PGN - INTERVENTOR - Debe verificar que los contratistas cumplan con el objeto de los contr

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 058-03506-2004 Investigado Ovidio Muñóz Suárez Cargo y Entidad Director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare Quejosa Luz Danny Giraldo Fecha Queja 11 de marzo del 2004 Fecha Hechos 18 de febrero del 2004 Asunto Fallo de segunda instancia y resuelve nulidad Bogotá, D.C. 25 de octubre de 2006

I. ASUNTO Procede la Delegada a resolver la solicitud de nulidad del proceso y el recurso de apelación interpuesto por el señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, en su condición de Director de Salud Pública del Departamento de Casanare, para la época de los hechos, en contra de la decisión de primera instancia del 28 de febrero del 2006, de la Procuraduría Regional de Casanare, que lo sancionó disciplinariamente con suspensión en el cargo por el término de tres (3) meses.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 12 de julio del 2004, con fundamento en la queja presentada por la señora Luz Danny del Socorro Giraldo Pérez, la Procuraduría Regional de Casanare, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores EDUARDO LUCIO

GILEDE, Secretario de Salud del Departamento de Casanare, OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, Director de Salud Pública, y MARÍA NIEVES DÍAZ BASTIDAS, Profesional Especializada de la Secretaría de Salud, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en la interventorìa de contrato de compraventa No. 86

del 22 de diciembre del 2003. (fls. 2-6 y 175-183, cuaderno original 1) El 22 de septiembre del 2004, la Regional evaluó la investigación, ordenando el archivó respecto a los señores EDUARDO LUCIO GILEDE y MARÍA NIEVES DÍAZ BASTIDAS, y formulándole cargos al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ. (fls. 313-318, cuaderno original 2) El 23 de noviembre del 2004, esa dependencia profirió fallo de primera instancia sancionando al disciplinado con suspensión de cuarenta y cinco (45) días en el ejercicio del cargo. Decisión que fue recurrida por el disciplinado el 26 de noviembre del 2004. (fls. 340-351 y 361-367, cuaderno original 2) El 25 de mayo del 2005, esta Delegada declaró la nulidad de lo actuado, a partir inclusive del auto del 22 de septiembre del 2004, a través del cual la Regional de Casanare le formuló cargos al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ y ordenó reponer la actuación. (fls. 380-383, cuaderno original 2) El 12 de agosto del 2005, esa Regional subsanó la actuación declarada nula, formulándole cargos al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÀREZ, y disponiendo la 1 terminación del proceso respecto a los señores EDUARDO LUCIO GILEDE Y MARÍA NIEVES DÍAZ BASTIDAS. (fls. 388-398, cuaderno original 2)

El 28 de febrero del 2006, la Regional falló el proceso disciplinario en primera instancia, declarando al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, en su condición de Director de Salud Pública del Departamento de Casanare, para la época de los hechos, disciplinariamente responsable de la conducta que se le concretó en la formulación del cargo; imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión del cargo, por el término de tres (3) meses; decisión que le fue notificada personalmente al disciplinado el 21 de abril del 2006. (fls. 436-452 y 461, cuaderno original 2) El 26 de abril del 2006, estando dentro del término legal, a través de apoderado, el disciplinado presentó recurso de apelación en contra del fallo, el cual fue concedido en el efecto suspensivo, a través de auto del 9 de mayo del 2006. (fls. 462-475 y 484, cuaderno original 2)

III. PETICIÓN DE NULIDAD

1. En el escrito de apelación presentado el 26 de abril del 2006, en contra del fallo de primera instancia, el apoderado del disciplinado OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, solicita la nulidad de lo actuado por la Procuraduría Regional de Casanare, alegando que en el cargo que sirvió de fundamento al fallo de primera instancia, el cuestionamiento se hace por conducta contractual que ya había sido decidida en el auto de apertura de investigación.

