PGN - FALLO ABSOLUTORIO - Cuando los cargos formulados son vagos e imprecisos toda vez que no d

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-107350-2004 Implicado Francisco Augusto González Cortés Cargo y entidad Alcalde Municipal de Inírida - Guainía Informe Luis Carlos Sandoval Passos – Alcalde de Inírida Fecha Hechos 19 de diciembre del 2003 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá, D.C. 30 de abril de 2007

I. ASUNTO Procede la Delegada de conformidad con los artículos 30 y 170 de la Ley 734 del 2002, a proferir fallo de primera instancia en la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida – Guainía, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en ejercicio de sus funciones.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 8 de marzo del 2005, esta Delgada ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida – Guainìa, por posibles irregularidades en la celebración del contrato de compraventa No. 36 del 19 de diciembre del 2003, decisión que le fue notificada a través de edicto del 19 de julio del 2005. (fls. 38-40 y 98) El 22 de agosto del 2006, se le formularon cargos; y, a través de apoderado de oficio, presentó descargos el 14 de noviembre del 2006. El apoderado no solicitó la práctica de pruebas. (fls. 100-104 y 118-122, cuaderno original 1)

El 19 de diciembre del 2006, se dio traslado por el término de cinco (5) días para alegatos de conclusión, tiempo durante el cual el investigado y su apoderado de oficio guardaron silencio. (fl. 123, cuaderno original 1)

III. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 19.315.077, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida, para la época de los hechos, cargo para el cual fue nombrado mediante decreto No. 190 del 23 de mayo del 2003, del Gobernador del Departamento del Guainía, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, en cumplimiento al fallo del 28 de enero del 2003, de la Sala Plena del Consejo de Estado; y del cual tomó posesión el 23 de mayo del 2003, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Inírida.

IV. SINOPSIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Al disciplinado FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, se le formularon los

siguientes cargos: 1 i) Haber celebrado el contrato de compraventa No. 36 del 19 de diciembre del 2003, posiblemente, a pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 10 del decreto No. 26 de 1998, en razón a que la contratación se adelantó con desconocimiento de las normas sobre austeridad en el gasto público. ii) De igual manera se le reprocha haber dado lugar a que no se le cancelará a la contratista el valor del contrato, no obstante haber certificado que recibió a

satisfacción los bienes contratados, los cuales no ingresaron al almacén municipal. Tales faltas se calificaron provisionalmente como de naturaleza gravísima de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31 del art. 48 de la ley 734 del 2002; cometidas a título de dolo. Como normas violadas se le citaron los artículos 123, inciso 2° y 209 de la Constitución Política; artículos 24, numeral 1 y parágrafo 1°, 25, 26 numeral 1 y 29 de la ley 80 de 1993; y los artículos 25 del decreto 26 de 1998, y 34 numerales 2 y 23 y 48 numeral 31, de la ley 734 del 2002.

V. ALEGACIONES DE DESCARGOS En su escrito de descargos el investigado, a través de apoderado de oficio respecto al primer cargo no se pronuncia.

En cuanto al segundo cargo, de haber dado lugar a que no se le cancelará a la contratista el valor del contrato, no obstante haber certificado que recibió a satisfacción los bienes contratados, los cuales no ingresaron al almacén municipal, sostiene que referente al no pago del contrato se tiene que dejar de presente que la cláusula octava del contrato establecía expresamente que el contratista se comprometía a constituir garantía única de cumplimiento y de calidad de los bienes. Por lo tanto, en virtud del artículo 41 de la Ley 80, la constitución de la garantía, además de un deber legal, era una clara y expresa obligación para la contratista. Afirma que obra prueba en el proceso que la garantía no se constituyó; entonces en el caso de haber pagado el disciplinado sin la garantía, hubiera obligado a retrotraer

el pago realizado. Por lo tanto, no ve como sea viable que se le reproche el no pago del contrato, a sabiendas que el contratista había incumplido el contrato y omitido un requisito previo obligatorio del mismo. Concluye sosteniendo que de ninguna manera incurrió en falta disciplinaria al no pagar un contrato viciado y el cual carecía de uno de sus requisitos previos, y que no existe un daño o detrimento del patrimonio público causado por su conducta.

VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Precisión metodológica.

La Delegada procede al análisis de las pruebas allegadas al proceso y proferir fallo de primera instancia. Para tal fin, en primer término se ocupará de i) la competencia para conocer del presente asunto; ii) en seguida, de la solicitud de archivo definitivo de la investigación con fundamento en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002; finalmente, se analizarán iii) los fundamentos jurídico y fáctico y la conducta del investigado con el fin de establecer su responsabilidad disciplinaria. 2 i) Competencia. La Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso que se adelanta en contra del señor FRANCISCO AUGUSTO GONZALEZ CORTES, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida – Guainía, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en ejercicio de sus funciones, en virtud del artículo 25 del decreto 262 del 2000. ii) Solicitud de a rchivo definitivo de la investigación con fundamento en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002. En el escrito de descargos el disciplinado a través de apoderado de oficio, solicita el

archivo definitivo de las diligencias, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002, por considerar que se desconoció por parte de esta Delegada el término de los seis (6) meses de investigación previstos en el artículo 161 de la ley, que prevé la terminación del proceso, en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que, entre otras, la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Al respecto, es preciso señalar que si bien es cierto que la investigación disciplinaria en su contra se ordenó el 8 de marzo del 2005, se debe recordar que el término de los seis (6) meses de que trata el artículo 156 de la Ley 734 del 2002, hace relación especialmente al que se debe destinar para la práctica de las pruebas decretadas, tal como lo precisó la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del artículo 141 de la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario, dijo entonces esa Corporación en Sentencia C-728 del 21 de junio del 2000, con Ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz, lo siguiente: “Tres consideraciones adicionales permiten apreciar que el término no es a primera vista insuficiente: la primera es que el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el período de indagación, lo que permite que ese período sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas. (…)” (Subrayado fuera de texto) En este proceso, se observa que las pruebas que fueron decretadas se practicaron dentro del término legal, esto es, dentro de los seis (6) meses. Cosa distinta es que

por fuera del término previsto se hubiere solicitado la práctica de nuevas pruebas, lo cual no ha ocurrido. Por lo tanto, no se accede a la petición del investigado, pues tal decisión la tomará el operador jurídico en los casos expresamente señalados en la Ley 734 del 2002, por ser esta una decisión de fondo. iii) Fundamentos jurídico y fáctico. En materia disciplinaria la falta se estructura a partir de la infracción del deber funcional, pues quienes ejercen la función pública, deberán desempeñar su empleo, cargo o función consultando permanentemente los intereses del bien común, teniendo siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y no liberalidad del Estado, conforme lo prevén los numerales 8 y 15 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario. 3 De acuerdo con el material probatorio recaudado, esta Delegada procederá al análisis de las pruebas allegadas al proceso, para determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado.

1. Se encuentra probado que el 19 de diciembre del 2003, el señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida – Guainía, celebró el contrato de compraventa No. 36 del 19 de diciembre del 2003, con la señora Liliana Zoraida Contreras, cuyo objeto consistió en la venta de 5.000 tarjetas tipo afiche impresas a todo color – full policromía, con sobre en propalcote y foto; por valor de $8.150.000.oo; y término de 60 días calendario contados a partir

de la firma de las partes. (fls. 60-61, cuaderno 1) El contrato lo celebró el disciplinado con desconocimiento del artículo 10 del decreto 26 de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público, que prohíbe a los servidores públicos la realización de gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público de tarjetas de presentación, de Navidad, conmemoraciones, aniversarios o similares y el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación. Así mismo, establece la norma que cuando resulte indispensable utilizar con fines personales los servicios de comunicación indicados en este artículo, los usuarios pagarán el costo al respectivo órgano público. Por su parte, el decreto en su artículo 25, le imponía al Alcalde el deber de adoptar medidas similares que siguieran los lineamientos de la misma, tendientes a racionalizar el gasto público, adaptándolas a la organización territorial, lo cual no hizo. Con todo, se observa que el cargo como fue formulado es impreciso, por cuanto no se le señaló al investigado de manera expresa, los principios de la ley 80 de 1993 que posiblemente violó y en cada caso cual fue el concepto de esa violación, concretando la modalidad específica de la conducta, como lo prevé el artículo 161 de la Ley 734 del 2002. En consecuencia, no obstante que objetivamente está demostrada la falta disciplinaria que se le endilgó al disciplinado y la misma no fue desvirtuada, por la

razón jurídica expuesta anteriormente, este Despacho se abstendrá de pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad y por ello absolverá al investigado.

2. El segundo cargo que se le imputó al disciplinado, consistió en haber dado lugar a que no se le cancelará a la contratista el valor del contrato, no obstante haber certificado que recibió a satisfacción los bienes contratados, los cuales no ingresaron al almacén municipal.

Al respecto, encuentra el Despacho que con fecha 18 de diciembre del 2003, la contratista presentó a la Alcaldía la factura de venta No. 212 por valor de $8.150.000.oo; es decir, un día antes de la celebración del contrato de compraventa No. 36, teniendo en cuenta que éste se celebró el 19 de diciembre del 2003. Por la anterior circunstancia, la Alcaldía no le canceló a la contratista el valor del contrato, procediendo en consecuencia en ejercicio del derecho de petición, a 4 solicitarle al señor Luís Alberto Sandoval Passos, Alcalde de Inírida, se le autorizara para que una aseguradora expidiera las pólizas de garantía que no constituyó cuando se celebró el contrato, con el fin de que la entidad procediera al pago del valor del mismo. (fls. 72-73) En respuesta, por tratarse de un hecho cumplido, la administración municipal mediante comunicación DM-84 del 18 de mayo del 2004, le manifestó lo siguiente: “Como quiera que en este caso no es posible dar aplicación a los artículos 68 y 69 de la ley 80 de 1993, es decir utilizar mecanismos de solución directa de las controversias contractuales por esta vía gubernativa, es preciso que usted intente la

conciliación prejudicial u otra acción legal.”

3. Ahora bien, está demostrado que la contratista hizo la entrega de los bienes el 29 de diciembre del 2003 y que así lo certificó el señor FANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, Alcalde de Inírida; así mismo, que el 17 de mayo del 2004, el almacenista municipal le informó al secretario de gobierno que hasta ese día, los elementos no habían ingresado al almacén. (fls. 69-70, cuaderno 1) Con todo, encuentra el Despacho de una parte, que el señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, desempeñó las funciones de alcalde municipal entre el 23 de mayo y el 31 de diciembre del 2003; y de otra, que entre las funciones del alcalde no le correspondía cancelarle a la contratista el valor del contrato.

Así mismo, si bien es cierto que certificó haber recibido los bienes contratados, tampoco era su función ingresar los mismos al almacén de la entidad; máxime cuando se separó del cargo de alcalde municipal el 31 de diciembre, es decir, que en los dos (2) días que le restaban, sería imposible imputársele responsabilidad por estos hechos. En este orden de ideas, dado que en el proceso no obra prueba que demuestre la culpabilidad del investigado FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, se procederá a su absolución. En merito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO. ABSOLVER al señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.315.077, en su condición de Alcalde Municipal de Inírida, para la época de los hechos, de los cargos que le fueron formulados, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión al señor FRANCISCO AUGUSTO GONZÁLEZ CORTÉS, a través de la Procuraduría Regional del Guainía, de conformidad con la Ley 734 del 2002. TERCERO. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación de conformidad con la Ley 734 del 2002, no obstante, que quien estará legitimado es el quejoso, pero en este proceso no existe. 5 La unidad coordinadora para la contratación estatal, adelantará las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado para la Moralidad Pública M.G.L. Exp162-107350-2004 6