PGN - DEBIDO PROCESO Derecho al juez natural

Rad. No.: 020-79367-02

Investigado Coronel JAIRO CESAR AGUDELO GÓMEZ y Otros

Cargo: Comandante Policía de Carreteras Quejoso: JORGE ENRIQUE PINZÓN y Otros Fecha queja: Mayo 6 de 2002

Fecha hechos: Mayo 2 de 2002

Asunto: Calificación merito diligencias

Bogotá, D. C., 31 de julio de 2003 Se procede a avocar y calificar el mérito de las presentes diligencias adelantadas, contra el Coronel JAIRO CÉSAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Teniente CÉSAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial, por queja del suboficial

JORGE ENRIQUE PINZÓN y Otros.

ANTECEDENTES PROCESALES El doctor WILLIAM ERNESTO MONTAÑA PERAZA, Jefe de la Unidad Nacional de Quejas y Denuncias, adscrita a la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, mediante oficio CNPP/UQD 3022 del 12 de noviembre de 2002, remitió a esta Procuraduría Delegada la indagación preliminar y las pruebas practicadas, ordenadas mediante auto del 8 de mayo de 2002, por queja del señor JORGE ENRIQUE PINZÓN CASTRO y otros, contra el Coronel JAIRO CÉSAR

AGUDELO GÓMEZ, Comandante de Policía de Carreteras de Cundinamarca, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Teniente CESAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial, por presuntas irregularidades al pretender imputar a los quejosos el haber recibido dinero de un ciudadano en un procedimiento policial y desvincularlos de la Policía de Carreteras de Cundinamarca, para posteriormente trasladarlos de Departamento, perjudicándolos laboral y económicamente. Agotada la indagación preliminar adelantada por la Unidad Nacional de Quejas y Denuncias de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, se profirió auto del 6 de noviembre de 2002 mediante el cual se ordenó remitir el expediente a esta Procuraduría Delegada con el fin de que continuara con su trámite, por competencia. CONSIDERACIONES Antes de hacer cualquiera otra consideración, resulta pertinente precisar la legalidad de las actuaciones surtidas por la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional y sus Dependencias, relacionadas con las pruebas y diligencias instructivas disciplinarias cumplidas en esta investigación de conformidad con las funciones asignadas legalmente al Comisionado Nacional para la Policía Nacional y sus Dependencias en lo se que refiere al ejercicio de la acción disciplinaria. Es menester precisar que el titular de la potestad disciplinaria es el Estado, el cual

la ejerce sobre sus servidores públicos y aun sobre particulares que desempeñan determinadas funciones públicas. La titularidad de la acción disciplinaria de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2ª de la Ley 734 de 2002, corresponde a las Oficinas de Control Disciplinario Interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las diferentes ramas y órganos del Estado, radicándose en cabeza de la Procuraduría General de la Nación el poder preferente para ejercerla. De acuerdo con lo anterior, la acción disciplinaria debe ser ejercida, directamente por las ramas y órganos del Estado, lo que se conoce como control disciplinario interno y se denomina principio de autotutela, con base en el cual es a las propias entidades a través de sus oficinas de control interno, a las que les corresponde conocer de los asuntos disciplinarios de los servidores públicos de sus dependencias, sin perjuicio del poder disciplinario preferente otorgado por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación. Por ello el legislador dispuso que toda entidad u organismo debería organizar una unidad u oficina del más alto nivel, que conforme a la ley tenga a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria. (Art. 76 de la Ley 734 de 2002). A su vez el Artículo 77 de la precitada Ley dispone en relación con el control interno disciplinario que, "...debe entenderse por tal, la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.". (subrayado y negrilla fuera de texto). Como complemento de lo anterior, el Artículo 277 numeral 6., de la Constitución

Política, le otorgó al Procurador General de la Nación, por si o por medio de sus Delegados y Agentes el ejercicio del poder disciplinario preferente el cual se ejerce sobre los servidores públicos de todas las ramas y órganos del Estado'', precepto constitucional que fue desarrollado por los artículos 3 y 69 de la Ley 734 de 2002. Igualmente se le otorgó en el mismo numeral 6º el ejercicio de la Vigilancia Superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas y la facultad para adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones, conforme a la ley. Dichas investigaciones tienen su asidero legal mediante el ejercicio de la acción disciplinaria de que trata el Título I de la Ley 734 de 2002. En cuanto a la competencia para llevar a cabo las investigaciones a las voces del artículo 29 constitucional, aplicable en su integridad al proceso disciplinario, éstas deben hacerse por el funcionario competente que es aquel que ha sido previamente definido por la misma carta y por el legislador, lo que debe haberse hecho con anterioridad a la comisión de la conducta, en aras de preservar los principios propios de un estado de derecho y de existencia del juez natural, que según jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-444 de 1995 M:P: Carlos Gaviria Díaz, C-111 de 2000), es aquel a quien la Constitución y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto. Igualmente conforme a jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al juez natural constituye una de las garantías básicas que, junto con el derecho de defensa y el principio de

