PGN - Concepto D-17638 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17638 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Ciudad De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de Constitución Política, procedo a rendir el concepto de rigor, en relación con la demanda en contra del literal a), numeral 1, artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, presentada ante

Expediente: D-17638

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad en contra del literal a), numeral 1, artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».

Concepto No.: 7639 esa Corporación.

El ANTECEDENTES 22 de junio de 2026, Gladys Lozano Martínez presentó demanda de inconstitucionatidad contra el literal a), numeral 1, artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, cuyo texto se presenta a continuación, resattando los apartes acusados: La demandante señaló que el aparte acusado infringe el derecho de todo ciudadano a acceder a funciones y cargos públicos (artículo 40.7, C.P.), el derecho al trabajo (artículo 25, C.P.), así como la oportunidad para acceder a funciones públicas en condiciones de igualdad (remisión del artículo 93, C.P., al artículo 23.1.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-). Afirmó que la disposición demandada comporta una

igualdad (remisión del artículo 93, C.P., al artículo 23.1.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-). Afirmó que la disposición demandada comporta una incompatibilidad total y amplía que impide a los exfuncionarios de la entidad territorial participar en actuaciones administrativas de acceso al empleo o contractuales aún si el ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio: a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual ent les tenga interés e rtamento, municipio correspondiente, o sus organismos;

(...)

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026“S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA proceso proviene de procedimientos impersonales, objetivos, reglados que no implican la gestión, intercesión, influencia o representación activa de intereses particulares.

En su criterio, la restricción durante los 12 meses indicados en la norma únicamente debe circunscribirse a aquellos eventos en los que pueda mediar un aprovechamiento residual con el consecuente compromiso de la moralidad, imparcialidad o transparencia administrativa. Así, se debe censurar aquella lectura que significa una prohibición total

debe circunscribirse a aquellos eventos en los que pueda mediar un aprovechamiento residual con el consecuente compromiso de la moralidad, imparcialidad o transparencia administrativa. Así, se debe censurar aquella lectura que significa una prohibición total de participación, esto es, una restricción del derecho de acceso a funciones y cargos públicos cuando el aspirante cumple los requisitos legales y no realiza conductas orientadas a influir en la decisión del nivel territorial. La demandante solicitó declarar exequible de manera condicionada el literal demandado, bajo el entendido de que la incompatibilidad allí prevista se circunscribe a la prohibición de gestionar, interceder o representar activamente intereses propios o ajenos ante la administración territorial donde se ejerció el cargo de elección popular, y no comprende la mera participación, aceptación o acceso a la función pública o a la contratación estatal resultante de procedimientos impersonales, objetivos y legalmente reglados, todo ello sin perjuicio de las demás inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, impedimentos y conflictos de interés previstos en el ordenamiento. Subsidiariamente, si la Corte considera que el condicionamiento no debe comprender toda la contratación estatal, solicitó excluir al menos la aplicación de la norma amplia a la aceptación y posesión en empleos públicos provistos conforme a procedimientos legales y a la participación contractual en la que no exista gestión, intercesión o representación activa de intereses. La magistrada sustanciadora inadmitió la demanda, en Auto del 31 de julio de 2026, y, una vez recibido el escrito de corrección!, mediante Auto del 26 de agosto de 2026, admitió el cargo en mención? y dio traslado de la demanda al Procurador Generat de la

una vez recibido el escrito de corrección!, mediante Auto del 26 de agosto de 2026, admitió el cargo en mención? y dio traslado de la demanda al Procurador Generat de la Nación. Lo anterior, se comunicó a esta entidad mediante oficio No. 318 del 4 de septiembre de 2026. Il. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre ta presente acción pública de inconstitucionalidad, por cuanto cuestiona expresiones contenidas en la Ley 1952 de 2019. En esa medida, el Alto Tribunal se encuentra en el supuesto del numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, en tanto la demanda se dirige contra una ley de la

República. ill. CUESTIÓN PREVIA: MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente en una causal de impedimento, participé en la elaboración de la norma por calidad de secretario general del Senado de la República que desempeñé en el trámite de expedición de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. 1 Inicialmente la demandante formuló dos cargos, uno de los cuales se dirigió contra la interpretación administrativa que sobre la misma disposición efectuó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá frente a dos casos concretos. La demandante desistió de este cargo en el escrito de corrección. 2 En la misma providencia se rechazaron otros dos cargos formulados en el escrito de corrección de la demanda.

