PGN - DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA No siempre es una sanción disciplinaria

Radicación No.: 08302429-03

Investigado: María Herlandy Ramírez Cargo y entidad: Docente del Departamento del Huila Quejoso: De oficio Fecha queja: 11 de septiembre de 2000

Fecha hechos: Permanente.

Asunto: Fallo de Segunda instancia (artículo 171 de la Ley 734 de 2002)

Prescripción: 2005

# 062 Bogotá DC, 28 JUN. 2004

ANTECEDENTES

1. Los hechos. 1.1. Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Huila, sancionó a la Señora MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, en su condición de docente del Colegio Nacional Simón Bolívar de Garzón (Huila), con multa de cuarenta y cinco (45) días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalente a $2.168.998.50 (dos millones ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos con 50/100).

Mediante escrito visible entre los folios 165 a 167, la disciplinada interpuso el recurso de apelación contra la referida decisión. CARGOS Se reprocha a la docente del Departamento del Huila, MARÍA HERLANDY

RAMÍREZ.

Se desempeñó en más de un empleo público, y por ende percibiendo más de una asignación por parte del erario público al laborar hasta el 14 de febrero de 2002, en los cargos de docente de tiempo completo en el Colegio Nacional Simón Bolívar de Garzón, desde el 28 de octubre de 1980 y desde el 14 de febrero de 1990, por

entrega de los colegios Nacionales al Departamento cuando ya se desempeñaba de tiempo completo en el Colegio nocturno Luis Calixto Leyva de Garzón desde el 10 de mayo de 1977, continuando en tal situación aún con la expedición de la Constitución Política de 1991, y la Ley 4 de 1992 que consagró las excepciones a la prohibición de devengar más de una remuneración proveniente del erario público contemplada en el artículo 128 de la CP en cuyas excepciones no encuadra la conducta de la

Señora RAMÍREZ CABRERA.

El comportamiento descrito indica que la Señora RAMÍREZ CABRERA, incurrió en irregularidad al percibir más de una asignación del erario público, al desempeñar dos cargos de tiempo completo, que si bien es cierto al parecer no se superponen los horarios, si desempeñaba dos cargos diferentes de los cuales obtiene dos remuneraciones por parle del Estado, no cobijándola ninguna de las excepciones contempladas en la ley, manteniéndose la doble asignación hasta la fecha en que se le declara insubsistente mediante Decreto No. 966 del 14 de noviembre de 2001 a partir del 14 de enero de 2002, aclarado mediante decreto No. 436 del 8 de noviembre de 2002 expedidos por la Gobernación del Huila, siendo vigente la acción disciplinaria hasta esa fecha.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 1.2. El aquo describe los hechos investigados como que la Señora MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, desempeñó dos cargos de tiempo completo en los colegios Nacional Simón Bolívar de Garzón, y Colegio Nocturno Luis Calixto

Leyva de Garzón y por ende percibió más de una asignación por parte del erario público. Transcribe las normas vigentes referidas al caso, así como apartes de la decisión del Consejo de Estado, de julio 3 de 1997, que reitera la prohibición de la doble asignación para los docentes en la que hace un análisis normativo de la situación, así mismo refiere la Sentencia del Consejo de Estado del 31 de julio de 2003, en la que igualmente reitera el veto a que los docentes desempeñen en forma simultánea dos cargos de tiempo completo. Sostiene el fallador que el argumento de la defensa acerca de desconocer sobre el tema de la prohibición de recibir la doble asignación, no es de recibo precisamente por su profesión, en cuanto que la conducta se encuentra prescrita dice el fallador que el comportamiento reprochado no es de carácter instantáneo como pretende entenderlo la defensa, siendo éste continuado; al permanecer tantos años en los cargos, no puede tomarse la conducta como instantánea, respecto a la prescripción de la acción, ésta se cuenta desde la fecha del último acto reprochado, es decir desde el 14 de enero de 2002, cuando fue declarada insubsistente del cargo. Califica la falta de grave, atendiendo los parámetros del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, dada la época en que ocurrieron los hechos que se investigan, considerando que la acusada actuaba a sabiendas de lo que hacía, en un servicio público esencial como lo es la educación en las futuras generaciones, y falta de consideración con los administrados al no permitir que se diera cabida a otros educadores que pudieran ser

vinculados en el tiempo en que desempeñaba el segundo cargo, y el mal ejemplo en su misma condición de docente. Reitera el aquo en la dosificación de la culpa, en la conducta cuestionada en cuanto sostiene que existiendo un conocimiento de la prohibición, continuó en su situación y aunque tuviera una concepción errada de la situación, ello no la exonera de responsabilidad. Aduce que habiéndose señalado para las faltas graves sanción de multa entre 11 y 90 días, aplicándole la modalidad de culposa, dispuso sancionar a la implicada con multa de cuarenta y cinco (45) días equivalente a dos millones ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta centavos ($2.168. 998.50) (fls.148 a 161). FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN El recurso impetrado fue sustentado en los siguientes términos: FAIBER ADOLFO TORRES RIVERA, apoderado de MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, expresa en la argumentación del recurso de alzada, que los cargos desempeñados por su defendida en el Colegio Luis Calixto Leyva desde el 1 de mayo de 1977 y del Colegio Nacional Simón Bolívar desde el 8 de octubre de 1980, no se cruzaban, porque no habían muchos docentes en ciertas asignaturas. Afirma que FECODE, con un comunicado de agosto de 1992, le informó a los profesores de todo el país que si poseían título profesional universitario, podían desempeñarse en cargos de tiempo completo, siempre y cuando los horarios no se cruzaran y acorde lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1713 de 1960 y el artículo