legalidad, integran el debido proceso, derecho en cuestión que se encuentra consagrado en la Constitución Política en el artículo 29, cuando dispone que "nadie podrá ser juzgado sino... ante juez o tribunal competente", norma esta aplicable en su totalidad, en el proceso disciplinario, adecuándola como es apenas natural, a sus propias instituciones. En este orden de ideas, observamos que el artículo 67 de la ley 734 de 2002, dispone que la acción disciplinaria, esto es la facultad de poner en movimiento el aparato estatal para examinar e investigar posibles infracciones disciplinarias, la ejercen además de la Procuraduría General de la Nación, las oficinas de control disciplinario Interno, pues por virtud del principio de legalidad sólo en la medida en que las leyes lo indiquen, tienen competencia disciplinaria las entidades y funcionarios que ellas determinen. Examinado lo anterior y la normativa que rige las funciones de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional y sus dependencias adscritas, según mandato constitucional y legal, se encuentra que esa entidad no tiene asignado el ejercicio de la potestad y de la acción disciplinaria al interior de la Policía Nacional, como tampoco figuran como parte del control interno disciplinario de esa Institución policial, toda vez que la normatividad que los creó y precisó sus funciones, no les atribuyo competencia para el ejercicio de la función disciplinaria, es decir para instruir procesos disciplinarios propiamente dichos, como tampoco les asignó dicha competencia en las normas que determinan las autoridades que al interior de la Policía Nacional, figuran con atribuciones disciplinarias para imponer los correctivos previstos en sus reglamentos.

Para arribar a esa conclusión esta Delegada realizó un cuidadoso análisis de las disposiciones que reglamentan esa Institución. Es así como en el artículo 21 de la ley 62 de 1993, se creó el cargo de Comisionado Nacional para la Policía Nacional, con el fin de ejercer "la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y tramitar las quejas de la ciudadanía, sin perjuicio de la vigilancia que les corresponde a los órganos de control.". (Negrilla fuera de texto). Igualmente se le atribuyó funciones de veeduría ciudadana. Es de observar, que el legislador es claro al otorgarle a la referida oficina la vigilancia del régimen disciplinario, sin perjuicio de la vigilancia que les corresponde a los órganos de control, es decir, que en cuanto a vigilancia, la Oficina del Comisionado cumple funciones similares a las de los órganos de control, en lo que tiene que ver con la institución policial, pero en ningún momento le atribuye el ejercicio de la función disciplinaria, la cual corresponde al Control Disciplinario Interno de la Institución. La Oficina del Comisionado para la Policía está facultada para vigilar su gestión, mediante la verificación del estricto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, directivas, disposiciones, órdenes y actos administrativos expedidos por el Director General de la Policía Nacional, para el correcto funcionamiento institucional. La ley 62 en su artículo 24 estatuye las funciones del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, cual es sus atribuciones de vigilancia disciplinaria.

En el numeral 1., se preceptúa que le corresponde "Analizar el universo de las quejas que la ciudadanía formule en torno al funcionamiento de la Policía y proponer políticas y procedimientos para darles un curso apropiado.". (Negrilla fuera de texto). La función que se le asigna en este numeral es meramente de gestión, pues le corresponde el análisis de las quejas en torno al funcionamiento de la Institución Policial, con el fin de proponer políticas y procedimientos para que se les de un curso apropiado a las quejas. En esta disposición es claro que el legislador no le asigna funciones de carácter disciplinario y que la labor que le encomienda está encaminada a la formulación de políticas y de procedimientos En el numeral 2., se le asignó como función: "Recibir y tramitar las quejas de la ciudadanía y de las autoridades políticas en relación con el servicio de la policía.", (Negrilla fuera de texto), por medio de la cual lo faculta para recibirlas y darles el trámite ante el funcionario u oficina competente, norma que debe verse en concordancia con la anterior, lo cual implica darle un curso apropiado sin que de la misma pueda concluirse la potestad de investigar o de instruir investigaciones, pues la norma no lo dice. A su vez, en el numeral 3. Se le asignó como atribución "Ser la máxima instancia de la vigilancia y control disciplinario interno.". (Negrilla fuera de texto), disposición que lo faculta para ejercer la vigilancia y el control de todo el sistema de control disciplinario interno de la entidad, en cuyo desarrollo puede requerir a todas las oficinas y funcionarios, para que le informen del resultado de las investigaciones, para que se cumplan los términos y para que se hagan efectivas

