PGN - HONORARIOS PROFESIONALES - No quedó demostrado su pago por ninguno de los integrante

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que

debe ser respetado y garantizado. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad Patrimonial del Estado La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Presunto delito de concierto para delinquir agravado El denunciante permaneció privado de la libertad desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 13 de marzo de 2008, a ordenes de la Fiscalía General de la Nación, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado. Del recuento argumentativo de la sentencia absolutoria, esta Agencia del Ministerio Público considera que la detención preventiva que tuvo que soportar el actor, no se encontraba soportada con suficientes elementos de prueba, ya que tal como lo indicó el Juzgado penal del Circuito Especializado de Valledupar, no existieron pruebas que demostraran la participación del procesado en los hechos delictivos que se le atribuían, amén que la Fiscalía no realizó esfuerzo investigativo para corroborar los decires del débil testimonio que los vinculaba con los mismos.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación no realizó una valoración minuciosa de los elementos de prueba con los que contaba para mantener afectada la libertad del actor, por tal razón, la detención de la que fue objeto se tornó en injusta, y pasible de ser reparada con cargo al erario. DAÑO ANTIJURÍDICO-Generado por la Fiscalía General de la Nación/HONORARIOS PROFESIONALES-No quedó demostrado su pago por ninguno de los integrantes de la parte actora Conforme a los argumentos expuestos en precedencia esta Delegada ha de concluir que la Fiscalía General de la Nación generó un daño antijurídico con la privación de la libertad del recluido, que tal como se dejó consignado en precedencia, resulta indemnizable a cargo del Estado. Por lo anterior se solicita la confirmación parcial de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el entendido que deberá declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, pero excluyendo la condena que por honorarios profesionales, por no haberse demostrado su pago por ninguno de los integrantes de la parte actora.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA 2 200012331000200800296 01 (41897)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 17 de enero de 2012 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 12–8

Acción: Reparación Directa Radicado: 200012331000200800296 01 (41897)

Actor: AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA y OTROS

Demandado: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las

argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores YIBETH LORENA PEDROZO

QUINTERO, NAYETH LUCIA PEDROZO QUINTERO, y JESUS ANGEL

PEDROZO CARRILLO, YULIS LORENA QUINTERO RÍOS, GREGORIO

PEDROZO BAUTISTA, ADELINA PEDROZO BAUTISTA, FIDENCIA PEDROZO BAUTISTA, VIVIANA BAUTISTA RAMÍREZ, y MANUEL AGUSTIN PEDROZO, solicitaron al Tribunal Administrativo del Cesar declarar administra y solidariamente responsable a la entidad demandada, de los perjuicios 3 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 materiales, morales y de daño a la vida de relaciona que se ocasionaron con la

privación de la libertad de la que fue objeto el señor AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA y, en consecuencia, se las condenara a su pago. Contestación La Fiscalía General de la Nación manifestó atenerse a lo que resultare probado dentro del proceso y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Manifestó que la actuación de la entidad se surtió de conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, con el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, y demás disposiciones sustanciales vigentes para la época de los hechos, siendo contrario a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional o una privación injusta de la libertad del señor AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA. Sentencia Mediante sentencia del 5 de mayo de 2011 el Tribunal Administrativo de Cesar declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad de la fue objeto el señor AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA, y condenó al pago de daños morales, materiales y a la vida de relación. Para el Tribunal resultaba absolutamente palmario lo injusto de la detención del actor, pues habiendo estado privado de la libertad en virtud de medida cautelar, el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia que por imperativo constitucional acompañaba a todos los ciudadanos. Bajo tales consideraciones señaló que la detención preventiva que el señor AGUSTÍN PEDROZO BAUTISTA tuvo que soportar como presunto autor del delito de Rebelión, resultaba abiertamente injusta y desproporcionada, ya que el

