PGN - JUSTICIA PENAL MILITAR - Principios que rigen la acción de revisión

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA

INVESTIGACION Y EL JUZGAMIENTO PENAL

Bogotá, D. C., 10 de julio de 2001. Concepto N° 013 1IJP Señor Doctor

Don FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL

Magistrado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Ciudad Ref.: Acción de revisión N° 16382 Jorge David Velasco Pérez Respetado doctor : ROBERTO C. ELJACH GUERRA, actuando en mi condición de Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, por medio del presente, me permito presentar alegatos de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal. 2

SITUACION FACTICA

1. El señor JORGE DAVID VELASCO PEREZ, Cabo Segundo de la Policía Nacional, fue adscrito a la Compañía Antonio Nariño de esta ciudad capital, para que prestara sus servicios desde las 10:00 horas del 31 de julio de

1996. Sin embargo, no se presentó en esas fecha y hora, ni en los días subsiguientes, ignorándose por parte del respectivo comandante su paradero y actividades, razón por la cual este último comunicó la novedad a sus superiores. Como la situación de evasión del servicio persistiera, el Comandante (e) de la Vigésima Cuarta Estación de Policía, decidió formular denuncia ante el Juez de Instrucción Penal Militar competente.

La denuncia correspondió al Juzgado 78 de la anotada categoría, disponiéndose en auto del 21 de agosto de 1996 la apertura de investigación

penal, por razón del delito de abandono del servicio. Practicadas algunas pruebas, y al no ser posible ubicar al acusado, se dispuso su vinculación al sumario mediante el mecanismo de declaratoria de persona ausente, conforme decisión del siguiente 10 de octubre. Pendiente de materializarse este trámite, se produjo la captura del implicado, que tuvo lugar el 29 de octubre de 1996, en momentos en que se hizo presente en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional; en tal virtud, la vinculación se cumplió a través de indagatoria. Agotado el procedimiento fijado en el Código Penal Militar, JORGE DAVID VELASCO PEREZ fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, según sentencia de 14 de febrero de 1997, como autor material y penalmente responsable del punible de abandono del servicio, a la pena de seis (6) meses de arresto, sin otorgamiento de la condena de ejecución condicional. Apelada esta determinación por el defensor, fue confirmada por el Tribunal Superior Militar 3 en sentencia de 15 de diciembre de 1997, decisión que cobró en su oportunidad ejecutoria formal y material.

2. Contra este fallo instaura acción de revisión el condenado VELASCO PEREZ, a través de mandatario judicial. Se aduce como sustento de la misma, la existencia de prueba nueva (causal 3ª del art. 447 del Código de Justicia Penal Militar), en la medida que durante el proceso que culminó con la declaratoria de responsabilidad por el delito de abandono del servicio, no

estuvo al alcance del juzgador una prueba técnica demostrativa de la situación de inimputabilidad del entonces suboficial de la policía, puesto que al tenor de la correspondiente experticia el Cabo Segundo sufre graves trastornos mentales como víctima de una toma guerrillera en la población de Guasca (Cund.), ocurrida antes de su abandono del servicio. Al efecto, se aporta con el libelo, entre otras pruebas, acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía de 21 de abril de 1999, que ratifica el previo diagnóstico de la Junta Médico Laboral de la Policía de enero 29 de 1999, que declaró al Cabo Segundo JORGE DAVID VELASCO PEREZ como afectado con lesión de colon ascendente y hemicolectomía derecha, a más de encontrarse aquejado por “trastorno de estrés post – traumático –“, generándose en su caso “Incapacidad RELATIVA Y PERMANENTE”, que lo convierten en individuo “NO APTO” para el servicio, al presentar una “disminución total acumulada de sesenta y ocho punto cuarenta y nueve por ciento (68.49%)”.

