PGN - Concepto D-17669 de 2026

Procuraduria General de la Nacion

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Detalles

Título
PGN - Concepto D-17669 de 2026
Autor
Procuraduria General de la Nacion
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Disciplinario
Año
2026

569 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

Bogotá D.C., octubre de 2026. Honorables Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M.P. LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Ciudad

Expediente: D17669

Referencia: Acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 20 de la Ley 2084 de 2021, “Por la cual se adoptan medidas de prevención y de lucha contra el dopaje en el deporte”.

Concepto No. 7637 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 242 y el numerat 5 del artículo 278 de la Constitución Política, rindo el concepto de rigor en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES El7 de julio de 2026, el ciudadano Alexander Beltrán Preciado, presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley 2084 de 2021, mediante ta cual se adoptaron medidas de prevención y de lucha contra el dopaje en el deporte, al considerar que desconoce el principio de legalidad, tipicidad y reserva de ley derivados de los artícutos 29 y 150 de la Constitución Política. El texto acusado se transcribe a continuación: “ARTÍCULO 20. SANCIONES. Las sanciones aplicables a las infracciones a las normas antidopaje serán las definidas en el Código Mundial Antidopaje”.

En la demanda inicial, el accionante formuló varios cargos contra la disposición acusada. El primero, por ia presunta vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley en materia sancionatoria, derivados de los artículos 1, 29 y 150 de la Constitución Política. El segundo, por el presunto desconocimiento del

acusada. El primero, por ia presunta vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley en materia sancionatoria, derivados de los artículos 1, 29 y 150 de la Constitución Política. El segundo, por el presunto desconocimiento del principio de proporcionalidad, la dignidad humana, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, con fundamento en los artículos 1,25,26 y 29 superiores. El tercero se dirigió contra ta disposición por la presunta vulneración del bloque de constitucionalidad, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política, en particular respecto de los artículos 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 6 del Protocolo de San Salvador, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, formuló un cargo porta presunta vulneración del principio democrático. La magistrada, mediante Auto del 26 de agosto de 2026, admitió la demanda únicamente respecto del primer cargo por la presunta vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley, derivadas de los artículos 29 y 150 de la59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Constitución Politica’. Para el efecto, consideró que este reproche generaba una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición demandada. El análisis quedó circunscrito, particularmente, a determinar la admisibilidad constitucional de la remisión efectuada por el artículo 20 de ta Ley 2084 de 2021 al código Mundial Antidopaje y a la posibilidad de que, mediante dicha remisión, resulten aplicables en

circunscrito, particularmente, a determinar la admisibilidad constitucional de la remisión efectuada por el artículo 20 de ta Ley 2084 de 2021 al código Mundial Antidopaje y a la posibilidad de que, mediante dicha remisión, resulten aplicables en Colombia tas infracciones y sanciones previstas en los numerales 2.7 y 2.8 del artículo 2 del Código Mundial Antidopaje. En consecuencia, mediante el mismo auto del 26 de agosto de 2026, se dispuso la continuación del trámite respecto del cargo admitido, para lo cual se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación por el término de 30 días para que rindiera concepto de rigor, conforme a to previsto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991, mediante oficio 324 del 4 de septiembre de 2026. ll COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 2084 de 2021, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de una ley de la República. tl. CUESTIÓN PREVIA - MANIFESTACIÓN DE TRANSPARENCIA El expediente de la referencia versa sobre una demanda de inconstitucionalidad, en donde el cargo admitido es de carácter sustancial, en el entendido que plantea la presunta vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley. Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario

presunta vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley. Teniendo en cuenta que el artículo 278 de la Constitución Política me impone el deber de rendir concepto en todos los procesos de constitucionalidad, estimo necesario realizar la presente manifestación de transparencia, pues pese a que no me encuentro formalmente en una causal de impedimento, en mi otrora calidad de secretario general del Senado de la República, participé en el trámite de expedición de la Ley 2084 de 2021. A lo largo del procedimiento legislativo otorgué constancia det texto aprobado en la plenaria del Senado, realicé actuaciones encaminadas a garantizar el principio de publicidad del trámite y posterior conciliación, finalmente, suscribí, junto con el presidente del Senado, el cuerpo normativo sancionado por el presidente de la República, lo cual consta en las gacetas del Congreso números 1135 de 2019, 725, 1163, 1201, 1395, 1495, 1499, 1524 y 1564 de 2020. Si bien en otras oportunidades me he declarado impedido por haber participado en el trámite legislativo de las normas objeto de control, la Corte Constitucional ha fijado algunas pautas que permiten determinar cuándo dicha conducta no ha sido determinante para la expedición de la norma. Puntualmente, mediante el Auto 708 de 22 de mayo de 2025, la Corte Constitucional estableció que, si bien participé en el proceso de formación de la norma objeto de control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa y determinante en el proceso deS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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control, en tanto ejercí las funciones propias de mi cargo como secretario general del Senado, lo cierto es que dicha actuación no fue activa y determinante en el proceso deS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA formación de la norma acusada, ni guardaba relación con el asunto que la Corte debía resolver. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que no se había demostrado alguna circunstancia que comprometiera mi independencia o imparcialidad para emitir conceptos sobre la constitucionalidad de la norma. En esta ocasión, al revisar la demanda D-17669 y el auto admisorio, no hay duda sobre la naturaleza del cargo admitido. Se trata de un planteamiento de fondo o sustancial, que, en principio, no tiene ninguna conexión con las funciones que ejercí como secretario general del Senado de la República y, por tanto, estas últimas no guardan relación con la materia que le corresponde conocer a la Corte. Finalmente, estimo pertinente aclarar que formulo la presente manifestación de transparencia con el objetivo de advertir a la Corte que participé en la expedición de la norma, pero mis actuaciones no fueron activas ni determinantes y, por tanto, no comprometen mi independencia en imparcialidad para rendir concepto. Así mismo, con el propósito de salvaguardar la celeridad y el buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar ditaciones en este proceso. lV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO En atención al cargo admitido, el problema jurídico consiste en determinar si el artículo 20 de la Ley 2084 de 2021, ai disponer que las sanciones aplicables a las infracciones a las normas antidopaje serán las definidas en el Código Mundial

En atención al cargo admitido, el problema jurídico consiste en determinar si el artículo 20 de la Ley 2084 de 2021, ai disponer que las sanciones aplicables a las infracciones a las normas antidopaje serán las definidas en el Código Mundial antidopaje, desconoce los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley en materia sancionatoria, derivados de los artículos 29 y 150 de la Constitución Política, al permitir que una norma distinta de la ley determine las sanciones aplicables a dichas infracciones.

  1. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Para resolver los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público realizará un análisis sobre: a) los principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley; b) el Código Mundial Antidopaje y su aplicación en Colombia; para, finalmente, d) fijar la postura del Procurador en relación con el caso concreto.

A. Principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley.

El principio de legalidad constituye una de las garantías esenciales frente al ejercicio del poder sancionador del Estado y encuentra fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política. Su finalidad es limitar la arbitrariedad estatal y garantizar la seguridad jurídica de los destinatarios de las normas, para lo cual exige que, previamente a la imposición de una sanción, se encuentren definidos tanto la conducta susceptible de reproche como las consecuencias jurídicas derivadas de su realización?. Esta garantía no se circunscribe al ámbito penal, sino que se extiende a las distintas manifestaciones del jus puniendi estatal, entre ellas el derecho administrativo sancionador y los regímenes sancionatorios especiales. En estos ámbitos, el ejercicio

Esta garantía no se circunscribe al ámbito penal, sino que se extiende a las distintas manifestaciones del jus puniendi estatal, entre ellas el derecho administrativo sancionador y los regímenes sancionatorios especiales. En estos ámbitos, el ejercicio de potestades sancionatorias por parte de las autoridades públicas implica una 2 Corte Constitucional. Sentencias C-559 de 1999, C-818 de 2005 y C-069 de 2023.=> PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA restricción de derechos y libertades, razón por la cual debe sujetarse a las garantías propias del debido proceso previstas en el artículo 29 de ta Constitución Politica’. No obstante, las exigencias derivadas del principio de legalidad no operan con idéntica intensidad en todos los ámbitos sancionatorios. En particular, en el derecho administrativo sancionador y en determinados regímenes sancionatorios especiates existe un margen más amplio de configuración normativa que en materia penal, atendiendo a las particularidades de las materias reguladas y a la imposibilidad práctica de prever exhaustivamente todas las situaciones susceptibles de ser objeto de reproche. En el marco del principio de legalidad, la tipicidad exige que las conductas susceptibles de sanción se encuentren previamente descritas en el ordenamiento jurídico. Esta exigencia busca que los destinatarios de las disposiciones puedan identificar razonablemente los comportamientos que pueden dar lugar a una consecuencia sancionatoria y, a su vez, limita ta discrecionalidad de las autoridades encargadas de imponer las sanciones‘. La tipicidad se encuentra estrechamente relacionada con la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa, en tanto permite que los destinatarios de las disposiciones