sacrificio del derecho a la libertad (895 días), no se vio compensado con la 4 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 satisfacción general del anhelo de justicia y conocimiento de la verdad material frente a los hechos investigados. La apelación Para la Fiscalía General de la Nación en el caso en estudio no se estaba bajo un régimen de responsabilidad objetiva, ya que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal no se encontraba vigente para la época de los hechos, y porque la medida de aseguramiento irrogada en contra del señor AGUSTÍN PEDROZO BAUTISTA tuvo soporte legal, y se emitió por cumplirse la existencia de los indicios graves en su contra. Agregó que la absolución del actor se produjo en virtud del surgimiento y la existencia de dudas que dieron con la aplicación del principio del IN DUBIO PRO REO y, en dicho sentido, no se daban los presupuestos para poder declarar la su responsabilidad dentro de los presupuestos de responsabilidad objetiva, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Finalmente censuró el reconocimiento de perjuicios que por daño emergente contenido en la sentencia, ya que la declaración del profesional del derecho no era una prueba idónea, pues solo lo era copia del contrato de prestación de servicios profesionales que no fue aportado al proceso.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada

en el artículo 90 de la Constitución Política?

2. Análisis jurídico 5 200012331000200800296 01 (41897)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha

descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 6 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a

detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar.

7 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no

ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 8 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir

el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las

autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 9 200012331000200800296 01 (41897)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto Con base en informe suscrito por funcionarios de policía judicial y testimonios de algunos ciudadanos, se sindicó al señor AGUSTÍN PEDROZO BAUTISTA de pertenecer a las autodefensas que operaban en el sur del departamento del Cesar, disponiéndose su vinculación y captura como presunto autor de delito de

Concierto para Delinquir. Después de ser escuchado en indagatoria, mediante providencia del 21 de octubre de 2005 la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado definió su situación jurídica dictando medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor de concierto para delinquir agravado, determinación que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en providencia del 30 de diciembre de 2005. Con resolución del 4 de octubre de 2006 la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar dictó resolución de acusación en contra del señor AGUSTÍN PEDROZO BAUTISTA como presunto autor del delito de concierto para delinquir, determinación que fue confirmada por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar mediante providencia el 12 de enero de 2007. Avocada la etapa de la causa, mediante sentencia del 26 de marzo de 2008 el Juzgado Penal del Circuito Especializado decidió absolverlo de los cargos que se le habían formulado en la resolución de acusación, teniendo como fundamento los siguientes argumentos (folios 313 a 335 – cuaderno 2): “(…) El 19 de octubre del mismo JAVIER PÉREZ PEDROZO vuelve a rendir declaración jurada y ante la pregunta de la Fiscalía acerca de 10 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 la frecuencia con que observaba a las personas que según él

integraban las autodefensas, circunscribió su repuesta sólo respecto de los procesados HUGO NIEBLES LÓPEZ, CESAR CHONA RAMÍREZ y AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA, aduciendo que siempre los veía en las fiestas patronales de los pueblos acompañados de RAÚL el Comandante paramilitar, ya no dice que escoltando al Comandante alias Juancho Prada, amén de que siempre se ha venido refiriendo a ellos con sus nombres y no con los supuestos alias que debían tener si en verdad pertenecían a las AUC, así como lo hizo respecto de otros. Cuando la Fiscalía le pregunta si ha observado en algún momento que los procesados hayan cometido algún delito como extorsión u homicidio contesta que él en ningún momento va a estar detrás de ellos grabándolos con una cámara, porque quien se va a meter con esa gente, de lo cual se deduce que en efecto no le consta delincuencia alguna. (…) La Fiscalía no adelantó mayor esfuerzo investigativo, muy a pesar que era necesario llevar a cabo labores de verificación, seguimientos, interceptaciones, traer otros testimonios y no hacerle el juego a la Policía Judicial que al obtener la exposición de los testigos solicitaron captura, se les expidió y hasta allí llegó la investigación. (…) La Fiscalía de segunda instancia mantuvo la acusación afirmando que sólo le cree al testigo PÉREZ PEDROZO cuando asevera que los procesados eran escoltas de alias Juancho PRADA y que cuando éste cayó preso ingresaron al Comité de Ganaderos de San Martín, pero esa fe ciega no está cimentada en algo concreto pues ni

