PGN - DECISIONES JUDICIALES Defectos de la motivación

DEMANDA DE CASACIÓN PENAL-Contra la sentencia que revocó parcialmente la sentencia condenatoria contra los demandantes como coautores del delito de homicidio agravado PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-En materia penal PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Aplicación en materia penal PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Según la jurisprudencia de la corte constitucional La Corte Constitucional ha expresado reiteradamente que el principio non bis in ídem prohíbe al Estado, a través de sus funcionarios judiciales y administrativos, juzgar varias veces o imponer diversas sanciones a una persona por el mismo hecho; mandato que no fue vulnerado en el presente asunto, en tanto que, la Sala Penal en su sentencia del 2 de octubre de 2019 declaró de manera oficiosa nulidad del fallo de segunda instancia por motivación incompleta o deficiente, lo que generó retrotraer el trámite procesal para que el Tribunal Superior emitiera un nuevo fallo sustitutivo, lo que implica que esta primera decisión de segunda instancia perdiera vigencia jurídica, respecto del homicidio simple; por consiguiente, el fallo sustitutivo que confirmó la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, respecto del delito de homicidio agravado, no constituye una sanción adicional a la impuesta en el fallo declarado nulo, quedando vigente la imposición del injusto de homicidio agravado. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Noción El principio de reformatio in peius o reforma peyorativa, constituye una garantía constitucional dirigida a la competencia funcional de los jueces que conocen en sede de

segunda instancia, la cual se materializa en dos aspectos, por un lado, la imposibilidad de agravar la situación jurídica del procesado, y por otra, la de resolver a lo solicitado y alcance de la apelación, y no pronunciarse de aspectos no contenidos en la misma. DECISIONES JUDICIALES-Defectos de la motivación Así mismo, la Sala Penal ha expresado reiteradamente que, los defectos de la motivación en las decisiones judiciales se categorizan en cuatro situaciones: 1. Por ausencia absoluta de motivación, 2. Por motivación incompleta o deficiente, 3. Por motivación ambigua, y 4. motivación sofística, considerando que los tres primeros eventos se incurren en error in procedendo, y el último en vicio de juicio o apreciación, por tanto, al evidenciar que el caso bajo estudio se enmarca en falta de motivación incompleta o deficiente, estamos frente a vicios que afectan tanto el debido proceso como la sentencia misma, debiendo subsanar el vicio presentando, al ordenar al mismo despacho proferir sentencia de reemplazo que solucione, debidamente, las informidades presentadas por los apelantes. Bogotá D.C., 13 de julio de 2022 Concepto PDI1PCP N°. 5 MATV Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente Dr. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

E. S. D.

Ref: Recurso de Casación

Radicado: 58141

Procesados: LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN

VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la demanda de Casación interpuesta por los defensores de los procesados contra la sentencia del 11 de diciembre del 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Decisión, mediante la cual, revocó parcialmente la sentencia condenatoria emitida el 11 de julio del 2013, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Espinal contra los enjuiciados LUIS FERNAND SOTO GUILLÉN y VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA, como coautores del delito de homicidio agravado contenido en los artículos 103, 104 núm. 7 del Código Penal.

1. HECHOS Aproximadamente a las 4:30 a.m., el día 26 de agosto de 2002, en el municipio de Purificación (Tolima), el Grupo GAULA de la Policía Nacional, Regional Ibagué, al mando del Mayor VÍCTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y el Subintendente LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, adelantaban un procedimiento para rescatar a LUIS FELIPE RAMOS, quien fue secuestrado el 11 de agosto de 2002 en la vereda “La Isla” del municipio de El Espinal

2 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co

Bogotá D.C. (Tolima), para lo cual llevaron a los señores JOSÉ HENRY REYES ÁLVAREZ, RENE BARRERO SÁNCHEZ y LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ, como guías y presuntos autores, quienes habían sido capturados en el municipio de Girardot, Cundinamarca; sin embargo, durante el desarrollo de esta operación se presentó una emboscada por parte de integrantes del frente 25 de las FARC, en la que falleció JOSÉ HENRY REYES ÁLVAREZ. El señor RENE BARRERO SÁNCHEZ adujo que durante el tiempo que se desarrolló la operación en mención fue víctima de torturas realizadas por los miembros del GAULA, siendo obligado a llamar al occiso JOSÉ HENRY REYES ÁLVAREZ, quien también fue sujeto de torturas y malos tratos, para que indicará el lugar donde se encontraba la persona secuestrada.