encargadas de imponer las sanciones‘. La tipicidad se encuentra estrechamente relacionada con la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa, en tanto permite que los destinatarios de las disposiciones conozcan previamente cuales comportamientos se encuentran prohibidos y cuales son las consecuencias que pueden derivarse de su realización. De esta manera, las personas pueden orientar su conducta conforme al ordenamiento jurídico y prever razonablemente las consecuencias de sus actuaciones. Ahora bien, las particularidades del derecho administrativo sancionador y de determinados regímenes sancionatorios especiales permiten que, en ciertos ámbitos, el Legislador acuda a tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados. Esta posibilidad responde a que la complejidad de determinadas materias y la imposibilidad de anticipar exhaustivamente todas las circunstancias de la realidad pueden hacer necesario acudir a categorías normativas cuyo contenido debe ser concretado al momento de su aplicación. La aplicación de estas categorías no resulta, por sí misma, incompatible con el principio de legalidad. Sin embargo, la indeterminación normativa encuentra limites en las exigencias de tipicidad y debido proceso. En particular, no puede traducirse en una delegación completa a ta autoridad encargada de aplicar la norma para que esta determine, de manera discrecional, el contenido de la conducta sancionable. Por ello, aun cuando se admita cierto grado de apertura en la formulación de las disposiciones, deben existir elementos suficientes que permitan orientar su aplicación y delimitar razonablemente el comportamiento comprendido en ellas®. En este sentido, debe distinguirse entre los conceptos jurídicos, cuyo contenido puede ser concretado mediante criterios jurídicos objetivos, y aquellas cláusulas cuya

razonablemente el comportamiento comprendido en ellas®. En este sentido, debe distinguirse entre los conceptos jurídicos, cuyo contenido puede ser concretado mediante criterios jurídicos objetivos, y aquellas cláusulas cuya indeterminación sea tal que trasladen a la autoridad la definición misma de la conducta prohibida, Mientras los primeros pueden resultar admisibles cuando existen elementos suficientes para determinar razonablemente su alcance, los segundos 3 Corte Constitucional. Sentencias C-214 de 1994, C-597 de 1996, C-948 de 2002 y C-242 de 2010. 1 Corte Constitucional. Sentencias C-404 de 2001, C-530 de 2003, C-818 de 2005 y C-069 de 2023, 5 Conceptos C-22 de 2026 y C-77 de 2024 de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios; Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 110010325000201700073 00 $ Corte Constitucional. Sentencias C-530 de 2003, C-242 de 2010, C-435 de 2013 y C-069 de 2023.59% PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA pueden comprometer las exigencias derivadas de los principios de legalidad y tipicidad. De esta manera, la flexibitidad reconocida en determinados ámbitos sancionatorios no supone que el Legislador pueda renunciar a establecer los elementos necesarios para identificar la conducta objeto de reproche. La utilización de tipos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados debe permitir, en todo caso, que la aplicación de la norma se encuentre sometida a parámetros objetivos y que el ejercicio de la potestad sancionatoria pueda ser jurídicamente controlado.