Así mismo, que la posible vulneración al derecho a la intimidad de la menor ya fue

objeto de investigación, fallo y sanción por la autoridad de conocimiento de tutela, debido a que en dicha ocasión se condenó a la secretaría de salud del departamento a recoger los almanaques y esa es la sanción de hecho, por lo que ya no puede ser sancionado nuevamente so pena de incurrir en vulneración del principio nom bis in idem. Finalmente, propone se declare la nulidad del fallo, por incongruencia con el auto de cargos, así como por no contener la valoración del acervo probatorio allegado al expediente dentro de las reglas de la sana crítica, además de no haberse allegado al proceso el original del calendario sino fotocopia y sobre esa base se fundamentó no sólo la imputación disciplinaria sino la prueba técnica, hecho prohibido por la ley, toda vez que los experticios deben hacerse sobre documentos originales para comprobar su veracidad y evitarse allí sí, toda suerte de trucaje.

2. Al respecto, encuentra esta Delegada que a pesar que el apoderado del disciplinado no señaló de manera precisa la causal de nulidad en que funda su petición, este Despacho procederá a su análisis y estudio.

El 12 de julio del 2004, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores EDUARDO LUCIO GILEDE, Secretario de Salud del Departamento de Casanare, OVIDIO MUÑÓZ, Director de Salud Pública, y MARÍA NIEVES DÍAZ BASTIDAS, Profesional Especializada de la Secretaría de Salud, previas las siguientes consideraciones: (fls. 175-183, cuaderno original 1)

2 “Luego de revisado el acervo probatorio allegado al expediente, se puede determinar que el motivo de queja elevado por la señora LUZ DANNY DEL SOCORRO GIRALDO PEREZ, corresponde a la presunta vulneración de los derechos a la intimidad y buen nombre de su hija PAOLA ANDREA GARCIA GIRALDO, cometidas posiblemente por la Administración de la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare, luego que le fueran tomadas unas fotografías mediante engaño sobre su fin inmediato, y su posterior aparición en un calendario de ese ente gubernamental, donde se aludía a una campaña contra el SIDA y en pro del uso de anticonceptivos, lo que se consideró como un montaje difamatorio y no acorde con la edad de su hija.” El antecedente para la elaboración del almanaque, es el contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, que celebró la Secretaría de Salud Departamental, con la señora Alba Dilia Castellanos Villamil, para la “Elaboración de calendarios como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud pública en los municipios del departamento”. (fls. 70-71, cuaderno original 1) En relación con la interventoría de dicho contrato, en la apertura se precisó: “Igualmente se tiene, que para determinar, individualizar e identificar a quien o a quienes posiblemente se encuentren incursos en la comisión de la investigada falta disciplinaria, solamente es necesario remitirnos al objeto del contrato y a sus condiciones, pues si bien, la administración de la Secretaría de Salud no fue quien materialmente abusó de la menor cuando la fotografío, en la solicitud de ofertas

elevada por la Secretaría de Salud se encuentra en su numeral 6.1 “OTRAS INDICACIONES”, inciso tercero: Los temas presentados en cada mes del calendario 2004, de los siguientes programas y estrategias: PAI, AIEPI (lactancia materna), salud Sexual y reproductiva, TBC y lepra, Casanare Gente Bien Nutrida, Salud Mental. Previa aprobación de imagen, diseño y graficación por la dirección de salud pública, distribuidos así ...” (folio 90). Esto es, que posiblemente incurrieron en la falta, quienes estaban en la obligación de revisar las imágenes que se iban a publicar, por la dirección de salud pública. En consecuencia, se debe entrar a investigar la conducta omisiva en ese sentido, en que posiblemente incurrieron MARIA NIEVES DIAZ BASTIDAS, quien según versión libre y espontánea del señor OVIDIO MUÑÓZ era responsable de la coordinación de salud sexual y reproductiva del Departamento, y por ende, a ella le correspondía el control de las imágenes; igualmente, el doctor EDUARDO LUCIO GILEDE, Secretario de Salud Departamental, pues fue la persona que dio su visto bueno en el acta de liquidación del contrato (folio 120), quedando (sic) conforme con el contenido e imágenes de los almanaques. (…) Resulta claro entonces que por imperativo legal, y luego de cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 152 de la ley 734/2002, este Despacho deba ordenar apertura de formal investigación disciplinaria en contra de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud Departamental (…).” (subrayado fuera de texto)

