PGN - FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - Confirmar el fallo proferido por la procuraduría contra el p

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirmar el fallo proferido por la procuraduría contra el presidente del fondo nacional del ahorro, por las conductas objeto del cargo que le fue formulado, sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo 1 Radicado 161-7999

HELMUTH BARROS PEÑA

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) Aprobado en acta de Sala N° 23 Radicación n.º IUS E-2019-216783/ IUC D-2019-1295568 (161-7999) Disciplinable HELMUTH BARROS PEÑA Cargo y entidad Presidente Fondo Nacional del Ahorro Quejoso/informe Informe de servidor público Fecha del informe 12 de abril de 2019 Fecha de los hechos Vigencia 2017 Asunto Fallo de segunda instancia

P.D. PONENTE: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO A TRATAR La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que profirió la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en audiencia del 30 de diciembre de 2020, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a HELMUTH BARROS PEÑA, en su condición de presidente del Fondo Nacional del Ahorro, para la época de los hechos, y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses.

II. HECHOS

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, HELMUTH BARROS PEÑA, celebró, el 20 de noviembre de 2017, el contrato de compraventa con Diseños y Proyectos del Futuro -DISPROYECTOS LTDA-, cuyo objeto consistió en la venta, por parte del primero, de la cartera de los créditos hipotecarios vencidos y judicializados correspondiente al 70% del saldo bruto de capital por valor de $98.209 millones de pesos. Sin embargo, el Comité de Cobranzas del Fondo carecía de facultades para aprobar el proyecto de enajenación y por tanto el presidente de celebrar el negocio jurídico, en tanto la atribución de aprobar la operación recaía únicamente en la Junta Directiva de la entidad, toda vez que la negociación calificaba como estratégica dada la cuantía, las características o la afectación de los activos estratégicos de la entidad.

III. ANTECEDENTES PROCESALES El 12 de abril de 2019, MARÍA CRISTINA LONDOÑO JUAN, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, informó a este organismo de control las observaciones realizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasión del pliego de cargos del 27 de septiembre de 2018, por la venta de cartera castigada y activa cuyo valor ascendía a los $98.209 millones de pesos1.

El 24 de mayo de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa remitió por competencia las diligencias a la Delegada para la 1 Confrontar folios 1 y 2 del cuaderno original 1. 2 Radicado 161-7999

HELMUTH BARROS PEÑA Economía y Hacienda Pública2, dependencia que luego ordenó la remisión del expediente a las procuradurías delegadas para la contratación estatal, reparto, por considerar que las posibles irregularidades objeto de investigación eran de naturaleza contractual3. El asunto correspondió por reparto a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, dependencia que, por medio de auto del 19 de septiembre de 2019, dispuso iniciar indagación preliminar contra HELMUTH BARROS PEÑA en su calidad de presidente del fondo y ordenó la práctica de pruebas4. El 21 de abril de 2020, la primera instancia ordenó el trámite de procedimiento verbal previsto en el Título XI del libro IV de la Ley 734 de 2002 y convocó a audiencia pública a HELMUTH BARROS PEÑA5 para el 31 de agosto de 20206. La audiencia pública se instaló el 23 de septiembre de 2020 y continuó el 30 de septiembre de la misma anualidad, en consideración a las solicitudes de aplazamiento que presentó la defensa del disciplinable7. El cargo que se formuló en el auto de citación a audiencia verbal fue el siguiente: HELMUTH BARROS PEÑA en su calidad de presidente del Fondo Nacional del Ahorro suscribió el 20 de noviembre de 2017 el contrato de compraventa cuyo objeto era «La compra por parte del COMPRADOR y la venta por parte del VENDEDOR de la CARTERA HIPOTECARIA JUDICIALIZADA» con la sociedad Diseños y Proyectos del FuturoDISPROYECTOS LTDA, no obstante, que al parecer (i) no