conceptos jurídicos indeterminados debe permitir, en todo caso, que la aplicación de la norma se encuentre sometida a parámetros objetivos y que el ejercicio de la potestad sancionatoria pueda ser jurídicamente controlado. La Corte Constitucional también ha advertido que el principio de tipicidad no obliga al Legislador a alcanzar una precisión absoluta en la definición de las conductas y las sanciones”. Según lo explicado por el Alto Tribunal, la naturaleza misma del lenguaje y la complejidad del derecho hacen inevitable que existan márgenes de ambigúedad o áreas de interpretación, Esto no significa que la norma sea inconstitucional. La Corte ha señalado que solo son inadmisibles aquellas indeterminaciones que no pueden ser superadas mediante una interpretación jurídica razonable, es decir, cuando resulta imposible identificar con claridad y previsibilidad los elementos esenciales del tipo penal’, Asimismo, el Alto Tribunal ha precisado que el principio de tipicidad no elimina por completo la discrecionalidad interpretativa de los jueces”, sino que la reduce a un nivel compatible con la reserva de ley y con la prohibición de decisiones arbitrarias. La Corte ha enfatizado que es irreal esperar que el Legislador pueda prever cada situación posible y eliminar toda necesidad de interpretación judicial". Sin embargo, en esa línea, ta Corte ha recordado que este principio somete a los jueces al imperio de la ley y exige la aplicación de criterios interpretativos restrictivos y la prohibición de la analogía en perjuicio del procesado, con el fin de asegurar previsibilidad y evitar que el juez sustituya la voluntad del legislador’?. En síntesis, la jurisprudencia constitucional establece que el principio de legalidad estricta constituye un eje fundamental del modelo garantista adoptado por la

previsibilidad y evitar que el juez sustituya la voluntad del legislador’?. En síntesis, la jurisprudencia constitucional establece que el principio de legalidad estricta constituye un eje fundamental del modelo garantista adoptado por la Constitución. De ahí que, la exigencia de claridad, precisión y taxatividad en la definición de los delitos y las sanciones está estrechamente ligada con el derecho al debido proceso, y funciona como un límite al poder punitivo del Estado!?. De acuerdo con el Alto Tribunal, dicha garantía es indispensable para proteger ta libertad personal, asegurar la seguridad jurídica y resguardar el derecho a la igualdad, pues permite que situaciones semejantes reciban el mismo tratamiento y que solo se sancione lo que la ley define de manera inequívoca”!. 7 Ibid. B Ibid. "Ibid. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-204 de 2023. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2025. 2 Ibid, "3 Ibid. 1 Ibid.S PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA En este contexto, y una vez precisado que la Constitución únicamente proscribe las indeterminaciones insuperables del tipo penal", resulta pertinente abordar la manera como la Corte Constitucional ha entendido la admisión de formulaciones abiertas en materia penal, particularmente en los denominados tipos penales en blanco y en los tipos penales abiertos. En esa tinea, es admisible que, en determinadas hipótesis, el Legislador acuda a descripciones que incorporan un margen razonable de indeterminación, siempre que dicho margen sea controlable mediante criterios jurídicos objetivos y no delegue la definición esencial de la conducta en el intérprete. Este desarrollo jurisprudencial

descripciones que incorporan un margen razonable de indeterminación, siempre que dicho margen sea controlable mediante criterios jurídicos objetivos y no delegue la definición esencial de la conducta en el intérprete. Este desarrollo jurisprudencial permite comprender por qué ciertos conceptos técnicos o normativos, como ocurre enfenómenos complejos o dinámicos, pueden integrarse válidamente en la estructura del tipo, a pesar de que no estén estrictamente contenidos en él, sin desconocer el principio de legalidad. En primer orden, la Corte Constitucional ha explicado que los tipos penales en blanco son disposiciones cuya descripción del comportamiento prohibido depende, total o parcialmente, de normas ajenas al derecho penal'. El Alto Tribunal señala que estos tipos se estructuran a partir de dos elementos: el tipo penal básico previsto en la ley y la norma extrapenal que completa el contenido de alguno de sus componentes”. Asimismo, la Corte ha precisado que estas normas de remisión pueden pertenecer tanto a fuentes legales como a normas de rango inferior"®. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tos tipos penales en blanco constituyen una técnica legislativa constitucionalmente admisible, en la medida en que permiten ajustar ta regulación penal a realidades sociales complejas y dinámicas??. El Alto Tribunal ha destacado que, en materias como economía, comercio exterior, salud pública o medio ambiente, ia constante transformación de tos hechos exige que la norma penal pueda complementarse con regulaciones administrativas u otras disposiciones extrapenales más flexibles y actualizables”, En consecuencia, si las técnicas de tipificación abierta o mediante remisión pueden admitirse en materia penal bajo determinadas condiciones, su utilización también puede resultar admisible en el derecho administrativo sancionador, atendiendo a las