desistió de este cargo en el escrito de corrección. 2 En la misma providencia se rechazaron otros dos cargos formulados en el escrito de corrección de la demanda.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 ¡ Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026Así, “SS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en ejercicio de los deberes y funciones de dicho cargo, participé de forma verbal y escrita durante el respectivo trámite, conforme a los antecedentes que constan en fuentes oficiales y que se reseñan a continuación: El proyecto de ley No. 55/2014 Senado, “por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, de iniciativa de los entonces Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo, fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la República, remitido para reparto y enviado a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado el 6 de agosto de 2014 y el informe de ponencia para primer debate se publicó el día 29 de octubre de 2014.

El proyecto fue sometido a consideración y votación en primer debate los días 12 y 18 de noviembre de 2014, fechas en la que la Secretaría de la corporación dio lectura al proyecto y proposiciones, previo llamado a lista, verificación del quórum y lectura del orden del día, así como se informó el resuttado de las respectivas votaciones?. El informe de ponencia para segundo debate se publicó el 10 de diciembre de 2014",

al proyecto y proposiciones, previo llamado a lista, verificación del quórum y lectura del orden del día, así como se informó el resuttado de las respectivas votaciones?. El informe de ponencia para segundo debate se publicó el 10 de diciembre de 2014", y en sesión del 19 de junio de 2024 se llevó a cabo el debate de la iniciativa ante la Plenaria del Senado de la República”. El asunto se incluyó en el orden del día y se anunció, para posteriormente ser sometido a la votación propia del segundo debate, momento en el cual la Secretaría atendió las inquietudes relacionadas con las proposiciones recibidas, presentó a consideración de los Senadores los impedimentos formulados, dio lectura al título del proyecto, cerró el registro electrónico de votación e informó el resultado de esta. En consecuencia, el proyecto hizo tránsito a la Cámara de Representantes. Surtidos el tercer y cuarto debate de la iniciativa, el 17 de junio de 2015 se sometió a votación el acta de conciliación contentiva de las diferencias y modificaciones hechas al texto del código. Además, se dio trámite a las objeciones gubernamentales, las cuales fueron parcialmente acogidas y otras merecieron un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional?. Luego, el texto rehecho acorde a la decisión del Alto Tribunal se aprobó en sesión plenaria del Senado de la República del 5 de junio de 2018", posterior a lo cual la iniciativa se sancionó como Ley 1952 de 2019!, Si bien en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha

Si bien en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. Cfr. Gaceta del Congreso No. 401 del 6 de agosto de 2014. 4 Cfr. Gaceta del Congreso No. 664 del 29 de octubre de 2014. $ Cfr. Acta No. 25 y 26 de 2024 de la Comisión Primera del Senado de la República. Gacetas del Congreso No. 23 y 24 de 2014. $ Cfr. Gaceta del Congreso No. 842 del 10 de diciembre de 2024, 7 Cfr. Acta No. 37 del 15 de diciembre de 2014 de la Sesión Plenaria del Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 149 del 2015. 8 Cfr. Acta No. 68 del 17 de junio de 2015 de la Sesión Plenaria del Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 784 del 2018. ? Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2016, vo Cfr, “Gir. Acta No. 64 del 5 de junio de 2018 de la Sesión Plenaria del Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 777 del 2015. Gaceta del Congreso No. 166 de 2019.

Proceso: Documental] Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co

Código: DO-F-28 | Versión: $] Fecha: 25//08/2026> PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA En efecto, la presente demanda resulta andloga a la analizada por la Corte Constitucional en et Auto 404 de 2025", en el cual se precisó que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de control en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, to cierto es que dicha actuación no fue activa ni determinante en el proceso de formación de la norma acusada, ni guardó relación directa con el asunto que la Corte debía resolver. Por lo anterior, ta Sala Plena concluyó que no se encontraba demostrada circunstancia alguna que comprometiera miindependencia o imparcialidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada.

En esta ocasión, al contrastar el contenido de la demanda bajo radicado D-17638 y de los autos proferidos por esa Corporación”?, no hay duda sobre la naturaleza del cargo admitido, el cual plantea vicios de fondo que no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República. En suma, formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la Ley 1952 de 2019, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes en el asunto bajo examen y, por tanto, no comprometen mi independencia e imparcialidad. Esto, con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.

IV. PROBLEMA JURÍDICO En atención al cargo admitido, para el Ministerio Público, la Corte debe resolver el

la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.

IV. PROBLEMA JURÍDICO En atención al cargo admitido, para el Ministerio Público, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la disposición acusada, que establece una incompatibilidad para intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos administrativos y contractuales en los que tenga interés la entidad territorial y que recae sobre exservidores de elección popular del departamento, distrito o municipio correspondiente, la cual se extiende a los 12 meses posteriores a la conclusión del periodo para el que fueron elegidos o a su retiro efectivo del cargo, vulnera las garantías constitucionales asociadas al acceso y desempeño de cargos públicos (art. 40.7, 25 y

93, C.P.)?

  1. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Con et fin de dar solución al problema jurídico planteado, el Ministerio Público se referirá a (i) la libertad de configuración normativa en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos de elección popular, y (ii) la función pública en un Estado democrático para, posteriormente, (iii) dar solución al problema jurídico planteado.

A. Libertad de configuración normativa en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos de elección popular El artículo 124 Constitucional establece que corresponde al Legislador determinar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, disposición que debe leerse de manera armónica con la habilitación para expedir la normativa que regule el ejercicio de 1 Corte Constitucional. Auto 404 de 2025, en el cual se resuelve el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto dentro del proceso de constitucionalidad del expediente D-16177 AC.

1 Corte Constitucional. Auto 404 de 2025, en el cual se resuelve el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto dentro del proceso de constitucionalidad del expediente D-16177 AC. 8 Corte Constitucional. Autos 283, 402, 406, 455, 670, 1920 y 1171 de 2025, mediante los cuales se resolvieron los impedimentos presentados por el Procurador General de la Nación. Proceso; Documentat | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código; DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA ta función pública (artículo 150, numeral 23, C.P.), a la luz de la cláusula de responsabilidad por infringir la Constitución y la ley, así como por la omisión y extralimitación en el ejercicio de las funciones derivadas de los cargos que ejercen (artículo 6, C.P.). Este régimen está vinculado al derecho disciplinario, que es una de las formas del ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado orientada a preservar el interés general, la función pública y el orden institucional, por lo que debe asegurar el derecho al debido proceso, en todos sus componentes, y fundarse en principios y valores constitucionales?. En cumplimiento de la función prevista en el artículo 150, numeral 23 Superior, las excepciones al derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos deben ser reguladas por el Legislador. Dicho numeral establece límites a una de las manifestaciones del principio de participación en el ejercicio y control del poder público, así como del derecho fundamental a ser elegido, entendido como derecho

ser reguladas por el Legislador. Dicho numeral establece límites a una de las manifestaciones del principio de participación en el ejercicio y control del poder público, así como del derecho fundamental a ser elegido, entendido como derecho político cuya interpretación y alcance debe acompasarse con el artículo 23 de la CADH, referido al acceso a la función pública en condiciones de iguatdad. Debe precisarse que, tratándose de los servidores públicos de elección popular, la garantía del derecho a ser elegido abarca la presentación de la candidatura y el derecho a ser proclamado electo, así como el derecho a mantenerse en el cargo y a desempeñarlo de conformidad con las leyes y reglamentos que regulan dicho cargo, siguiendo la prescripción del artículo 122 superior según la cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento?, Pues bien, el artículo 293 Superior atribuyó al Legislador una amplia discrecionalidad en cuanto a la definición de las inhabilidades (que limitan el acceso al cargo) e incompatibilidades (que impiden el desarrollo puntual de una o más funciones del cargo) de los ciudadanos elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en entidades territoriales. Sobre el particular, la Corte precisó que uno de los objetivos de las inhabilidades y de las incompatibilidades es regular el acceso y ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad, moralidad, transparencia y probidad en la ejecución de los fines del Estado, ya que pretenden la realización de intereses colectivos”. De ahí que resulte admisible que el Legislador formule los hechos que configuran inhabilidades e incompatibilidades para quien fue elegido democráticamente. Aun cuando se habilitó al Legislador para establecer las condiciones y requisitos para el

colectivos”. De ahí que resulte admisible que el Legislador formule los hechos que configuran inhabilidades e incompatibilidades para quien fue elegido democráticamente. Aun cuando se habilitó al Legislador para establecer las condiciones y requisitos para el ejercicio de ese derecho de acceso y permanencia en cargos públicos, la libertad de configuración legislativa debe atender criterios mínimos de razonabilidad y proporcionalidad sin que pueda conltevar la restricción injustificada de garantías fundamentates en un sistema democrático". Consecuentemente, lejos de comprenderse como una libertad absoluta o arbitraria, el ejercicio de la competencia legislativa en comento debe ajustarse a los principios superiores fijados en la carta política"?, teniendo presente que la Constitución señala reglas generales y usualmente no exhaustivas, que pueden ser complementadas, que no modificadas, por el 44 Corte Constitucional. Sentencias C-030 de 2023, C-146 de 2021, C-401 de 2013, C-692 de 2008, entre otras. % Corte Constitucional. Sentencia SU-342 de 2024. 16 Vanegas Gil, Pedro Pablo (2009). Las candidaturas en el derecho electoral colombiano. Universidad Externado de Colombia, p. 54-72. Y Corte Constitucional. Sentencia SU-115 de 2019. ® Corte Constitucional. Sentencia SU-342 de 2024. 1 Gorte Constitucional. Sentencias y O-532 de 2015, C-315 de 2012, C-S00 de 2014, C-819 de 2006, entre otras.

Proceso: Documental] Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026E PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Legislador”. Un ejemplo de ello es la prohibición constitucional al Legislador de fijar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados que resulte menos estricto que el señalado para los congresistas (artículo 299 C.P.): este régimen estricto es un estándar mínimo para regular en ta ley el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, en lo que tiene que ver con las causales y su contenido; de ahí que una regulación legal menos estricta que la fijada en el estándar constitucional, resulte incompatible con el texto superior??. En el mismo sentido, estableció que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores no será menos estricto que el establecido para el presidente de la República”.

De lo dicho se resalta que las circunstancias y las condiciones personales y funcionales que configuran las inhabilidades, las incompatibilidades y las prohibiciones establecidos en la Constitución y la ley son límites y restricciones legítimas at derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” y que su adopción por el Legislador, aun cuando para ello se reconoce un amplio margen de configuración, se encuentra supeditado a límites constitucionales que provienen tanto de mandatos concretos, como de la aplicación de principios generales incorporados al texto superior.

B. La función pública en un Estado democrático La jurisprudencia constitucional ha construido el concepto de función pública como «el

de mandatos concretos, como de la aplicación de principios generales incorporados al texto superior.

B. La función pública en un Estado democrático La jurisprudencia constitucional ha construido el concepto de función pública como «el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines»?”, Se nutre a partir de los principios de la administración pública como ta moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209, C.P.), de manera que el acceso al desempeño de cargos públicos está sometido a unas condiciones que tienen como propósito asegurar que las personas que los ostentan encaminen sus actuaciones a favor de los intereses de la comunidad en general”.

Es en ese contexto en el que se inserta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, herramienta que busca constatar la idoneidad, moralidad y probidad de las personas para cumplir con las responsabilidades propias de sus cargos, lo cual contribuye a garantizar un adecuado ejercicio de la función pública y, por ende, a asegurar que el cumplimiento de tas funciones atribuidas a un determinado cargo contribuya a la satisfacción del interés general?, Es bueno precisar que, desde una perspectiva electoral, la función pública expresa ta participación del pueblo en la conformación, ejercicio y control del poder político, ejercicio que se expresa mediante et voto depositado en los procesos electorales con la finalidad de asegurar la elección de las autoridades y corporaciones públicas que la Constitución señala, la revocatoria del mandato de los elegidos y la adopción directa de determinadas decisiones públicas”. Esta premisa se armoniza con el postulado

finalidad de asegurar la elección de las autoridades y corporaciones públicas que la Constitución señala, la revocatoria del mandato de los elegidos y la adopción directa de determinadas decisiones públicas”. Esta premisa se armoniza con el postulado 29 Corte Constitucional. Sentencia C-284 de 2016. 2 Corte Constitucional. Sentencia C+396 de 2021. 22 Constitución Política, artículo 304, 2 Corte Constitucional. Sentencia SU-115 de 2019. 24 Carte Constitucional. Sentencia C-631 de 1996, reiterada en la Sentencia C-952 de 2001 y en la Sentencia C-427 de 2023. % Corte Constitucional. Sentencia C-427 de 2023. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-952 de 2001. 27 Corte Constitucional. Sentencia C-497 de 2019.