De lo expuesto y del numeral primero de la parte resolutiva del auto del 12 de julio del 2004, encuentra esta Delegada que la Procuraduría Regional de Casanare, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de la Gobernación de Casanare, señores EDUARDO LUCIO GILEDE, Secretario de Salud, OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, Director de Salud Pública, y MARÍA NIEVES DÍAZ BASTIDAS, Profesional Especializada de la Secretaría de Salud, por posibles 3 irregularidades en la interventoría del contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003. En este orden de ideas, no comparte esta Delegada los argumentos del apoderado del investigado al señalar que en el cargo que sirvió de fundamento al fallo de primera instancia, el cuestionamiento se hace por conducta contractual que ya había sido decidida en el auto de apertura de investigación, pues como quedó visto, son justamente a las posibles irregularidades en la interventoría del contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, los hechos a que se contrae la investigación.

3. Tampoco encuentra esta Delegada de recibo su afirmación en el sentido de que por efectos del fallo de tutela que condenó a la secretaría de salud del departamento a recoger los almanaques, no puede ser sancionado el investigado nuevamente so pena de incurrir en vulneración del principio nom bis in idem.

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional1: “El conocido principio denominado non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro

Estatuto Supremo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido proceso, contempladas en el artículo 29 de la Carta. Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación. "La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole. "La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza. "La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos."2 Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes

sociales más amplios.” 1 Corte Constitucional, sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 2 Sent de noviembre 22 de 1990 Corte Suprema de Justicia 4 Así mismo, como lo preciso la Corte Constitucional3, ni siquiera con la sanción por desacato se vulnera el non bis in idem: “3. Concurrencia de las sanciones penal y disciplinaria por desacato. El artículo 52 del decreto 2591 de 1991 dispone que el incumplimiento de una orden proferida por un juez dentro del trámite de la acción de tutela, dará lugar a la sanción por desacato, "sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar". Para el actor, la concurrencia de sanciones por desacato prevista en la norma acusada y la que pueda imponerse por el delito de fraude a resolución judicial vulnera el principio del non bis in idem, dado que en ambas normas se reprime la misma conducta. En síntesis, lo que plantea el actor es que el artículo 52 acusado es inconstitucional porque la conducta que la norma sanciona ya está tipificada en el artículo 184 del Código Penal. Para enfrentar el cargo, la Corte debe advertir en primer término que si bien es cierto que entre los artículo 52 del decreto 2591 de 19914 y 184 del decreto 100 de 1980Código Penalexiste similitud, en cuanto se trata de normas de carácter punitivo que tienen un mismo rango legal, e incluso los elementos integrantes de las conductas

típicas se asemejan, también lo es que estas circunstancias no hacen inconstitucional la norma acusada, pues dicho vicio sólo puede derivarse de la inconformidad de la disposición con otra de rango superior, y no de los conflictos que puedan existir entre dos normas de igual jerarquía legal. En este sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal5, al encontrar que a la menor se le vulneró su derecho a la intimidad, no así los de la honra, la fama, el buen nombre o el libre desarrollo de la personalidad, le ordenó a la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare, tutelar el derecho a la menor e igualmente que los calendarios debían ser presentados al Juzgado de primera instancia con el fin de que se retirara la página que contenía el fotomontaje y se devolvieran a la Secretaría de Salud propietaria de los mismos, decisión que, por supuesto, no recayó en el disciplinado OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, sino en la entidad. Al respecto, dijo el Tribunal: “No procede la acción de tutela contra particulares en situaciones como la que se ha expuesto, ya que por disposición del artículo 42 del decreto 2591 de 1991 se trata de asuntos específicamente señalados en esta norma. Los particulares aquí involucrados no están en ninguno de estos supuestos, como tampoco detentan prioritariamente el poder de hecho sobre la situación de vulneración, pues su actuación se limitó a proveer el material publicitario del calendario sin otra actuación más, lo que dice de por sí que ya no detentan poder de hecho sobre la situación que engendra el menoscabo del derecho a la intimidad. Es por supuesto a la Secretaría

de Salud a quien concierne cumplir la orden de tutela que ya dio el señor juez de primera instancia (…).” 3 Sentencia C-092 del 26 de febrero de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 4 El decreto 2591 de 1991 fue expedido por el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias que le confirió el Constituyente en el literal b) del artículo 5 transitorio de la Carta. 5 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala Única de Decisión. Sentencia del 16 de junio de 2004, M.P. Pedro Pablo Torres Beltrán. (fls. 289. cuaderno original 2) 5