En consecuencia, si las técnicas de tipificación abierta o mediante remisión pueden admitirse en materia penal bajo determinadas condiciones, su utilización también puede resultar admisible en el derecho administrativo sancionador, atendiendo a las particularidades de este ámbito, sin que ello implique una flexibilización ilimitada de las garantías constitucionales. Lo determinante es que la técnica normativa permita identificar de manera clara y objetiva las conductas sancionables y sus consecuencias, y que no entregue a la autoridad la definición discrecional de las infracciones o de las sanciones. En ese sentido, la admisibilidad de estas técnicas ha sido reconocida en el derecho administrativo sancionador, ámbito en el que los principios de legalidad y tipicidad se aplican con menor rigor que en materia penal, atendiendo a las particularidades de los asuntos regulados y a la imposibilidad práctica de prever todas las conductas susceptibles de reproche”. 1 Corte Constitucional. Sentencias C-041 de 2017, C-014 de 2023 y C-204 de 2023. 1 Ibid. 1 Ibid. 1 Ibid. "Ibid. 2 bid. ? Corte Constitucional. Sentencia C-427 de 1994,So PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, por regla general, los tipos sancionatorios administrativos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en las que se consagran tas órdenes, los deberes o las prohibiciones cuyo incumplimiento constituyen una infracción. Así la Corte? explicó que la tipicidad de las infracciones disciplinarias puede establecerse mediante una lectura sistemática de ta norma que establece la función, ta orden o la prohibición y aquella

cuyo incumplimiento constituyen una infracción. Así la Corte? explicó que la tipicidad de las infracciones disciplinarias puede establecerse mediante una lectura sistemática de ta norma que establece la función, ta orden o la prohibición y aquella que prescribe que su incumplimiento constituye una infracción disciplinaria. De igual manera, la jurisprudencia ha admitido el empleo de tipos abiertos, cuya descripción general requiere una labor de interpretación y adecuación por parte de la autoridad competente. Sin embargo, esta flexibilidad encuentra límites en tos principios de legalidad, tipicidad y reserva de ley. En particular, la Corte?” precisó que corresponde al Legislador establecer los presupuestos básicos de la conducta sancionable, las remisiones normativas o los elementos determinables, los criterios para precisar su alcance, las sanciones y las pautas mínimas para su imposición, así como los procedimientos que garanticen el debido proceso. El principio de legalidad comprende, asimismo, la reserva de ley, conforme a la cual corresponde al Legislador determinar las conductas sancionables y tas consecuencias jurídicas derivadas de ellas. Esta exigencia constituye una garantía frente al ejercicio del poder sancionador, en cuanto busca asegurar que las decisiones fundamentales relativas a aquello que puede ser objeto de reproche y a las consecuencias que pueden derivarse de su realización tengan fundamento en una norma previamente establecida?, La reserva de tey se encuentra estrechamente vinculada con la tipicidad, pues no solo exige que exista una regulación previa, sino que las conductas susceptibles de sanción y sus consecuencias jurídicas encuentren fundamento en una norma que reúna las condiciones exigidas por el ordenamiento. De esta manera, el ejercicio de la potestad

exige que exista una regulación previa, sino que las conductas susceptibles de sanción y sus consecuencias jurídicas encuentren fundamento en una norma que reúna las condiciones exigidas por el ordenamiento. De esta manera, el ejercicio de la potestad sancionatoria debe encontrarse sujeto a parámetros normativos previos y jurídicamente determinados. En consecuencia, aun cuando en determinados ámbitos sancionatorios exista un margen de ftexibilidad en la formulación de las normas, este no puede desconocer las garantías derivadas del principio de legalidad. La regulación sancionatoria debe conservar un grado suficiente de determinación que permita ¡identificar razonablemente las conductas objeto de reproche y las consecuencias jurídicas asociadas a ellas, así como establecer parámetros que limiten el ejercicio de la potestad sancionatoria. En suma, los principios de legalidad, tipicidad y reserva de tey constituyen garantías estrechamente relacionadas que delimitan el ejercicio del poder sancionador del Estado. Si bien su aplicación en ámbitos distintos del derecho penal puede admitir determinadas particularidades, estas no eliminan la exigencia de que las conductas sancionables y sus consecuencias jurídicas se encuentren sometidas a parámetros normativos previos, suficientes y susceptibles de control jurídico. 2 Corte Constitucional. Sentencia C404 de 2001. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005. 2 Corte Constitucional. Sentencias C-404 de 2001, C-530 de 2003, C-818 de 2005 y C-069 de 2023.O PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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B. Código Mundial Antidopaje y su aplicación en Colombia?