contó con la aprobación de la junta directiva de la entidad (ii) desconoció el manual de contratación y (iii) utilizó una versión del manual SARC diferente a la versión 34 que estaba vigente para la época de los hechos En el pliego de cargos se señalaron como normas presuntamente violadas por parte de HELMUTH BARROS PEÑA, las siguientes: - El literal c) artículo 7° capítulo 2° título II del Acuerdo 2159 de 2016, modificado por el Acuerdo 2229 de 2018 «[p]or medio del cual se modifica el Reglamento de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro»; - El artículo 18 del Decreto Presidencial 1454 de 1998 «[p]or el cual se aprueba el Acuerdo número 941 del 2 de julio de 1998 que adopta los estatutos internos del Fondo Nacional del Ahorro»; - El artículo 2° de la Ley 432 de 1998; 2 Confrontar folio 4 del cuaderno original 1 3 Confrontar folio 7 del cuaderno original 1. 4 Confrontar folios 24 y 25 del cuaderno original 1. 5 Confrontar folios 96 al 127 del cuaderno original 1. 6 Confrontar folio 131 del cuaderno original 1. 7 Confrontar folio 142 del cuaderno original 1. 3 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA - El artículo 4° del Acuerdo 941 del 22 de julio de 1998; - Los principios contenidos en los numerales 2.6 y 3.2.1 del Acuerdo 2105 del 7 de septiembre de 2015 «[p]or medio del cual se expidió el Manual de

Procedimientos de Contratación código GJ-MN-CONTRATACIÓN. Versión 0.»; - Los principios señalados en los numerales 2.7 y 3.2.1.1 de la Resolución 053 del 8 de marzo de 2017, por medio de la cual se actualiza el contenido del manual de contratación de 2015, código GJ-MN-CONTRATACION Versión 0 y se adoptó el manual de procedimientos de contratación, código GA-MN-CONTRATACION Versión 1; - El numeral 5.1.20.4.5 del Manual de Sistema de Administración de Riesgo Crediticio-SARC del FNA versión 34. Una vez enumeradas las normas violadas, el a quo precisó que la conducta descrita se tipificaba como falta disciplinaria en el numeral 1° del artículo 35 de la ley 734 de 2002, que a su texto reza: ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido: 1. incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificadas por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo El concepto de la violación fue explicado en los siguientes términos: Los elementos de juicio analizados en precedencia dan cuenta que el señor Barros Peña celebró el referido negocio jurídico cuyo objeto era “La compra por parte del COMPRADOR y la venta por parte del VENDEDOR de la CARTERA

HIPOTECARIA JUDICIALIZADA”, sin tener la aprobación de la junta directiva de la entidad, requisito al parecer necesario, como lo dispone el Acuerdo 2159 de 2016, modificado por el Acuerdo 2229 de 2018 en el título II capítulo 2 articulo 7 literal c, pues, la operación por su característica era calificable como estratégica y afectaba activos estratégicos del Fondo, toda vez, que se estaban cediendo más de dos mil obligaciones de la cartera hipotecaria que podrían ser avaluadas en alrededor de $ 100.000.00.000 millones de pesos mcte […] [L]a compraventa de cartera celebrada el 20 de noviembre de 2017 por el presidente del FNA y la sociedad Diseños y Proyectos del FuturoDISPROYECTOS LTDA, no guardaba relación con el objeto social de la entidad, pues, no correspondió a las actividades que habitual y profesionalmente desarrolla el FNA, razón por la cual, se reitera, al parecer se requería la aprobación del máximo órgano de la entidad, para celebrar el referido bilateral. De igual forma, y teniendo en cuenta lo reglamentado en el manual de contratación del Fondo Nacional del Ahorro se tiene que el presidente de la entidad al parecer celebró el contrato de compra venta de cartera desconociendo los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y economía, y por contera la selección objetiva del contratista, pues, habría eludido adelantar el proceso de selección a través de la modalidad que correspondía, es decir; la convocatoria pública, en razón a que el objeto del bilateral no era de aquellos que se contemplan dentro de las excepciones previstas en el mismo acto administrativo.

4 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA Además, en la minuta contractual suscrita por el entonces presidente del Fondo Nacional del Ahorro, se citó en el literal d los numerales 11.6.7.4 (venta y cesión de derechos de crédito o derechos litigiosos) subnumeral 11.6.7.4.2 (venta de derechos litigiosos) del manual SARC del FNA que contempla y permite la venta objeto del bilateral cumpliéndose con cada una de las condiciones señaladas en el subnumeral precitado, empero revisada la versión 34 del manual SARC vigente para la época de los hechos, esos numerales no hacen parte del mencionado documento, por consiguiente, al parecer el negocio jurídico se sustentó en una versión del manual SARC que no se encontraba vigente. En este contexto, es necesario recordar que conforme al numeral 1° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, los servidores públicos tienen prohibido incumplir los deberes que su cargo le imponen, los cuales pueden estar en actos administrativos, en el sub lite, tenemos que HELMUTH BARROS PEÑA, incurrió en la mencionada prohibición al celebrar el contrato de compraventa de cartera del 20 de noviembre de 2017, por cuanto, posiblemente incumplió el deber de celebrar contratos con arreglo a las disposiciones vigentes y a los estatutos de la entidad, por cuanto, posiblemente suscribió el contrato censurado en estas diligencias desconociendo las reglas contenidas en los estatutos, en el manual de contratación, en el manual SARC y en el Acuerdo 2159 de 2016 modificado por el

Acuerdo 2229 de 2018, el artículo 4º del Acuerdo número 941 del 22 de julio de 1998 y artículo 2º de la Ley 432 de 1998. El a quo calificó la falta de manera provisional como GRAVE y consideró que el comportamiento fue desplegado con culpa gravísima por desatención elemental. El 30 de septiembre de 2020, la defensora presentó el escrito de descargos y solicitud probatoria, petición que fue resuelta en la sesión de la audiencia pública surtida el 14 de octubre de 2020 y se fijó como fecha para escuchar las declaraciones ordenadas el 23 del mismo mes y año. Por eventualidades como la agenda del despacho y las solicitudes de aplazamiento presentadas por la defensa del implicado, la audiencia finalmente se adelantó el 9 de noviembre calendado, sesión en la que se estableció que el 23 de diciembre se escucharían los alegatos de conclusión previos al fallo de primera instancia, los que finalmente se sustentaron en la sesión del 28 de diciembre de 2020 y el 30 siguiente HELMUTH BARROS PEÑA rindió versión libre8. En la sesión del 30 de diciembre de 2020, se profirió fallo de primera instancia, declarando probado el cargo formulado contra HELMUTH BARROS PEÑA, por lo que se lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, decisión notificada en estrados al disciplinable y a la defensora, quien interpuso recurso de apelación9. En audiencia del 15 de febrero de 2021, la apoderada del disciplinable sustentó el recurso de alzada en contra del fallo de primera instancia,

8 Confrontar CD a folio 233 del cuaderno original 1. 9 Confrontar folio 198 a 218 del cuaderno original 1. 5 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA concedido en efecto suspensivo y remitido a la Sala Disciplinaria mediante oficio N° P2DCE-109 el 17 de febrero de 202110. El 29 de junio de 2021, la Sala Disciplinaria corrió traslado para alegatos de conclusión en segunda instancia11; al respecto, los sujetos procesales se abstuvieron de presentar alegaciones.

IV. FALLO IMPUGNADO La Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación Estatal sustentó el fallo de primera instancia en los siguientes términos:

I. Señaló que era competente para emitir el fallo de primer grado, con fundamento en el artículo 25 del Decreto 262 de 2002, en concordancia con el artículo 19 de la Resolución 0017 del mismo año.

II. Individualizó al investigado.

III. Realizó una reseña de los antecedentes y de la actuación procesal.

IV. Relacionó las pruebas acopiadas en el plenario y procedió a su valoración.

V. Hizo un resumen de los argumentos expuestos en los descargos, en los alegatos previos al fallo de primera instancia, en la versión libre y procedió a su análisis.