2. ANTECEDENTES PROCESALES Con resolución 001694 del 23 de diciembre de 2002 se asigna a la Fiscalía de Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH para que adelante la respectiva investigación por los hechos denunciados y esclarece la muerte de JOSÉ

HENRY REYES ÁLVAREZ.

El 11 de marzo de 2003 la Fiscalía asignada emite resolución que ordena apertura de investigación preliminar; para luego proferir resolución del 30 de abril de 2004, donde se dispone apertura de instrucción, y ordena la vinculación formal mediante indagatoria a los señores VICTOR HUGO DÍAZ

ORJUELA, CARLOS FERNANDO AVENDAÑO ACOSTA, FERNANDO

GIRALDO OCHOA, HECTOR JAVIER MARIN CABRERA, JORGE ARMANDO

MORENO CHAVEZ, HUMBERTO LEAL ROJAS, GABRIEL DE JESÚS PÉREZ DEVIA, JAIME ENRIQUE PÉREZ RIVERA, MARCO AURELIO RAMÍREZ LEYTON y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, como presuntos responsables del homicidio aquí denunciado. La Fiscalía de Unidad Nacional de DH y DIH emite, el 10 de mayo de 2004, providencia que resuelve Situación Jurídica, en la que impone medida de aseguramiento en contra de VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN como presuntos coautores del delito de homicidio agravado, y absteniéndose, de igual forma, de imponer medida de aseguramiento a favor de los demás indiciados. La Fiscalía 77 Especializada de la Unidad de DH y DIH, profirió resolución fechada el 4 de septiembre de 2009, donde decretó el cierre de la investigación 3 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. en contra de los procesados VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, como presuntos responsables del delito de homicidio agravado. Confirmando la decisión mediante resolución del 13 de octubre de 2009, luego que resolviera el recurso de reposición presentada por

la defensa. El 18 de enero de 2010, la Fiscalía 77 Especializada profirió resolución de acusación en contra de VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN, como presuntos coautores del injusto de homicidio agravado, y precluyendoles el delito de tortura; de igual modo, precluyó la investigación penal en favor de los demás indiciados. Resolución que quedó ejecutoriada al declarar desierto el recurso de apelación, mediante resolución del 10 de marzo de 2010. Para continuar con el trámite procesal y adelantar la etapa de juzgamiento, se remite el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal (Tolima), quien luego de celebrar las respectivas audiencias preparatoria y pública, emitió sentencia condenatoria en contra de los señores VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA y LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN por el delito de homicidio agravado, imponiéndoles como pena principal privación de la libertad por el término de 30 años, y de pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años, y el pago de 75 SMLMV, por concepto de perjuicios morales. Esta decisión fue apelada por los defensores de los procesados, siendo resuelto por el Tribunal Superior de Ibagué, mediante providencia del 30 de noviembre de 2015, donde modificó la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, para condenar a los procesados por homicidio simple reajustando, de igual manera, la pena de prisión a 17 años.

En fallo del 2 de octubre de 2019, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casa la decisión emitida por el Tribunal Superior de Ibagué, al decretar nulidad de lo actuado a partir de la sentencia emitida por este último despacho, al no estar debidamente motivada. Ante esta decisión, el Tribunal Superior de Ibagué profiere, nuevamente, fallo de segunda instancia, donde confirma íntegramente la decisión del Ad Quo. Posteriormente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 9 de junio de 2022 admite las demandas de casación presentada por los 4 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C.

apoderados de LUIS FERNANDO SOTO GUILLÉN y VICTOR HUGO DÍAZ

ORJUELA.

3. DEMANDA PRESENTADA POR LA DEFENSORA DE VÍCTOR HUGO

DÍAZ ORJUEA ÚNICO CARGO La defensora invoca la causal tercera1 del recurso extraordinario de casación al considerar que, el Tribunal Superior de Ibagué transgredió la estructura del debido proceso por haber emitido un fallo que abordó el asunto sin ninguna limitación, pues juzgó nuevamente a los acusados, dejando de lado las pautas señaladas por la Sala Penal en la providencia del 2 de octubre de 2019, desconociendo las formas propias del juicio y las garantías sustanciales de tutela judicial efectiva, el principio del non bis in ídem, y la prohibición del

reformatio in peius.

4. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR DE LUIS FERNANDO

SOTO GUILLÉN CARGO PRIMERO El censor invoca la causal tercera2 del recurso extraordinario de casación al considerar que, el proceso penal está viciado de nulidad por presentarse irregularidades3 sustanciales que afectan el debido proceso, los cuales sustenta en dos argumentos; el primero se encamina a la inaplicación, por parte de la Sala Penal, de lo establecido en el numeral 1 del artículo 2174 del Código de Procedimiento Penal, cuando emitió el fallo SP4234-2019 del 2 de octubre, mediante la cual declaró la nulidad de la sentencia de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Ibagué, ordenando, de igual modo, el reenvío del expediente a ese mismo despacho para que volviera a proferir decisión de segunda instancia, cuando debió reasignar a otro funcionario judicial para emitir una fallo sustitutivo en remplazo de esta. 1 Ley 600 de 2000. Artículo 207. Causal. 3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad. 2 Ibídem. 3 Ley 600 de 2000. Artículo 306 numeral 2. 4 Ley 600 de 2000. Artículo 217. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas procederá así: (…) 1. Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad cuando ésta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo. 5 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Respecto del segundo argumento, el recurrente estima que, la Sala Penal transgredió el derecho de la tutela judicial efectiva por inobservancia del numeral 4 del artículo 3105 del Código de Procedimiento Penal, cuando profirió la sentencia SP4234-2019 del 2 de octubre, al no garantizar la manifestación de voluntad por parte de este procesado para convalidar la nulidad oficiosa propuesta por la corporación, agravando la situación jurídica del mismo, frente al delito imputado en la sentencia del Tribunal emitida posteriormente a este decisión. CARGO SEGUNDO El Censor invoca la causal tercera6 del recurso extraordinario de casación al considerar que, el fenómeno de la prescripción operó antes de haberse emitido el fallo de segunda instancia por el Tribunal Superior de Ibagué, en tanto que, las pruebas allegadas al proceso penal indican que la muerte de la víctima se dio por haberse inobservado la posición de garante que ostentaban los procesados, más no como aseveraron los jueces de instancia, por voluntad y deseo de sesgar la vida del mismo, razón por la cual, el delito que debió imponerse a los acusado era el de homicidio culposo y no el que se atribuyó al final, por el injusto de homicidio agravado. CARGO TERCERO El libelista parte de la causal tercera7 del recurso extraordinario de casación al considerar que, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Ibagué está

viciada de nulidad por haber infringido la prohibición de reformatio in peius, al haber agravado la situación jurídica del procesado.

5. CONCEPTO DE LA DELEGADA Es menester para este Representante del Ministerio Público abordar en primer lugar algunos antecedentes procesales que son imprescindibles para resolver los cuestionamientos presentados por los recurrentes.

Así, en el presente asunto, se advierte que, los procesados fueron condenados, en sede de primera instancia, a cumplir una pena de prisión de 5 Ley 600 de 2000. Artículo 310, numeral 4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. 6 Ley 600 de 2000. Artículo 207. Causal. 3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad. 7 Ibídem. 6 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. 30 años por el delito de homicidio agravado contenido en el numeral 78 del artículo 104 del Código Penal; decisión que fue apelada por los defensores siendo resuelta por el Tribunal Superior de Ibagué, quienes profirieron, en un primer momento procesal, sentencia de segunda instancia fechada el 30 de noviembre de 2015, donde se modificó el delito a homicidio simple, reduciendo, de igual modo, la pena privativa de libertad a 17 años de prisión. Luego de presentarse la respectiva demanda de casación en contra de esta

última providencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia radicado 48264 del 2 de octubre de 2019, resolvió casar y declarar la nulidad de lo actuado a partir de su expedición, es decir, retrotrajo el proceso penal hasta el fallo de segundo grado, razón por la cual, ordenó devolver el expediente al Tribunal Superior de Ibagué para que emitiera, nuevamente, la decisión sustitutiva de segunda instancia, la cual fue emitida el 11 de diciembre de 2019, donde confirmó la decisión del fallo de primera instancia, respecto del delito de homicidio agravado y la pena principal de 30 años de prisión. Decisión última, que es objeto de demanda de casación por parte de los representantes legales de los procesados. La sentencia radicado 48264 del 2 de octubre de 2019, mediante la cual se declaró la nulidad de la sentencia del 30 de noviembre de 2015 emitida por el Tribunal Superior de Ibagué, la Sala Penal consideró que, dicho despacho judicial no resolvió de manera concreta las inconformidades planteadas por los apelantes ni realizó una argumentación completa o adecuada respecto de la responsabilidad de los procesados; vulnerando garantías fundamentales, especialmente el principio de motivación y la tutela judicial efectiva. Según la corporación, el Ad Quem realizó una motivación incompleta o deficiente, al no haber resuelto los planteamientos jurídicos de los apelantes, cuando manifestó que no había controversia sobre la materialidad de la conducta sin haber enunciado las pruebas que soportaban tal apreciación; y de igual modo, incurrió en error frente al aspecto subjetivo al considerar la

ocurrencia de la posición de garante, cuando dicha condición se utiliza para atribuir conductas a título de omisión impropia o de comisión por omisión, imputación que no fue realizada a los acusados, de lo cual nace de un análisis insular de los ocurrido a lo largo del proceso penal. 8 Colocando a la Víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. 7 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C.

5.1. DEMANDA PRESENTADA POR LA DEFENSORA DE VÍCTOR

HUGO DÍAZ ORJUEA 5.1.1. ÚNICO CARGO La recurrente propone en su único cargo declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia fechada del 11 de diciembre de 2019 al considerar que el Tribunal Superior de Ibagué desconoció las pautas señaladas por la Sala Penal en la providencia del 2 de octubre de 2019, por la cual declaró la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2015, vulnerando garantías procesales de la tutela judicial efectiva, el principio del non bis in ídem y la prohibición del reformatio in peius. Con esto, se denota que la accionante presenta tres argumentos en un solo cargo, respecto de la transgresión de tres principios fundamentales del debido proceso, los cuales serán resueltos de manera individual para evidenciar si realmente hubo o no violación a los derechos del procesado.

5.1.1.1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

El principio de tutela judicial efectiva9 ha sido definido por la Corte Constitucional como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimiento establecido y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”10. Como pilar o núcleo esencial del debido proceso, este principio permite a los residentes en Colombia, sean extranjeros o nacionales, a acceder ante los órganos de administración de justicia para buscar el restablecimiento de sus derechos con observancia al derecho sustantivo y procesos previstos en las leyes para tal fin, la cual se materializa con la presentación de la denuncia o demanda, según sea el caso, y la interposición de recursos, ordinarios y extraordinarios, en contra de decisiones judiciales y administrativos en los eventos que consideren la vulneración sus derechos fundamentales. 9 Artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia. 10 Sentencia C-279 del 5 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chlajub. 8 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. En este entendido, el censor estimó que el principio de tutela judicial efectiva fue vulnerado por el Tribunal Superior de Ibagué al no acatar los parámetros

exigidos por la Sala Penal cuando declaró la nulidad de la sentencia de segunda instancia fechada el 30 de noviembre de 2015, negando la oportunidad de que el procesado accediera a los despachos judiciales para solucionar su situación jurídica penal. Tal como se mencionó anteriormente, la providencia con radicado 48264 del 2 de octubre de 2019 emitida por la Sala Penal decretó oficiosamente la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2015 al considerar que, se presentaron vicios en la motivación por no resolver de manera concreta las inconformidades planteadas por los apelantes, razón por la cual, ordenó al Tribunal Superior de Ibagué profiriera fallo sustitutivo de segunda instancia con la debida motivación sobre la materialización de la conducta como de la responsabilidad de los procesados. Exigencia que fue acogida por el Tribunal Superior al momento de emitir fallo fechado el 11 de diciembre de 2019, en tanto que, plasmó la debida motivación de la concurrencia del aspecto objetivo, como subjetivo, del hecho punible, confirmando la sentencia condenatoria proferido por el Juez de primer grado. Así las cosas, este Representante del Ministerio Público evidencia que, el fallo sustitutivo emitido por el Tribunal Superior de Ibagué cumplió con los parámetros exigidos por la Sala Penal, respecto de la debida motivación, atendiendo los aspectos probatorios, fácticos y jurídicos que se desenvolvieron en el trámite procesal penal, acreditando tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad de los mismos. Tal como lo decantó la Corte Constitucional, el principio de la tutela judicial