CONCEPTO DE LA DELEGADA

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1. Considera pertinente esta Agencia del Ministerio Público, comenzar por acotar que erradamente se cita por parte del defensor del accionante JORGE DAVID VELASCO PEREZ, como causal incoada para dejar sin valor la sentencia condenatoria que afecta a su mandante, la descrita en el numeral 3° del artículo 447 del Código Penal Militar que regía para el año 1999 (Dto. 2550/1988, Dto. Regl. 1562/1992), época en que fue presentada

la respectiva demanda de revisión (fl. 1, c. o,. Corte). En efecto, examinado el numeral en referencia, encuentra la Delegada que de acuerdo con su tenor era factible acudir a la revisión, frente a sentencias ejecutoriadas: “3. Cuando después de la condenación aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o condenados”. Como se observa, el legislador, en tratándose de la justicia penal militar, no contemplaba para la época en que fue interpuesta la acción de revisión a favor de VELASCO PEREZ, la posibilidad de impetrar a través suyo la invalidación de condenas aduciendo hechos o pruebas nuevas que determinaran la inimputabilidad de quien fue previamente condenado en condición de imputable. Sin embargo, y aunque esto pudiera hacer pensar que se está intentando la acción sin fundamento legal adecuado, la realidad es que todo se reduce a un error en la mención de la norma procesal que realmente corresponde, defecto esto meramente formal y que, por ende, no se advierte que tenga capacidad suficiente como para impedir que se efectúe estudio de fondo acerca de la tesis planteada en el libelo. 5 Se indica lo anterior, en la medida que la jurisprudencia penal tiene precisado que en lo referido a la acción de revisión, y atendidas las importantes y sustanciales variaciones que le introdujo el actual Código de Procedimiento Penal (Dto. 2700/1991), ha de entenderse que quedó derogado el artículo 447 del Código Penal Militar, de manera que al utilizarse dicho instituto debe serlo bajo las causales contempladas en el artículo 232

de aquel estatuto adjetivo (salvo que haya lugar a la aplicación del principio de favorabilidad). Y en la disposición en cita, en su causal 3ª, sí se consagra de manera expresa la posibilidad de acreditar con el hecho o la prueba nueva la inimputabilidad de quien en su oportunidad fue condenado en calidad de imputable. A este respecto, bien indicó la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia interlocutoria de 18 de septiembre de 1997 (M. P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll; rad. # 12926), lo siguiente: Si, como ya se dijo, es la jurisdicción ordinaria, y la Corte como máximo tribunal en ella, la llamada por ministerio de la ley a pronunciarse sobre la acción de revisión, carece de sentido que en la actualidad rijan dos normatividades disímiles sobre el tema, en transgresión del principio de seguridad jurídica que debe inspirar el ordenamiento y en violación del principio de igualdad de las personas ante la ley. Tómese en cuenta que el Código de Procedimiento Penal introdujo sustanciales modificaciones al instituto, tanto en los motivos como en el trámite de la revisión, lo cual ha traído como consecuencia una regulación diferente a la contemplada en el Código Penal Militar. 6 Para solo mencionar algunas de tales diferencias que se desprenden de la comparación de los dos ordenamientos, ha de destacarse que mientras las causales del Código de Procedimiento Penal hacen precisión a que la sentencia haya impuesto pena o medida de seguridad (1a. y 2a.), amplía la causal segunda en cuanto a la procedencia de la acción a la falta de querella o petición válidamente

formulada o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal, alude que las pruebas nuevas no solamente puedan conducir a la inocencia del condenado sino a establecer su estado de inimputabilidad (3a.), precisa que el delito del juez o de un tercero o la prueba falsa que determinaron el fallo tuvieren reconocimiento judicial mediante decisión en firme (4a. y 5a.), el cambio favorable de jurisprudencia (6a.) y la posibilidad de instaurar la acción contra autos de cesación de procedimiento o resoluciones de preclusión de la instrucción por las causales 4 y 5 (inciso último), el Código Penal Militar guarda silencio sobre esos aspectos. Lo anterior al margen de la regulación que de la revisión hace como un recurso, no como acción que es lo consecuente con su naturaleza extraprocesal. No se trata, pues, de determinar la aplicabilidad del principio de integración previsto en estos dos ordenamientos, sino de darle aplicación prevalente al Código de Procedimiento Penal respecto del Penal Militar, toda vez que al no evidenciarse la existencia de vacío normativo sobre el punto, la integración no soluciona el conflicto de leyes que viene de advertirse. Teniendo presente que los dos ordenamientos tienen igual fuerza normativa en su carácter de leyes ordinarias, para cuya modificación no se requiere de trámite distinto a su curso ordinario en el Congreso de la República y que se refieren al mismo aspecto, es perfectamente viable señalar que, en aplicación del apotegma lex posteriori derogat priori, el Código Penal Militar se vió modificado en cuanto a las 7 causales y trámite de la acción de revisión por el Decreto 2700 de