VI. Se refirió a las categorías dogmáticas de la falta disciplinaria de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad,

VII. Finalmente, dosificó la sanción.

V. RECURSO DE APELACIÓN Los argumentos de la impugnación presentados por la defensa del

disciplinable, fueron los siguientes: Frente a la declaratoria del cargo que se imputó a HELMUTH BARROS PEÑA, la defensora precisó que era importante reconocer a plenitud las pruebas aportadas y practicadas en el desarrollo del proceso, en tanto con estas se confirmaba el correcto actuar de su representado. De otra parte, explicó qué se entiende por «giro ordinario», para luego señalar que la venta de cartera, que era de créditos otorgados para solucionar problemas de vivienda, correspondía al giro ordinario de la entidad, actividad que guardaba estricta relación con la naturaleza y objeto social del Fondo. Hizo algunas aclaraciones sobre la habilitación legal y estatutaria otorgada al Comité de Cobranzas del Fondo, creado por el presidente de esa entidad para el cumplimiento de la misión institucional, en virtud de las facultades conferidas por la misma Junta Directiva a través del Manual SARC, 10 Confrontar folio 224 del cuaderno original 1. 11 Confrontar folio 231 del cuaderno original 1. 6 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA instancia última que le otorgó a dicho comité algunas atribuciones para el manejo del proceso de cobranza y de cartera de la organización, entre estas, la facultad de aprobar la oferta de la compraventa de los derechos litigiosos con completa autonomía, es decir, sin la aprobación previa de la Junta Directiva. Indicó que, según concepto emitido por la Superintendencia Financiera y la Oficina Jurídica, el presidente estaba habilitado para administrar y valorar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituían el

patrimonio de la empresa, por lo que no existía duda de que la negociación en cuestión obedecía al giro ordinario de las actividades del FNA y procedía este dentro del marco jurídico que la habilitaba para desarrollarlas sin la aprobación de la Junta Directiva. Sostuvo que su representado tuvo el cuidado necesario en sus actuaciones y no existió negligencia en su actuar, máxime cuando se evidenció que se solicitaron conceptos a la Oficina Jurídica y el respaldo de la Vicepresidencia de Riesgos para adelantar el proceso según constaba, por lo que consideró que no se podía inferir la culpa grave endilgada ni la graduación de la sanción establecida, en tanto había actuado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, de acuerdo con la previsión consagrada en el numeral 6° artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Afirmó que la contratación realizada se enmarcó en los principios constitucionales de la buena fe, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimiento o por medio de la normativa que remite al mismo Estado a ceñirse a principios del derecho. Finalmente, solicitó revocar la decisión de primera instancia y exonerar de responsabilidad a su prohijado; en su defecto, que la falta sea categorizada como leve en tanto no se probó que el disciplinable hubiera faltado a los deberes y funciones señaladas en el reglamento de la entidad, empero, de confirmarse la falta grave, que la sanción por suspensión en el ejercicio del cargo se redujera máximo a un mes.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 De la competencia La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de HELMUTH BARROS PEÑA, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, con fundamento en las atribuciones conferidas por el literal b) numeral 2° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021. 7 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA Establecida la competencia de esta Sala para conocer del proceso por vía de apelación, cuya órbita funcional, conforme lo dispone el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 200212, se limita a la revisión –únicamentede los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación; sobre este preciso aspecto el Consejo de Estado señaló: [D]e acuerdo con el trámite que se debe dar en segunda instancia esta solo se circunscribe a resolver los aspectos debatidos y señalados en el recurso de apelación, la competencia del operador en esta instancia no fue instituida para inmiscuirse en situaciones que no hayan sido propuestas en el recurso de apelación a menos que se trate de cuestiones que resulten inescindiblemente vinculadas a la impugnación13 Se hace necesario además, dar aplicación al artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 202114, en cuanto la presente actuación disciplinaria se continuará bajo el procedimiento que

