PGN - Concepto D-17661 de 2026
Detalles
- Título
- PGN - Concepto D-17661 de 2026
- Autor
- Procuraduria General de la Nacion
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- 2026
O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados
CORTE CONSTITUCIONAL
M.P. JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Ciudad
Expediente: D-17661
Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”.
Concepto No.: 7640
De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de Constitución Política, procedo a rendir el concepto en el proceso de revisión de la constitucionalidad del asunto de la referencia. l ANTECEDENTES El 02 de julio de 2026, el ciudadano Juan Felipe Perdomo Polanco presentó acción pública de inconstitucionalidad en contra del parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, que se trascribe a continuación: “Artículo 111. De las Inhabilidades de los Gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador: (...) Parágrafo. Interprétes ra todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el presente artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial”. En consideración del actor, existe cosa juzgada material respecto de la disposición acusada, por cuanto mediante Sentencia C-396 de 2021 se declaró inexequible el
o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial”. En consideración del actor, existe cosa juzgada material respecto de la disposición acusada, por cuanto mediante Sentencia C-396 de 2021 se declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 20171, cuyo contenido es idéntico al det apartado actualmente demandado, que establecía en relación con las inhabilidades de los diputados que “...Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio”. Si bien el demandante reconoce que la norma declarada inexequible en la Sentencia C-396 de 2021 resultaba aplicable a las inhabilidades de los diputados, y la actual disposición acusada se enmarca en el contexto de las inhabilidades de los gobernadores, afirma que el presente caso supera los cuatro requisitos exigidos por la Corte Constitucional, para declarar la existencia de la cosa juzgada, por cuanto, en su criterio, la decisión allí contenida no solo tomó como parámetro lo dispuesto en el Y “Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones.”59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA artículo 299 superior, sino que también se refirió a lo señalado en los artículos 171 y 176 ibidem respecto de las circunscripciones electorales, a partir de las cuales se concluyó que “las circunscripciones se conforman por el elemento territorial o por el elemento poblacional”. Así, ta definición del concepto de circunscripción
176 ibidem respecto de las circunscripciones electorales, a partir de las cuales se concluyó que “las circunscripciones se conforman por el elemento territorial o por el elemento poblacional”. Así, ta definición del concepto de circunscripción departamental, que no es exclusiva de la elección de los diputados, fue determinante en la declaratoria de inexequbilidad de la norma analizada en la sentencia en mención. De tal modo, concluyó que la respuesta al problema jurídico planteado en la sentencia C-396 de 2021 puede formularse en los siguientes términos: ... [L]as circunscripciones están determinadas expresamente en la Constitución y se conforman por el elemento territorial o por el poblacional (fj. 113); la circunscripción departamental es “la comprensión geográfica o territorial del departamento”, esto es, el departamento como territorio, en la totalidad de su extensión (fis. 117 y 119); y el elemento territorial así entendido es “uno de los elementos que configuran la inhabilidad”, de modo que la disposición que ordena entender el “departamento” como la entidad pública lo suprime (fj. 119). Con esa premisa la Corte resolvió el caso concreto y concluyó que la interpretación orgánica “modificó el alcance material” de tas inhabilidades, lo que determinó la inexequibilidad (fj. 123)”. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 26 de agosto de 2026, admitió el cargo por desconocimiento del artículo 243 de la Constitución, en la medida que ninguna autoridad puede reproducir el contenido material declarado inexequible por razones de fondo. Adicionalmente, corrió traslado al Procurador General de la Nación. Lo anterior, se comunicó a esta entidad mediante Oficio No. 321 del 04 de septiembre de 2026.
autoridad puede reproducir el contenido material declarado inexequible por razones de fondo. Adicionalmente, corrió traslado al Procurador General de la Nación. Lo anterior, se comunicó a esta entidad mediante Oficio No. 321 del 04 de septiembre de 2026.
Il. CUESTION PREVIA
A. MANIFESTACION DE TRANSPARENCIA Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente en una causal de impedimento, participé en la elaboración de la norma en mi otrora calidad de secretario general del Senado de la República.