las sanciones, sin que ello conlleve a que por sí mismo o por sus funcionarios se adelanten esas investigaciones. A su vez, el decreto 2584 de 1993 por el cual se modificó el reglamento de disciplina de la Policía, en su artículo 52 consagra las autoridades disciplinarias y las reviste de "MÁXIMAS ATRIBUCIONES", figurando entre esas autoridades el Comisionado Nacional para la Policía Nacional. Sin embargo, al precisar quienes son autoridades con atribuciones disciplinarias en ninguno de sus niveles o instancias incluyo al Comisionado, no porque lo hubiese olvidado o desconocido, sino porque dentro del sistema disciplinario le asigno otras funciones, las cuales aparecen detalladas en el artículo 9o. De ese mismo estatuto. Es así como estableció en el numeral 1o, de esta norma: "1. Vigilar la conducta de los miembros de la Institución realizando los controles necesarios y ejerciendo las atribuciones disciplinarias previstas en el presente reglamento." (Negrilla fuera de texto). Controles y atribuciones que el Comisionado Nacional para la Policía Nacional, realiza sobre el sistema de control disciplinario, para garantizar que la conducta de los miembros de la Institución, esté acorde con las normas éticas y de disciplina, pero que además sí corresponda a la prestación del servicio público que les ha sido encomendado. De acuerdo con esta atribución, puede igualmente vigilar la aplicación del régimen disciplinario que se cumple por las oficinas de control interno disciplinario de la Policía Nacional, no solo para que las investigaciones se adelanten, sino para que se impongan los correctivos que correspondan. El numeral 2 de esa misma disposición establece: Analizar el universo de quejas

que la ciudadanía formule en torno al funcionamiento de la Policía y proponer políticas y procedimientos para darles un curso apropiado." (Negrilla fuera de texto), inciso primero que resulta igual al numeral 1 del artículo 24 de la Ley 62 de 1993, analizado anteriormente. Este numeral trae un segundo inciso que preceptúa: "En cumplimiento de esta función, el comisionado Nacional podrá requerir a los miembros de la Policía con atribuciones disciplinarias toda la información sobre la materia y estos tendrán la obligación de suministrarla en el menor tiempo posible, salvo aquella que por expreso mandato de la ley tenga el carácter de reservada, en cuyo caso ésta sólo podrá ser levantada con autorización del ministro de Defensa.". (Negrilla fuera de texto), norma que reafirma la facultad que asiste al Comisionado para la Policía Nacional, para ejercer la vigilancia sobre todo el sistema de control interno disciplinario de la Institución. En el numeral 3 se le asigna como atribución: Recibir y tramitar ante la autoridad policial competente las quejas de la ciudadanía y de las autoridades políticas con relación al servicio de la Policía, ejerciendo el control sobre los resultados de la gestión realizada". Este numeral es concordante con el artículo 24 numeral 2 de la Ley 62 de 1993, el cual se analizó anteriormente. Vale resaltar que en este numeral 3 del artículo 90 del decreto 2584, objeto de análisis se reafirma la facultad que tiene de recibir las quejas y darles trámite, siendo categórico en este punto que el trámite debe cumplirlo ante la autoridad policial competente y no adelantarlo por sí mismo, al tiempo que lo