1991. Esta posibilidad ha sido reconocida por la Corte Constitucional en términos que conviene recordar: "La Corte considera que efectivamente es necesario atribuir un sentido normativo a la expresión 'con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar' del artículo 221 de la Carta. Sin embargo, para esta Corporación no es admisible una interpretación estrictamente formalista de la citada expresión, pues ella conduce a resultados irrazonables. En efecto, es indudable que el tema de la justicia militar debe ser sistematizado en un código, a fin de que esa rama del derecho sea ordenada por un conjunto normativo unitario que regule sus instituciones constituidas 'de manera completa, sistemática y coordinada'. Pero ello no puede significar que todos los aspectos de la justicia militar deban estar formalmente contenidos en el texto de ese código, ya que algunas materias pueden estar razonablemente incorporadas en otras leyes..." Más adelante precisó: "Todo lo anterior muestra que el Código Penal Militar no es ni puede ser un compartimiento estanco totalmente separado del resto de la legislación ordinaria, pues sus normas deben ser interpretadas tomando en consideración las otras normas legales que sean pertinentes. Eso es tan claro que los artículos 13 y 302 del propio estatuto castrense establecen reglas de integración y hacen explícita referencia a otros códigos y leyes, en particular a los códigos penal, de procedimiento penal y de procedimiento civil". Y, finalmente concluyó: 8 "...la ley ordinaria puede regular asuntos relativos a la justicia penal militar sin que tales disposiciones tengan que estar formalmente incorporadas en el texto del Código Penal Militar. Así también lo

entendió la Corte Suprema de Justicia, al amparo de la constitución derogada, pues esa Corporación señaló que la ley ordinaria podía regular distintos aspectos relacionados con la justicia castrense. Como es obvio, se entiende que esas leyes, aún cuando no se encuentren formalmente en ese código, pueden modificarlo y adicionarlo, sin que ello implique ningún vicio de inconstitucionalidad ya que, se reitera, se trata de normas legales de la misma jerarquía" (Sentencia C-399/95 M. P. Dr. Martínez Caballero). Mayor soporte tiene la tesis de la Corte Constitucional si se considera que con ocasión de la expedición de la ley 81 de 1993, que introdujo modificaciones al Código de Procedimiento Penal sobre el tema del recurso extraordinario de casación, el Código Penal Militar se vio modificado en torno al punto. Igualmente, lo dicho hasta ahora se halla reforzado por el hecho consistente en que tanto el recurso de casación, como la acción de revisión contra las decisiones proferidas por el Tribunal Penal Militar, corresponde tramitarlos y decidirlos a la Corte, independientemente del procedimiento bajo el que se produjeron, con lo cual ningún efecto concreto en cuanto al fuero tiene la doctrina que aquí se sienta. Conclúyese de lo expuesto que estando vigentes las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que regulan integralmente el tema de la acción de revisión, en tratándose de procesos culminados ante la jurisdicción penal militar, su ejercicio debe, en lo sucesivo, hacerse al amparo de este cuerpo normativo, no del Código Penal Militar, salvo

cuando -en el evento de conflicto de leyes en el tiempose invoque la aplicación de aquellas disposiciones que, estando contenidas en el estatuto procesal castrense, resulten más favorables al procesado. 9 En consecuencia, bajo estas premisas, es conducente afirmar que de manera adecuada se ha formulado la demanda origen del presente trámite, motivo por el cual procede el Ministerio Público a ofrecer sus alegaciones de fondo ante lo allí impetrado.

2. En atención a que se aduce la existencia de prueba nueva como motivo con fuerza suficiente para hacer desaparecer las presunciones de legalidad y acierto que cobijan a la sentencia cuestionada y que, en tal virtud, pese a su fuerza de cosa juzgada ha de desaparecer del ámbito jurídico, de importancia resulta para la Delegada recordar, con citas de reiteradas jurisprudencias, en que consisten los conceptos de hecho nuevo y prueba nueva.

