta ley en materia financiera y presupuestal, para, finalmente, (d) proponer una solución al caso concreto. a) El fundamento constitucional del impacto fiscal en relación con el criterio de sostenibilidad fiscal La sostenibilidad fiscal, incorporada a la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, constituye un criterio orientador de la actividad estatal cuyo objetivo es garantizar disciplina fiscal y evitar déficits prolongados que comprometan la estabilidad macroeconómica del país?. La Corte Constitucional ha precisado que este criterio funciona como un instrumento para alcanzar los fines del Estado social de Derecho y no como un fin en sí mismo?, Asimismo, el alto tribunal señala que, en caso de conflicto, la Constitución ordena preferir los objetivos superiores vinculados al gasto público social y establece que ta sostenibilidad fiscal no puede servir de base para restringir derechos fundamentales’. La reforma constitucional le otorgó a la sostenibilidad fiscal la naturaleza de criterio orientador que debe guiar a todas las ramas del poder público bajo el principio de colaboración arménica®. La Corte ha señalado que esta orientación no habitita controles fiscales que desconozcan el contenido esencial de los derechos ni limita la potestad legislativa en el diseño de políticas públicas, sino que impone un deber de
colaboración arménica®. La Corte ha señalado que esta orientación no habitita controles fiscales que desconozcan el contenido esencial de los derechos ni limita la potestad legislativa en el diseño de políticas públicas, sino que impone un deber de considerar razonablemente los efectos fiscales de sus decisiones". En este sentido, el análisis de impacto fiscal regulado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 constituye un parámetro de racionalidad legislativa que busca asegurar la consistencia macroeconómica de las normas que ordenen gastos o establezcan beneficios tributarios”, y tiene la finalidad de garantizar la publicidad, transparencia y suficiencia del debate legislativo. De esa manera, su cumplimiento fortalece la eficacia normativa y el orden en las finanzas públicas?. La intensidad de esta exigencia varía según el tipo de proyecto de ley. En los proyectos de iniciativa gubernamental, el deber fiscal es estricto: cuando implican gastos adicionales o disminución de ingresos, deben identificar fuentes de financiación sustitutivas, evaluadas y aprobadas por el Ministerio de Hacienda?. La omisión de este análisis configura un vicio de procedimiento insubsanable’®. En contraste, en Corte Constitucional. Sentencia C-288 de 2012. 3 Ibid. ‘Ibid. 5 Artículo 334 de la Constitución Política de Colombia. $ Corte Constitucional. Sentencia C-288 de 2012. Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 2023. £ Ibid. ? Artículo 7 de Ley 819 de 2003. 1" Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 2023.
Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 2023. £ Ibid. ? Artículo 7 de Ley 819 de 2003. 1" Corte Constitucional. Sentencia C-424 de 2023. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION proyectos promovidos por congresistas, el deber es menos rígido y se limita a incluir una consideración mínima sobre los efectos fiscales, sin exigir un anátisis exhaustivo”?. El Congreso debe valorar los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda, aunque no está obligado a acogerlos, y la ausencia de concepto no implica un veto a la actividad legislativa?. La Corte ha explicado además que una norma ordena gasto público únicamente cuando impone al Gobierno la obligación concreta e imperativa de incluir una erogación en el presupuesto. Para ello se debe verificar, entre otros elementos, (i) si los términos empleados respecto de la inclusión del gasto en el presupuesto son imperativos o facultativos y (ii) si el enunciado normativo es lo suficientemente concreto como para permitir su ejecución directa sin ulterior intervención del Ejecutivo?, En contraste, no se configura una orden de gasto cuando la ley se limita a autorizar al Ejecutivo para adelantar ciertas acciones o establece deberes generales cuya ejecución presupuestal queda sometida al régimen orgánico del presupuesto™. La jurisprudencia ha puesto ejemplos ilustrativos: disposiciones que autorizan al Gobierno a incluir partidas o que fijan deberes generales de financiación no configuran órdenes de gasto exigentes desde la perspectiva del artículo 7.