habilita para ejercer el control sobre los resultados de la gestión realizada por el competente, con lo que lo habilita para supervisar la gestión que éstos realicen. "4. Ser la máxima instancia de vigilancia y control disciplinario internos, velando porque las faltas atribuidas a los miembros de la Policía Nacional sean investigadas dentro de los términos legales previstos y se apliquen oportunamente los correctivos establecidos en este reglamento.". (Negrilla fuera de texto). Es menester precisar, que este numeral es concordante con el numeral 3 del artículo 24 de la ley 62 de 1993, toda vez que le atribuyó ser la máxima instancia de vigilancia y control disciplinario interno, conforme al artículo 21, norma de creación de ese organismo. Esta disposición precisa, aún más si se quiere, el papel que le corresponde cumplir a esa alta instancia de vigilancia y control disciplinario, por medio de la cual la autoriza para velar que las faltas sí sean investigadas y para que se apliquen los correctivos. Este despacho, con apoyo en esta disposición puede afirmar que el legislador no tuvo la intención de disponer que el Alto Comisionado, ni sus dependencias, fueran quienes adelantaran investigaciones disciplinarias, porque no lo dijo. Pero a cambio de ello le entregó la facultad de velar para que está se cumpliera por quienes tienen esa misión al interior de la institución policial. En el artículo 9º del decreto 1512 de 2000, (por el cual se modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictaron otras disposiciones) al regular las funciones de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional,

preceptúa que es una Oficina Especial de Control de la Policía Nacional y establece que la persona que desempeñe el cargo de Comisionado, además de las funciones señaladas en la Ley 62 de 1993 y el Decreto 2584 de 1993, tendrá las que le enuncia en el mismo artículo, que comprende los numerales 1 - literales a) al e) - y 2 al 8, disposiciones todas ellas que se refieren a las atribuciones que se le confieren al Comisionado, sin que en ninguna de ellas aparezca dispuesta la competencia para adelantar por sí mismo o por medio de sus funcionarios, investigaciones disciplinarias, como tampoco le asigna facultades de instrucción disciplinaria, pero sí variadas y suficientes atribuciones para recepcionar quejas, impulsar el trámite de las pruebas que aporten los quejosos o denunciantes y para vigilar y controlar que estas sean atendidas y tramitadas por los funcionarios competentes, así como para informarse sobre sus resultados. En el numeral 1 literal a), como funciones se le atribuyó el fijar políticas y programas para dar curso apropiado a las quejas, formuladas por la ciudadanía y las autoridades, contra miembros de la Institución Policial. En los literales c), d) y e) y numerales 2 al 8 de este artículo, tampoco se vislumbran atribuciones en materia disciplinaria o en el ejercicio de la función disciplinaria, por ello no hay lugar a comentario alguno. En el artículo 10., se le asignan funciones a la Dirección de Quejas y Denuncias, dependiente de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional de la siguiente manera: En el numeral 1., se observa que se le facultó únicamente para recibir las quejas ,

denuncias y reclamos que formulen los ciudadanos. En el numeral 2., para orientar y absolver consultas a los interesados cuando no se requiera un trámite Institucional. En el numeral 3., se le designó la función de "Recepcionar las pruebas aportadas por el quejoso o denunciante." . Conforme al numeral 4., le corresponde llevar un registro nacional de quejas formuladas, las consultas resueltas, investigaciones iniciadas y decisiones adoptadas. Numeral 5. "Radicar las quejas recibidas y repartirlas, inmediatamente para su análisis, valoración y trámite subsiguiente". Numeral 6. "Dar trámite urgente o prioritario a las quejas o solicitudes, que a juicio del Director lo ameriten. Numeral 7. "Remitir las quejas o solicitudes al funcionario competente para iniciar la investigación o para adelantar las diligencias requeridas. Numeral 8. "Informar al usuario el trámite dado a su solicitud o queja." Numeral 9. "Ejercer vigilancia y control permanente, con apoyo de las dependencias competentes, sobre el curso de la investigación y los resultados de la mismas." Numeral 10. "Sin perjuicio de los avisos ordenados por la ley, requerir al funcionario con atribuciones disciplinarias para que informe sobre el desarrollo y resultado de las investigaciones." Numeral 11. "Poner en conocimiento de la Oficina del Comisionado, toda la información derivada de las quejas, las investigaciones y sus resultados para que se adopten las acciones tendientes a hacer efectivas las medidas preventivas y los fallos proferidos." Numeral 12. "Llevar una estadística general que sirva de fundamento para la elaboración de diagnósticos y evaluaciones de los comportamientos y para