consagra la Ley 734 de 2002, en la medida que a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario ya se había proferido el fallo de primera instancia. En cuanto a la oportunidad del recurso, en la audiencia de lectura de la decisión de primer grado la defensora de confianza de HELMUTH BARROS PEÑA interpuso el recurso de apelación contra la decisión adoptada, mismo que se sustentó en forma oportuna el 15 de febrero de 2021, por lo que su concesión se encuentra ajustada a derecho. Del estudio del asunto objeto de recurso, esta Sala hará un examen de la conducta constitutiva de la falta, desde la perspectiva de la norma, la voluntad y el conocimiento de esa realidad, así como el conjunto de las condiciones externas que sirven de contexto de esta, en torno a la imputación objeto del cargo y los argumentos expuestos por la defensa, en aras de determinar la existencia o no de una falta disciplinaria, así como de la responsabilidad de su comisión, en caso que se compruebe su existencia. Ahora, para seguir un orden metodológico, a efectos de dar una aproximación al estudio del presente asunto, la Sala hará de manera preliminar algunas consideraciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la naturaleza jurídica, la autonomía y el régimen contractual del Fondo Nacional del Ahorro, sus órganos de dirección y funciones para la época de los hechos, determinará si la valoración de la prueba hecha por la primera instancia se hizo o no de manera correcta; realizará un juicio de corrección sobre la imputación subjetiva que hizo el a 12 Actualmente en el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019

13 Confrontar decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia n.º 11001-03-25-000-2011-00288-00 del 27 de noviembre de 2014. C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. 14 ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley 8 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA quo y finalmente, estudiará la tasación de la sanción realizada en el proveído recurrido. 6.2 Aproximación contextual al caso concreto A efectos de dar una aproximación contextual del presente asunto, la Sala hará de forma preliminar algunas precisiones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la naturaleza jurídica, la autonomía y el régimen contractual del Fondo Nacional del Ahorro, sus órganos de dirección y funciones para la época de los hechos. 6.2.1 Marco jurídico del Fondo Nacional del Ahorro El Fondo Nacional del Ahorro, creado por medio del Decreto Ley 3118 de 1968, en virtud de la Ley 432 de 1998 se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, organizada como establecimiento de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

En la referida normativa el legislador también señaló que el Fondo Nacional del Ahorro tiene por objeto administrar de forma eficiente las cesantías de los trabajadores, contribuir a la solución de los problemas de vivienda y de educación de los afiliados, con facilidades de crédito, en procura de una mejor calidad de vida, propósito que está directamente relacionado con los fines del Estado, especialmente con lo dispuesto en los artículos 5115 y 6716 de la Constitución Política. Ahora, conforme con lo señalado en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, los actos de las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de su actividad propia o de gestión económica, salvo las excepciones previstas por la ley, están sujetas al derecho privado, por ende, la actividad del FNA, como empresa industrial y comercial del Estado, está sujeta a dichas disposiciones. Sin embargo, la entidad no deja de ser integrante de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el orden nacional del sector descentralizado por servicios. 15 ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 16 ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 9 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA En corolario, sus actividades han de observar los principios constitucionales de la función administrativa, en especial los de igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad y buena fe, consagrados en el artículo 209 superior. Es así como el fondo ejercía sus funciones de acuerdo con las disposiciones plasmadas en la Ley 432 de 1998, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ―con excepción a lo reglamentado en el artículo 213 del citado texto normativo, dada la inviabilidad de aplicar las disposiciones que regulan los establecimientos bancarios―, el Decreto 2555 de 2010, los