Hecho nuevo: “es aquel acontecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto de investigación procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas de actuación judicial de manera que no pudo ser controvertido; no se trata pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al delito que se le imputo al procesado y por el cual se le condenó, sino de suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del que sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no penetró al expediente”.

Prueba nueva: “mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex

novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado. Dicha prueba puede versar sobre evento hasta entonces desconocido (se demuestra que fue otro el autor del delito) o sobre hecho conocido ya en el 10 proceso (muerte de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el agente actuó en legítima defensa); por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del condenado”.

3. A efecto de concretar los anteriores conceptos al asunto en examen, se observa que en el decurso de proceso a cargo de la justicia penal militar por razón del delito de abandono del servicio imputado a JORGE DAVID VELASCO PEREZ, esta persona planteó desde el momento de ser escuchado en diligencia de indagatoria (fl. 56-60, cdo. anexo) que a consecuencia de un ataque guerrillero ocurrido en el año 1994 en el municipio de Guasca (Cund.), en momentos en que él tenía la calidad de Comandante del puesto de policía de ese lugar, venía sufriendo graves problemas “de carácter emocional y anímico” (fl. 59).

Que al haber tenido que afrontar esa difícil y delicada situación, desde entonces comenzó a padecer de temor y nervios, siendo tratado clínicamente por parte de la institución para la que prestaba sus servicios. Incluso, acotó que por ese hecho le Policía Nacional le reconoció una indemnización. Explica así que si bien sabía que debía presentarse a la

Estación de Policía donde fue asignado, no se sintió en condiciones de hacerlo el 31 de julio de 1996, permaneciendo en esa situación de rebeldía hasta cuando el 28 de octubre siguiente se acercó a la Dirección General para reclamar el valor que le había sido reconocido por la precitada indemnización, momento en que fue aprehendido por razón del proceso por abandono del servicio. Ahora, muestra igualmente el expediente del trámite penal, que varias personas rindieron testimonio dando cuenta de las anomalías que 11 apreciaban en la personalidad de VELASCO PEREZ luego de haberse visto involucrado en el ataque guerrillero. Se tienen así los siguientes relatos: de su progenitora MARIA DIOSELINA PEREZ TORRES (fl. 67-68), su padre JORGE ARMANDO VELASCO (fl. 6970), su primo JAIME VELASCO BAUTISTA (fl. 89-90), MARIA JANETH RICO ARENAS (fl. 91-92), su cuñado JOSE RAFAEL CACUA CARVAJAL (fl. 93-94), su hermana MARIA LUCILA

VELASCO PEREZ (fl. 95-96), y CARLOS ALBERTO VALENCIA CARVAJAL

(fl. 99-100). Ahora, como el funcionario instructor estimara desde un primer momento que podía padecer trastornos mentales el acusado, al momento de resolver su situación jurídica dispuso que se le practicara experticia en tal sentido por parte del Instituto de Medicina Legal. Fue así como un siquiatra forense adscrito a esta entidad sometió a examen siquiátrico a JORGE DAVID

VELASCO PEREZ.

Como resultado de la pericia (fl. 102 y ss., cdo. anexo), indicó el médico que el paciente evidenciaba dificultades a lo largo de su vida para adaptarse a su entorno social, puesto que entre sus rasgos de personalidad se encontraban el ser de “tipo limítrofe”, presentar impulsividad, bajo control de ansiedad y difusión de su identidad; además, estimó que mostraba inestabilidad en el ámbito familiar y de pareja. En este orden de ideas, consideró el perito que ante esas características personales del entonces sumariado, las mismas por sí solas “no constituyen trastorno mental, pues son la forma habitual y cotidiana como un individuo enfrenta su entorno y a si mismo”. Que si bien para el Cabo Segundo existía para la época de los hechos un problema de “ansiedad frente a su trabajo”, no es lo menos que comprendía que había incurrido en una falta grave al abandonar su trabajo, explicándose así que para no ser descubierto trató de ocultar su situación. Por ende, se concluyó que VELASCO PEREZ “no presentó, de acuerdo con lo conocido, trastorno mental o inmadurez psicológica para el momento de los hechos investigados 12 que le impidieran comprender su actuar o determinarse acorde con esa comprensión”, recomendando que se le sometiera a “tratamiento de psicoterapia”.