jurisprudencia ha puesto ejemplos ilustrativos: disposiciones que autorizan al Gobierno a incluir partidas o que fijan deberes generales de financiación no configuran órdenes de gasto exigentes desde la perspectiva del artículo 7. En la Sentencia C-161 de 2024, la Corte reiteró que el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige análisis de impacto fiscalentodos los proyectos que impliquen órdenes de gasto, beneficios tributarios o reducción de ingresos”?. Una norma constituye beneficio tributario cuando altera cargas fiscales otorgando tratamientos preferenciales o exenciones, con fines esencialmente extrafiscales””. Asimismo, se habla de órdenes de gasto cuando el enunciado jurídico consiste en “un mandato imperativo de gasto y, por tanto, constituir un título jurídico suficiente y obtigatorio para la inclusión de una partida en la ley de presupuesto”, diferenciándolas de disposiciones que contienen simples autorizaciones de las verdaderas órdenes, mediante el uso de los criterios gramatical y funcional. Para tal diferenciación, es importante que se identifique el uso de verbos imperativos como “deberá” o “se ordena”, de las expresiones meramente facultativas como “podrá” o “se autoriza”, pues sólo en el primer supuesto se configura una verdadera orden de gasto. Además, se debe evaluar si la orden es ejecutable y autosuficiente, pues una norma abstracta o condicionada a una reglamentación ulterior no puede ser considerada gasto si no tiene la capacidad suficiente para obligar al Ejecutivo, Conforme a ello, la interpretación sistemática del artículo 334 Superior y del artículo 7 de ta Ley 819 de 2003 demuestra que, tratándose de iniciativas congresionales, el
considerada gasto si no tiene la capacidad suficiente para obligar al Ejecutivo, Conforme a ello, la interpretación sistemática del artículo 334 Superior y del artículo 7 de ta Ley 819 de 2003 demuestra que, tratándose de iniciativas congresionales, el impacto fiscal funciona como un requisito de racionalidad para el debate, pero no 4 bid. 7 Ibid. Ibid. “ibid. 1S Ibid. 16 Corte Constitucional. Sentencia C-161 de 2024. ” Ibid. 1 Ibid. Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como un condicionante estricto que limite la potestad de configuración normativa del Legislador. b) La estructura y el funcionamiento del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET) El FONPET fue creado mediante ta Ley 549 de 1999, como un fondo sin personería jurídica, con el objeto de recaudar, asignar y administrar los recursos que se destinan a financiar el pago del pasivo pensional de las entidades territoriales. Su administración fue encomendada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien administra los aportes de origen constitucional, nacional y territorial a través de patrimonios autónomos”?. En efecto, esa normativa estableció que la Nación debe realizar aportes al FONPET, pero en todo caso, la responsabilidad de los pasivos pensionales territoriales se encuentra exclusivamente a cargo de cada entidad territorial, lo que implica también cubrir el valor de estos, conforme con los plazos y los porcentajes que disponga el Gobierno Nacional. La tey determinó varias fuentes de ingresos para el FONPET: constitucionales,
encuentra exclusivamente a cargo de cada entidad territorial, lo que implica también cubrir el valor de estos, conforme con los plazos y los porcentajes que disponga el Gobierno Nacional. La tey determinó varias fuentes de ingresos para el FONPET: constitucionales, nacionales y territoriales. Estas últimas, constituyen un complemento de los recursos que la entidad territorial puede tener como reserva destinada a atender sus obligaciones pensionales en los Fondos Territoriales de Pensiones, Patrimonios Autónomos o Encargos Fiduciarios”. TIPO DE APORTE FUENTES - Sistema General de Regalías - 2056/20. - SGP - Propósito General - Ley 863/03. - SGP-2,9% Asignación Especial - Ley 715/01. - Fondo Nacional de Regalías - Ley 141/94. - Regalías Directas y Compensaciones - Ley 141/94. - Privatizaciones. - — impuesto de Timbre Nacional. - Loto Unico Nacional - Ley 549/99. - Loto en Linea - Ley 643/01. - Ingresos corrientes de libre destinación. Territoriales - — Impuesto de Registro. - Venta de activos y/o acciones. Constitucionales?! Nacionales” Así las cosas, el FONPET constituye un fondo de pensiones sui géneris en tanto que no reconoce pensiones, no paga mensualmente mesadas a los pensionados y los recursos que administra el Gobierno nacional como administrador det Fondo, son de propiedad de las entidades territoriales. Adicionalmente, este Fondo debe velar por el registro de los aportes valorizados y de los pasivos pensionales de las entidades territoriales calculados mediante el