reglamentos adoptados por la misma entidad y los demás que rigen para las empresas de naturaleza industrial y comercial del Estado. En el mismo sentido, de acuerdo con lo expresado en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, modificados por los artículos 15 y 14 de la Ley 1150 de 2007, respectivamente, el FNA no estaba sometido al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, pese a la vigilancia y control ejercida sobre la gestión fiscal de que trata el artículo 267 de la Carta Política, además de la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es precisamente por lo que la Junta Directiva del Fondo expidió el Acuerdo N° 2105 del 7 de septiembre de 2015, a través del cual adoptó el Manual de Contratación identificado con el código GJ-MN-CONTRATACIÓN, versión 0, el cual en su numeral 2.6 contemplaba las excepciones de ese procedimiento de contratación, así: EXCEPCIONES: No se entenderán sujetas a este Procedimiento las operaciones financieras, tales como: Operaciones de derivados, créditos y empréstitos, inversiones financieras, títulos valores, contratos interbancarios, contratos de leasing en cualquiera de sus modalidades, contratos celebrados con la Banca Multilateral, encargos fiduciarios para la administración de recursos de terceros, contratos celebrados con las calificadoras de riesgo, con la Titularizadora colombiana, aquellos cuyo objeto sea la estructuración de mecanismos de financiación y fondeo; contratos con la Bolsa de Valores de Colombia, contratos

de información financiera, y en general todos aquellos contratos que se celebren en desarrollo de las operaciones autorizadas al FNA y sus conexos Posteriormente, a través de la Resolución 053 del 8 de marzo de 2017, por la necesidad de actualizar el contenido del Manual de Contratación, se adoptó el Manual de Procedimientos de Contratación código GA-MNCONTRATACIÓN, versión 1, la que mantuvo en su numeral 2.7 las excepciones a la aplicación de ese procedimiento contractual. De otra parte, en el desarrollo de su objeto social el Fondo realiza actos en materia financiera y crediticia, regulados a través de la Ley 546 de 199917, la 17 LEY 546 DE 1999. «Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos 10 Radicado 161-7999 HELMUTH BARROS PEÑA Ley 1114 de 200618, Ley 1469 de 201119, Ley 1266 de 2008 y 1581 de 201220 y Ley 1328 de 200921, actos que a su vez, de acuerdo con el Decreto 2555 de 2020 en sus títulos 2, 9 y 10 del libro quinto, parte 10, deben prever los riesgos implícitos en dichas actividades, inclusive el riesgo de crédito, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia previstas en la Circular Externa 100 de 1995, Circular Básica,

Contable y Financiera. Así, en aras de dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera, el FNA adoptó el Manual SARC «Sistema de Administración de Riesgo Crediticio», documento oficial que contiene políticas, etapas y consideraciones relevantes en torno a la administración del riesgo crediticio implícito en la naturaleza de las actividades propias de la entidad, el cual a su vez, se ha sometido a diversas modificaciones o creación de nuevas políticas y procedimientos, aprobados por la Junta Directiva de la entidad y periódicamente revisados por la Vicepresidencia de Riesgos, con el fin de validar la vigencia de las políticas, la estructura, roles, responsabilidades, entre otras generalidades consignadas en este manual. De la vigencia, versión y aprobación del Manual SARC, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, en el fallo de primera instancia se compendió la información en la siguiente tabla 22: MANUAL SARC Versión Aprobación Vigencia 34 Aprobado mediante sesión de Junta Del 22 de junio al 25 de Directiva No. 873 del 22 de junio de 2017 septiembre de 2017 35 Aprobado mediante sesión de Junta Del 25 de septiembre al 30 Directiva No. 876 del 25 de septiembre de de octubre de 2017 2017 36 Aprobado mediante sesión de Junta Del 30 de octubre de 2017 Directiva No. 877 del 30 de octubre de 2017 al 27 de febrero de 2018 6.2.2. Órganos de dirección y administración 6.2.2.1 Junta Directiva del FNA vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones»

18 LEY 1114 DE 2006. «Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6° de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social” mediante la cual se autoriza la posibilidad a “Los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares; los oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo, agentes de la Policía Nacional; el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional; el personal docente oficial; los docentes vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores independientes, quienes devenguen salario integral y a los colombianos residentes en el exterior» 19 LEY 1469 DE 2011. «Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda» 20 LEYES 1266 de 2008 y 1581 de 2012, por las cuales se dictan disposiciones generales de hábeas data y se regula el manejo de la informació