4. La conjunta valoración de los anteriores testimonios y pericia, así como del resumen de la historia clínica del suboficial en la Policía Nacional oportunamente aportado al proceso penal (fl. 79-80, cdo. anexo), dieron lugar a que se considerara al acusado como persona imputable y, por

consiguiente, que al proferirse sentencia de primera instancia se le impusiera la pena correspondiente como autor del ilícito de abandono del servicio (fl. 129-137, cdo. anexo). Oportuno resulta además llamar la atención acerca del hecho de haberle sido programado al uniformado por parte de los funcionarios de sanidad una cita de siquiatría para el 14 de julio de 1995, a la cual no asistió, sin que con posterioridad figuren anotaciones referidas a presentación de solicitud del interesado insistiendo en su práctica o, en general, que dieran cuenta de episodios que requirieran de atención médica por problemas mentales de su parte. Al proponerse el recurso de apelación contra el fallo por parte del defensor, éste precisamente planteó como tesis principal para cuestionar la condena la existencia de un trastorno mental que impedía a JORGE DAVID VELASCO PEREZ la comprensión de su conducta, esto es, que se encontraba la justicia en presencia de persona inimputable (fl. 140-144, cdo. anexo). Y por tal motivo, la sentencia de segundo grado, emitida por el Tribunal Superior Militar, volvió a examinar los medios de prueba que en relación con la sanidad mental del procesado se habían recogido en el trámite, para concluir que de allí se acreditaba su normalidad síquica, rechazando por tanto la alegación de la defensa técnica (fl. 165-170). 13 Conforme se puede entonces observar, a lo largo del trámite penal dentro del cual fue condenado el hoy accionante en revisión, en todo momento se planteó como principal explicación a la conducta de VELASCO PEREZ de abandonar sus obligaciones como suboficial de la Policía Nacional, su no

capacidad de comprensión frente a su comportamiento, contándose hasta con información de aquellos médicos que al interior de esa institución lo venían atendiendo, quienes en tal virtud contaban con todos los elementos de juicio necesarios para valorar sus condiciones mentales. Y la realidad es que de todas esas pruebas, no surgió ninguna que llevara a estimar que el acusado era inimputable.

5. En la presente acción de revisión, sin embargo, se sostiene que las motivaciones así plasmadas en las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por la justicia penal militar no pueden mantenerse, porque se ha presentado prueba posterior que las deja sin fundamento válido. Y se acude al efecto, al contenido del acta de la Junta Médica Laboral número 0283 practicada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el 29 de enero de 1999, así como al Acta N° 1559 del Tribunal Médico Militar del siguiente 21 de abril, que la confirma (fls. 9-13, c. o. Corte). De su examen, se tiene que los funcionarios con competencia en la materia en esa institución, llegaron de manera unánime a la conclusión de que JORGE DAVID VELASCO PEREZ, a más de disminución de sus capacidades físicas

(lesión de colon ascendente, hemicolectomía derecha), originadas en aquellos acontecimientos ocurridos en 1994, igualmente padece una dolencia mental, cual es el “trastorno de stress postraumático”; y son de tal entidad sus afecciones, que no lo hacen apto para el servicio.

6. Confrontadas la realidad procesal que emerge del examen del proceso penal y la prueba que se propone como nueva, para el Ministerio Público

resulta claro que en verdad no fueron conocidas de la justicia penal militar las actas médicas aportadas con la demanda de revisión, puesto que sólo 14 nacieron a la vida jurídica en el año 1999, en tanto que el acontecimiento que motivó el trámite penal ocurrió en 1996, aparte de que en forma prontapoco más de un año - llegó a su fin el mismo con la ejecutoria de la sentencia condenatoria impuesta al suboficial de la Policía Nacional. Pero siendo esto así, y de conformidad con las definiciones de los conceptos de hecho y prueba nueva que se transcribieron en precedencia, se torna evidente para la Delegada, que el contenido de las tantas veces referidas actas médicas que determinaron que JORGE DAVID VELASCO PEREZ ya no es apto para continuar en calidad de miembro activo de la Policía Nacional, en manera alguna guardan relación con el hecho que fuera motivo del proceso penal en que se le condenó por el punible de abandono del servicio. En efecto, no se puede desconocer que existen pruebas demostrativas de que en el año 1994 se encontraba VELASCO PEREZ asignado al puesto de policía del municipio de Guasca (Cund.) y que en ese lugar se produjo un ataque guerrillero; así mismo, está acreditado que el suboficial sufrió heridas de consideración que exigieron su inmediata atención médica. Luego, dado de alta, se consideró conveniente por parte del médico tratante que se le valorara siquiátricamente, fijándosele el 14 de julio de 1995 para tal actividad, sin que el interesado compareciera, y sin que tampoco obre constancia en su historia clínica en el sentido de otros controles por consulta