Alo largo del procedimiento legislativo del Proyecto de Ley No. 486 de 2020 Cámara183 de 2021 Senado, otorgué constancia del texto aprobado en la plenaria del Senado, realicé actuaciones encaminadas a garantizar el principio de publicidad del trámite y suscribí, junto con el presidente del Senado, el cuerpo normativo finalmente sancionado por el presidente de la República, lo cual consta en las Gacetas del Congreso número 1749 de 2021? y 194 y 175 de 2022, 413 de 2022 y 256 de 2022. Si bien, en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ya ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. 2 Texto aprobado en Plenaria Senado Actas de sesión Plenaria Senado discusión y aprobación ponencia cuarto debate
conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. 2 Texto aprobado en Plenaria Senado Actas de sesión Plenaria Senado discusión y aprobación ponencia cuarto debate Actas de sesión Plenaria Senado discusión y aprobación de informe de conciliación $ Sanción Ley 2272 de 202259% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA En efecto, la presente demanda resulta análoga a la analizada por la Corte Constitucional en el Auto 404 de 2025$, en el cual se precisó que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa ni determinante en el proceso de formación de la norma acusada, ni guardó relación directa con el asunto que la Corte debía resolver. Por lo anterior, la Sala Plena concluyó que no se encontraba demostrada circunstancia alguna que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición cuestionada. En esta ocasión, al revisar el contenido de la Demanda D-17661 y de los autos” proferidos por esa Corporación, no hay duda sobre la naturaleza del cargo admitido, se trata de vicios de fondo sobre la reproducción por parte del legislador, de contenidos que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, que no tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República. Finalmente, estimo pertinente aclarar que formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la
tienen ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República. Finalmente, estimo pertinente aclarar que formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la Ley 2200 de 2022, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes en el asunto bajo examen y por tanto no comprometen mi independencia e imparcialidad. Así mismo, tiene el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen tuncionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones en este proceso.
B. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL La cosa juzgada constitucional constituye una de las instituciones fundamentales del sistema de control abstracto de constitucionalidad, en la medida en que garantiza la supremacía de la Constitución, la seguridad jurídica, la estabilidad del ordenamiento jurídico y la eficacia de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en ejercicio de ta función prevista en el artículo 241 de la Constitución Política?. Su fundamento inmediato se encuentra en el artícuto 243 superior, conforme al cual los fallos que el Alto Tribunal profiere en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito acosa juzgada constitucional.
La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La primera se presenta cuando la nueva demanda recae sobre la misma disposición jurídica previamente examinada por ta Corte Constitucional. La segunda tiene lugar cuando, aun tratándose de disposiciones formalmente distintas, estas reproducen un contenido normativo sustancialmente equivalente, de manera que el análisis debe recaer sobre la identidad de la regla jurídica incorporada y no únicamente sobre la literalidad de los textos legales®.
estas reproducen un contenido normativo sustancialmente equivalente, de manera que el análisis debe recaer sobre la identidad de la regla jurídica incorporada y no únicamente sobre la literalidad de los textos legales®. Cuando el Legislador reproduce un contenido que previamente fue declarado inexequible, le corresponde a la Corte Constitucional evaluar cuatro presupuestos, de los que dependerá si dicha norma también debe ser declarada inexequible: $ Corte Constitucional. Auto 404 de 2025 en el cual se resuelve el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto dentro del proceso de constitucionatidad del expediente D-16177 AC. ? Corte Constitucional. Autos 283, 402, 406, 455, 670, 1920 y 1171 de 2025, mediante los cuales se resolvieron los impedimentos presentados por el Procurador General de la Nación. 5 Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001, C-310 de 2002, C-007 de 2016, C-096 de 2017. ? Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001, C-311 de 2002, G-007 de 2016.S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN “7. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible.
2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción.
teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción.
3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la “reproducción” haya sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma.
4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad.
Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental”, El análisis de la cosa juzgada constitucional es una cuestión previa del cual depende si el Alto Tribunal puede entrar o no a realizar un estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad presentada. Este examen es anterior al análisis de fondo de las acciones en la medida que en virtud del artículo 243 superior y de los artículos 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y 21 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena no puede pronunciarse sobre un asunto debatido y fallado con anterioridad, pues las sentencias proferidas en ejercicio de sus competencias de control abstracto son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos generales"!.