diseñar y formular las políticas de prevención y control." En el artículo 11., del Decreto en estudio se le asignaron funciones a otra de las dependencias de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, cual es la Dirección de Control y Vigilancia, que como su misma denominación lo indica, las circunscribe exclusivamente a desarrollar actividades encaminadas a dirigir y orientar al interior de la Institución Policial, el desarrollo de políticas, ejecución de planes y programas para la recepción, tramitación y seguimiento de quejas, denuncias, reclamos, aplicación de correctivos, vigilancia disciplinaria, penal y operativa. Es con base en todo lo anterior, que esta Delegada del Ministerio Público, considera que el Comisionado para la Policía Nacional y sus funcionarios no tienen competencia legalmente asignada para instruir investigaciones disciplinarias, ni para llevar adelante averiguaciones preliminares, investigaciones o procesos disciplinarios, motivo por el cual, las diligencias que surta en cualquiera de estas etapas o fases, carecen de validez, por haber sido adelantadas por funcionario incompetente para ello, con lo que se violan el artículo 29 del la Constitución y el artículo 6 de la Ley 734 de 2002. Explicados los argumentos señalados, en relación con el presente asunto disciplinario encuentra este despacho, que la Unidad de Quejas y Denuncias de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional, profirió auto de indagación preliminar el 8 de mayo de 2002, contra el Coronel JAIRO CÉSAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante de Policía de Carreteras

Cundinamarca, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Capitán CÉSAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial. Que con fundamento en ello, ordenó la practica de pruebas, las que en efecto se recaudaron, actuaciones éstas que contradicen el ordenamiento jurídico por cuanto se realizaron por funcionario que carecía legalmente de competencia para ello, pues no le ha sido otorgada potestad disciplinaria, lo que conduce a declarar por parte de esta Delegada la nulidad de esas actuaciones, a partir del auto de indagación preliminar, al igual que las subsiguientes diligencias que fueron practicadas. En tal virtud, se dispondrá reponer la actuación y ordenar la recepción y la practica de las pruebas que no fueron legalmente arrimadas al presente disciplinario, haciendo la salvedad que aquellas que hayan sido legalmente recaudadas conservaran su valor legal. De la misma manera, las pruebas recepcionadas y aportadas por el quejoso, antes de proferirse el auto de indagación preliminar, por la Unidad de Quejas y Reclamos de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional, conservaran su valor legal teniendo en cuenta que para esta eventualidad el legislador, como así se expuso en acápite anterior, le atribuyó competencia para esos efectos. Lo anterior conforme a lo preceptuado por el Artículo 143 numeral 3, 144 y 145 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 310 numeral 1. Del Código de

Procedimiento Penal. De otra parte, se hace necesario entrar a evaluar dentro de este proveído, el mérito de la actuación, conforme a lo establecido en el artículo 152 de la Ley 734 de 2001. Así las cosas, es de precisar que estas diligencias se originaron por queja interpuesta por los señores Sargento JORGE ENRIQUE PINZON CASTRO, SI.,

RICARDO ESPITIA MORENO y AG. FRANCISCO JAVIER CAMPIÑO MORENO,

contra el Coronel JAIRO CESAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, Capitán JOSÉ ELIAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Capitán CESAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial, por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir al imputarles a los quejosos el participar y recibir dinero de un ciudadano de nombre JOSÉ FRANCISCO GIRALDO GUZMÁN, quien iba en un vehículo y había emprendido la huida abandonando los documentos, mientras prestaban servicio en la vía entre Soacha y la Y de Sibaté, en el departamento de Cundinamarca. Por tal razón, fueron citados con nueve más de sus compañeros a la oficina del Coronel AGUDELO, quien les manifestó que tenía un video, procediendo a mostrarlo y les dijo que todos los que salían en el mismo, eran unos ladrones que no merecían estar en la Policía y menos en la de carreteras . Aseveran los

quejosos, que el hecho que se les atribuyó no se observa en el video y que son víctimas de un montaje; igualmente aducen que fueron retirados del servicio, que los pasaron a prestar guardia en la Dirección General de la Policía Nacional, donde con posterioridad les comunicaron el traslado de Departamento, situación que los perjudicó laboralmente y dañó su reputación. Teniendo en cuenta las quejas anteriormente señaladas, en las que se acusa de hechos presuntamente irregulares al Coronel JAIRO CÉSAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR ANÍBAL CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Capitán CESAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial, resulta pertinente adelantar INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, para esclarecer la conducta de los referidos oficiales de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, con la finalidad de esclarecer los motivos determinantes de sus conductas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron las posibles faltas y la responsabilidad disciplinaria de los investigados en relación con el comportamiento denunciado. En consecuencia, El Procurador Delegado para la Policía Nacional en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de las actuaciones adelantadas por la

Unidad Nacional de Quejas y Denuncias, adscrita a la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional.

