PGN - NACIONALIDAD POR ADOPCION - Racionalización de trámites y procedimiento administrati

Bogotá, D.C. 31 de mayo de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 26, 28, 39, 78 y 81(parcial) de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y de procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”

Actor: Alvaro Galvis Pino

Magistrado Ponente: Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Expediente No. D-6221 Concepto No.4108 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano ALVARO GALVIS PINO, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de los artículos 26, 28, 39, 78 y 81(parcial) de la Ley 962 de 2005 (publicada en el Diario Oficial No. 46.023 del 6 de septiembre de 2005), cuyo texto es el siguiente: (…) ARTÍCULO 26. FACTURA ELECTRÓNICA. Para todos los efectos legales, la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se

cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación. La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la expedición de una factura electrónica se sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito del usuario o consumidor del bien o servicio. ARTÍCULO 28. RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del comerciante deberán ser Procurador General Concepto No. 4108 conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información. Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en normas especiales.

ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA

NACIONALIDAD COLOMBIANA POR ADOPCIÓN. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 43 de 1993, el cual quedará así: "Artículo 5o. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción. Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción: A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 96 de la Constitución Política que durante los cinco (5) años inmediatamente

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud hayan estado domiciliados en el país en forma continua y el extranjero titular de visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros se encuentren casados, o sean compañeros permanentes de nacional colombiano, o tengan hijos colombianos, el término de domicilio continuo se reducirá a dos (2) años. A los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento que durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, hayan estado domiciliados en el país en forma continua, teniendo en cuenta el principio de reciprocidad mediante tratados internacionales vigentes.” Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano a los cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad, la prueba de la nacionalidad es el registro civil de nacimiento sin exigencia del domicilio. Sin embargo, es necesario que los padres extranjeros acrediten a través de certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho país no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad. PARÁGRAFO 1o. Las anteriores disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo que sobre el particular se establezca sobre nacionalidad en tratados internaciones en los que Colombia sea parte. PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este artículo entiéndase que los extranjeros están domiciliados cuando el Gobierno Nacional les expide la respectiva Visa de Residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se contarán a partir de la expedición de la citada visa. PARÁGRAFO 3o. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención de los Derechos del

Niño y en el artículo 93 de la Constitución Política, los hijos de extranjeros nacidos en territorio colombiano a los cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad, serán colombianos y no se les exigirá prueba de domicilio, y a 2 Procurador General Concepto No. 4108 fin de acreditar que ningún otro Estado les reconoce la nacionalidad se requerirá declaración de la Misión Diplomática o consular del estado de la nacionalidad de los padres. ARTÍCULO 78. Deróguese el artículo 19 de la Ley 30 de 1986. ARTÍCULO 81. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables. (En negrillas lo demandado)

2. Planteamientos de la demanda El ciudadano Galvis Pino manifiesta que las disposiciones demandadas vulneran el artículo 158 de la Constitución Política, por las siguientes razones: 2.1. La concepción constitucional de la unidad de materia, según la cual que todo proyecto de ley debe referirse a un mismo tema, es desconocida en el presente evento, puesto que, si se revisa el contenido mismo de la ley, empezando por el título, el ámbito temático se encuentra circunscrito a la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejerzan funciones públicas o prestan servicio públicos.

Es así, que resulta necesario delimitar el alcance del concepto de racionalización,

trámite y procedimiento, lo cual conduce a que las disposiciones demandadas no se ajusten a la regla de la unidad de materia. Por lo que, la racionalización ha de entenderse para el caso concreto como limitar, disminuir, simplificar o eliminar. En cuanto a trámites y procedimientos, dentro del contexto de la Ley 962 de 2005, se deben tener una o más acciones positivas, para cumplir de manera eficiente las funciones estatales. Así mismo, la citada disposición legal está dirigida a unos destinatarios específicos, como son los particulares y la administración, y no a la generalidad como sucede con las preceptivas legales demandadas. 3 Procurador General Concepto No. 4108 2.2. Es por ello, que el artículo 26 de la Ley 962 de 2005, es inexequible, en la medida, en que la eventualidad de cobrar por el suministro de un bien y servicio no depende de la expedición de la factura, sino de su prestación real; por lo que se modifican las condiciones de ejercicio de un derecho sustancial y a su vez el régimen de títulos valores regulado por disposiciones comerciales y se impone de manera indiscriminada a personas y entidades no incluidas dentro de los destinatarios de la norma. 2.3. En relación con el artículo 28, la conservación de libros y papeles de comercio, no es un trámite ni un procedimiento, sino una previsión probatoria, utilizable en asuntos administrativos y judiciales. Además, conservar, configura una conducta pasiva que consiste en abstenerse de destruir o desechar. Como quiera que el comercio es de interés social y no un servicio público, incluir esta disposición en una ley de esta naturaleza, excede el alcance sustancial de la

misma, lo que no era viable al legislador desarrollar. 2.4. El artículo 39 regula y modifica de manera sustancial los requisitos para adquirir la nacionalidad por adopción, y no el trámite o procedimiento para ello, rebasando los límites del contenido esencial de la ley antitrámites. 2.5. La derogación contenida en el artículo 78 implica una modificación del régimen de uso del espectro electromagnético que no se aviene al contenido integral de la Ley demandada. 2.6. La expresión “acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal”, contenida en el artículo 81, tampoco es un trámite o procedimiento, ya que modifica procedimientos jurisdiccionales, disciplinarios y fiscales, ajenos a la temática central de la Ley que la contiene.

