PGN - FALLO ABSOLUTORIO - El fallador de primera instancia no estableció en forma clara las cir

Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Radicado no. 58-3767-05 Disciplinado YOVANI VARGAS ESTEPA y otro Cargo y entidad Alcaldes Municipio de Sácama (Casanare) Quejoso Contraloría General de la República Fecha queja 7 mayo de 2001 Fecha hechos 7 de mayo de 2001 continuado. Asunto No devolución saldos convenios con FINDETER Auto FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Bogotá CD., 17 de julio de 2008 Procede el Despacho, en ejercicio de la competencia atribuida por el Decreto 262 de 2000, artículo 25 y resolución No. 017 del 4 de marzo de 2000 de la Procuraduría General de la Nación y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 734 de 2002, a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por los disciplinados, en contra del Fallo de Primera Instancia deL 28 de febrero de 2008, de la Procuraduría Regional de Casanare.

I. ANTECEDENTES

1. HECHOS.

Los hechos que se discuten en esta investigación, se refieren al no reintegro por parte del Alcalde del Municipio de Sácama (Casanare), a FINDETER Fondo FIS, de los saldos no ejecutados de los convenios 81 de 1995, 653 de 1998, 723 de 1994, 4064 de 1996 y 5717 de 1996, celebrados entra las dos entidades

2. SINTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en la queja presentada por la Contraloría General de la República,

sobre los hechos investigados, el 2 de mayo de 2005, la Procuraduría Regional de Casanare dispuso adelantar indagación preliminar (Fls. 26 y 26). Con fundamento en el material probatorio recaudado en la etapa de indagación preliminar, la misma Regional, mediante auto del 19 de julio de 2005, dispuso iniciar investigación disciplinaria en contra de los señores: YOVANI VARGAS ESTEPA, YIMI ALIRIO CRUZ y FAVIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, en sus calidades de alcaldes municipales de Sácama, JAVIER SILVA, ADRIANA ESTUPIÑAN e HIDELBRANDO VARGAS, como tesoreros para la época de los hechos (Fls. 42 a 45), la cual fue notificada a los disciplinados, mediante edicto que se fijó el 5 de agosto de 2005 a las 8 AM y se desfijó el 9 de agosto a las 6 PM (Fl. 57) Al cerrarse la etapa probatoria, la Procuraduría Regional de Casanare, mediante auto del 26 de julio de 2006, resolvió ordenar la terminación de la actuación disciplinaria y dispuso el archivo definitivo de la investigación adelantada en contra de los señores JAVIER SILVA, ADRIANA ESTUPIÑAN e HIDELBRANDO VARGAS, en sus condiciones de tesoreros municipales y JIMI ALIRIO CRUZ ESTUPIÑAN, en su condición de Alcalde encargado del Municipio de Sácama (Casanare), y formulo pliego de cargos a los señores HOLMAN YOVANI CRUZ ESTUPIÑAN y FABIO

ESTUPIÑAN VALDERRAMA, en sus condiciones de Alcaldes del Municipio de PU.14 58-3767-05 Sácama, para la época de los hechos (Fls. 231 a 247), a quienes se les notificó personalmente el 29 y 30 de agosto de 2006 (Fls. 269 a 270), aclarando que aunque al señor HOLMAN YOVANY, se le hayan cambiado los apellidos, en el auto de cargos, el numero de cédula es el que corresponde al implicado de autos, o sea a

HOLMAN YOVANY VARGAS ESTEPA.

El 12 de septiembre de 2006, FAVIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, presentó descargos los cuales se relacionan a folios 959 a 961. Igualmente, el señor HOLMAN YOVANY VARGAS ESTEPA, entregó memorial de descargos, en la personería municipal de Casanare, el 12 de septiembre de 2006 (Fls. 272 a 283). Finalmente, el 28 de febrero de 2008 la Procuraduría Regional de Casanare, profirió fallo de primera instancia, en el que resolvió declarar responsable de los cargos formulados a HOLMAN YOVANY VARGAS ESTEPA, a quien sancionó con multa de sesenta días, equivalente a $2.848.160.oo y a FAVIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, sancionándolo con dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo, convertible en multa por valor de $2.386.666.oo (Fls. 376 a 398).