puede pronunciarse sobre un asunto debatido y fallado con anterioridad, pues las sentencias proferidas en ejercicio de sus competencias de control abstracto son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos generales"!. A partir de las anteriores consideraciones, corresponde establecer si respecto de las expresiones acusadas del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022 concurren los presupuestos definidos por la jurisprudencia constitucional para corroborar la vulneración de la prohibición de reproducir el contenido material de normas declaradas inexequibles y predicar la existencia de cosa juzgada constitucional frente a la Sentencia C-396 de 2021, razón por la cual el Ministerio Público procederá a verificar los cuatro presupuestos señalados anteriormente. Primero. Se constata que efectivamente mediante Sentencia C-396 de 2021 se declaró inexequible el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, el cual establecía que frente a las inhabilidades de los diputados se debía interpretar el “departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas” y no como territorio. Segundo. Si bien la redacción del parágrafo del artícuto 6 de la Ley 1871 de 2017 es similar a la del parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, para la Procuraduría, la disposición demandada no se refiere al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, puesto que el contenido material del texto demandado no es igual al de aquel que fue declarado inexequible. La diferencia radica en que las Corte Constitucional. Sentencia C-311 de 2002. 11 Auto del 26 de agosto de 2026.S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA
igual al de aquel que fue declarado inexequible. La diferencia radica en que las Corte Constitucional. Sentencia C-311 de 2002. 11 Auto del 26 de agosto de 2026.S PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA interpretaciones realizadas sobre el concepto de departamento se erigen en contextos diferentes y a partir de consideraciones constitucionales distintas. En concreto, cada una de las disposiciones establece lo siguiente: Artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 Artículo 111 de la Ley 2200 de 2022 Artículo 6. De las inhabilidades de los diputados. (...) Parágrafo. interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como i ública institut entidades descentralizadas, no al aspecto territorio. Artículo 111. De las inhabilidades de los Gobernadores. (...) Parágrafo. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el presente artículo, se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que (Subraya fuera de texto) funciona en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial. (Subraya fuera de texto) Se considera que las disposiciones normativas son distintas por cuanto hacen referencia a contextos disimiles en la medida que el régimen de inhabilidades de los diputados se rige por normas constitucionales diferentes a la de los gobernadores, y es a partir de dicha normativa superior aplicable a tos diputados, sobre la cual la Corte en la Sentencia C-396 de 2021 concluye que el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871
es a partir de dicha normativa superior aplicable a tos diputados, sobre la cual la Corte en la Sentencia C-396 de 2021 concluye que el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 es inexequible, como se analiza en el cuarto elemento. Tercero. En efecto, la decisión adoptada en la Sentencia-396 de 2021 se centró en analizar si el “departamento” como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, desconocían la prohibición de fijar un régimen menos estricto que el establecido para los Congresistas, desconociendo la prohibición del artículo 299 constitucional. Es decir, planteaba un debate de fondo sobre el alcance de la expresión y, no un problema en el proceso de formación de la ley que la contiene. Cuarto. La Procuraduría considera que no es procedente la declaratoria de cosa juzgada constitucional, en razón a que la conclusión a la que llega el Alto Tribunal en la Sentencia C-396 de 2021 tiene como fundamento normas constitucionales que resultan aplicables a los congresistas y a los diputados en virtud del artículo 299 superior, y no a los gobernadores. En efecto, el problema jurídico de la precitada sentencia se enmarcó en determinar si la interpretación brindada al concepto de departamento, “desconoc/ía] la prohibición constitucional al legislador de fijar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados menos estricto que el señalado para los congresistas, en lo que corresponda (art. 299 CP), y los límites de la facultad del legislador para interpretar las leyes (150.1 CP)”’? (negriltas por fuera del texto). Con fundamento en lo anterior, para determinar si el Legislador había establecido un
corresponda (art. 299 CP), y los límites de la facultad del legislador para interpretar las leyes (150.1 CP)”’? (negriltas por fuera del texto). Con fundamento en lo anterior, para determinar si el Legislador había establecido un régimen de inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el dispuesto en la Constitución para los congresistas, el Alto tribunal consideró pertinente analizar “la constitucionalidad de la aplicación del concepto de “Departamento” al régimen de 1 Corte Constitucional. Sentencia C-396 de 2021. Numeral 43.eS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA inhabilidades aplicable a los diputados””?, teniendo como parámetros los artículos 179, 180, y 181 de la Constitución!, En su análisis, la Corte concluye que el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1781 de 2017 es inconstitucional porque el Legislador, con el pretexto de interpretar el concepto de departamento, terminó fijando un régimen de inhabilidades menos estricto que el dispuesto por la Constitución para los congresistas, desconociendo los artículos 1501, 179y la prohibición prevista en el segundo inciso del artículo 299 de la Constitución. En consideración del Ministerio Público, dicha sentencia no es aplicable a los gobernadores en la medida que el parámetro que rige su régimen de inhabilidades se encuentra sujeto al del presidente de ta República y no al de los congresistas". En concreto, el artículo 304 superior dispone en relación con los gobernantes departamentales que “su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República”.