3. Problema jurídico

4 Procurador General Concepto No. 4108 Al Ministerio Público corresponde establecer si los artículos 26, 28, 39 y 78 (parcial) de la Ley 962 de 2005, vulneran la regla de la unidad de materia.

4. Aclaración previa Teniendo en cuenta que en relación con el artículo 78 de la Ley 962 de 2005, el cargo de la demanda se refiere al desconocimiento de la regla de la unidad de materia, el cual es el mismo que se planteó y analizó con motivo de la demanda de inconstitucionalidad D-6118, a continuación se retoman algunas de las consideraciones expuestas en el concepto No. 4067 del 30 de marzo de 2006, presentado por este Despacho.

Por lo tanto, para la fecha en que el proceso de la referencia deba ser resuelto por la Corte Constitucional, es posible que pueda presentarse el fenómeno de la cosa

juzgada; en consecuencia, el Ministerio Público solicitará a esa Corporación estarse a lo resuelto en la providencia correspondiente.

5. La supresión de las funciones relacionadas con la determinación de los horarios e intensidad en que las estaciones de radiodifusión, las programadoras de televisión y los cinematógrafos pueden transmitir propagandas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, no se asimila a la unidad de materia que corresponde a la Ley 962 de 2005, cual es la racionalización de trámites y de procedimientos administrativos 5.1. Para resolver el problema de una presunta vulneración de la unidad de materia que corresponde a la Ley 962 de 2005, en relación con la derogación de las funciones relacionadas con la determinación de los horarios e intensidad en que las estaciones de radiodifusión, las programadoras de televisión y los cinematógrafos pueden transmitir propagandas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, mediante el artículo 78 de la misma ley, se analizará el contexto constitucional del tema.

5 Procurador General Concepto No. 4108 5.2 Antes de entrar a conocer el asunto de fondo, el Despacho estableció si la demanda del ciudadano ARAÚJO CALDERÓN (Expediente D-6118) había cumplido con el requisito de demostrar someramente la ostensible carencia de relación de conexidad que debe existir entre el título y el contenido de la ley y la preceptiva demandada, debiendo indicar lo correspondiente a la materia de la ley por la cual se demanda, el contenido material de las disposiciones que se demandan, y las razones por las cuales las normas demandadas no se relacionan con el núcleo temático de la ley que las contiene.

Se indicó que la Corte Constitucional ha entendido esa especial manifestación de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad, contenidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en los siguientes términos: “Si un ciudadano pretende que la Corte efectúe el control constitucional de una determinada disposición, por considerarla lesiva del principio de unidad de materia, tal demandante deberá efectuar un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 Superior. Ello constituye una aplicación elemental de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en el cual se exige que las demandas de inconstitucionalidad contengan una exposición de las razones por las cuales los ciudadanos acusan a las normas legales de violar la Carta Política.” (Sentencia C-579 de 2001) Se encontró, entonces, que la demanda de la referencia cumplía con los requisitos señalados, al indicar el núcleo temático de la Ley 962 (racionalización de trámites y de procedimientos administrativos), el mandato derogatorio establecido mediante el artículo 78 de la misma ley (una función del Consejo Nacional de Estupefacientes, relacionada con la difusión de publicidad de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco), y el argumento de no observarse que con la derogatoria de dicha función se esté racionalizando o agilizando trámite o

procedimiento administrativo alguno. 6 Procurador General Concepto No. 4108 5.3 Adicionalmente, el Ministerio Público manifestó en su escrito que uno de los límites que tiene el legislador en el ejercicio de su libertad de configuración, es el contemplado en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política, que se refiere a la unidad de materia que debe guardar todo proyecto de ley, de manera coherente, en su título y contenido. En ese sentido, el título de cada ley (y de su proyecto), debe corresponder precisamente a su contenido, el que a su vez, debe referirse a una misma materia, por lo que resultan inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El principio de unidad de materia busca preservar el principio democrático que rige la actividad legislativa, y se basa en la existencia objetiva y razonable de relaciones de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica de las normas con la materia dominante de la ley que las contiene, lo cual ha reiterado la Corte Constitucional en los siguientes términos: “Mediante el principio de unidad de materia, como tantas veces lo ha reiterado esta Corte, se pretende que los asuntos regulados en los distintos artículos que integran una determinada ley guarden la debida coherencia o relación de conexidad con el tema general consagrado en la misma. “Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el