SEGUNDO: DECRETAR LA NULIDAD del auto de indagación preliminar del 8 de mayo de 2002, proferido por el Jefe de la Unidad Nacional de Quejas y Denuncias de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Como complemento de lo anterior, se dispone reponer la actuación y practicar las pruebas que no lo fueron legalmente. Se tienen como validas y conservarán su valor legal las siguientes pruebas: un video cassette que contiene la grabación efectuada a los quejosos; denuncias de los señores FRANCISCO CAMPIÑO MORENO, CARLOS ROJAS COBALEDA y RICARDO ESPITIA MORENO ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía con sede en Soacha, por el delito de calumnia contra los investigados; extractos de hoja de vida del Coronel AGUDELO GOMEZ, Capitán BAQUERO AYALA y CUBIDES ZEA y Teniente MUJICA GAVILAN, las cuales cumplen con la finalidad para la cual están destinadas y no violan el derecho a la defensa de los presuntos implicados, así como las pruebas recepcionadas y aportadas por el quejoso, a saber: Quejas de los señores JORGE ENRIQUE PINZÓN CASTRO, RICARDO ESPITIA MORENO y FRANCISCO JAVIER CAMPIÑO MORENO; fotocopia del folio 39 del libro de minuta de guardia; oficio del 2 de mayo de 2002 suscrito por el Teniente WALTER CORDOBA SANCHEZ y sus anexos, mediante

el cual deja a disposición de la Fiscalía Seccional los documentos del señor JOSE FRANCISCO GIRALDO, todas ellas conservaran su valor legal. Lo anterior conforme a lo estipulado en el Artículo 143 numeral 3, 144 y 145 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 310 numeral 1. Del Código de Procedimiento Penal.

TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA contra al Coronel JAIRO

CESAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, Capitán JOSÉ ELÍAS BAQUERO AYALA, Comandante Policía de Carreteras Cundinamarca, Capitán EDGAR CUBIDES ZEA, Jefe del Grupo de Policía Judicial de Policía de Carreteras y Capitán CESAR AUGUSTO MOJICA GAVILÁN, Jefe Unidad Móvil de Policía Judicial, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído y de conformidad con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

CUARTO: PROCEDER a la práctica de las siguientes pruebas: - Recepcionar los testimonios del Capitán JAVIER SAAVEDRA BERMÚDEZ,

Teniente WALTER CÓRDOBA SÁNCHEZ, Capitán JOSÉ DANIEL GUALDRON MORENO, Teniente WILSON MONCADA CÁRDENAS, con el fin de que depongan sobre los hechos materia de investigación, para lo cual se deberá fijar fecha y hora, comunicando la misma, oportunamente, a los declarantes. - Solicitar al Jefe de Policía Judicial del Departamento de Policía de Cundinamarca, los nombres y cargos del personal de la Policía que

efectuaron el video el día de la ocurrencia de los sucesos y su actual localización. Igualmente para que suministre los nombres de los 12 policiales y alumnos que con ocasión del hecho objeto de investigación, fueron citados el día 3 de mayo de 2002, a la oficina del Coronel JAIRO CESAR AGUDELO GÓMEZ, Comandante Nacional de Policía de Carreteras, donde se les enseño el video que fuera grabado por esa Unidad. - Escuchar en declaración al señor JOSÉ FRANCISCO GIRALDO GUZMÁN, con el objeto de que narre lo que le conste sobre los hechos investigados. Para lo cual se deberá fijar fecha y hora. - Practicar las demás pruebas que sean necesarias y conducentes para la presente investigación.

QUINTO: COMISIONAR a la doctora IRMA LIZZETH RAMÍREZ NAVARRETE, para la práctica de las pruebas a que refiere el numeral precedente, por el término de quince (15) días, quien dentro de este término fijará previamente fecha y hora para la práctica de las diligencias y velará porque se avise oportunamente a los declarantes SEXTO: INFORMAR al superior inmediato y al jefe de la entidad de los investigados sobre la Apertura de Investigación, con la advertencia que deberá abstenerse de abrirla por los mismos hechos y si la estuviere adelantando, la suspenda y remita en el estado en que se encuentre. En tal sentido deberá remitir respuesta dentro del término perentorio de diez (10) días.

SEPTIMO: SOLICITAR a la Policía Nacional que informe los antecedentes laborales disciplinarios internos, además de los existentes en la Procuraduría, así

como el sueldo devengado para la época de los hechos, los datos sobre la identidad pers