efectiva se encamina a la posibilidad de que los residentes en Colombia interpongan antes los funcionarios correspondientes acciones judiciales tendientes a reestablecer sus derechos cuando han sido vulnerados; mandato que fue garantizado y ejercido por los procesados al evidenciar que tuvieron participación activa en el trámite ordinario penal, como allegar pruebas, solicitar nulidades y de más requerimiento que consideraron pertinentes, como también, el respectivo recurso de apelación, y posteriormente, interponer, en dos oportunidades diferentes, demanda de casación. 9 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Ante estas evidencias, este Agente del Ministerio Público advierte que, el procesado tuvo la oportunidad de interponer las respectivas acciones judiciales, y demás actuaciones que consideró pertinentes, logrando acceder a la administración, por tanto, se denota que el mal interpretó la sentencia proferida por la Sala Penal del 2 de octubre de 2019, al estimar que el fallo sustitutivo de segunda instancia debía cumplir con el estándar de motivación tendiente a favorecer las pretensiones de la defensa, especialmente la absolución de su prohijado; cuando la finalidad de la declaratoria de nulidad no se encamina a favorecer o perjudicar la situación jurídica del procesado, por el contrario, tiende a salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de los sujetos procesales, como del proceso mismo; pues tal como lo ha

expresado la Sala Penal11, el principio de motivación es un pilar del derecho del debido proceso. Por lo anterior, este Delgado no apoyará el argumento planteado por la recurrente al advertir que no se vulneró el principio de la tutela judicial efectiva, en tanto que, se acreditó que el acusado accedió a la administración de justicia al interponer las actuaciones judiciales pertinentes para salvaguardar el ejercicio de sus derechos fundamentales en las diferentes etapas procesales. 5.1.1.2. PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM El Juez de primera instancia condenó a los procesados el delito de homicidio agravado, siendo modificado por el Tribunal Superior de Ibagué en fallo del 30 de noviembre de 2015 al injusto de homicidio simple, sin embargo, esta decisión fue nulificada por la Sala Penal al considerar que no se encontraba debidamente motivado, por lo que, ordenó a este mismo despacho, emitir fallo sustitutivo de segunda instancia, la cual se profirió en sentencia del 11 de diciembre de 2019, donde confirmó la decisión del Ad-Quo, respecto del delito de homicidio agravado. Tal como se observa, entre el fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2015, y la sentencia sustitutiva del 11 de diciembre de 2019 hubo una variación en la calificación jurídica del delito, entre homicidio simple y homicidio agravado; razón por la cual, el censor estima que dicha variación vulneró el principio non bis in ídem, al haberse juzgado al procesado dos veces por el mismo hecho, pues según las directrices de la Sala Penal, la

11 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, radicado 59902, sentencia del 29 de septiembre de 2021, M.P. Gerson Chaverra Castro. 10 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. censura se encaminaba al contenido de la motivación, dejando inmutable el delito de homicidio simple. La Corte Constitucional12 ha expresado reiteradamente que el principio non bis in ídem13 prohíbe al Estado, a través de sus funcionarios judiciales y administrativos, juzgar varias veces o imponer diversas sanciones a una persona por el mismo hecho; mandato que no fue vulnerado en el presente asunto, en tanto que, la Sala Penal en su sentencia del 2 de octubre de 2019 declaró de manera oficiosa nulidad del fallo de segunda instancia por motivación incompleta o deficiente, lo que generó retrotraer el trámite procesal para que el Tribunal Superior emitiera un nuevo fallo sustitutivo, lo que implica que esta primera decisión de segunda instancia perdiera vigencia jurídica, respecto del homicidio simple; por consiguiente, el fallo sustitutivo que confirmó la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, respecto del delito de homicidio agravado, no constituye una sanción adicional a la impuesta en el fallo declarado nulo, quedando vigente la imposición del injusto de homicidio agravado. Además, la sentencia del 2 de octubre de 2019 proferida por la Sala Penal no expresó en ninguno de sus apartados que el Tribunal Superior de Ibagué