3. ACERVO PROBATORIO Los siguientes elementos probatorios sirvieron de base para la decisión de primera

instancia:  Escrito de respuesta del doctor Orlando Beltrán Espinosa, Asesor Presidencial de FINDETER – Fondo FIS, del 19 de agosto de 2005, donde señala que a la fecha los convenios suscritos entre el fondo FIS y el Municipio de Sácama se encuentran liquidados y con saldos a reintegrar por valor de $7.367.736.oo (Fl. 60).  Copia del convenio No. 081 del 1 de agosto de 1995.  Informe presentado por la Fiduciaria la Previsora SA., sobre los pagos efectuados en razón a los convenios suscritos entre el FIS y el Municipio de Sácama (Fls. 90 a 95).  Copia de oficios del 12 de abril de 2005 dirigidos al señor Alcalde del Municipio de Sácama, donde se solicita el reintegro de los dineros no ejecutados en vi9rtud de convenios suscritos con el FIS, por valor de $7.367.736.oo.  Copia del oficio del 30 de julio de 2004, donde se le informa al señor Alcalde Municipal, la obligación del reintegro de los dineros no ejecutados dentro de los convenios, por valor de $3.937.236 (Fl. 98).  Copia del edicto del 14 de noviembre de 2001, por medio del cual el Director del Fondo FIS le notifica al señor alcalde la liquidación unilateral del convenio No. 723 de 1994 suscrito con el municipio de Sácama (Fl. 100). PU.14 2 58-3767-05  Oficio del 18 de octubre de 2001, dirigido al Alcalde Municipal de Sácama,

donde se le solicita presentarse ante el FIS, para notificarse de la liquidación unilateral del Convenio 723 de 1994 (Fl. 100).  Resolución 4.019 del 10 de octubre de 2001por medio de la cual se ordena la liquidación unilateral del convenio 723 de 1994 (Fl. 102 a 103).  Copia del oficio del 30 de julio de 2004, donde se solicita la devolución de los dineros no ejecutados dentro del convenio No. 81 de 1995 (Fl. 119)  Copia del oficio de 29 de junio de 2004, dirigido al Alcalde de Sácama solicitando el pago de $3.590.oo no ejecutados dentro del convenio 81 (Fl. 120).  Copia del oficio del 30 de julio de 2004 donde se solicita la devolución de dineros no ejecutados dentro del convenio 4064 por valor de $741.000.oo (Fl. 130).  Copia del edicto del 14 de noviembre de 2001, por medio del cual el Director del FIS, notifica la liquidación unilateral del convenio 4064, suscrito con el Municipio de Sácama (Fl. 132).  Copia de la Resolución No. 4020 del 10 de octubre de 2001 por medio de la cual se liquida de manera unilateral el convenio 4064 (Fls. 135 a 136).  Copia del oficio del 30 de julio de 2004, dirigido al Alcalde de Sácama solicitando el pago de $1.208.000 no ejecutados dentro del convenio 5717 (Fl. 153).  Copia del edicto por medio del cual el Director del Fondo FIS, notifica la

liquidación unilateral del convenio 5717 suscrito con el Municipio de Sácama (Fl. 155).  Copia de la Resolución 4021 por medio de la cual se liquida de manera unilateral el convenio 5717 (Fl. 158 a 159)  Copia del oficio del 30 de julio de 2004, dirigido al Alcalde de Sácama solicitando el pago de $1.447.910, no ejecutados dentro del convenio 653 (Fl. 172).  Copia del edicto del 14 de noviembre de 2001, por medio del cual el Director del FIS notifica la liquidación unilateral del convenio No. 653 (Fl. 176 a 177).  Versiones libres de los distintos investigados (Fls. 191 a 203).

4. CARGOS En la calificación del mérito de la Investigación Disciplinaria, el 26 de julio de 2006

(Fls. 231 a 247), la Procuraduría Regional de Casanare, formuló el siguiente cargo, al recurrente: PU.14 3 58-3767-05 “En la presente investigación disciplinaria se ha establecido que el investigado FAVIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, presuntamente con su proceder no realizó de manera oportuna la devolución de los recursos no ejecutados dentro del convenio No. 81 de 1995, 653 de 1998, 723 de 1994, 4064 de 1996 y 5717 de 1996, suscritos entre el municipio y el FIS, convenios que fueron liquidados de manera unilateral mediante las resoluciones No. 4019, 4020, 4021, 4018 del 10 de octubre de 2001,

liquidación que le fue comunicada oportunamente al Municipio de Sácama especialmente al investigado mediante comunicaciones del 30 de julio de 2004 y 12 de abril de 2005, donde se ordena la devolución de los recursos no ejecutados dentro del mencionado convenio, teniendo el deber legal de hacerlo, toda vez que ostentaba la calidad de Alcalde Municipal, y Representante Legal y en cabeza de éste recaía la función de ordenador del gasto. Además de haber sido requerido para dicha devolución mediante los escritos del 30 de julio de 2004 y el 12 de abril de 2005, por medio de los cuales el doctor ORLANDO BELTRAN ESPINOSA, solicita el reintegro de los dineros no ejecutados y por no haber adelantado las gestiones presupuestales necesarias para la mencionada devolución de los recursos”. Considero la primera instancia, que el disciplinado recurrente con su actuación descrita había infringido las siguientes normas: - Constitución Política, artículos 6 y 123. “Articulo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. “Artículo 123 (…) “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (…). - Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. “Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los Tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995, se integrarán a este código”.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función”. “Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le esta prohibido:

PU.14 4 58-3767-05

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”.

La falta imputada se ejecutó cuando el disciplinado incumplió el deber de hacer la devolución de los recursos no ejecutados dentro de los convenios 81 de 1995, 653 de 1998, 723 de 1994, 4064 de 1996 y 5717 de 1996, suscritos entre el municipio y el FIS, a pesar de haber sido requerido por el Director del FIS mediante oficios del 30

de junio de 2004 y el 12 de abril de 2005. La falta se calificó como GRAVE a título de CULPA.

5. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Se profirió por la Procuraduría Regional de Casanare, el 28 de febrero de 2008 (Fls. 376 a 398). Frente al señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, consideró que el artículo 6 de la Constitución prevé una responsabilidad general de los ciudadanos y una específica para los servidores públicos.

Transcribe unos apartes de la sentencia C-949 de 2002, sobre la sanción por incumplimiento de deberes funcionales. Dice que la competencia de ordenación del gasto recae en cabeza del Alcalde Municipal, conforme a los señalado en el precepto 314 del ordenamiento superior, en cada municipio habrá un alcalde, “Jefe de la administración local” y representante legal del municipio, que el artículo 315 de la Ley Fundamental regula las principales atribuciones del alcalde: cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y ,los acuerdos del concejo; dirigir la acción administrativa del municipio asegurando el cumplimiento de las funciones y prestación de los servicios a su cargo, y, ordenar los gastos. Que el concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto, ejecutar el gasto significa que a partir del programa de gastos aprobado – limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto.

Bajo ese análisis, consideró que de las pruebas allegadas al proceso se estableció que FINDETER le envió a la Alcaldía de Sácama, las actas de liquidación de los convenios, los requerimientos de devolución de los saldos no ejecutados, el valor de los mismos y los números de las cuentas bancarias donde el municipio le podía consignar esos dineros. Que en el caso estudiado, la imputación de falta disciplinaria se sustenta en la omisión de devolución de recursos no ejecutados dentro de los mencionados convenios, suscritos con el FIS, sin mencionar norma sustantiva. PU.14 5 58-3767-05 Hace una referencia a la regulación legal sobre la liquidación de los contratos y el pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre el tema, para concluir que una gestión eficiente por parte de los jefes de la administración municipal del Municipio de Sácama debió consistir, en que, una vez se enteraran de los saldos a favor del FIS, establecer los mecanismos para hacer, de manera oportuna, la devolución de los recursos no enajenados. Que no pueden ampararse, refiriéndose a los dos implicados, en el argumento que como no fueron ellos quienes suscribieron el contrato, ni su correspondiente acta de liquidación, no pueden responder por la devolución del recurso. Máxime si se tiene probado que el FIS, en por lo menos tres ocasiones, hizo requerimiento para la devolución de los recursos.

Concluye diciendo que: no se observa que el anteriormente señalado alcalde FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, haya realizado gestión alguna , como por ejemplo,

encargar a funcionario alguno sobre la legalización de la devolución del recurso, la ejecución del contrato, una consolidación de la información del cumplimiento del objeto del contrato, solicitar adición presupuestal con la finalidad de la devolución de los recursos. El fallador de primera instancia calificó la conducta como GRAVE a título de CULPA y Sancionándolo con multa de $2.386.666.oo, teniendo en cuenta que el sancionado ya no se encuentra desempeñando el cargo de alcalde.

6. EL RECURSO Y SUS FUNDAMENTOS.

El señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, interpuso recurso de apelación (Fl. 402 a 403). el cual sustentó, diciendo lo siguiente: “El cargo que se me imputa consiste en una posible negligencia de mi parte por no haber devuelto los dineros al FIS, de los convenios liquidados en el 2001, teniendo el deber legal de hacerlo y por no haber adelantado las gestiones presupuestales necesarias para la mencionada devolución de los recursos. Además señala el fallo que. “una gestión eficiente por parte de los jefes de la administración municipal del Municipio de Sácama debió consistir, en que, una vez se enteraran de los saldos a favor del FIS, establecer los mecanismos para hacer, de manera oportuna, la devolución de los recursos no ejecutados. Al respecto debo manifestar, que para el manejo de esos recursos , por el mandato legal, el municipio debió abrir unas cuentas específicas para el manejo de cada convenio, por ser estos recursos de destinación específica, no pueden ser manejados en conjunto con los demás dineros que maneja el municipio. Por

consiguiente no basta, con que se haya informado de los saldos a favor del FIS para que yo proceda a ordenar la devolución, como lo ordena de manara equivocada el ente fallador en primera instancia, sino que se hace necesario determinar el número de las cuentas y el banco para verificar la existencia de los saldos, que por ser de destinación específica, no pudieron ser incluidos en las cuentas donde se manejan los recursos propios y los provenientes del SGP. Como bien lo manifiesta el fallador de primera instancia, en varios acápites del fallo impugnado, es deber de los servidores públicos, el cumplimiento de la Ley. Quiero manifestar que es precisamente en cumplimiento de la ley, que estaba obligado a determinar la PU.14 6 58-3767-05 existencia de estos recursos en cada una de las cuentas y no proceder de manera irresponsable a utilizar recursos de una vigencia diferente a la cual surgieron las obligaciones y en detrimento de los recursos de la administración que en su momento dirigí. De haber existido en las cuentas los recursos, el paso a seguir era ordenar el traslado de los mismos a las cuentas del FIS, pero como en mi actitud diligente , se logró determinar que las cuentas no existen y mucho menos los recursos, este procedimiento que es más fácil y lógico no se puede llevar a cabo, por lo que la única manera de devolver los recursos era por medio de una conciliación o con un mandamiento ejecutivo para pagar del rubro de sentencias y conciliaciones. Aclaro que como alcalde municipal debo cumplir las normas que rigen el presupuesto y no podía adicionar los recursos que no existían y mucho menos pagar estos dineros de un rubro que no corresponde.

En ningún momento me excuse en el hecho de que los convenios no se firmaron y liquidaron en mi administración como se afirma en algún aparte del fallo, repito, los dineros no fueron devueltos de manera pronta y oportuna al FIS porque se determinó que no estaba en las cuentas y mucho menos cuando ya ni siquiera existen las cuentas como se encuentra probado en el expediente. Dice, que no comparte la decisión del ente investigador en primera instancia al afirmar que actúo de manera negligente y mucho menos que se califique como grave, cuando lo único que hizo fue dar cumplimiento a la ley y cuidar los recursos de mi municipio. Solicita que se revoque el fallo impugnado y se le absuelva de responsabilidad frente al cargo.

II. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Con respecto al señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, el despacho considera: Es necesario advertir, la evolución de nuestra jurisprudencia constitucional, en relación con la naturaleza del Derecho Disciplinario, que según la Carta Política, aparece informado por las garantías y derechos que son comunes a todas las formas de expresión sancionadora del Estado, encaminado al cumplimiento de los fines estatales.

Bajo el postulado anterior, se ha aceptado con relación a la tipicidad, que el Derecho disciplinario renuncia en gran medida a tipos exactamente descritos y está orientado al autor. De otra parte, la misma jurisprudencia ha reconocido dos aspectos fundamentales de este derecho: 1. Un control disciplinario del estado, sobre sus servidores y 2. El principio de legalidad, además de los de tipicidad, atijuridicidad y culpabilidad. Estas

normas han sido reiteradas en las sentencias C-195/93 y C-310/97, entre otras. No obstante, la Corte también ha manifestado que “la construcción de las faltas disciplinarias no puede sujetarse al arbitrio del interprete, razón por la cual el principio de reserva legal también se ha considerado como componente de la garantía del debido proceso disciplinario”. PU.14 7 58-3767-05 Así, en sentencia C448/98, la Corte Constitucional estableció entre otros aspectos: “(…) Cuando el legislador emplea esta técnica legislativa, la configuración de la falta depende tanto de la ley, que crea la prohibición y remite a una norma de menor nivel jerárquico que delimita su contenido, como del reglamento, que detalla las funciones del funcionario (…)”. Y reitera en sentencia C-181/02, al establecer: “Por lo tanto, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria. (…) Así, la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del estado. De lo cual se deduce que lo que genera el reproche de la administración al agente estatal o al particular que ejerce función pública es propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función pública sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan”.

