PGN - INFORMES CONTABLES - La remisión extemporánea implica tener en cuenta los motivos qu

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación Nº: 059-361-00 Disciplinado Nelson Robin Coy Coy

Cargo y Entidad: Director Instituto Municipal de Deportes Quejoso: Edgar Fernando Nieto Sánchez Fecha de Queja: 30 de noviembre de 1998

Fecha hechos: 15 agosto, 15 noviembre /98 y 15 febrero/99

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., 26 de junio de 2003

I. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, mediante Resolución No.00002 del 12 de febrero de 2003, sancionó al señor NELSON ROBIN COY COY, en su condición de Director del Instituto Municipal del deporte de Chiquinquirá (Boyacá), con multa de $240.065.oo equivalente a 12 días de salario devengado para la época de los hechos, con su respectiva indexación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 173 de la Ley 734 de 2002.

Mediante escrito visible a folios 632 a 637, el señor NELSON ROBIN COY COY, en su condición de disciplinado interpuso recurso de apelación contra la referida decisión.

II. CARGOS Mediante decisión del 26 de octubre de 2001, visible a folios 601 a 610, se formuló pliego de cargos al señor NELSON ROBIN COY COY, en su condición de Director del Instituto Municipal de Deportes de Chiquinquirá, los cuales en resumen consisten en lo siguiente: En la condición anotada no reportó a la Contaduría General de la Nacional

información financiera, económica y social así: Con corte a 31 de marzo de 1998 y cuya fecha de vencimiento era el 15 de mayo de 1998. Con corte a 30 de junio de 1998 cuya fecha de vencimiento era el 15 de agosto de 1998. Igualmente reportó extemporáneamente la siguiente información: Con corte a 30 de septiembre de 1998, cuya fecha de vencimiento era el 15 de noviembre de 1998, y fue presentada de manera extemporánea el 23 de noviembre de 1998. Con corte a 31 de diciembre de 1998, cuyo día de vencimiento era el 15 de febrero de 1999, fecha en la cual usted todavía se desempeñaba como Director del Instituto de la Juventud, la Recreación y el Deporte, la cual no fue presentada sino hasta el 12 de marzo de 1999 por el señor OMAR IVAN COY VILLAMIL. 1 No cumplió con las fechas establecidas en las Resoluciones 152 de julio 25 de 1997 y 320 del 14 de diciembre de 1998, de la Contaduría General de la Nación. Además se le citaron como normas posiblemente infringidas, el artículo 6 de la Constitución Política, numerales 1, y 2 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y numeral 7 del artículo 41 ibídem. La falta se calificó como GRAVE, a título de CULPA.

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Concluyó el A-quo que el señor COY COY, no reportó los informes de acuerdo a los

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, constituyéndose su conducta en una actitud negligente y omisiva en el ejercicio de sus funciones ocasionando con ello la vulneración de lo ordenado en el propio acto producido por el organismo gubernamental destinado a ejercer el control, unificación y consolidación de la contabilidad pública entre estas la del Instituto, por lo cual se infiere que el señor COY, faltó a sus deberes impuestos por el acto que contenía el mandato y los cuales juró cumplir al tomar posesión del cargo. Consideró que de las pruebas arrimadas entre ellas la documental, se encuentra demostrado que no se cumplió ante la Contaduría con la presentación de los informes y otros no se remitieron dentro del plazo fijado por la Resolución 152 de 1997, tal como lo informó el Subcontador General de la Nación en comunicación que obra al folio 576, omisión que no se desvirtuó ni justificó, por el contrario esta demostrado que no hubo gestión laguna por parte del disciplinado, tendiente a cumplir con el deber de presentar los informes contables requeridos. En las declaraciones (fls. 558 a 562), los funcionarios admitieron el desconocimiento de la norma que imponía la obligación en la rendición de los informes. De otra parte, vistas las actas donde constan las reuniones por parte del consejo de gobierno, no obra aparte alguno que demuestre que el Director del Instituto haya solicitado la colaboración en materia contable para cumplir con la rendición de cuentas o por lo menos en hacer ver la necesidad de contratar un profesional especializado en el tema. Además, visto el texto de la Resolución que fija el término para la rendición de

cuentas, resulta explícito que la responsabilidad recae en el Director, sin permitir de manera alguna su delegación. Existe certeza sobre la realización de la conducta atribuida en los cargos, siendo el funcionario responsable. Por último estimó que la conducta es grave debido al mando y jerarquía del funcionario pues con su omisión dificultó la vigilancia sobre la clasificación de los ingresos gastos del presupuesto de la entidad y obstaculizó el desarrollo de la información que requería la Contaduría General de la Nación. Consideró que la falta fue culposa, toda vez que su omisión en las funciones fue producto de una acción negligente, al incumplir los deberes impuestos en los numerales 1, 2 y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. Impuso al servidor público una sanción de multa por la suma de $240.065.00, equivalente a 12 días de salario que el disciplinado devengaba para la época de los hechos.

IV. APELACION

2 El recurso impetrado por el señor NELSON ROBIN COY COY (fls. 632 a 637) fue sustentado en los siguientes términos: Es fácil concluir que él si tenia la obligación de presentar el informe financiero y contable del Instituto para la Juventud, el Deporte y la Recreación de Chiquinquirá ya que ejercía el cargo de Director Ejecutivo. Es sabido, igualmente que la presentación de dicho informe, requería el aval o firma de un Contador Público, como lo establece el artículo 3 de la Resolución 152 del 25 de julio de 1997, aunque expresamente no lo ordene, por simple lógica siendo algo expedito, ya que de no ser así, cualquier persona podría irresponsablemente

presentar dichos informes sin seguir los parámetros que ordena la ley y esto generaría desorden en la contabilidad pública del estado. Reitera que el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 1998, en lo que corresponde al ente descentralizado municipal, no se contempló rubro presupuestal alguno, que tuviera como destinación el pago, la cancelación de honorarios profesionales, destinados a sufragar el costo que causara la contratación de un Contador Público, que adelantara la labor ordenada por la Contaduría General de la Nación, a sabiendas que dentro de la planta de personal del instituto no existía el cargo de contador. Dentro de las gestiones adelantadas y dando aviso a su superior, el alcalde Burgos Avila, en varios Consejos de Gobierno, sobre la situación, notando preocupación del porque no se dejaron constancias en las actas, pero se puede probar por otros medios, que fue diligente y debido a sus gestiones hizo que por parte del municipio en el ejercicio del control de tutela y bajo los principios de coordinación y eficiencia se contrató al Contador Público JAVIER ALONSO ZAMBRANO HERNÁNDEZ hasta el 15 de abril de 1998, para que actualizara la contabilidad del instituto, para dar cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría general de la nación Cláusula primera contrato 016Que se encontraba ante una imposibilidad de tipo económico y jurídico; económico debido a que no contaba con los recursos; y jurídico porque no podía destinar recursos de otros rubros para cancelar este gasto, situación que hizo que el primer y segundo informe no se pudieran presentar en la fecha indicada, pero que con

posterioridad se presentaron, no como se pretende afirmar que “OMITI”, porque lo que ocurrió fue que retardó y esto hace que se desvirtúe el cargo formulado en su contra, ya que omitir según el diccionario, es: Dejar de hacer, y en ningún momento dejó de presentar los informes, los mismos fueron presentados fuera de tiempo. Que la falta se calificó como grave, pero no se esgrimieron los elementos determinantes para establecer dicha gravedad, tampoco se dicen cuales fueron los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, situación que a su modo de ver viola el numeral 6 del artículo 93 de la Ley 200 de 1995 y que la intención que plasmó con su conducta no encuadra dentro de los límites de la culpa.

V. CONSIDERACIONES De la competencia para proferir el fallo de segunda instancia

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1. Mediante Resolución del 6 de junio de 2003 (fl. 644 cuaderno 2), el Procurador General de la Nación delegó la competencia al Procurador Delegado para la Moralidad Pública, para proferir fallo de segunda instancia dentro del proceso radicado con el No. 059-0361-00.

De la prescripción

2. Conforme con los verbos rectores de las conductas reprochadas, se tiene con relación a que no reportó la información a la Contaduría General de la Nación el 15 de mayo de 1998, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, la acción disciplinara se encuentra prescrita, toda vez que a la fecha han transcurrido más de cinco años del último acto constitutivo de la falta

Disciplinaria, en consecuencia se decretará la prescripción de la acción disciplinaria, haciéndole saber al disciplinado que puede renunciar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 ibídem y si no lo hiciere se archivarán las diligencias. De la Directiva 06 de 1997

3. De conformidad con la Directiva referida, emanada por el señor Procurador General se procede a evaluar las circunstancia que originaron la prescripción de la acción disciplinaria, de la siguiente manera: Mediante queja del 30 de noviembre de 1998 (Fl. 3 cuaderno 1), la Procuraduría Departamental de Boyacá inició indagación preliminar mediante auto del 9 de febrero de 1999 (Fl. 9), comisionando al Personero Municipal de Chiquinquirá quién ordenó la práctica de las diligencias el 30 de junio de 1999 (Fl. 19) realizando Visita Especial al Instituto el 30 de junio, recibió versión al implicado el 21 de julio de 1999 (Fl. 48) y declaración al señor JAVIER ALONSO ZAMBRANO (Fl. 56), como también efectuó Inspección ocular en la oficina de Presupuesto y Contabilidad de Chiquinquirá (Fl. 64), mediante auto del 30 de julio de 1999 se remitieron las diligencias a la Departamental de Boyacá (FL. 66). Mediante auto del 24 de abril de 2000 (Fl. 68) la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá abrió investigación disciplinaria. Mediante una constancia visible a folio 70, la Procuradora Provincial dejó constancia de que el expediente fue recibido el 16 de marzo de 2000. Mediante fecha del 17 de julio de

2000 (Fls. 82 a 88) se confeccionó cargos al señor COY COY. El 18 de agosto de 2000 fueron presentados los descargos, como se observa del informe secretarial (Fl. 101). Con auto del 24 de agosto de 2000 (Fl. 102), se ordenaron las pruebas solicitadas por el disciplinado y unas de oficio. Mediante auto del 18 de septiembre de 2000 (Fl. 566), se ordenó adicionar el auto de cargos. En noviembre 9 de 2000 (Fl. 573), se ordenó una prueba de oficio. Mediante Resolución 022 del 19 de diciembre de 2000 (Fl. 578 a 589) se profirió fallo de Primera Instancia por parte de la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá. Con auto del 12 de febrero de 2001 (Fl. 588) en el efecto suspensivo ante la Procuraduría Regional de Boyacá se concedió el recurso de apelación interpuesto por el señor COY COY. El 23 de febrero de 2001 (Fl. 591) se comisionó a la Dra. Laura Rocío Espinosa para que tramite la segunda instancia. Mediante Resolución 053 del 24 de septiembre de 2001 (FL. 592 a 596), se declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 17 de julio de 2000 y revocó la resolución 0022 de diciembre 19 de 2000. En octubre 26 de 2001 se volvió a confeccionar pliego de cargos contra el señor NELSON ROBIN COY (Fl. 601) a quien se le notificó el 26 de noviembre de 2001 de los cargos (Fl. 612), presentando

descargos el 10 de diciembre de 2001 (Fl. 613). Mediante auto del 14 de enero de 2002 (fl. 616) la Procuradora Provincial de Chiquinquirá comisionó a la Dra. 4 CLAUDIA PATRICIA MENDIETA PINEDA para que proyecte el fallo de primera instancia. Mediante auto del 21 de mayo de 2002 (Fl. 617), el expediente le correspondió por reparto al Dr. JOSE JOAQUIN TORRRS B. Y sólo hasta el 12 de febrero de 2003 se profirió el fallo de primera instancia, -Resolución 0002por medio del cual sancionó con multa al señor NELSON ROBIN COY COY. De lo antedicho se observa una inactividad de casi 9 meses; por consiguiente se compulsaran copias de esta decisión, del auto del 21 de mayo de 2002 (Fl. 617) y del fallo de primera instancia (Fls. 618 a 629), con destino a la Procuraduría Regional de Boyacá, para lo pertinente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 262 de 2000. De la prueba para sancionar

4. El artículo 118 del Código Disciplinario Unico, establece que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Desde luego que para la demostración de estos aspectos puede acudirse a la diversidad de los medios probatorios legalmente reconocidos y allegados o aportados al proceso, apreciados y valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica –artículo 122 del C.D.U.-

Bien se sabe que el juzgador debe decidir con arreglo a las reglas de la sana crítica, tendientes a asegurar el correcto razonamiento en derecho. Asimismo las pruebas deben apreciarse en conjunto, actividad intelectual que se realiza analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, para llegar a un convencimiento homogéneo sobre el cual se edificará el fallo. Es importante por ser del caso, traer apartes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 10 de noviembre de 1992, en la que se dijo lo siguiente: “(...) No está de más recordar que en el régimen probatorio colombiano el fallador goza de amplia discrecionalidad para evaluar el grado de certeza de los distintos medios de prueba reconocidos por la ley procesal. Por tratarse el nuestro de un sistema de convicción inspirado en la sana crítica –concepto intermedio entre la prueba tasada y el de la libre convicciónsus conclusiones no pueden tildarse de arbitrarias o equivocadas mientras se respeten, entre otros, los datos de la experiencia, los principios de la lógica y las reglas del correcto entendimiento humano, como formas de llegar a una comprobación real y exacta de la verdad...” 1 Con fundamento en lo anteriormente mencionado, la Delegada cotejará las conductas imputadas al señor Pimentel Serrano, con las pruebas que conforman el proceso de la siguiente manera: De los cargos 1 Gaceta Judicial Sala de Casación Penal, TomoCCXXISegundo semestre 1992-Número 2460, Segunda parte, página 141.

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5. La primera imputación elevada al señor NELSON ROBIN COY COY, refiere que no reportó a la Contaduría General de la Nación la información financiera, económica, con corte a 30 de junio de 1998 cuya fecha de vencimiento era el 15 de agosto de 1998.

6. Como segunda falta se le reprochó, reportar extemporáneamente con corte a 30 de septiembre de 1998, vencimiento el 15 de noviembre y fue presentada el 23 de noviembre de 1998. Con corte a 31 de diciembre de 1998, vencimiento el 15 de febrero de 1998, la cual no fue presentada sino hasta el 12 de marzo de 1999 por el

señor OMAR IVAN COY VILLAMIL.

De las circunstancias que rodearon la comisión de las conductas

7. El señor NELSON ROBIN COY COY se desempeñó como Director Ejecutivo código 050, grado 05 del nivel directivo del instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Chiquinquirá, desde el 28 de enero de 1998 hasta el 22 de febrero de 1999, como lo demuestran los actos de nombramiento, posesión y constancia de servicios (Fls. 74 a 79 del cuaderno 1). En la condición anotada, debía cumplir con lo estipulado en la Resolución 152 del 25 de julio de 1997 (Fls. 4 a 8 cuaderno 1), concretamente lo dispuesto en el artículo 4, que dice lo siguiente: “Los entes públicos establecidos en el artículo 1º. de la presente Resolución, presentarán la información contable básica y su relación

de saldos sobre Operaciones recíprocas del período a que corresponda en las siguientes fechas:

INFORMACIÓN A FECHA DE PRESENACION

31 DE MARZO 15 DE MAYO

30 DE JUNIO 15 DE AGOSTO

30 DE SEPTIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE

31 DE NOVIEMBRE 15 FEBRERO AÑO SIGUIENTE”.

Con relación a la imputación consistente en que no reportó a la Contaduría General de la Nación la información financiera, económica, con corte a 30 de junio de 1998 cuya fecha de vencimiento era el 15 de agosto de 1998, se deben tener en cuenta los siguientes medios probatorios que conforman la investigación como son: El disciplinado NELSON ROBIN COY COY tanto en la en versión libre (Fls. 48 a 50 cuaderno 1), como en la sustentación del recurso de apelación, manifestó que las cuentas se entregaron tardíamente pero que ello si se hizo. El Contador Público JAVIER ALONSO ZAMBRANO (Fl. 60 y 61 cuaderno 1), dijo que con un gran esfuerzo de su parte, los informes se radicaron tarde pero se dio cumplimiento a remitir dicha información; reitera que a 31 de junio la información se entregaba un poco tardía, pero se cumplió con dicho requerimiento. En una nueva declaración (Fls. 563 a 565 cuaderno1), el mencionado señor manifestó que realmente no recuerda si las informaciones de los dos primeros trimestres fueron enviadas a la Contaduría General de la Nación, pero en la lógica contable en la información que debía haberse enviado en el tercer trimestre recogía la de los

primeros. 6 Además, los señores RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES (Fl. 558 cuaderno 2), OLAGA PATRICIA SERNA MURCIA (FL. 559 cuaderno 2) y HECTOR FERNANDO BALLEN CASTRO (FL. 561 cuaderno 2) todos funcionarios del instituto de Recreación y Deporte, respectivamente manifestaron que cuando el contador solicitaba la información, se le llevaba, que la misma debía ser condensada y revisada por el contador. Recuerda que una vez pidieron plazo a la Contaduría General de la Nación para presentar los informes que él tenía entendido que quién manejaba todo eso era FERNANDO BELLEN. Por su parte el señor HECTOR FERNANDO BALLEN manifestó que quien elaboraba los informes para la Contaduría General de la Nación, era el señor CARLOS ALBERTO CORTES Tesorero del Municipio. Que el nunca fue responsable de elaborar los informes que el se limitaba a colaborar. Así las cosas, con fundamento en los principios de la sana lógica, no se puede estructurar la conducta únicamente con el documento visible a folio 576 cuaderno 2, suscrito por el Subcontador General de la Nación, en el que se reportó con fecha 24 de noviembre de 2000, que la información financiera, económica y social que debió presentarse el 15 de agosto no se hizo, pues deben tenerse en cuenta los otros medios probatorios allegados a la investigación, reseñados con antelación y que señalan que los informes se enviaron tardíamente. Además, es importante tener en cuenta que el alcalde de Chiquinquirá, suscribió el contrato No. 016 del 15 de abril de 1998 (Fls. 109 a 111 cuaderno 1) de prestación

de servicios con el señor JAVIER ALONSO ZAMBRANO HERNÁNDEZ con el siguiente objeto: “(...) EL CONTRATISTA se compromete para con el Municipio, tomando como base los balances presentados con corte a 31 de diciembre de 1997, a continuar la implementación y actualización de la contabilidad del municipio, año 1998 en el recurso existente (Software Integrado), así como también a actualizar la contabilidad del instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación, para dar cumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, presentando los informes respectivos...” (Resalta la Delegada). Como también se valoraran los argumentos expuestos en las declaraciones por el Contador Público Dr. JAVIER ALONSO ZAMBRANO HERNÁNDEZ (Fls. 56 a 58 del cuaderno 1 y 563 del cuaderno 2), quien siempre fue enfático en afirmar que fue contratado por el Municipio de Chiquinquirá para llevar la contabilidad del Instituto del deporte; que el mencionado Instituto no contaba con recursos económicos, humanos ni presupuestales para poder cumplir con las exigencias de la Contaduría General de la Nación. Que la Contaduría General de la Nación no tiene en cuenta que muchas instituciones públicas no tienen los recursos, ni la infraestructura para cumplir con las circulares y procedimientos emanados de esa entidad. Que el Instituto del Deporte no cuenta con los recursos presupuestales para contratar a un Contador ya que los recursos que vienen de las transferencias de la Nación se deben utilizar para inversión. Tampoco cuneta con el recurso humano que permita ordenar y sistematizar todos los soportes en forma rápida para rendir los informes en las fechas

estipuladas por la Contaduría, tampoco cuenta con infraestructura tecnológica como loes un computador y un programa integrado de contabilidad. Sin estas herramientas fue imposible que el Director le entregara los documentos con el plazo suficiente para él rendir los informes respectivos a la Contaduría. Otra circunstancia que afectaba la entrega de la información era que no contaban con un Tesorero ya que el Tesorero del Instituto era el secretario de hacienda y su actividad principal era prestar el servicio al municipio. Dejó constancia de que la contabilidad es un ciclo que termina 7 cada período fiscal y que información que rindió en noviembre y febrero del siguiente período contenía la información de todas las transacciones económicas del período de 1998, incluyendo los del trimestre con vencimiento del 15 de agosto. Como puede apreciarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995, al estructurase la falta únicamente porque se incumplieron los plazos determinados en la Resolución 152 del 25 de julio de 1997, se estaría frente una responsabilidad objetiva, la que se halla proscrita, contrariado de esta manera las preceptivas tanto de orden constitucional como legal.

8. Lo antedicho también se predica con relación a la falta consistente en reportar extemporáneamente los informes con corte a 30 de septiembre de 1998, vencimiento el 15 de noviembre, presentada el 23 de noviembre de 1998. Con corte a 31 de diciembre de 1998, vencimiento el 15 de febrero de 1998, presentada hasta el 12 de marzo de 1999 por el señor OMAR IVAN COY VILLAMIL, pues de los

mismos verbos rectores de la imputación se observa que extemporáneo significa inoportuno y este fuera de término según lo define el Diccionario de la Lengua Española, lo que también implica tener en cuenta los motivos que originaron esa tardanza, que no fueron otros que la falta de recursos humanos, financieros y logísticos, lo que está demostrado suficientemente con las pruebas referidas con antelación, circunstancias que impidieron que el disciplinado cumpliera el deber de enviar los informes a la Contaduría General de la Nación en el término fijado en la Resolución 152 del 25 de julio de 1997. Es el momento de traer a colación apartes jurisprudenciales sobre la culpabilidad: “(...) el artículo 14 del Código Disciplinario Unico, del cual forma parte la norma impugnada, dispone que “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. Lo cual está acorde con la Constitución, que también “proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona como obra suya no sólo de manera objetiva (autoría material) sino también subjetiva (culpabilidad), en cuanto sujeto dotado de dignidad y libertad (arts 1º y 16 C.N)2 Con fundamento en lo anteriormente expresado, se colige que no existe prueba que indique con certeza que el funcionario NELSON ROBIN COY COY, hubiese actuado dolosa o negligentemente con el deber de enviar los informes en los términos fijados

por la Contaduría General de la Nació. Por el contrario, esta probado que fue diligente en el cumplimiento de sus deberes, tan es así que por solicitud suya, se firmó el contrato de prestación de servicios No. 016 del 15 de abril de 1998, con el Contador Público, JAVIER ALONSO ZAMBRANO HERNÁNDEZ, cuyo objeto fue el de actualizar la contabilidad del Instituto de para cumplir con las informaciones requeridas por la Contaduría General de la Nación, contrato que comenzó a regir el 15 de abril de 1998; si bien es cierto que la información no le llegaba a tiempo al Contador por parte del Disciplinado, no se puede desconocer que ello obedeció a que la entidad que dirigía no tenía contador, ni tesorero y quién hacía sus veces era el Secretario de Hacienda quien se ocupaba primeramente de los asuntos del Municipio, carecía de personal y ni siquiera tenía computador ni un programa 2 Sentencia C319 de 1996 8 integrado de contabilidad, así las cosas la falta imputada en contra del funcionario, no se configura – artículo 38 Ley 200 de 1995pues no hubo quebrantamiento ni infracción de las normas tipificadoras de la conducta, -numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 y numeral 7 del artículo 41respectivamente, define los deberes de cumplir la Ley y la Constitución, ser diligente y eficiente; y prohíbe omitir o retardar los asuntos a su cargo, en consecuencia, no es susceptible de sanción alguna por no ser responsable disciplinariamente. La Delegada comparte los argumentos expuestos por el servidor público, toda vez

que los mismos tienen fundamento probatorio y jurídico y de conformidad con lo expuesto a lo largo de este acápite, concluye la Instancia que no comparte los planteamientos del a-quo en su fallo de primera instancia para sancionar al funcionario con multa de $240.065.00, equivalente a 12 días de salario devengado para la época de los hechos, por el contrario con base en las pruebas y en las mismas normas constitucionales y legales, como también en la misma jurisprudencia referida, se REVOCARA el fallo y en su defecto ABSOLVERA al señor NELSON ROBIN COY COY en su condición de Director Ejecutivo, Código 050. Grado 05, del nivel Directivo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Chiquinquirá (Boyacá). En mérito de lo expuesto el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la decisión del 12 de febrero de 2003 por medio de la cual la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, impuso sanción disciplinaria consistente en MULTA DE $240.065.oo equivalente a 12 días de salario devengado para la época de los hechos, al señor NELSON ROBIN COY COY, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.309.887 de Chiquinquirá, en su condición de Director Ejecutivo, Código 050. Grado 05, del nivel Directivo del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Chiquinquirá (Boyacá) y en su lugar ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Por la Por la

Procuraduría Regional de Boyacá se adelantará todo lo relacionado con la notificación y ejecución de esta decisión.

TERCERO: Decretar la prescripción de la acción disciplinaria, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, por el hecho de no reportar la información a la Contaduría General de la Nación, el 15 de mayo de 1998, imputado al señor NELSON ROBIN COY COY, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. El señor COY será advertido del derecho de renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del C.D.U.

CUARTO: Por la Procuraduría Regional de Boyacá compúlsense copias para lo que considere pertinente de los folios 617 a 629 y la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 262 de 2000 por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

Y DEVUELVASE

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JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Procurador Delegado para la Moralidad Pública. P.D Moralidad Pública/059-0361-00

JFRC/SRP

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