PGN - DAÑO ANTIJURIDICO Culpa in vigilando

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla médica por no utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los protocolos médicos para verificar la enfermedad FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-A la paciente se le violó su derecho de acceder de manera oportuna al servicio médico adecuado y eficaz Observa esta Delegada del Ministerio Público al igual que lo consideró el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resulta reprochable la demora en el diagnóstico al Hospital San Julián de Argelia, toda vez que desde el principio se hubiese dispuesto de todo lo necesario para un diagnóstico asertivo, pues como se observa en la historia clínica, la paciente llevaba varios meses acudiendo a la atención médica y simplemente se le ofreció tratamiento con antibióticos y analgésicos sin mirar a fondo el origen del dolor de estómago; posteriormente el día 20 de noviembre al ingresar por urgencias y pasados 6 días le ordenaron exámenes diagnosticando cálculos en la vesícula y sólo hasta el día 7 se le practicó la endoscopia digestiva, quedando un cálculo en las vías biliares, lo que generó una infección por la obstrucción, con lo cual sin ninguna duda se configura una falla en el servicio por omisión, frente a las condiciones de debilidad manifiesta en que se encontraba la paciente por su patología y estado de salud, con lo cual se le violó su derecho de acceder de manera oportuna al servicio médico adecuado y eficaz, que le hubiese podido ofrecer tratamientos médicos o terapéuticos adecuados a sus dolencias, porque incluso con la

pancreatitis demostrada, el reposos y asistencia correspondientes. No puede obviar la parte demandante, que la pancreatitis generalmente está asociada con la colelitiasis, en otras palabras las complicaciones en la salud de la paciente, son consecuencia abierta de la falta de atención adecuada médico asistencial que indujo la no práctica de agilidad diagnóstica desde el inicio o presencia de dolores persistentes. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD-No se tomaron las medidas pertinentes para atender el caso de manera oportuna No cabe duda para esta Delegada del Ministerio Público, que la paciente, después de haber presentado los graves y persistentes síntomas de dolor abdominal, representaba un grave riesgo para su vida y en tal virtud requería ser atendida de manera urgente, oportuna, lo cual no sucedió, pues el médico tratante debió ordenar exámenes exhaustivos para detectar a tiempo la enfermedad y no se tomaron las medidas pertinentes para atender el caso de manera oportuna, lo cual contribuyó a la disminución de las posibilidades de su mejoría y de sus expectativas de vida y sí por el contrario se incrementaron sus posibilidades de muerte, tipificándose la pérdida de una oportunidad. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por falla en el servicio médico Respecto a la solicitud de condena por la parte demandante al Ministerio de Protección Social, considera esta Delegada, que en el caso de la actividad médica, son responsables todos aquellas entidades involucradas directa o indirectamente en la ocurrencia del daño, aún si no lo causo de manera directa o material. En razón a que no sólo dentro de las

funciones y objetivos del Ministerio de Protección Social, se encuentra entre otras la de ejecutar, proyectar, orientar y evaluar las políticas públicas en materia de salud, sino Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) también tiene el deber de verificar que se está cumpliendo con el derecho constitucional a la salud asociado con el derecho a la integridad personal, que implica la obligación a cargo del Estado de garantizar la prestación de servicios médicos asistenciales, en la cantidad oportunidad y eficiencia requeridas, mediante los cuidados, intervenciones y procedimientos necesarios para restablecer la salud. DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa in vigilando Existe responsabilidad de parte del que tiene la obligación de vigilar a otra persona que provoca un daño, tipificándose una culpa in vigilando, en este caso el Ministerio de Protección Social quien tiene la obligación dentro de su ámbito de actuación de vigilar que no sucedan determinados eventos dañosos de los que debe responder. FALLA MÉDICA-Por no utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los protocolos médicos para verificar la enfermedad No cabe duda para esta Delegada, que la falla del servicio se presentó, por no utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los protocolos médicos para verificar la enfermedad,

antes de iniciar el tratamiento correspondiente, al no agotarse los recursos científicos y técnicos que tenían las entidades demandadas a su alcance, para establecer un diagnóstico definitivo, por lo que se configuró una vulneración grave del derecho a la salud de la paciente. Después de realizar un análisis detallado de las pruebas allegadas dentro de la instancia contenciosa de reparación directa, se demuestra con claridad que se denota una responsabilidad por parte del Hospital San Julián de Argelia y la Clínica Universitaria Bolivariana, por su actuar omisivo e inadecuado al no garantizar el servicio médico especializado oportuno y la orden de los exámenes pertinentes a su paciente, configurándose una falla en el servicio de la entidad demandada por irrogar un daño injusto a los demandantes. DAÑO MORAL-Existen cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa Frente a los perjuicios morales esta Delegada precisa que este concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo y de acuerdo a la sentencia emitida por el Consejo de Estado, para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas. Por lo tanto de acuerdo a lo anterior, el fallo de primera instancia se encuentra ajustado a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación referida para los perjuicios morales,

perjuicio a la vida de relación y liquidación de lucro cesante para los menores hijos, en caso 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) de muerte.