De conformidad con lo anterior, bajo el principio de legalidad, determinar claramente la falta disciplinaria y las circunstancias bajo las cuales ocurrió la misma. Igualmente, bajo el mismo principio de legalidad es imperativo determinar las normas que la conducta reprochada disciplinariamente pudo desconocer o infringir, para poder tipificar de forma clara y precisa la conducta o el comportamiento ilícito. Bajo el anterior análisis, considera este Despacho, que el Auto recurrido debe ser objeto de revocatoria, pues el fallador de primera instancia no estableció en forma clara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, lo que no permite inferir con grado de certeza la responsabilidad del investigado amén de existir deficiencias en el pliego de cargos en el que ni siquiera se estableció la norma sustantiva desconocida o violada por el recurrente, resultando la imputación jurídica incompleta, por las siguientes razones: 2.1El A-quo pareciera partir del supuesto que dentro del presupuesto de los años 2004 y 2005, existiera el rubro y los dineros correspondientes a los saldos no ejecutados por parte del municipio de Sácama, de los convenios mencionados, al señalarle al recurrente en el cargo formulado, que: “con su proceder no realizó de manera oportuna la devolución de los recursos no ejecutados dentro del convenio, (…)” , sin allegar prueba que le diera esa claridad, como lo es la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del municipio, para esas vigencias. 2.2 Pues como bien lo describe, con mucho acierto, el mismo disciplinado, en su

recurso de apelación, no bastaba con que se hubiese comunicado por parte de FINDETER – FIS-, los saldos a favor de ese fondo, para que él, como Alcalde del Municipio, procediera a ordenar su devolución, sino que se hacía necesario determinar el monto de los mismos, el número de las cuentas y el banco en el cual se habían abierto, en atención a que: 1. Los convenios investigados se suscribieron entre los años 1995 a 1998, esto es, muchos años antes que el señor FAVIO PU.14 8 58-3767-05 ESTUPIÑAN VALDERRAMA, se desempeñara como Alcalde del municipio y 2. Porque cada convenio estudiado, establecía que el FINDETER – FIS, giraría sus recursos a través de su fiduciaria, a cada cuenta bancaria que el municipio tenía que abrir, para el manejo de esos recursos. 2.3 De otra parte, en el material probatorio que la primera instancia relaciona como sustento de su decisión, no se refieren ni analizan los documentos aportados por el disciplinado en su memorial de descargos, como pruebas a su favor, como son: el oficio DA-011 del 14 de julio, enviado por el recurrente al FIS, al cual, mediante oficio 0245 del 29 de julio de 2005, el Asesor Presidencial de FINDETER, le relaciona los bancos y números de cuentas bancarias a las que fueron girados los recursos de los convenios. (Fl. 267); oficio de diciembre 7 de 2005, enviado por FAVIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, Alcalde Municipal, al Asesor Presidencial de FINDETER – Fondo FIS (Fl. 262), del cual se advierte, las inconsistencias sobre los bancos y números de

cuenta en las que supuestamente debían estar los saldos sin ejecutar de los convenios mencionados. Así como otros más. Lo anterior indica, que el A-quo, no realizó una valoración integral de los elementos probatorios, que seguramente hubieran cambiado el rumbo de su decisión. 2.4 De otra parte, de los requerimientos hechos por FINDETER – Fondo FIS, al Municipio de Sácama, sobre los saldos no ejecutados de los convenios referidos (Fls. 96, 115, 128, etc.), se puede apreciar que el mismo Fondo, no tiene certeza, sobre la devolución de estos saldos, pues al hacer el requerimiento, manifiesta: “Si ya realizó la devolución de dichos recursos, agradecemos a usted enviar la copia de la consignación, en la que se señale el valor del reintegro a cada convenio y la vigencia, con el fin de proceder a la contabilización del mismo”. Así las cosas, si el mismo ente acreedor, cuya sede de operaciones se encuentra en la ciudad capital, con toda la tecnología a su disposición, no tiene claridad o certeza sobre la existencia de la deuda, no es posible exigirle a un alcalde de un municipio bastante alejado de la capital del país, rodeado al parecer de complejas circunstancias de orden público. Anudado a todas estas circunstancias, existe además una de especial relevancia para los hechos investigados, y es que entre los alcaldes inmediatamente anteriores al periodo en el cual se desempeñó el señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, no hubo comunicación sobre la existencia de los saldos pendientes de reintegrar a FINDETER – Fondo FIS, situación manifestada