externa en su caso a partir de esa fecha y hasta cuando se produce el acto de abandono de servicio (fl. 88, cdo. anexo). De otra parte, militando en el expediente del proceso penal extracto de la hoja de vida de VELASCO PEREZ, se aprecia que luego del acontecer violento en que éste se vio involucrado, ninguna anotación desfavorable en razón a indebido comportamiento suyo le fue registrada; por el contrario, 15 aquello que se observa es que sus superiores resaltaron en varias oportunidades su “buen desempeño laboral”, concretamente en noviembre de 1994, agosto, noviembre y diciembre de 1995 (fl. 35, cdo. anexo). Así las cosas, la primera conducta que resultó inusual en el suboficial y que podría considerarse indicativa de alguna anormalidad en su personalidad, sólo se produce cuando aquel 31 de julio de 1996 dejó de asistir a su puesto de trabajo, manteniéndose durante varias semanas en esa actitud; pero valorado siquiátricamente por médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal, allí se concluyó, como se ha indicado en otro aparte de este concepto, que no surgían elementos de juicio para considerar que no comprendiera el por qué de su comportamiento, o que no se encontrara en condiciones de regularse de acuerdo con esa comprensión. En tal virtud, es absolutamente comprensible la actitud adoptada por los juzgadores de primera y segunda instancia, al considerar a JORGE DAVID VELASO PEREZ como persona imputable, imponiéndole en consecuencia la sanción adecuada para quienes se encuentran sanos de mente.

La circunstancia de que con el transcurrir de los meses y los años, aquellos primeros síntomas de anormalidad mental fueron incrementándose, al punto de concluirse a comienzos del año 1999 por los funcionarios de Sanidad de la Policía Nacional que no pudo superar el suboficial su “trastorno de stress postraumático”, aunado esto a sus dolencias físicas que igualmente mermaban su capacidad laboral, no puede estimarse como diagnóstico acorde con sus condiciones para el año 1996, época en que incurrió en la conducta ilícita por la que finalmente fuera condenado. 16 Aún más; resulta oportuno acotar que las actas de la Junta de Medicina Laboral y del Tribunal Médico Laboral, en momento alguno predican en forma clara y expresa la existencia de un trastorno mental permanente en JORGE DAVID VELASCO PEREZ, que lo ubique en el rango de inimputable frente al derecho penal. Aquello que allí se plasmó es que sus diversas dolencias no superadas lo hacen no apto para seguir laborando como miembro activo de la Policía Nacional; y esto no significa, necesariamente, que se trata de persona que haya perdido completamente su capacidad de comprender la naturaleza de sus actos, o que ya no se encuentre en condiciones de poderse regularse conforme esa comprensión en su futura vida civil.

7. Como conclusión de las precedentes argumentaciones, es criterio de esta Agencia del Ministerio Público que las pruebas allegadas con el libelo origen de la acción de revisión no revisten el carácter de nuevas a que hace referencia la causal 3ª del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, para dejar sin efecto la sentencia condenatoria que afecta al accionante

JORGE DAVID VELASCO PEREZ, en la medida que no tienen relación con el acontecimiento ilícito que en su oportunidad dio lugar al adelantamiento del respectivo proceso penal. Por ende, SE IMPETRA de la H. Corte Suprema de Justicia, que SEAN DESESTIMADAS las pretensiones de la demanda de revisión. Atentamente,

ROBERTO C. ELJACH GUERRA

17 Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal Rad: Acción de revisión N° 16.382 Jorge David Velasco Pérez apm