DAÑO ANTIJURÍDICO-Existió un nexo de causalidad por la tardía prestación del servicio médico y la muerte de la paciente Para esta Delegada, es claro que existió un nexo de causalidad por la tardía prestación del servicio especializado requerido por parte de la entidad demandada y el desenlace fatal que terminó en el fallecimiento de la paciente. FALLA MÉDICA-Se encuentra probada/ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del personal médico responsable de la atención médica de la paciente Esta Delegada, reitera que se encuentra plenamente probada la falla en la prestación del servicio de salud por atención médica en la que incurrieron las entidades demandadas el Hospital San Julián de Argelia y la Clínica Universitaria Bolivariana, conforme a lo anterior, recomienda esta Delegada modificar la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y en su lugar proceder a reconocer los perjuicios morales para la sucesión de la paciente. Respetuosamente recomienda esta Delegada, al Honorable Consejo de Estado se recuerde

al Hospital San Julián de Argelia y la Clínica Universitaria Bolivariana, incoen acción de repetición, porque se evidencia responsabilidad del personal médico que tuvo a su cargo el diagnóstico, tratamiento y la atención médica de la paciente, de acuerdo al Artículo 90 de la Constitución Política y Ley 678 de 2001, es decir que se trata de una falla del servicio médico. RESPONSABILIDAD MÉDICA-Jurisprudencia del Consejo de Estado ACTO MÉDICO-Jurisprudencia del Consejo de Estado FALLA PROBADA-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDADJurisprudencia del Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) CONCEPTO No. 077/ 2015

Bogotá, 12 de mayo de 2015.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

EXPEDIENTE: 05001233100020061290 01(53083)

Acción de Reparación Directa.

ACTOR: Humberto Sepúlveda Valencia y Otros.

DEMANDADO: Ministerio de la Protección Social y otros.

Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMACIÓN de la sentencia recurrida y ADICION de responsabilidad por culpa in vigilando del Ministerio de Protección Social por omisión, obligación de control y vigilancia. Falla en el servicio médico. / Se acreditó el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre la falla y el daño. / Tardía prestación del servicio médico. / Pérdida de una oportunidad. / Omisión en protocolos médicos.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

I. ANTECEDENTES

1.1. La Demanda – Hechos 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) El señor Humberto Sepúlveda Valencia en nombre propio y en representación de sus hijos Yuliana, Jefferson y Lorena Sepúlveda Bustamante y otros, instauraron demanda de reparación directa contra la Nación Ministerio de Protección Social, ESE Hospital San Julián de Argelia Antioquia – Corporación IPS Saludcoop – Clínica Universitaria Bolivariana – por los perjuicios causados por el error en el diagnóstico

médico practicado a la señora Melba Leticia Bustamante Osorio y posterior muerte. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda mediante sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de 2014 (Fls. 1063 – 1089 del C. del Consejo de Estado) manifestando en resumen los siguientes argumentos:  Consideró que el fallecimiento de la paciente Melba Leticia Bustamante Osorio, obedeció a una serie de falencias médicas que son constitutivas de falla en el servicio.  Argumentó que la señora Melba Leticia Bustamante, acudió en repetidas ocasiones al Hospital San Julián de Argelia, refiriendo constantemente los mismos síntomas dolor abdominal en el hipocondrio derecho, evidenciándose una clara negligencia de esta institución, ya que solo se limitaron a dictaminar una serie de hipótesis, sin recibir la atención médica oportuna que requería para su enfermedad.  Agregó que en vista de que allí no se contaba con los medios suficientes para el diagnóstico oportuno debió remitirse a la paciente, a otra entidad que contara con los medios necesarios para el tratamiento, sumándose a los 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) sucesos que desencadenaron la muerte de la señora Melba Leticia Bustamante Osorio.  Concluyó que la conducta observada por los galenos de la clínica Bolivariana, aumentó el problema de salud que traía la paciente remitida, dado que, como se observa en el segundo dictamen pericial rendido, la causa de la muerte de la paciente fue desencadenada por el cálculo impactado que estaba en el conducto biliar que impedía el drenaje de la bilis, lo que se acumuló y efectivamente provocó una infección generalizada en la paciente que llevó a una falla multisistemática (sepsis) y condujo a su muerte. 1.4. 1.3. Argumentos de la apelación. 1.4.1 1.3.1. El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación parcial contra la sentencia proferida por el Tribunal de Antioquia:  Señaló que presenta inconformidad frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de la Protección Social y de la Corporación I.P.S SALUDCOOP.  Frente al monto del perjuicio moral reconocido a todos los demandantes, solicita se reconozca un perjuicio mayor debido a la grave afectación que sufrieron.  De otra parte solicita que se reconozcan los perjuicios morales para la sucesión de la señora Melba Leticia Bustamante Osorio que fueron negados.  También que se incremente el monto del perjuicio a la vida de relación 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) reconocido al cónyuge e hijos, padres y hermanos de la señora Melba Leticia Bustamante Osorio.  Reclama que se incremente la liquidación del lucro cesante futuro para los menores. 1.4.2 1.3.2. El apoderado de la parte demandada la Clínica Universitaria Bolivariana presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal de Antioquia:  Señaló que la presente condena sólo tuvo como soporte el dictamen rendido por el doctor Hermes de Jesús Grajales Jiménez, el cual no tuvo en cuenta los datos de los exámenes de laboratorio, entre los cuales está el resultado de las amilasas equivalente a 804 unidades, lo cual indica que la paciente presentaba pancreatitis, patología que no es de manejo quirúrgico, por lo que existe en el proceso, sendos dictámenes con conclusiones abiertamente dispares.  Consideró que del acervo probatorio recopilado, no se extracta culpa, negligencia o desidia por parte del cuerpo médico perteneciente a la clínica Bolivariana y por ende la imputación de responsabilidad que se le hace, carece de sustento y lo que procedía en consecuencia era la absolución de la entidad.  Concluyó que en cuanto a la tasación de los perjuicios, el fallo se aleja de los

parámetros fijados en la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014que estableció un máximo de 50 smlv para el segundo grado de consanguinidad, 35 smlv para el tercer grado y 25 smlv opera el cuarto grado. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01)  De otro lado manifestó que no comparte la condena por el daño a la vida de relación en atención a que dicho concepto fue reemplazado jurisprudencialmente por el “daño a la salud”, por lo que en la sentencia se confunde el perjuicio moral con el daño a la vida en relación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad administrativa y extracontractual al Ministerio de Protección Social, por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de la muerte de la señora Melba Leticia Bustamante Osorio, por no ser atendida oportunamente? 2.1.2. ¿Se debe reconocer un perjuicio mayor al reconocido en el fallo de primera instancia, por concepto de perjuicios morales a todos los demandantes? 2.1.3. ¿Se deben reconocer los perjuicios morales para la sucesión de la señora

Melba Leticia Bustamante Osorio, solicitados en la demanda y que fueron negados en el fallo de primera instancia? 2.1.4. ¿Se debe incrementar el monto del perjuicio a la vida de relación, reconocido al cónyuge e hijos y conceder también este mismo perjuicio a los padres y hermanos de la señora Melba Leticia Bustamante Osorio? 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) 2.1.5. ¿Se debe incrementar la liquidación del lucro cesante futuro concedido a los menores? 2.1.6. ¿Se violaron normas internas e internacionales en materia de derechos humanos? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:

“a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) 2.2.2. Responsabilidad médica En materia de responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico la jurisprudencia ha presentado grandes cambios; en un primer momento el criterio utilizado fue el de la falla probada del servicio donde revistió gran importancia la concepción de las obligaciones de medio; posteriormente, la línea jurisprudencial cambió para adoptar regímenes como el de la falla del servicio presunta,1 donde se

adoptó el criterio de las cargas probatorias dinámicas, en la que el juzgador debe establecer cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes. Al respecto el Consejo de Estado en providencia del 22 de mayo de 2008 señaló2: "...De manera reciente la Sala ha recogido las tesis de la presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño. "En cuanto a la prueba del vinculo causal, de manera reciente se precisó la necesidad de demostrar el vínculo causal entre el daño y la actuación médica, que haga posible imputar a la entidad que prestó el servicio, el daño por el cual se demanda indemnización, el cual puede ser acreditado de manera indirecta, mediante indicios3... En la actualidad la responsabilidad de la administración por falla médica no puede ser adoptada con la sola constatación de la intervención médica, al contrario, "debe 1 Consejo de Estado., sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1992. Exp. 6897 C.P Daniel Suárez Hernández. 2 Consejo de estado, Sección Tercera. Providencia del 22 de mayo de 2008. C.P. Ruth Estela Palacio. Exp. 26247.

Demandante. José Antonio Segura y otros. 3 Ver, por ejemplo, sentencias de 14 de julio de 2005, exps: 15.276 y 15.332. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) acreditarse que en dicha actuación no se observó la /ex artix y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño, en otras palabras, no es suficiente verificar que la víctima no estaba en el deber jurídico de soportar el daño para que surja el derecho a la indemnización, sino que se requiere que dicho daño sea imputable a la administración, lo que sólo será cuando su intervención hubiera sido la causa eficiente del mismo"4; 2.2.3. Aplicación de la teoría falla probada en el servicio médico De conformidad con la evolución jurisprudencial correspondiente a la falla en el servicio por responsabilidad médica, se concluye que actualmente el fundamento jurídico se ha cimentado sobre la base de la teoría de la falla probada, razón por la cual es el demandante quien debe acreditar los tres elementos de la responsabilidad (daño, falla en el servicio y nexo causal)5. 2.2.4. El acto médico El Consejo de Estado ha estimado necesario determinar que en este tipo de eventos sobresale el concepto de acto médico, considerado como un acto complejo

o integral: “(…) en la responsabilidad patrimonial por la falla médica involucra no sólo el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, sino que también se refiere a todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a 4 Consejo de estado, Sección Tercera. Providencia del 3 de febrero de 2010 C.P Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 18100. Actor Blanca Alcira Robles de Ulloa y otros. 5 Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente: 20087A. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente: 17725. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 26 de agosto de 2008, expediente: 15.725. Sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente: 16270. Sentencia del 31 de agosto de 2006, expediente: 15772. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Entre otras. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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(05001233100020061290 01) un centro médico estatal, hasta que culmina su demanda del servicio, actividades que están a cargo del personal paramédico o administrativo (…)” 6 Conforme a lo anterior, el daño a establecer debe partir del análisis del acto médico como una actividad compleja que no se agota en un solo momento, sino que se desarrolla con un ítem en el que se encuentra involucrada tanto la atención previa (o preventiva), el diagnóstico, el tratamiento, como la atención pre y quirúrgica, la atención post-quirúrgica y el seguimiento (controles concomitantes y posteriores al tratamiento e intervención). 2.2.5. Pérdida de una oportunidad – Consejo de Estado. En relación con este tema de origen francés, el Consejo de Estado ha dicho: Si bien es cierto que no existe certeza en cuanto a que de haberse realizado un tratamiento oportuno el paciente no hubiera muerto pues nunca se tuvo un diagnóstico definitivo de la enfermedad que padecía, sí lo es en cuanto a que el retardo de la entidad le restó oportunidades de sobrevivir. La jurisprudencia ya trató antes ese punto. En sentencia dictada el día 26 de abril de 1999 se dijo: “En conclusión la falla del servicio de la entidad demandada que consistió en la falta de diligencia para realizar un diagnóstico oportuno de la enfermedad sufrida por el paciente e iniciar de manera temprana el tratamiento adecuado, implicó para éste la pérdida de la oportunidad de curación y de sobrevivir”. 6 A este respecto ver, por ejemplo, sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 19101; sentencia del 25 de mayo de 2006,

expediente 15.836; sentencia del 28 de septiembre de 2000, expediente: 11.405. Así mismo, se puede definir el acto médico como: “(…) un conjunto coordinado de acciones ejecutadas por un profesional de la medicina en el marco del ejercicio de su profesión, con fundamento en sus conocimientos profesionales y experticia técnica, con la inequívoca finalidad de preservar la vida, la salud y la integridad del ser humano, en clara sintonía con la ley de su arte (lex artis) (…)”. Jaramillo J, Carlos Ignacio. La culpa y la carga de la prueba en el campo de la responsabilidad médica. 1ª Edición: Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Jurídicas; Grupo editorial IBAÑEZ, 2001. (Colección de ensayos N° 11). Página 61. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 53083 (05001233100020061290 01) 2.2.6. Derecho a la integridad personal en la Constitución Política y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En la constitución Política de Colombia encontramos enmarcado el derecho a la integridad personal, como un derecho fundamental, referido directamente al goce de la salud teniendo su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su

aspecto físico como mental, razón por la cual se dispusieron los artículos del 48 al 50 de la Carta Magna para referirse a este importante tema del cual es preciso invocar el artículo 49 de la Constitución Política, el cual indica: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. Igualmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ha precisado al respecto: Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal: 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

En conclusión se puede indicar que el ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 2.2.7. Funciones del Ministerio de Protección Social. Protocolos de atención en

salud. Según el Decreto 4