4. Por todo lo expuesto, no le asiste razón al disciplinado cuando solicita que se declare la nulidad del fallo, pues allí el a-quo ciñéndose a las reglas de sana crítica, analizó y valoró todas y cada una de las pruebas que se aportaron al proceso, y su actuación frente a los demás servidores públicos de la entidad, incluido el original y una fotocopia de la página del calendario 6 , donde apareció publicado el fotomontaje.

Por lo tanto, no encontrando este Despacho causal de nulidad que invalide la actuación de la Procuraduría Regional de Casanare, procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado.

IV. CARGO DISCIPLINARIO Al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.307.807, en su condición de Director de Salud Pública del Departamento de Casanare, para la época de los hechos, se le formuló el siguiente cargo:

“Teniendo el deber en este caso de velar por los derechos humanos de la menor Paola Andrea García Giraldo y como interventor del Contrato de Prestación de Servicios de Salud No. 011 del 16 de mayo del 2003 y del Contrato de Compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, los deberes de vigilar que las actividades desarrolladas en cumplimiento de dichas relaciones contractuales, se ajustaran no sólo al cumplimiento del objeto contractual sino a la ley, omitió verificar que los bosquejos presentados por el contratista señor Juan Pablo Fiquitiva y el material ordenado publicar en los calendarios del 2004 como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud, no contuvieran imágenes de niños que vulneraran sus derechos fundamentales, a la intimidad personal y familiar, el buen nombre, la honra y el libre desarrollo de la personalidad, específicamente en este caso de la menor Paola Andrea García Giraldo, quien sin la autorización de sus representantes legales fuera presentada en dicho calendario como una imagen antropomorfizada Bisexual, con connotaciones de monstruo, desconociendo así lo dispuesto en el Artículo 44 de la Constitución Política, Artículo 16 de la Ley 12 de 1991 y 8 y 14 del Decreto 2737 de 1.989 o Código del menor, incurriendo así en un presunto incumplimiento al deber establecido por el Artículo 34 Numeral 1 de la Ley 734 de 2.002 e incursión en la prohibición establecida por el Artículo 35 Numeral 1 de la ley 734 del 2002.” La conducta imputada señaló la Regional, es presuntamente violatoria del artículo 44 de la Constitución Política, artículo 16 de la ley 12 de 1991 y 8 y 14 del decreto

2737 de 1989 o Código del Menor. En cuanto a la determinación provisional de la naturaleza de la falta, ese Despacho precisó que “Se considera que el disciplinario incurrió presuntamente en una falta calificada como grave, al omitir verificar presuntamente como funcionario público e interventor que los bosquejos presentados por el contratista señor Juan Pablo Fiquitiva y el material ordenado publicar en los calendarios del 2004 como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud, no contuvieran imágenes de niños que vulneraran sus derechos fundamentales, a la intimidad personal y familiar, el buen nombre, la honra y el libre desarrollo de la personalidad en este caso de la menor Paola Andrea García Giraldo, quien sin la autorización de 6 Original y fotocopia del almanaque. fl. 5 6 sus representantes legales fue presentada en dicho calendario, como una imagen antropomorfizada Bisexual, con connotación de monstruo , con lo cual presuntamente se desconoció lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución Política, el artículo 16 de la ley 12 de 19917 y los artículos 88 y 149 del decreto 2737 de 198910 o Código del Menor, incumpliendo así posiblemente el deber establecido en el numeral 1 del Artículo 34 del CUD e incurriendo al parecer en la prohibición establecida en el numeral 1 del Artículo 35 Ibidem.” En cuanto a la forma de culpabilidad, señaló que “la falta imputada presuntamente fue cometida a título de CULPA, mediante una conducta omisiva, al parecer del deber de cuidado y diligencia en el ejercicio del cargo de funcionario público e Interventor del Contrato de Compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003 y del

Contrato de Prestación de Servicios de Salud No. 011 del 16 de mayo del 2003.”

V. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Casanare el 28 de febrero del 2006, falló el proceso disciplinario en primera instancia, declarando al señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, en su condición de Director de Salud Pública del Departamento de Casanare, para la época de los hechos, disciplinariamente responsables por la conducta que se le concretó en la formulación de cargos; imponiéndole sanción disciplinaria consistente en suspensión del cargo por el término de tres (3) meses.

El a-quo encontró acreditada la falta que se le señaló en el pliego de cargos, consistente en haber desconocido los deberes que como interventor del contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, le correspondían de verificar que los bienes que le fueran entregados a la administración se ajustaran no sólo al cumplimiento del objeto contractual, sino a la ley. Esto, por cuanto omitió verificar que los bosquejos presentados por el contratista y el material ordenado publicar en los calendarios del 2004 como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud, no contuvieran imágenes de niños que vulneraran sus derechos fundamentales, a la intimidad personal y familiar, el buen nombre, la honra y el libre desarrollo de la personalidad de la menor Paola Andrea García Giraldo. Por lo tanto, la falta se calificó definitivamente como grave, por haber desconocido lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política, artículo 16 de la ley 12 de 1991 y artículos 8 y 14 del decreto 2737 de 1989 Código del Menor, incumpliendo así el

deber establecido en los numeral 1 del artículo 34, e incurriendo en la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 del 2002. 7 Ley 12 de 1991, por la cual se aprueba la Convención sobre los derechos del niño adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Artículo 16. 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 8 Artículo 8o. El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta protección. 9 Artículo 14. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o que impida su acceso a la educación. 10 Código del Menor. 7 Señala la primera instancia que se da esta calificación, en consideración a que está demostrado que “el disciplinado ejercía en su condición de Director de Salud Pública un cargo directivo en la Secretaría de Salud Departamental, cargo éste que comporta deberes conexos de vigilancia y cuidado que el disciplinado no aplicó, al omitir verificar que los objetos contractuales sujetos de interventoría por su parte se ajustaran a la constitución y la ley. Igualmente se observa (…) que los hechos

materia de investigación tuvieron una trascendencia social en el departamento de casanare y causaron perjuicios psicológicos a una menor.” Así mismo, encontró que la falta fue cometida por el disciplinado a título de culpa, “por falta de cuidado y observación y apartándose del deber de cuidado y diligencia que debe tener un funcionario público, no verificó que los calendarios elaborados en cumplimiento de dicha (sic) relaciones contractuales contuvieran imágenes de niños en situaciones burlescas o de doble sentido (…).” Por lo tanto, al existir prueba sobre la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, esa instancia estimó procedente imponerle sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de tres (3) meses, de conformidad con el artículo 170 de la ley 734 del 2002.

VI. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN De la revocatoria del fallo de primera instancia.

El señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ impugna el fallo de primera instancia señalando como planteamiento principal, que como interventor del contrato debía asegurar que el objeto se cumpliera de acuerdo a las normas del contrato y la ley, entonces, se plantea si el objeto del contrato fue lícito, y si de alguna manera no se cumplió dicho objeto, es decir, si no se allegó por el contratista los almanaques con las especificaciones técnicas que el contrato señalaba, y si la liquidación del contrato fue mentirosa, entonces se dio por entregado un bien que no existió. Como planteamiento subsidiario, afirma que cabe advertir que en repetidas ocasiones y hasta el cansancio ha demostrado en el proceso que se pactó la fabricación de 1.000 almanaques con ciertas características y así se entregaron, por

lo que el cargo también es confuso si se piensa que se está cuestionando conducta en materia de contratación y de derechos humanos. Finalmente, sostiene que se debe recordar que la buena fe es de resorte constitucional y su vulneración no puede darse en forma caprichosa por ninguna autoridad, en este caso no se le ha probado que haya actuado de mala fe, lo que genera duda y la duda se resuelve a favor del disciplinado, en aplicación del principio que siempre se ha vulnerado en el proceso de “in dubio pro disciplinado”.

VII. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

Competencia. Esta Delegada es competente para conocer en segunda instancia del proceso adelantado en primera instancia por la Procuraduría Regional de Casanare, en virtud del artículo 25 del decreto 262 del 2000. 8 Acerca de la revocatoria del fallo.