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B. Código Mundial Antidopaje y su aplicación en Colombia?

La exposición de motivos del proyecto que dio origen a la Ley 2084 de 2021 parte de los compromisos asumidos por Colombia con ocasión de la ratificación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO de 2005. En este contexto, se señala que dicha Convención implicó para el Estado colombiano compromisos relacionados con la lucha contra el dopaje, entre ellos, garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje. De acuerdo con la exposición de motivos, el Código Mundial Antidopaje es resultado de la labor de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA, por sus siglas en inglés), adoptado en marzo de 2003 en el marco de la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte celebrada en Copenhague, Dinamarca y constituye un instrumento dentro det proceso de armonización e internacionalización de las normas antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje es la organización internacional encargada de desarrollar y promover el Código, el cual establece un marco común para la armonización de las políticas y normas antidopaje en el ámbito deportivo internacional. El Código, a su vez, se articula con los estándares internacionales y demás instrumentos técnicos desarrollados en el marco del Programa Mundial Antidopaje. Ahora bien, resulta necesario precisar la relación entre el Código Mundial Antidopaje y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. El Código no constituye, en sí mismo, el tratado internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 1207 de 2008, ni su contenido fue incorporado integralmente como parte del texto de la Convención. Se trata de instrumentos jurídicos diferenciados, aunque estrechamente

en sí mismo, el tratado internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 1207 de 2008, ni su contenido fue incorporado integralmente como parte del texto de la Convención. Se trata de instrumentos jurídicos diferenciados, aunque estrechamente relacionados. Mientras ta Convención constituye un tratado internacional adoptado en el marco de la UNESCO y establece el marco jurídico mediante el cuat los Estados asumen compromisos en materia de lucha contra el dopaje, el Código es un instrumento internacional de armonización desarrollado por la Agencia Mundial Antidopaje. La propia UNESCO señala que la Convención proporciona el marco jurídico para la actuación de los gobiernos y que, a su vez, respalda el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales desarrollados por la AMA. En este sentido, la naturaleza del Código Mundiai Antidopaje debe entenderse en el marco de un sistema internacional orientado a armonizar las reglas aplicables a la prevención, detección y sanción del dopaje. Su finalidad es establecer principios y reglas comunes para los distintos actores del sistema antidopaje, de manera que exista un marco uniforme en las diferentes disciplinas y jurisdicciones deportivas. El propio Código se presenta como el primer nivel del Programa Mundial Antidopaje, acompañado de los estándares internacionales y de otros instrumentos de buenas prácticas y orientación. Por tanto, la relevancia jurídica del Código en el ordenamiento colombiano no deriva de que Colombia lo haya ratificado como si se tratara de un tratado internacional autónomo, sino de su articulación con los compromisos internacionales asumidos por el Estado a través de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y de las medidas adoptadas por el Legislador para desarrollar esos compromisos en el

autónomo, sino de su articulación con los compromisos internacionales asumidos por el Estado a través de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y de las medidas adoptadas por el Legislador para desarrollar esos compromisos en el ordenamiento interno. En efecto, la Convención tiene entre sus propósitos favorecer 25 Gaceta No. 1135 de 2019 del Congreso. Exposición de motivos.59% PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COLOMBIA la armonización de las legislaciones, reglamentos y políticas nacionales en materia antidopaje y garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje”®. De acuerdo con la exposición de motivos, el Código Mundial Antidopaje vigente presentaba incongruencias con la legislación nacional, circunstancia que fue identificada como una de las razones que dieron lugar a la iniciativa legislativa. Por ello, el proyecto tuvo entre sus propósitos adaptar la legislación colombiana a las disposiciones contenidas en el Código Mundial Antidopaje””. Esta articulación entre el régimen nacional y el Código Mundial Antidopaje se reflejó en las disposiciones propuestas en el proyecto. En particular, se estable

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