recursos que administra el Gobierno nacional como administrador det Fondo, son de propiedad de las entidades territoriales. Adicionalmente, este Fondo debe velar por el registro de los aportes valorizados y de los pasivos pensionales de las entidades territoriales calculados mediante el 19 Cartilla FONPET 2022. Minhacienda. Véase el enlace: https:/Awww.minhacienda.gov.co/documents/d/portaUcartilla-fonpet2022 2 Artículo 2 de la Ley 549 de 1999 modificado por el artículo 3 de la Ley 2468 de 2025. 21 En virtud de la Ley 2468 de 2025 se extinguió el situado fiscal (Ley 60/93) como fuente de recursos del FONPET, 2 En virtud de las Leyes 793 de 2002 y 1151 de 2007 (art. 160) las fuentes de recursos del FONPET provenientes de la extinción de dominio y de capitalizaciones privadas respectivamente, se extinguieron. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coO PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA Programa de Seguimiento y Actualización de los Cálcutos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales (PASIVOCOL) y por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en el Sistema de Información det FONPET (SIF) para reflejar estos valores en las cuentas individuales de cada entidad territorial en el Fondo”, Por otra parte, tos elementos del pasivo pensional territorial que se pueden pagar con recursos del FONPET son: i} los bonos pensionales, ii) las cuotas partes de bonos pensionales, iii) las cuotas partes pensionales, iv) la nómina de pensionados, v) la
Por otra parte, tos elementos del pasivo pensional territorial que se pueden pagar con recursos del FONPET son: i} los bonos pensionales, ii) las cuotas partes de bonos pensionales, iii) las cuotas partes pensionales, iv) la nómina de pensionados, v) la devolución de aportes” y, vi) las demás obligaciones pensionales originadas por tiempos antes de la vigencia de ta Ley 100 de 1993%, Ahora bien, los pasivos pensionales de las entidades territoriales se clasifican en tres sectores y se determinan anualmente, así: - Pasivo Sector Propósito General: corresponde al pasivo pensional calculado con base en información de las historias laborales reportadas por tas entidades territoriales a través del Programa PASIVOCOL. - Pasivo Sector Educación: corresponde al pasivo pensional determinado por el FOMAGFiduprevisora, con base en la información de los docentes que tuvo a cargo la entidad territorial en su rol de empleador. - Pasivo Sector Salud: corresponde al pasivo pensional estimado a partir de la información incluida en Contratos de Concurrencia que es reportada por el Grupo Pasivo Prestacional del Sector Salud, y de las “Otras obligaciones Pensionales”, no incluidas en dichos Contratos, las cuales fueron reconocidas como propias mediante acto administrativo emitido por las entidades territoriales e incluidas en el Programa PASIVOCOL. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, puede destinar hasta el 8% de los rendimientos generados por los recursos del FONPET para financiar sus gastos administrativos. A su vez, el parágrafo del artículo 147 de la Ley 1753 de 2015 precisa
rendimientos generados por los recursos del FONPET para financiar sus gastos administrativos. A su vez, el parágrafo del artículo 147 de la Ley 1753 de 2015 precisa que dichos gastos corresponden exclusivamente a los necesarios para la operación administrativa y financiera del Fondo. Las entidades territoriales cuentan con autorización de la legislación vigente para administrar de manera autónoma las reservas destinadas al pago de su pasivo pensional. Estos recursos se manejan a través de Fondos Territoriales de Pensiones, Patrimonios Autónomos, Encargos Fiduciarios y Cuentas Especiales. Los valores correspondientes deben registrarse de forma periódica en el Formulario Único Territorial (FUT) y certificarse mediante la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se incluyan en el cubrimiento del pasivo pensional, conforme a lo establecido en la Ley 549 de 1999. Por otra parte, el modelo de administración del FONPET es diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de determinar el monto de recursos que cada 2 Decreto 256 de 2022, que modifica y adiciona el Decreto 1068 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público) y los pardgrafos 2 y 4 del artícuto 18 de la Ley 715 de 2001. 2 Esta obligación se adiciona en la Ley 2468 de 2025 en el parágrafo 1 del artículo 2. 2 Incorporado mediante la Ley 2468 de 2025. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2 Incorporado mediante la Ley 2468 de 2025. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN entidad territorial debe transferir anualmente al Fondo”. Asimismo, la reducción de aportes que pueda realizar cada entidad territorial dependerá de la cobertura de sus pasivos pensionales por cada sector del FONPET, las necesidades de financiación sectorial y los excedentes de tos sectores Salud y Educación. En ese sentido, se reduce la participación de la entidad en los ingresos que la Nación transfiere conforme aesa reducción de aportes”, Además, si como resultado de la actualización del valor de sus pasivos pensionales, al cierre de la vigencia anterior, la entidad territorial alcanza a cubrir sus pasivos pensionales en los términos de la norma, de oficio le serán suspendidos los aportes a su cargo. La inspección, vigilancia y control sobre tas entidades administradoras de los recursos del FONPET será ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia o la que haga sus veces, la cual velará por el correcto manejo de los recursos administrados”. A su vez, el FONPET cuenta con un Comité Directivo que se encarga de aprobar los estados financieros, dar a conocer las políticas generales de administración, las administradoras exponen su gestión, entre otras”, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su rol de administrador de los recursos del FONPET, a través de procesos de licitación pública, contrata la administración de dichos recursos con las Entidades Fiduciarias y Administradoras de Fondos de Pensiones. Estas últimas, constituyen la Unidad de Gestión en la que se centralizan
del FONPET, a través de procesos de licitación pública, contrata la administración de dichos recursos con las Entidades Fiduciarias y Administradoras de Fondos de Pensiones. Estas últimas, constituyen la Unidad de Gestión en la que se centralizan las operaciones y los reportes de cada entidad administradora con el fin que tanto el Ministerio como las entidades territoriales tengan conocimiento de esa información de manera consolidada. Esta Unidad de Gestión también se encarga del Sistema de Información (SIF) del FONPET. Por último, la devolución de recursos excedentes sólo aplica para las entidades territoriales que no tengan obligaciones pensionales a su cargo en los sectores Salud, Educación y Propósito General, o que las tengan plenamente financiadas (cubrimiento del pasivo pensional debe serigual o superior al 125% por sector del FONPET). Hay que tener en cuenta que los recursos excedentes del sector Propósito General deben trasladarse, en primer lugar, para cubrir faltantes de los sectores Salud y Educación, en caso de que sea necesario”, 2 Regulado en el parágrafo 5 del art. 2 de la Ley 549 de 1999, modificado por el art. 3 de ta Ley 2468 de 2025. 27 ibid. Reglamentada por el Decreto Único 1068 de 2015 por el artículo 2,12.3,16.4 28 Ley 549 de 1999, artículo 18, modificado por el artículo 9 de la Ley 2468 de 2025. 2% Artículo 8 de la Ley 549 de 1999, modificado por el artículo 6 de la Ley 2468 de 2025. El Comité Directivo se encuentra
conformado por: El ministro de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, o su delegado, el ministro de Trabajo o su delegado, el director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el ministro del Interior o su delegado, dos gobernadores o su delegado del nivel directivo. dos Alcaldes municipales o su delegado del nivel directivo, dos Alcaldes distritales o su delegado del nivel directivo, un representante de la Federación Nacional de Departamentos, un representante de la Federación Colombiana de Municipios, un representante de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y un representante de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, quienes tendrán participación en la toma de decisiones estratégicas y un representante de los pensionados designado por los presidentes de las organizaciones de pensionados de las entidades territoriales, que estén en vigencia legal. 3% De conformidad con el artículo 41 de la Ley 2063 de 2020 y los artículos 2,12.3.6.3, 2.12.3.8.2.11, 2.12,3.8,3.7 y 2.12.3.16.3, del Decreto 1068 de 2015. Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.coE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA c) El principio de irretroactividad de la ley en el ordenamiento constitucional El artículo 29 de la Constitución Política dispone que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esta previsión constituye una de tas principales manifestaciones del principio de irretroactividad de la ley dentro del ordenamiento constitucional colombiano. En desarrollo de dicho mandato, la
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esta previsión constituye una de tas principales manifestaciones del principio de irretroactividad de la ley dentro del ordenamiento constitucional colombiano. En desarrollo de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la prohibición de conferir efectos retroactivos a las disposiciones legales se encuentra estrechamente vinculada con los principios de seguridad jurídica, estabilidad normativa y protección de las situaciones jurídicas consolidadas. En ese sentido, la Corte Constitucional, ha sostenido que la esencia del principio de irretroactividad consiste en “la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente”, salvo hipótesis excepcionales en las que la aplicación retrospectiva de la ley resulte concurrentemente más favorable para el destinatario y para la realización del bien común.? Asimismo, ha precisado que el fundamento de dicho principio radica en “la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico”, pues, de lo contrario, se producirían graves afectaciones a la confianza legítima de los asociados respecto de las reglas vigentes al momento de estructurar sus relaciones jurfdicas™. La Corte también ha indicado que la prohibición de retroactividad encuentra especial justificación en razones de orden público, en la medida en que las personas depositan su confianza en la ley vigente y, con fundamento en ella, desarrollan múltiples actuaciones y relaciones jurídicas, de modo que conferir efectos retroactivos a una disposición normativa equivale a destruir la confianza y seguridad depositadas en el ordenamiento jurídico, máxime, teniendo en cuenta que la seguridad jurídica
actuaciones y relaciones jurídicas, de modo que conferir efectos retroactivos a una disposición normativa equivale a destruir la confianza y seguridad depositadas en el ordenamiento jurídico, máxime, teniendo en cuenta que la seguridad jurídica constituye un requisito indispensable para la preservación del orden, razón por la cual el legislador no puede modificar situaciones jurídicas consolidadas en detrimento de la seguridad jurídica y de la confianza legítima de los destinatarios de la ley®®. No obstante, también ha precisado que el principio de irretroactividad no reviste carácter absoluto. En la Sentencia C-549 de 1993 esta Corporación señaló que el universo jurídico no permite posiciones absolutas por cuanto la dinámica propia del ordenamiento jurídico implica reconocer la posibilidad de mutaciones normativas para atender nuevas realidades económicas, sociales y fiscates”. Desde esa perspectiva, la prohibición de retroactividad no puede interpretarse de manera tal que conduzca a la inmovilidad del orden jurídico, particularmente en escenarios que están en permanente transformación normativa, como es el caso de los asuntos financieros, presupuestales y tributarios®. En armonía con lo anterior, la Sentencia C-763 de 2002 reiteró que la regla general derivada del artículo 58 de la Constitución consiste en la irretroactividad de la ley, en cuanto garantía de respeto de los derechos adquiridos legítimamente bajo la 31 Corte Constitucional. Sentencia C-549 de 1993 % Ibidem % Ibidem Ibidem. % Ibidem. 36 Ibidem. 2 Ibidem. % Ibidem.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-549 de 1993 % Ibidem % Ibidem Ibidem. % Ibidem. 36 Ibidem. 2 Ibidem. % Ibidem. Carrera 5 # 15-80, Bogota D.C | PBX: (601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN tegislación anterior. Sin embargo, la misma providencia precisó que dicha garantía no impide que las nuevas disposiciones legales incidan sobre situaciones jurídicas en curso que aún no han consolidado derechos adquiridos, pues en tales eventos “la nueva ley entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua”. A partir de ello, se ha diferenciado entre la afectación de situaciones jurídicas consolidadas y la regulación inmediata de relaciones jurídicas en curso. Mientras la primera hipótesis compromete la protección de situaciones jurídicas consolidadas y de derechos adquiridos bajo la legislación anterior, la segunda corresponde a aquellos eventos en los cuales la nueva ley entra a regular situaciones jurídicas en curso, “en el estado en que estén”, sin perjuicio del respeto de lo ya surtido bajo la ley anterior. En consecuencia, el principio de irretroactividad no impide que el Legislador introduzca modificaciones norm
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