PGN - DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA Sobre la motivación de acto

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-El empleo ocupado de libre nombramiento y remoción, por lo que la ausencia de los motivos de la insubsistencia no vicia la decisión de retiro del servicio, y adicional a ello el cargo pertenecía al nivel de dirección ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resolución 5454 de 24 de julio de 2015, por medio de la cual el (ICBF) la declaró insubsistente del cargo de subdirector técnico EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN-Causal de retiro del servicio de empleos de libre nombramiento y remoción El artículo 41 de la Ley 909 de 2004, (literal a, parágrafo 2°), establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, así: DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA-Sobre la motivación de acto Sobre este particular, resulta pertinente traer a colación el criterio adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo de 2 de julio de 2020 dentro del radicado 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17): […] los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no requieren motivación, en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza. […] Es viable concluir que la declaratoria de insubsistencia de nombramiento de los

empleados de libre nombramiento y remoción es fruto del ejercicio de la facultad discrecional del nominador que se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado, no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación del servicio público. En otras palabras, el acto por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser inmotivado por el nominador, y el deber de explicar los motivos en la hoja de vida de las causas que originaron la desvinculación no hace parte de la esencia misma del acto, sino tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en dicho documento. DESVIACIÓN DE PODER EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVOIntención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la Administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse/DESVIACIÓN DE PODER EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Causales En el mismo sentido, se tiene que la doctrina ha estudiado el tema de la desviación de poder al señalar que se configura cuando se expide un acto administrativo por el funcionario competente, pero apartándose de los fines previstos por el legislador al otorgarla, veamos: Esta finalidad que se ha propuesto el legislador al otorgar una competencia es, en primer lugar, el interés general. De este modo, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que la ley le ha otorgado, pero persiguiendo una finalidad extraña al interés general, como sería una finalidad personal de tipo económico, partidista o

ideológico, ese acto sería ilegal por desviación de poder. Por ejemplo, el alcalde de una 2 ciudad expide una reglamentación sobre el funcionamiento de las salas de cine en su municipio, para lo cual puede estar autorizado legalmente, pero se logra probar que dicha reglamentación tiene por finalidad favorecer a una sala de cine en particular, en la cual él tiene intereses económicos. En segundo lugar, el legislador puede haber previsto, ya sea expresa o tácitamente, una finalidad particular para el ejercicio de una competencia, caso en el cual, si el funcionario busca otra finalidad, así sea esta última de interés general, el acto será ilegal. Por ejemplo, una ley reguladora de una contribución puede prever una exención para algún grupo determinado de personas, con la finalidad de estimular la actividad que desarrollan estas últimas. En este caso, frente a la finalidad particular o concreta del legislador respecto de la exención, la autoridad administrativa encargada de hacer efectiva la contribución no podría pretender cobrarla a las personas beneficiarias de la exención, así fuera aduciendo una finalidad de interés general, como sería la necesidad apremiante de completar los recursos para poder terminar las obras a las cuales está destinada la contribución, pues esa determinación sería ilegal por cuanto ese fin es diferente del perseguido por la norma que consagró la exención. Esta causal de ilegalidad presenta dificultades, especialmente en lo que atañe a la prueba. En efecto, como se trata de la finalidad, del móvil con el cual se expide el acto, su prueba no es fácil por cuanto se refiere a elementos psicológicos o internos de la autoridad que toma la decisión. En muchas ocasiones la norma la finalidad que debe

perseguirse al utilizar esa competencia, caso en el cual será el juez quien deberá determinarla utilizando elementos accesorios, como los antecedentes de la norma1 1 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho administrativo general y colombiano, 17ª ed., Bogotá, Temis, 2011, págs. 312 y 313.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2022-258006

Concepto No.055 Bogotá, D. C., 6 de junio de 2022 Doctor CÉSAR PALOMINO CORTÉS Consejero ponente Sección Segunda (Subsección B) Consejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 25000-23-42-000-2016-00829-01 (0922-2021)

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Trámite: Apelación sentencia

Tema: Insubsistencia Respetado consejero de Estado.

Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. La señora Alba Nury Martínez Barrera, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad de la Resolución 5454 de 24 de julio de 2015, por medio de la cual el Instituto

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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4 Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la declaró insubsistente del cargo de subdirector técnico, código 150, grado 21. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, se ordene su reintegro al aludido cargo o a uno de igual o superior categoría y se paguen las prestaciones sociales desde la fecha de desvinculación hasta el reintegro. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que fue nombrada mediante Resolución 484 de 6 de febrero de 2015, con carácter ordinario, en el cargo de subdirector técnico código 150 grado 21 de la planta global de personal del ICBF. Que mediante la Resolución 5454 del 13 de julio de 2015 fue declarada insubsistente, acto que, según su criterio, carece de motivación y sustento. Que la demandada guardó silencio frente a las razones que motivaron la declaratoria de insubsistencia. 1.1.3 Fundamentos jurídicos. Citó como normas infringidas por el acto demandado los artículos 1, 2, 25 y 29 de la Constitución Política.

1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al indicar que carecen de fundamento, tanto fáctico como jurídico, y que no hay lugar al restablecimiento del derecho por cuanto la decisión tomada se llevó a cabo con apego al ordenamiento jurídico. Propuso las excepciones que denominó ineptitud sustancial de la demanda, caducidad de la acción, legalidad del acto administrativo acusado e inexistencia de la desviación de poder. 1.3 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), con sentencia de 13 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que al ser el cargo de la actora de libre nombramiento y remoción no se requiere de motivación y no estaba la demandada en la obligación de indicar los motivos de la declaratoria de insubsistencia. Aduce que sin bien es cierto no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, el buen desempeño no genera fuero de estabilidad para el empleador, por cuanto la eficiencia de la prestación del servicio es una obligación de todo servidor público. Concluye que las acusaciones formuladas contra el acto administrativo no encuentran sustento en las pruebas aportadas al proceso y que los argumentos formulados no son suficientes para demostrar que el acto acusado se hubiera expedido irregularmente.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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1.4 RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación, en el que indica que sin bien el acto administrativo no debía motivarse, es también cierto que en la prestación del servicio supone una mejora y no una desmejora. Refuta que tenía una mejor experiencia específica, nivel de formación académica y perfil para el desarrollo de las competencias exigidas para desempeñar el cargo, que la persona que la reemplazó. Además, que tenía un desarrollo de las competencias comportamentales superiores a las demostradas por el señor Ember Estefann Rodríguez, como por la señora Diana Sáez. Insiste en que se presentó una desviación de poder por cuanto la demandada reemplaza en un cargo a un ciudadano que no cumple con los requisitos exigidos y que la decisión está viciada porque no conlleva al mejoramiento del servicio.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 PROBLEMA JURÍDICO Consiste en determinar si el acto acusado, esto es, la Resolución 5454 de 24 de julio de 2015, mediante la cual el ICBF declaró insubsistente a la actora del cargo de subdirector técnico código 0150 grado 21, fue expedido con desviación de poder y falta de motivación, o si por el contrario se encuentra ajustado a derecho. 2.2 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE Para resolver la controversia, sea lo primero acudir a la normatividad constitucional y legal y a la jurisprudencial que gobiernan el tema, para luego resolver el problema jurídico.

Los artículos 1º y 29 de la Carta Política establecen: ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. […] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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6 En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Por su parte, en el artículo 125 constitucional, en el que se consagró la carrera administrativa como parámetro esencial para el ingreso y designación de los empleos del sector público, que se cumple a través del concurso público, se

consagró: ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Es decir, la regla general que debe imperar para el ingreso y permanencia de los empleados públicos es el régimen de carrera administrativa, cuya vinculación y ascenso se cumple a través de un proceso de selección, que permita determinar y escoger a los mejores en cumplimiento del principio del mérito. 2.2.1 Empleos de libre nombramiento y remoción según la Ley 909 de 2004 La Ley 909 de 2004, establece en el artículo 5 cuales de los empleos ostentan la calidad de libre nombramiento y remoción, veamos: ARTÍCULO 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios: a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional: Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto. 2.2.2 Causal de retiro del servicio de empleos de libre nombramiento y remoción El artículo 41 de la Ley 909 de 2004, (literal a, parágrafo 2°), establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, así: Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de

carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción. […] Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la Ley y deberá efectuarse mediante actor administrativo motivado, La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. 2.2.3 Sobre la motivación de acto de declaratoria de insubsistencia de nombramientos de servidores de libre nombramiento y remoción

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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8 Sobre este particular, resulta pertinente traer a colación el criterio adoptado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo de 2 de julio de 2020 dentro del radicado 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17): […] los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no requieren motivación, en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza. […] Es viable concluir que la declaratoria de insubsistencia de nombramiento de los empleados de libre nombramiento y remoción es fruto del ejercicio de la facultad discrecional del nominador que se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado, no obstante estar

fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación del servicio público. En otras palabras, el acto por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser inmotivado por el nominador, y el deber de explicar los motivos en la hoja de vida de las causas que originaron la desvinculación no hace parte de la esencia misma del acto, sino tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en dicho documento. 2.2.4 Desviación de poder La jurisprudencia ha comprendido la desviación de poder como el vicio que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; por tanto, se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la Administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse. En el mismo sentido, se tiene que la doctrina ha estudiado el tema de la desviación de poder al señalar que se configura cuando se expide un acto administrativo por el funcionario competente, pero apartándose de los fines previstos por el legislador al otorgarla, veamos: Se refiere a la intención con la cual la autoridad toma una decisión. Consiste, por tanto, en que una autoridad dicta un acto para el cual la ley le ha otorgado competencia, pero lo expide persiguiendo un fin diferente del previsto por el legislador al otorgarla o, como dice el artículo 84 del Código

Contencioso Administrativo, “con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió”.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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9 Esta finalidad que se ha propuesto el legislador al otorgar una competencia es, en primer lugar, el interés general. De este modo, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que la ley le ha otorgado, pero persiguiendo una finalidad extraña al interés general, como sería una finalidad personal de tipo económico, partidista o ideológico, ese acto sería ilegal por desviación de poder. Por ejemplo, el alcalde de una ciudad expide una reglamentación sobre el funcionamiento de las salas de cine en su municipio, para lo cual puede estar autorizado legalmente, pero se logra probar que dicha reglamentación tiene por finalidad favorecer a una sala de cine en particular, en la cual él tiene intereses económicos. En segundo lugar, el legislador puede haber previsto, ya sea expresa o tácitamente, una finalidad particular para el ejercicio de una competencia, caso en el cual, si el funcionario busca otra finalidad, así sea esta última de interés general, el acto será ilegal. Por ejemplo, una ley reguladora de una contribución puede prever una exención para algún grupo determinado de personas, con la finalidad de estimular la actividad que desarrollan estas últimas. En este caso, frente a la finalidad particular o concreta del legislador respecto de la exención, la autoridad administrativa encargada de hacer efectiva la contribución no podría pretender cobrarla a las personas beneficiarias de la exención, así fuera aduciendo una finalidad de interés

general, como sería la necesidad apremiante de completar los recursos para poder terminar las obras a las cuales está destinada la contribución, pues esa determinación sería ilegal por cuanto ese fin es diferente del perseguido por la norma que consagró la exención. Esta causal de ilegalidad presenta dificultades, especialmente en lo que atañe a la prueba. En efecto, como se trata de la finalidad, del móvil con el cual se expide el acto, su prueba no es fácil por cuanto se refiere a elementos psicológicos o internos de la autoridad que toma la decisión. En muchas ocasiones la norma la finalidad que debe perseguirse al utilizar esa competencia, caso en el cual será el juez quien deberá determinarla utilizando elementos accesorios, como los antecedentes de la norma2 Sobre las causales de falsa motivación y desviación de poder y los presupuestos a tener en cuenta para su configuración, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo de 8 de marzo de 20183, señaló: En este punto la Sala considera necesario hacer una precisión conceptual respecto de la falsa motivación y la desviación de poder; la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la 2 Libardo Rodríguez Rodríguez, Derecho administrativo general y colombiano, 17ª ed., Bogotá, Temis, 2011, págs. 312 y 313.

3 Radicación 25000-23-24-000-2005-01532-01.

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Demandado: ICBF

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10 Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente”. Ahora bien, en cuanto a la desviación del poder este alto tribunal ha sostenido que: “tiene lugar cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley. De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados legales que la informa. 2.3 CASO CONCRETO 2.3.1 Hechos relevantes probados Se tiene que la actora mediante la Resolución 484 de 6 de febrero de 2015, fue nombrada con carácter ordinario en el cargo de subdirector técnico código 150 grado 21 de la planta global del ICBF. Que por medio de la Resolución 5454 de 13 de julio de 2015 fue declarada insubsistente a partir de 3 de agosto siguiente, y se encargó al señor Ember Estefenn Rodríguez, en su reemplazo. El cargo de subdirector técnico código 150 grado 21 de la planta global del ICBF,

es de libre nombramiento y remoción por pertenecer al nivel directivo, como da cuenta el director de gestión humana en memorando visible a folio 146, en concordancia con lo estipulado en el artículo 5 (numeral 2 literal a) de la Ley 909 de 2004. 2.3.2 Resolución del problema jurídico Plantea la actora que el acto demandado es nulo porque fue proferido con desviación de poder y sin motivación. Al respecto, resulta pertinente señalar que, en cuanto a la primera causal, está claro que quien expidió el acto acusado fue el funcionario competente para tomar esta decisión como lo fue la subdirectora general encargada de las funciones de directora general del ICBF, como nominador de los funcionarios de esa entidad. Por tanto, es preciso establecer cuál era el propósito de la expedición del acto administrativo acusado, para lo cual tenemos que este se expidió no solo por el funcionario competente, sino que lo hizo en el marco de la función administrativa y del orden jurídico, pues no está demostrado que se haya expedido con una intención particular y parcializada en perjuicio de la actora, sino en ejercicio de la facultad discrecional con que cuenta la Administración para desvincular a funcionarios de empleos de libre nombramiento y remoción, cuya esencia de este tipo de empleos está determina por la confianza.

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

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11 Resulta claro entonces que esta causal invocada por la parte actora carece de fundamento jurídico y no logra probar en qué consistió la desviación de poder por parte de la entidad demandada y en especial de la funcionaria que lo expidió,

pues no simplemente se debe invocar, sino que esta debe estar amparada bajo argumentaciones para acompañar y demostrar en qué consistió y cómo se contraría con la expedición del acto la función administrativa, porque de una parte no se requiere motivar este tipo de acto administrativo y por la otra para acceder al cargo no se efectuó concurso de méritos o convocatoria para proveerlo y menos para nombrar a su remplazo, llanamente se accede en cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo y el querer del nominador quien cuenta con tal potestad por mandato legal. Respecto a la falta de motivación, resulta indiscutible y también es aceptado por el recurrente en la alzada que este tipo de acto no requiere ser motivado, razón por la cual la facultad discrecional ejercida para la declaratoria de insubsistencia de la demandante fue adecuadamente utilizada, pues el empleo ocupado por ella tenía la naturaleza de ser de libre nombramiento y remoción, por lo que la ausencia de los motivos de la insubsistencia no vicia la decisión de retiro del servicio, y adicional a ello el cargo pertenecía al nivel de dirección lo cual, como está probado en el expediente, no es posible restringir la potestad de la entidad para disponer de su cargo, ni tampoco se acreditó intenciones desviadas del nominador.

III. CONCEPTO Por las razones expuestas en precedencia, este delegado del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, solicita respetuosamente a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección D), que negó las pretensiones de la demanda. Atentamente, MARIANO EZEQUIEL BARROS RIVADENEIRA Procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado

MEBR-MDBZ

Demandante: Alba Nury Martínez Barrera

Demandado: ICBF

IUS: E-2022-258006