32 del Decreto 1042 de 1978; así mismo anota que la Ley 4 de 1992, no era aplicable a su poderdante porque se encontraba vinculada con anterioridad a tal época. Observa que la Señora RAMÍREZ CABRERA, ejerció sus cargos de manera responsable, sin llamados de atención en su hoja de vida, ni sanciones disciplinarias en su contra, además de que siempre se desempeño en los cargos como profesora de tiempo completo, por falta de maestros y con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, por creer que el Estado le había otorgado la calidad de docente de tiempo completo y sin pensar que estuviera violando preceptos constitucionales y legales, por lo que considera el apoderado una causal de justificación que debe exonerar la conducta de su defendida. Reitera en que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, ya que a su juicio la conducta reprochada, es de tipo instantáneo y no continuado, que se manifiesta desde el acto administrativo de vinculación que le otorga la potestad de servidor público, de manera instantánea desde el mismo momento de su posesión, el momento de la consumación que en su criterio es el acto de posesión de su representada. Concluye solicitando se le reconsidere la calificación de la falta, en cuanto aquo no se fundó en una justificación contundente, porque si hubo falta en la modalidad de culposa, no es considerable que sea de tipo gravoso sino una falta leve, porque su defendida actuó bajo el error invencible y bajo una responsabilidad absoluta que demuestra su hoja de vida, al carecer de cualquier antecedente, con base en lo cual

aduce que su sanción debe ser atenuada (fls.165 a 167). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Entre la documentación aportada al expediente, ésta la certificación de la Jefe de la División de Personal de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila expedida el 16 de marzo de 2001, en que constan las vinculaciones de MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, como docente de tiempo completo de dos centros educativos (fl. 28 y 46), así mismo de la versión libre, rendida el 12 de marzo de 2001, por la acusada MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, se confirma la doble vinculación de tiempo completo, la docente admite su vinculación y sostiene que fue llamada por el rector del Simón Bolívar para cubrir vacantes, por necesidades del servicio, afirmando que él le enseñó una copia del diario oficial que decía que se podían desempeñar hasta dos cargos sin que se cruzaran los horarios, y que desde entonces trabaja en dos jornadas de tiempo completo, agregando que en consultas jurídicas realizadas se conceptuó que con fundamento en la Ley 40 de 1992, podía darse esta situación, para lo que se requería de dos condiciones: Tener título universitario, uno de los cargos de medio tiempo y que los horarios no se cruzaron. La argumentación de la apelación no trae nuevos elementos a la investigación y es incuestionable que a la luz del artículo 64 de la Constitución Política anterior, y con más énfasis en el artículo 128 de la CP actual y por lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, está prohibido para una misma persona ocupar en forma simultánea dos

cargos de docente de tiempo completo. De manera que según se desprende de las pruebas, la docente MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, se encontraba incursa en a prohibición contemplada en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886 y a partir de 1991 en la consagrada por el artículo 128 de la Carta Política. De manera que mal puede afirmar la defensa de la acusada, que la normatividad actual no se le puede aplicar porque los derechos se adquieren sobre la base de su conformidad con la Constitución y la ley, frente a esta incompatibilidad no podía hacerse otra cosa que poner fin a una de las vinculaciones mediante la declaratoria de insubsistencia, ya que esa situación jurídica no se ajustaba a la legalidad, como en efecto se dio, pero esta no es una sanción disciplinaria porque con este mecanismo, simplemente se termina la vinculación irregular. Según el Decreto 1713 de 1960, en su artículo 1 y el art. 32 del Decreto 1042 de 1978, las asignaciones que devenguen los docentes, excluyen a las que se traten de profesorado de tiempo completo. Ahora bien si la docente ha trabajado sin reproche alguno en nada convalida su situación irregular. De las faltas y las circunstancias en que ocurrieron lo anterior puede esta Delegada inferir que la calificación de la conducta, no se hizo de manera caprichosa por parte de la Procuraduría, sino conforme a la normatividad vigente, y que dada la gravedad de los hechos investigados, delimitados constitucionalmente no podía ser otra la decisión del fallador de instancia, esta garantía del Estado, protege el bienestar

común que prima sobre el particular, así mismo protege el derecho a la igualdad de los administrados frente al aparato estatal y la coherencia de la función administrativa que desarrolla los principios que la rigen, en búsqueda del cumplimiento de los fines del Estado. En razón a lo anterior, el fallo se confirmará por cuanto los argumentos manifestados por la defensa, obrantes en el recurso de alzada, no alcanzan para hacer variar el criterio del fallador de instancia y porque no logran desvirtuar las acusaciones y la sanción impuesta por la valoración de las pruebas y por la argumentación expuesta por parte del a-quo esta Delegada considera que no hay mérito para modificar la decisión y procederá a confirmarla en todas sus partes. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA en ejercicio de sus funciones, RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión calendada el 20 de febrero de 2004, proferida por la Procuraduría Regional del Huila, mediante la cual se sancionó a MARÍA HERLANDY RAMÍREZ CABRERA, en su condición de docente del Colegio Nacional Simón Bolívar de Garzón (Huila), con multa de cuarenta y cinco (45) días del sueldo devengado para la época de los hechos, equivalente a $2.168. 998.50 (dos millones ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos con 50/00).

SEGUNDO: Remitir copia de la presente decisión al centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que por esa dependencia se disponga lo pertinente, para efectos de la notificación del presente proveído, acorde lo dispuesto

en los artículos 101 y ss de la Ley 734 de 2002, se advierte que contra la misma no procede recurso alguno. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos del artículo 321 del CPC.

TERCERO: Cumplido lo anterior, devolver las diligencias a la oficina de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Marthis