por el mismo JIMI ALIRIO CRUZ ESTUPIÑAN, quien se desempeñó como Alcalde (E) del Municipio, en el período comprendido entre el 1 de enero al 29 de abril de 2004, al decir: “Durante el tiempo que yo ejercí como alcalde encargado en el Municipio de Sácama, no tuve conocimiento de la existencia de los mencionados convenios entre el FIS y el municipio de Sácama, pues en ningún momento recibí notificación o requerimiento del Fondo FIS para la Liquidación de los mencionados convenios. Igualmente, al momento del recibo del señor alcalde saliente JOSE FRANCISCO VARGAS no me informó sobre asuntos pendientes en la liquidación de dichos convenios (…)”. Con todo, para esta instancia, el comportamiento desplegado por el señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, en su condición de Alcalde del Municipio de SámacaPU.14 9 58-3767-05 Casanare, al momento de enterarse sobre los saldos pendientes de devolver al FINDETER Fondo FIS, como fue inicialmente el requerir la información pertinente, comunicar al fondo las inconsistencias sobre la información, no apresurarse a pagar sin tener los recursos ni el rubro autorizado, son acciones que demuestran diligencia y cuidado en el manejo de la administración a su cargo, pues aunque tampoco existe en el expediente prueba sobre normas relacionadas con el manejo y situación presupuestal del municipio, este Despacho puede inferir de acuerdo a la experiencia y sana crítica, que ninguna autoridad pública, puede ordenar gastos, sin estar incluidos dentro del presupuesto correspondiente, como efectivamente lo hizo el recurrente.

Por último, la proposición jurídica señalada en el cargo, es incompleta, en el sentido que se le cita la norma disciplinaria que por determinación tiene más de 10 fuentes de deberes y no se señala la norma sustantiva que contiene el deber que se reprocha y que tratándose del cargo al parecer se refiere a un deber derivado de un convenio, acto este, que no se encuentra siquiera entre las fuentes a que aduce el numeral 1 del artículo 34 o el numeral 1 del artículo 35 del CDU, los cuales transcribe de manera genérica. Similar situación se deriva del numeral 2º del artículo 34 el cual contiene al menos dos conductas autónomas y que requiere en cualquier caso precisar la fuente legal del deber funcional y la modalidad de su desconocimiento (diligencia, eficiencia e imparcialidad, acción u omisión, abuso). Por todo lo anterior, esta Delegada acoge los argumentos expuestos en el memorial de recurso de apelación interpuesto por el señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA frente al auto de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional Casanare, el 28 de febrero de 2008. En virtud de lo expuesto, La Procuradora Delegada Para La Economía Y La Hacienda Pública RESUELVE PRIMERO: REVOCAR en su integridad, los artículos tercero, cuarto y quinto, del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional Casanare, en los cuales declaraba responsable disciplinariamente al señor FABIO ESTUPIÑAN VALDERRAMA, identificado con la CC. 1.129.489 DE Sácama, en su calidad de alcalde de ese municipio, del cargo que se le endilgaba, sancionándolo con

suspensión en el ejercicio del cargo por dos meses, representados en $2.386.666.oo. En su lugar declararlo NO RESPONSABLE del cargo formulado, ordenado la terminación de la actuación disciplinaria en su contra y el correspondiente archivo definitivo, por los hechos investigados en este radicado.

SEGUNDO: Notificar personalmente de la presente decisión al apelante o a su apoderado, haciéndole saber que contra la presente decisión no procede ningún recurso por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002.

Dirección para notificación: Residencias LAS VILLAS (YopalCasanare).

TERCERO: En la Unidad Coordinadora, háganse las anotaciones y comunicaciones pertinentes.

PU.14 10 58-3767-05

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YOLANDA GÓMEZ RESTREPO

Procuradora Delegada. PU.14 11 58-3767-05