debía subsanar la motivación de su decisión y dejar inmutable el delito impuesto, es decir, el homicidio simple, pues la censura se orienta a que el Tribunal realice una debida motivación y resuelva los reproches propuestos por los apelantes, encaminados a confirmar o desvirtuar la condena asignada por el Ad-Quo. Por las anteriores razones, este Delegado del Ministerio Público no advierte que al procesado se haya juzgado o impuesto varias sanciones por los mismos hechos, estando incólume el principio non bis in ídem, evidenciando, de igual modo, que los procesados fueron acusado y condenados en las dos instancias por el delito de homicidio agravado, con lo cual no se observa la violación al citado principio y por este aspecto deberá también ser rechazado el cargo propuesto. 12 Sentencia C-870 del 15 de octubre de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Sentencia T-081 del 2 de marzo de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido. 13 Código Penal. Artículo 8. PROHIBICION DE DOBLE INCRIMINACION. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales.

Ley 600 de 2000. Artículo 19. COSA JUZGADA. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será

sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta. 11 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. 5.1.1.3. PROHIBICIÓN DE LA NON REFORMATIO IN PEIUS El principio de reformatio in peius o reforma peyorativa, constituye una garantía constitucional14 dirigida a la competencia funcional de los jueces que conocen en sede de segunda instancia, la cual se materializa en dos aspectos, por un lado, la imposibilidad15 de agravar la situación jurídica del procesado, y por otra, la de resolver16 a lo solicitado y alcance de la apelación, y no pronunciarse de aspectos no contenidos en la misma. En este sentido, tal como adujo el censor en el cargo anterior, la supuesta variación del delito entre el fallo de segunda instancia del 30 de noviembre de 2015, y la sentencia sustitutiva del 11 de diciembre de 2019, es decir, entre el injusto de homicidio simple a homicidio agravado, perjudicó la situación jurídica del procesado, vulnerando la garantía fundamental de la prohibición de la reformatio in peius. Argumento al que no apoyará este Representante del Ministerio Público, toda vez que, el procesado, VICTOR HUGO DÍAZ ORJUELA, fue condenado en sede de primera instancia a una pena de 30 años de prisión, por el delito de homicidio agravado, la cual fue modificada por el Tribunal Superior de Ibagué, a favor del

acusado, a cumplir una pena privativa de libertad de 17 años por el delito de homicidio simple. Sin embargo, la Sala Penal declaró la nulidad de esta decisión de segunda instancia, por motivación incompleta o deficiente, lo que llevó al Tribunal emitir un fallo sustitutivo acatando las consideraciones de la corporación, imponiendo como nueva sentencia condenatoria la confirmación de lo resuelto por el Ad-Quo, esto es, a una pena de 30 años de prisión, por el delito de homicidio agravado. Frente a estos antecedentes procesales, este Agente del Ministerio Público evidencia que, el Tribunal Superior no desbordó su competencia funcional, pues no agravó la situación jurídica del acusado, por el contrario, mantuvo la misma unidad punitiva y calificación jurídica impuesta por el Juez de primer grado, además, acató las exigencias de motivación ordenadas por la Sala Penal, al resolver debidamente los reproches presentados en el recurso de apelación interpuesto por los procesados en contra del fallo de primera instancia, reafirmando que la sanción impuesta por los juzgadores de instancias atienden a 14 Constitución Política. Inc. 2 Art. 31. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. 15 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 26 de agosto de 2020. Rad. 57927, M.P. Jame Humberto Moreno Acero. 16 Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia del 21 de abril de 2021, Rad. 54935, M.P. Hugo Quintero Bernate. 12 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbayona@procuraduria.gov.co Bogotá D.C. los aspectos facticos y probatorios, como los principios y garantías que rigen al debido proceso, razones suficientes para no apoyar el cargo propuesto.

5.2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR DE LUIS

FERNANDO SOTO GUILLÉN

5.2.1. CARGO PRIME