1. Sea lo primero señalar que de conformidad con artículo 171 de la ley 734 del 2002, Código Disciplinario, el funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para la decisión, es decir, que la práctica de las mismas está sujeta a la consideración del funcionario de segunda instancia, aunque es pertinente anotar que el disciplinado conserva la facultad de su análisis y discusión.

En consecuencia, en el proceso objeto de estudio, considera este Despacho que las piezas probatorias aportadas al mismo, permiten decidir sobre la cuestión de fondo, por lo que no se accederá a la práctica de las pruebas solicitadas por el investigado en el recurso de apelación.

2. Al señor OVIDIO MUÑÓZ SUAREZ, se le reprocha haber desconocido los deberes

que como interventor del contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, le correspondían de verificar que los bienes que le fueran entregados a la administración se ajustaran no sólo al cumplimiento del objeto contractual, sino a la ley. Esto, por cuanto omitió verificar que los bosquejos presentados por el contratista y el material ordenado publicar en los calendarios del 2004 como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud, no contuvieran imágenes de niños que vulneraran sus derechos fundamentales, a la intimidad personal y familiar, el buen nombre, la honra y el libre desarrollo de la personalidad de la menor Paola Andrea García Giraldo. Sobre el particular, se tiene que entre el Gobernador del Departamento de Casanare y la señora Alba Dilia Castellanos Villamil, celebraron el contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, cuyo objeto consistió en la elaboración de calendarios como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud en los municipios del departamento. (fls. 70-71, cuaderno original 1) En los términos de referencia que fueron aprobados por OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ, en su condición de Director de Salud Pública, para la elaboración de 1.000 calendarios, los temas quedaron distribuidos, de la siguiente manera, previa aprobación por su parte de la imagen, diseños y graficación: (fls. 13-18, cuaderno original 1) “Los temas deben ser representados en cada mes del calendario 2004, de los siguientes programas y estrategias: PAI. AIEPI (Lactancia Materna), SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, TBAC Y LEPRA, SANARE GENTE BIEN NUTRIDA,

SALUD MENTAL. Previa aprobación de imagen, diseño y graficación por la dirección de salud pública, distribuidos así: (…)

Marzo: Planificación familiar. (…) Septiembre: Prevención de violencia intrafamiliar o maltrato infantil.” De otra parte, se estipuló en la cláusula octava del contrato, en relación con la interventoría, que “Durante la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA estará bajo la vigilancia e interventoría del Director de Salud Pública de Casanare (..)”: cargo que desempeñaba el señor OVIDIO MUÑÓZ SUÁREZ.

9 Entonces, en ejercicio de las funciones de interventoría, el disciplinado expidió los siguientes documentos:  El 7 de febrero del 2004, certificación de cumplimiento del objeto, según el cual “(…) ALBA DILIA CASTELLANOS VILLAMIL con cédula de ciudadanía No. 41.607.002 de Bogotá, propietaria del establecimiento de comercio denominado Producciones y servicios A.L.C. con nit 41607002-0, cumplió con la Orden de Prestación de Servicios No. 086 del 22 de diciembre del 2003, que tenía como objeto, Elaboración de calendarios como medio de socialización de los programas y estrategias del sector salud pública en los Municipios del Departamento, se realizó y se entregó a satisfacción con las especificaciones requeridas.” (fl. 77, cuaderno original 1) (subrayado fuera de texto)  El 18 de febrero del 2004, acta de liquidación por mutuo acuerdo entre las partes, del contrato de compraventa No. 86 del 22 de diciembre del 2003, con

fundamento, entre otras consideraciones, “Que mediante certificación de fecha 17 de febrero de 2004 el interventor del contrato manifiesta que la CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el 100% del objeto contractual.” (fls. 79-80, cuaderno original 1)  El 19 de febrero del 2004, a través de comunicación DSP-147, hizo entrega de 200 calendarios de 2004, alusivos a la campañas de promoción y prevención de salud Pública, a la jefe de prensa de la entidad, con el fin de que fueran distribuidos en las dependencias del Departamento. (fl. 83, cuaderno original 1)  El 26 de feb