siquiera se sabe en la investigación cuando fue que se apreso a ese sujeto y por el contrario la documentación anexada por la defensa da fe que los acusados vienen laborando en ese Comité desde hace por lo menos cinco (5) años, lo que genera duda sobre lo único que quedaba de veraz de ese testigo. (…) No es la retractación en si misma lo que nos lleva a poner en tela de juicio esos testimonios sino que existen muchísimas circunstancias que desde los albores de la investigación ponían a dudar la credibilidad, como lo dejó ver la Fiscalía de segunda instancia, pues resultaba extraño que si PÉREZ PEDROZO tenía 20 años de edad para cuando declaró por primera vez en este proceso, relatar con tanta facilidad, con lujo de detalles hechos sucedidos hacía 8 años cuando él contaba sólo con 12 de edad y señalando a personas como si siempre las hubiera tenido a la vista o como si viviera con 11 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 ellas, siendo que él residía en el corregimiento de Costillas y los procesados en el municipio de San Martín, completamente distantes. (…) A lo anterior se agrega que extrañamente en su primigenia declaración no haya hecho referencia a los procesados sino en el reconocimiento fotográfico; sumado a que actuó movido por las prebendas económicas y la protección ofrecida para él y su familia, que la hicieron funcionarios de la SIJIN, misma (sic) que no fueron cumplidas, como el mismo lo indicó en la prueba trasladada que se trajo a este proceso y que le tocó regresar a su ciudad natal, en

donde ya había dicho que lo pusieron a declarar en contra de tres empleados del Comité de ganaderos de San Martín. Por el contrario, lo que sí se ha demostrado es que los procesados se encontraban vinculados mediante contrato de trabajo a una asociación legalmente constituida como era el Comité de Ganaderos de San Martín, declararon varias personas… entre otros, quienes no sólo dan fe de la legal vinculación laboral sino de la conducta anterior de los justiciables, desvinculados de la empresa criminal a la que se les atribuye pertenecían. Así las cosas, en acuerdo con los planteamientos de la defensa y contrario a lo solicitado por la Fiscalía, tal como quedó sustentado, se absolverá a HUGO SEGUNDO NIEBLES LÓPEZ, CESAR JULI CHONA RAMÍREZ y AGUSTÍN PEDROZO BAUTISTA por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, pero no pregonando su completa inocencia sino porque existen serias duda en la investigación que no permiten hallarlos responsables, sin desvirtuar la presunción de inocencia, de ahí que deba darse aplicación al ecuménico principio del In Dubio Pro Reo. (…)” El señor AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA permaneció privado de la libertad desde el 10 de octubre de 2005 hasta el 13 de marzo de 2008, a ordenes de la Fiscalía General de la Nación, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado. Del recuento argumentativo de la sentencia absolutoria, esta Agencia del Ministerio Público considera que la detención preventiva que tuvo que soportar

el señor PEDROZO BAUTISTA, no se encontraba soportada con suficientes elementos de prueba, ya que tal como lo indicó el Juzgado penal del Circuito Especializado de Valledupar, no existieron pruebas que demostraran la 12 200012331000200800296 01 (41897) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-11102 participación del procesado en los hechos delictivos que se le atribuían, amén que la Fiscalía no realizó esfuerzo investigativo para corroborar los decires del débil testimonio que los vinculaba con los mismos. Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación no realizó una valoración minuciosa de los elementos de prueba con los que contaba para mantener afectada la libertad del señor AGUSTIN PEDROZO BAUTISTA, por tal razón, la detención de la que fue objeto se tornó en injusta, y pasible de ser reparada con cargo al erario. Sobre el tema ha de traerse el siguiente pronunciamiento jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación No. 73001-23-31-000-199806680(16692), Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra: “(…) En síntesis, en los eventos en que se demuestre que la privación de libertad fue injusta, -que lo será siempre que el proceso no termine con una sentencia condenatoria – se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de la absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a

ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del antiguo C.P.P. como causales de responsabilidad objetiva, o al in dubio pro reo. Lo anterior cobra mayor sustento si se tienen en cuenta que los sindicados y los acusados a quienes se los priva de su libertad, no tienen la condición de condenados, y en muchos eventos la detención encuentra sustento en meras sospechas, circunstancia que trastorna no solamente a los detenidos, sino a su núcleo familiar. Por lo tanto, es dable concluir que la reparación del daño – privación injusta de la libertad – es un derecho que tienen las personas que son detenidas y que finalmente son absueltas por cualquier causa, siendo los casos en que opera el principio del in dubio pro reo, aquellos en que se evidencia la inoperancia de los entes a cargo de llevar la respectiva investigación. (…)” Honorarios profesionales 13 2000