concreto, el artículo 304 superior dispone en relación con los gobernantes departamentales que “su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República”. Sobre las inhabilidades para acceder al cargo de Presidente de la República, la Constitución Política señala en su artículo 197 que “no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. (...) quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde.” Si bien el artículo 197 remite al artículo 179, sobre las inhabilidades de los congresistas, las inhabilidades referidas en la Carta Política no tienen vinculación alguna con el concepto de circunscripción, en la medida que hacen referencia a condenas privativas de ta libertad, pérdida de investidura y doble nacionalidad. Además de no compartir fundamentos ni parámetros de control constitucional, el Ministerio Público considera que no es procedente extender ta definición de
condenas privativas de ta libertad, pérdida de investidura y doble nacionalidad. Además de no compartir fundamentos ni parámetros de control constitucional, el Ministerio Público considera que no es procedente extender ta definición de departamento desarrollada en la Sentencia C-396 de 2021 en el marco de los diputados, también a los gobernadores, puesto que las inhabilidades son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva”, De conformidad con la jurisprudencia constitucional y administrativa, “las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (...), y, además, hacen parte de un conjunto % Ibid. Numeral 57. “4 Cfr. Ibid. Numeral 80. Cfr. Constitución Política. Artículo 304. 16 Corte Constitucional. Sentencia C-462 de 2023.co PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio”? La interpretación restrictiva se erige como una aplicación concreta del principio pro persona, que supone preferir la interpretación “(...) que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”?. En concreto, la interpretación restrictiva de las inhabilidades constituye una garantía que “limita la imposición de restricciones arbitrarias y desproporcionadas de los derechos a ser elegido y al acceso a cargos
más amplia del derecho fundamental”?. En concreto, la interpretación restrictiva de las inhabilidades constituye una garantía que “limita la imposición de restricciones arbitrarias y desproporcionadas de los derechos a ser elegido y al acceso a cargos públicos, en tanto derechos políticos”, en procura de la vigencia del principio democrático??. De lo anterior, la posición del demandante supone aplicar una analogía frente a la forma en la que se debe asumir el concepto de departamento en el marco de las inhabilidades, trasladando al régimen de los gobernadores las normas aplicables a los diputados, aun cuando dicha interpretación resulta más estricta para los mandatarios, puesto que tal como lo desarrolló la Corte Constitucional en Sentencia C-396 de 2021, la definición orgánica de departamento flexibiliza las causales de inhabilidad correspondientes, en comparación con la dimensión territorial del departamento”, De igual manera, la Corte Constitucional ha sostenido que en cuestión de inhabilidades e incompatibilidades no existe cosa juzgada material cuando se trata de causales que aplican a destinatarios diferentes y a entidades estatales de diferente naturaleza constitucional”, Por lo anterior, la demanda adolece de ineptitud sustantiva. En concreto, los argumentos presentados carecen de certeza en la medida que parten de suponer que la inexequibilidad de la norma analizada en la Sentencia C-396 de 2021 se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 171 y 176 de la Constitución Política, relativos al concepto de circunscripción, cuando en realidad dichos artículos fueron traídos a colación para determinar el alcance de las inhabilidades del artículo 179 superior, que tienen como ingrediente el desarrollo de alguna actividad, propia o de terceros, en una
concepto de circunscripción, cuando en realidad dichos artículos fueron traídos a colación para determinar el alcance de las inhabilidades del artículo 179 superior, que tienen como ingrediente el desarrollo de alguna actividad, propia o de terceros, en una circunscripción. Así, el concepto de departamento en sí mismo considerado no fue la razón por la cual se declaró la inexequibilidad parcial del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, sino que el mismo significaba una flexibilización del régimen de inhabilidades aplicables a los diputados en comparación con el definido para los congresistas, lo cual resultaba contrario al artículo 299 de la Carta Política. De igual manera, la demanda carece del requisito de suficiencia, pues las consideraciones formuladas a partir de una interpretación subjetiva de la ratio decidendi de la Sentencia C-396 de 2021, impidem que se genere una duda mínima o inicial sobre la constitucionalidad de la norma. En consecuencia, el Ministerio Público considera que la Corte Constitucional debe declararse inhibida para conocer del asunto, dado que no se reúnen las condiciones 7 Departamento Administrativo de ta Función Pública. Concepto 087461 del 23 de febrero de 2022. Disponible en: https://ww.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190250. Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2013. Y Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-501 de 2024. % Corte Constitucional. Sentencia C-396 de 2021. Numeral 122. 2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2024.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA exigidas para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-293 de 2024.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA exigidas para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022. No obstante, en caso de que la Corte Constitucional considere lo contrario, la Procuraduría General de la Nación solicita de forma subsidiaria, se declare la exequibilidad de la norma demandada, por cuanto no se evidencia la transgresión del artículo 243 superior, con fundamento en los mismos argumentos, es decir, en la no configuración de los cuatro supuestos definidos por la jurisprudencia para que se declare la cosa juzgada material. Ml. SOLICITUD Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA para conocer de fondo de la demanda presentada contra el parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”. De forma subsidiaria, la Procuraduría General de ta Nación te solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”, por no desconocer la prohibición constitucional de no reproducción de contenidos normativos declarados previamente inexequibles (art. 243 C.P.). | f Atentamente, ¿ I
GREGORIO ELJACHPACHECO
Prociirador Beneral de la Nagion
constitucional de no reproducción de contenidos normativos declarados previamente inexequibles (art. 243 C.P.). | f Atentamente, ¿ I
GREGORIO ELJACHPACHECO
Prociirador Beneral de la Nagion a | Proyectó: Diana Pilar Pulido Gémez-— Asesora Grado 19
Revisó: Carolina Rico Marulanda — Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales