PGN - DAÑO ANTIJURIDICO El estado está obligado a responder cuando lo produce

OMISIÓN DE LOS DEBERES DE PROTECCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado DAÑO ANTIJURÍDICO-El Estado está obligado a responder cuando lo produce Al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquél hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares. FALLA EN EL SERVICIO-Aplicación de la teoría de la relatividad De conformidad con la teoría de la relatividad en la falla del servicio, la valoración del título de imputación ha de hacerse considerando las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y no sobre criterios ideales. En este caso ha de tenerse en cuenta que la actividad política que se autorizó no ameritaba especiales medidas de seguridad, para los ciudadanos de esa municipalidad era una actividad normal, tanto que para quienes estaban cerca ni siquiera afectaba, en principio, actividades de descanso. Para establecer la falla del servicio por omisión el paso consiste en determinar la existencia de la obligación a cargo del Estado que de haberse cumplido habría impedido el daño. Como argumento adicional, el Ministerio Público prohija el fundamento ratio decidenci del tribunal, según el cual no existiría nexo causal entre la imputada omisión y el daño toda vez que el hecho generador del daño fue producido por un tercero particular, y ocurrió en predios

privados donde las autoridades municipales no tenían acceso, y no lo hubiesen podido evitar. En conclusión, de conformidad con la teoría de la relatividad de la falla en el servicio, en el caso no se probó una falla en el servicio de vigilancia y seguridad, y por tanto no hay lugar a declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada.

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PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO 021 / 2011

Bogotá, D. C., 1° de febrero de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION A

Consejero Ponente Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

E. S. D.

Ref.: Proceso 39823 (23001233100020050046201) Acción de reparación directa

Actor: Amaury Manuel Martínez Arenas y otros Demandado: Municipio de Pueblo Nuevo El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES Amaury Manuel Martínez Arenas y Yarlis Nei Padilla Hernández obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Amaury José, Mauricio Manuel, Carlos Mauro y Sebastian Martínez Padilla, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron al Municipio de Pueblo Nuevo para que se le declarara

administrativamente responsable de las lesiones sufridas por el menor Mauricio Manuel Martínez Padilla, ocurridas por el estallido de un artefacto explosivo lanzado durante un desfile de lanzamiento de la campaña política de un candidato a la alcaldía, por la

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 3 Expediente 39823 omisión de dicho municipio en adoptar las medidas necesarias que requería el evento y de actuar con el debido cuidado, dado que permitió la realización del evento y la quema de pólvora sin los respectivos permisos o autorizaciones (fls. 4 a 20 C. 1). 1.2. LA CONTESTACIÓN El municipio de Pueblo Nuevo no contestó la demanda. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Córdoba (fls. 541 a 551 C. Consejo de Estado) negó las súplicas de la demanda porque consideró que no es posible afirmar que las lesiones sufridas por el menor Mauricio Manuel Martínez son imputables al municipio de Pueblo Nuevo, dado que no era posible evitar su ocurrencia a pesar de que el referido municipio hubiese brindado su apoyo donde se celebraba el evento público toda vez que el hecho generador del daño fue producido por un tercero particular y en predio privado donde las autoridades municipales no tenían acceso y no lo hubiesen podido evitar. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior (fls. 553 a

560 C. Consejo de Estado). Dice: “…1. EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO (CORDOBA), no tomó las medidas necesarias que se requieren en este tipo de eventos, pues, no convocó a la fuerza pública policial (Folio 483), al sistema de Atención y Prevención de Desastres Municipal (folio 316), a los Bomberos, a la defensa civil (Folio 495), cruz roja (Folio 200), así quedó probado por las constancias que dejaron dichos entes al ser exhortados por el Honorable tribunal y lo ratifican los testigos en sus juradas (Folios 428 – 441). (…) 2. EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, no actuó con el debido cuidado medio, que le impone la ley como GARANTE DE LOS DERECHOS CIUDADANOS en general y en particular del orden público, pues, no solo permitió la quema de los voladores, dentro de una actividad que había autorizado, sino, que adopto un comportamiento laxo al permitir que estos se quemaran sin el cuidado debido (…) 3. El ente la MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO no ejerció vigilancia y control en la ejecución de la actividad, para la cual había otorgado permiso, autorización o licencia (…) 4. La MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO, otorgó permiso, autorización o licencia única y exclusivamente para la realización de manifestación o evento público (lanzamiento de campaña, evento que había de efectuarse en lugar distinto, donde ocurrieron los hechos “Plaza de los Perros” y no para marcha del lugar de encuentro al lugar de lanzamiento de campaña y mucho menos para la QUEMA DE JUEGOS

PIROTECNICOS – VOLADORES, siendo laxo al no impedir que se llevara a cabo la marcha sumada a la

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ejercicio tampoco habría sobrevenido la tragedia. Entonces, parece lógico afirmar que la falla de la Administración municipal consistente en la ligereza para otorgar el permiso de funcionamiento del lanzamiento de campaña puede tenerse como causa determinante del daño reclamado y establecido el nexo causal requerido para imputar la responsabilidad demandada. (…) La responsabilidad por causa de actividad peligrosa y su Guardián (…) el caso presenta rasgos excepcionales si se tiene en cuenta que para la actividad que resultó nociva se empleó la quema de voladores (juegos pirotécnicos menores – actividad peligrosa) y si al particular le es aplicable el artículo 2356 del Código Civil, concebido a favor de la víctima y sin excusa posible para el guardián, no habría razón para que cuando la administración autorice y conozca la actividad dejara de responder bajo el mismo criterio de responsabilidad objetiva, pero como ya se dijo, en este caso se destaca su falla probada. (…) el responsable de la actividad peligrosa, cuando se ejerce sobre las cosas, es quien tiene el control, poder y dirección, poder este que se presume por ejemplo, en el caso ce la administración municipal, que en su jurisdicción tiene la obligación de salvaguardar el orden público y además ejercer el control de la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos, el municipio tenía el deber de cuidado y por tanto debió ejercer estricta vigilancia y control sobre la actividad peligrosa, (…)

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Analizado el acervo probatorio y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de

primera instancia deberá ser confirmada. 2.1. PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico consiste en determinar si, bajo el régimen de falla del servicio, la entidad demandada es responsable de los hechos dañosos que refiere el demandante y si se encuentra obligada a indemnizar a los demandantes.

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2.2. PRECEDENTE.

En relación con la responsabilidad del Estado la falla del servicio por omisión, el Consejo de Estado1 ha precisado que existe la obligación de indemnizar bajo el régimen de la relatividad de la falla del servicio, cuando el daño hubiera podido evitarse si la entidad estatal hubiera cumplido con su obligación, de acuerdo con la capacidad real que tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares del caso: 3.2. Elementos de la falla del servicio por omisión “(…) En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía2; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que

podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios3; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño4. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión5. “(…) Ahora, la obligación de seguridad que corresponda prestar al Estado en un evento determinado, conforme a la jurisprudencia que la Sala ha desarrollado desde vieja data, debe determinarse en

consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que “nadie está obligado a lo imposible”. 1 Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 14443, Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 2 (pie de página de la cita) Por ejemplo, GUIDO ALPA. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en este tipo de eventos, “en realidad, no se trata de una ‘omisión’ sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de las oportunas medidas de seguridad”. 3 (pie de página de la cita) Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616. 4 (pie de página de la cita) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp: 14.122. 5 (pie de página de la cita) “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de

febrero de 2002, exp:12.789.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Expediente 39823 (…) En decisión posterior se hizo una exposición más amplia de ese criterio y se consideró que el juez, para apreciar la falla del servicio, no debía referirse a una norma abstracta, sino que debía preguntarse por lo que en ese caso debía esperarse del servicio, teniendo cuenta la dificultad más o menos grande de su misión, las circunstancias de tiempo (períodos de paz, o momentos de crisis), el lugar, los recursos humanos y materiales de que disponía, etc6. Con el fin de precisar aún más el concepto, la Sala, en providencia dictada antes de la expedición de la actual Constitución, señaló que el cumplimiento de las obligaciones del Estado debía examinarse a la luz del nivel medio que se espera del servicio, según su misión, las circunstancias y los recursos de que disponía, de tal manera que se presentaría la falla cuando el servicio se prestaba por debajo de ese nivel medio7. (…) Con posterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, la Sala reiteró el criterio que venía sosteniendo sobre la relatividad de la falla del servicio, conforme al cual la exigencia que debía hacerse al Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones estaba determinada por la verificación de sus condiciones materiales reales y no sobre criterios ideales. (…). (…) En decisiones subsiguientes, la Sala continuó señalando que el grado de exigencia de la prestación

de los servicios que competen al Estado y, en particular, el referido a la seguridad, está en relación con los medios de que éste dispone para su cumplimiento: “Es que las obligaciones que están a cargo del Estado - y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión -, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.8 “Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad”9. Finalmente, la Sala aclaró que la relatividad no debía predicarse de la falla del servicio, sino de las obligaciones que corresponde prestar al Estado10. En síntesis, ha sido el criterio reiterado de la Sala que al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquél hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero, que el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares. 6 (pie de página de la cita) Sentencia de 4 de agosto de 1988, exp. 5125.

7 (pie de página de la cita) Criterio sostenido en Sentencia de 4 de 1988, exp. 5125, con apoyo en Jean Rivero. Derecho Administrativo. 9ª. ed., Caracas 1984 pág. 303. También se citó en la providencia al profesor García de Enterría. Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, pág. 350, de quien se extractó: “…conviene subrayar que el hecho de que la Ley haya objetivado la anormalidad haciendo de ésta un concepto jurídico indeterminado cuya concreción se remite a los standar de rendimiento medio del servicio de que se trate, significa que en su estimación entran factores variables en cada época según el grado de sensibilidad social y de desarrollo efectivo de los servicios públicos". 8 (pie de página de la cita) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787 9 Sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 16.626, reiterada en sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 15.985 10 (pie de página de la cita) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Expediente 39823 2.3. CASO CONCRETO 2.3.1. DEL DAÑO ANTIJURIDICO Las lesiones del menor Mauricio Manuel Martínez Padilla se acreditaron con copias

auténticas de la historia clínica de la atención recibida en la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, donde consta que el menor ingresó el día 15 de agosto de 2003, remitido de la ESE Hospital San Juan de Sahagún, con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y amputación traumática de falanges por la explosión de un volador en su mano izquierda. Posteriormente el cirujano plástico consideró su traslado a un centro asistencial de cuarto nivel en la ciudad de Medellín (fls. 202 a 214, 260 a 267, 268 a 274, 276 a 315 y 488 a 490 C.1). Las anteriores consideraciones permiten concluir que el primero de los elementos de la responsabilidad, esto es EL DAÑO, se acreditó en este proceso.

2.3.2. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN.

Se alega por el demandante que la falla del servicio consiste en haber autorizado una manifestación política pero omitiendo tomar las medidas necesarias para evitar hechos como el que ocasiona el daño al no haber convocado ni a la fuerza pública ni a la cruz roja y la defensa civil y permitiendo la realización de una actividad peligrosa como la quema de voladores. Sobre este aspecto, obran en el proceso las siguientes pruebas:

A) PRUEBAS DOCUMENTALES

1. Oficio de octubre de 2008 remitido por la Secretaria del Interior de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, donde se informa que para el día 14 de agosto de 2003 se le concedió un permiso al señor Ovidio Hoyos Paternina candidato a la alcaldía de Pueblo Nuevo para el periodo 2004-2007 para realizar el lanzamiento oficial de su candidatura

(fl. 482 C. 1).

2. Oficio de 5 de noviembre de 2008, suscrito por el Comandante de la estación de Policía de Pueblo Nuevo en el que refiere que revisado el libro de anotaciones que se

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Expediente 39823 lleva en la unidad, no existe constancia de que el señor Hoyos Paternina o la Secretaria del Interior de la Alcaldía Municipal hubiesen solicitado apoyo para atender y controlar el orden público el día 14 de agosto de 2003, tampoco obra ninguna anotación sobre el accidente del menor Mauricio Manuel Martínez Padilla, y destaca que la única anotación que figura es la salida a las 16:00 horas de siete policiales para prestarle seguridad al Gobernador de Córdoba que se encontraba en el casco urbano del municipio de Pueblo Nuevo (fl. 483 C. 1)

3. Oficio de 1° de marzo de 2007, suscrito por el Presidente del Comité de la Cruz Roja de Planeta Rica – Seccional Córdoba informando que para el día 14 de agosto de 2003 no recibieron ninguna comunicación para atender preventiva y correctivamente cualquier evento catastrófico que pudiese presentarse en el lanzamiento de la campaña política del señor Ovidio Manuel Hoyos Paternina, en el municipio de Pueblo Nuevo (fl. 200 C. 1).

4. Oficio de 5 de junio de 2009, suscrito por el Presidente de la Defensa Civil

Colombiana – junta Planeta Rica Córdoba informando que para el día 14 de agosto de 2003, ninguna persona, entidad gubernamental o privada los convocó para atender preventiva y correctivamente algún evento catastrófico que pudiese presentarse en el lanzamiento de la campaña política del señor Ovidio Manuel Hoyos Paternina, en el municipio de Pueblo Nuevo (fl. 495 C. 1).

5. Oficio de 15 de marzo de 2007, suscrito por el alcalde de Pueblo Nuevo, donde informa que revisados los archivos de la época (14 de agosto de 2003), no se encontró solicitud de apoyo institucional para el lanzamiento oficial de la campaña política del señor Ovidio Manuel Hoyos Paternina (fl. 316 C. 1).

6. Copias autenticas remitidas por asistente de Fiscal I de Planeta Rica (Córdoba) de la investigación previa radicada con el número 1282, adelantada contra desconocidos por las lesiones personales que sufriera el menor Mauricio Manuel Martínez Padilla, por la explosión de pólvora el día del lanzamiento de la candidatura a la alcaldía de Pueblo Nuevo del señor Ovidio Manuel Hoyos Paternina y en las que la Fiscalía 29 Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Planeta Rica se abstuvo de abrir investigación por los hechos denunciados, al no existir claridad respecto de la persona responsable de lanzar el objeto que lesionó al menor (fls. 317 a 344 C. 1).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 9 Expediente 39823 B) PRUEBAS TESTIMONIALES En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se sucedieron los funestos hechos, se conocen las declaraciones que bajo la gravedad de juramento fueron recepcionadas por Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Nuevo, en acatamiento al despacho comisorio No 005 emanado del Tribunal Administrativo de Córdoba (fls 428 a 441). Los testigos coinciden en señalar que en el desarrollo de la manifestación política no había presencia de ambulancias, carros de bomberos o autoridad policial. También coinciden en la forma como ocurrió el hecho dañoso, que el padre del menor afectado precisa en solicitud obra en el expediente penal (fl. 341) así: El día del lanzamiento de la campaña del Doctor OVIDIO HOYOS PATERNINA, aspirante a la Alcaldía de Pueblo Nuevo período 2.004 al 2008, sus seguidores se aglutinaron al frente de la casa de su madre como desde las doce del día 14 de agosto del año pasado, entreteniéndolos con ron y banda, los voladores comenzaron desde las dos de la tarde, a esos [sic] de las cinco y media aproximadamente un volador fue a caer al patio de la casa de la señora CRISTINA ARENAS, mamá del suscrito y abuela paterna de mi hijo MAURICIO MANUEL MARTINEZ

PATERNINA.

Para establecer la falla del servicio por omisión el paso consiste en determinar la existencia de la obligación a cargo del Estado que de haberse cumplido habría

impedido el daño. En la demanda se refiere el incumplimiento de la obligación de “tener el MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO (CORDOBA), UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES” establecida en la Ley 60 de 1993, artículo 21, numerales 9 y 10. Encuentra el Ministerio Público que el incumplimiento de dicha obligación legal no se probó en el expediente. Por el contrario, de la certificación que obra a folio 316 podría inferirse que había elementos del sistema (Comité) funcionado: Que revisando los archivos municipales de la época (14 de agosto de 2003) no se encontró solicitud de parte del señor: OVIDIO MANUEL HOYOS PATERNINA o el municipio convocando o solicitando al Comité de Prevención y Atención de desastres para prevenir o adelantar cualquier evento catastrófico (…). El Ministerio Público no comparte el argumento de la sentencia apelada que fundamenta la omisión de la entidad demandada en lo que prescribe la Ley 60 de 1993,