Proceso: Documental | Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C | PBX: 601) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/202659% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN constitucional según el cual los servidores públicos? son responsables por infringir el texto superior y las leyes, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6, C.P.), lo que abarca a quienes son elegidos por voto popular.

Con todo, es posible que el principio de la función pública como eje orientador de la Constitución entre en disputa con el ejercicio de derechos como el de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, cuestión que se puede examinar bajo la perspectiva de la interpretación conforme, según la cual el intérprete debe otorgar

Constitución entre en disputa con el ejercicio de derechos como el de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, cuestión que se puede examinar bajo la perspectiva de la interpretación conforme, según la cual el intérprete debe otorgar prevalencia a la supremacía constitucional y desechar aquellas opciones interpretativas que contradigan la Constitución Política, incluso cuando las mismas sean un ejercicio razonable de las formulas de interpretación”. Así, entre dos interpretaciones posibles, se deberá escoger aquella que garantice tos principios y valores constitucionales, y particularmente los principios pro persona, pro libertate y de favorabilidad.

C. Solución del caso concreto En esta oportunidad el cargo admitido invita a revisar si la incompatibilidad objeto de reproche desconoce los postulados constitucionales relativos al acceso y desempeño de cargos públicos. Para la Procuraduría General de la Nación no se advierte una disconformidad con tos principios que rigen el ejercicio de la función pública ni de los derechos políticos, por to que en el caso concreto la voluntad del Legislador ha de ser preservada.

Lo primero que debe indicarse es que el Alto Tribunal señaló que las incompatibilidades consisten en «una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado».

indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado». Es una figura distinta a las inhabilidades, entendidas estas como «impedimentos de origen potítico, ético, o moral, para ser elegido o nombrado, en determinado cargo, pero que provienen de circunstancias externas, tales como el parentesco, los antecedentes, el ejercicio de otras actividades»”. Si bien regulan situaciones jurídicas diferentes según se trate del acceso —inhabilidades— o ejercicio de la función pública— incompatibilidades—, no son excluyentes, pues las incompatibilidades de un cargo que se extienden más allá del periodo dispuesto para su ejercicio constituyen inhabilidades genéricas o condiciones de inegilibilidad”. Se reitera que, si bien el margen de configuración para que el Legistador defina el régimen de responsabilidad de quienes se postularon o fueron elegidos por voto popular resulta amplio, el mismo debe atender criterios de razonabilidad y proporcionalidad para alcanzar tos fines propuestos, lo que impide que cualquier situación configure una incompatibilidad o inhabilidad. Esto obedece, en parte, a que la incompatibilidad para 28 Constitución Política, artículo 123. 2 Corte Constitucional. Sentencia 054 de 2016. $ Corte Constitucional. Sentencia C-181 de 1997, reiterada en la Sentencia SU-115 de 2019, entre otras. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de octubre de 2001. Exp. 2721, citado en ta Sentencia SU-115 de 2019 de la Corte Constitucional

31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de octubre de 2001. Exp. 2721, citado en ta Sentencia SU-115 de 2019 de la Corte Constitucional Corte Constitucional, Sentencia SU-115 de 2019.

Proceso: Documental | Carrera 5 4 15-80, Bogotá D.C | PBX: 401) 5878750 | www.procuraduria.gov.co Código: DO-F-28 | Versión: 5 | Fecha: 25//08/2026O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA esta categoría de servidores públicos tiene un impacto particular de cara a una de las bases del Estado democrático, como lo es la voluntad representada en el voto popular, sin que las conductas enlistadas conlleven un sacrificio injustificado del derecho de todo ciudadano a acceder y desempeñarse en el cargo para el cual fue elegido®.

Claro to anterior, una lectura integral permite deducir una correlación genérica entre el literal acusado y el régimen previsto en la misma Ley 1952. En efecto, el artículo 23 de ese cuerpo normativo dispone que «el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes», con lo cual se contribuye a materializar los principios que rigen el ejercicio de la función pública, tales como la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Luego, con el propósito de enlistar las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades

transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Luego, con el propósito de enlistar las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés, el capítulo IV de esa misma ley incorporó todas las conductas que dan lugar a estas figuras, esto es, las que están señaladas en la Constitución, en la ley y las que se indican en los artículos 42, 43 y 44 del Código General Disciplinario. Concretamente, el artículo 43, del que hace parte

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