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 10 Expediente 39823 artículo 21, numerales 9 y 12, puesto que dicha ley no se encontraba vigente para la época de los hechos, pues había sido expresamente derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001. A fortiori, el deber que se imponía era de invertir los recursos de las transferencias de

la Nación a un objeto específico y en la misma sentencia apelada se manifiesta que dicha omisión no se probó (fl. 550): (…) no se encuentra ningún elemento probatorio que permita inferir que en el presupuesto del municipio de Pueblo Nuevo no se encuentra un rubro para el sistema de atención y prevención de desastres. Siendo así, no se acreditó que el municipio demandado haya incurrido en la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que dispone para el sistema de atención y prevención de desastres. Interpretando el razonamiento del a quo, estima el Ministerio Público que el fundamento de la responsabilidad se cimienta en imputar una falla en el servicio de seguridad (fl. 550): (…) en el caso que nos ocupa está demostrado, que pese a que el municipio demandado expidió un permiso al señor Ovidio hoyos Paternina, para que el día 14 de agosto de 2003 realizara el lanzamiento oficial de su campaña política (fl. 482), omitió tomar las medidas especiales de protección y seguridad, por mínimas que fueran, necesarias para la prevención de posibles siniestros que pudiesen ocurrir en el desarrollo de esa actividad pública. Dicha omisión de por sí sola constituye falta del servicio. Podríamos decir que el a quo se fundamenta en un argumento entimemático , ya que 11 la obligación de prestar el servicio de seguridad tiene una fuente constitucional y legal que no refiere expresamente el razonamiento antes citado, que se encuentra tanto en el deber que impone el artículo 2 de la Constitución Política a todas las autoridades, de proteger a todas las personas en su vida y demás derechos y libertades, como en el

artículo 315, numeral 2, que le atribuye al Alcalde la función de conservar el orden público como primera autoridad de policía del municipio . 12 De conformidad con la teoría de la relatividad en la falla del servicio, la valoración del título de imputación ha de hacerse considerando las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y no sobre criterios ideales. En este caso ha de tenerse en cuenta que la actividad política que se autorizó no ameritaba especiales medidas de seguridad, para los ciudadanos de esa municipalidad era una actividad normal, tanto que para quienes estaban cerca no siquiera afectaba, en principio, 11 En Lógica, Entimema (latín enthymēma, griego ἐνθύμημα o enthumēma) [en + thumos (mente) - 'que ya reside en la mente'-] es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. Al entimema se le conoce también como Silogismo Truncado o incompleto. 12 Función que es desarrollada en el literal B) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994.

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consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 11 Expediente 39823 actividades de descanso. Así se infiere de la declaración de JUAN MANUEL MANCHEGO SERPA (fls. 438 y 439 C. 1): “PREGUNTADO: Diga el declarante si el día 14 de agosto de 2003 usted hizo parte del

lanzamiento de campaña del doctor Ovidio Hoyos que se llevó a cabo en la plaza denominada Los Perros de esta localidad. CONTESTO: No participé en el lanzamiento ni sabía quién se lanzaba para la alcaldía ese día, yo ese día estaba acostado cuando el tropel, que los vecinos gritaban que se estaba quemando Juan Manchego, o sea se referían a la casa mía, la gente vecina pretendía desempalmar la casa que se estaba quemando, ya que había caído un volador que estaban quemando en el lanzamiento de esa campaña. (resalto y subrayo) Así las cosas, en concepto del Ministerio Público no se daban las condiciones para que fuera previsible el evento dañoso y por consiguiente no puede atribuirse a la administración municipal la obligación de haber tomado las correspondientes medidas preventivas. Finalmente, como argumento adicional, el Ministerio Público prohija el fundamento ratio decidenci del tribunal, según el cual no existiría nexo causal entre la imputada omisión y el daño: (…) no era posible evitar su ocurrencia (…) toda vez que el hecho generador del daño fue producido por un tercero particular, y ocurrió en predios privados donde las autoridades municipales no tenían acceso, y no lo hubiesen podido evitar. En co