cuerpo de la ley (...) el término materia, para éstos efectos, se toma en una acepción amplia, comprensiva de aquellos asuntos que tienen en ella necesario referente.”” (Sentencia C-1190 de 2001). En estos casos, el problema de unidad de materia es un asunto sustancial y no un mero vicio de trámite legislativo, por lo que su análisis se circunscribe a aquel, independientemente de que dicho trámite permita corroborar, en algunos casos, el vicio sustancial, puesto que, como lo ha señalado la Corte: “el análisis constitucional en estos casos “no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos derogados estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las Comisiones y en las Plenarias de las 7 Procurador General Concepto No. 4108 Cámaras, pues es preciso establecer si esas derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que versaron los debates.”” (Sentencia C-1190 de 2001). La esencia de los sistemas democráticos radica en la capacidad de control que tienen las personas sobre el poder público, bien sea para que éste no invada el espacio irreductible de libertades y derechos que les asiste ora para evitar que el ejercicio de tal poder se ponga al servicio de intereses particulares. En la dirección de esta última finalidad apunta el principio de unidad de materia, en cuanto que se quiere una legislación guiada por el principio de publicidad, con el fin que todos los interesados puedan intervenir en el proceso de su formación y evitar que en los proyectos de ley sean introducidas de manera subrepticia,

inopinada o sorpresiva, disposiciones que no guardan relación con su núcleo temático, y para salvaguardar los derechos democráticos de las minorías en el Congreso de las imposiciones de las mayorías. Así lo ha percibido la Corporación, al indicar:

5. De otra parte, esta Corporación ha hecho referencia a las dimensiones que adquiere el principio constitucional de unidad de materia. Ellas son: 1ª) el control que ejercen los presidentes de las comisiones constitucionales permanentes al permitírseles rechazar las iniciativas que incumplan este principio (C.P., art. 158); 2ª) la garantía de una deliberación pública y transparente en el proceso de formación de la ley, pues con ello se evita la aprobación o introducción de normas sorpresivas, inopinadas o de manera subrepticia, no sujetas a los debates correspondientes; 3ª) que la tarea legislativa se concentre en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y adecuado marco para la interpretación y aplicación de las leyes, y 4ª) la intensidad con que se ejerza el control de constitucionalidad, el cual debe resolver el conflicto que se suscite entre los núcleos temáticos que desarrolla la ley y el principio democrático (sentencia C-309 de 2002; subrayado fuera de texto).

Cuando se trata de situaciones de derogación normativa que comprometen la unidad de materia, se debe determinar el contenido del precepto que es objeto de derogación, precisar cual es el tema dominante regulado en la ley que consagra la 8 Procurador General

Concepto No. 4108 derogatoria, y, consecuentemente, efectuar el análisis comparativo temático de la ley y del aspecto derogado y establecer o no la existencia de algún tipo de conexidad entre ambos. Así lo ha indicado la guardiana de la Carta, de la siguiente manera: “Cuando se trata de analizar si la derogación expresa de normas legales vulnera o no dicho principio, la Corte debe en primer término determinar cuál es el contenido del precepto que es objeto de derogación, luego precisar cuál es el tema dominante regulado en la ley que consagra la derogatoria, y finalmente, deducir si entre el contenido genérico de la ley derogatoria y la norma derogada existe conexidad.” (sentencia C-1190 de 2001). 5.4 Más adelante, en el concepto se precisa que la Ley 962 del 8 de julio de 2005 fue expedida básicamente con el fin de racionalizar trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, como lo indica expresamente su título. El objetivo central de dicha ley es facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, estableciendo la política de simplificación, racionalización, estandarización y automatización de trámites y procedimientos administrativos de la Función Pública, las empresas de servicios públicos y los particulares que cumplen funciones públicas, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados. (artículos 1 y 2, Ley 962 de 2005). Se trata de un desarrollo legal, en función de la protección de los administrados, del derecho de petición, la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la ley de manera general para el ejercicio de

derechos o actividades, y del cumplimiento de la función pública administrativa con base en los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (artículos 23, 83, 84, 209, 333, Constitución Política). Lo regulado abarca básicamente la racionalización en la solicitud de permisos, licencias o requisitos que se exigen a los administrados, y de los procedimientos 9 Procurador General Concepto No. 4108 administrativos que se adelantan para satisfacer sus solicitudes, como se reseñará enseguida. El capítulo I (artículos 1 a 25, Ley 962 de 2005), contiene las disposiciones comunes a toda la administración pública, tales como los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites para evitar exigencias injustificadas a los administrados (reserva legal de permisos, licencias o requisitos; procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley; información y publicidad de requisitos; fortalecimiento tecnológico integrado); derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. De igual manera, contiene dicho capítulo la divulgación y gratuidad de los formularios oficiales; delegación para notificarse de los actos administrativos sin necesidad de presentación personal; uso de medios tecnológico para la atención de trámites y procedimientos administrativos, y para la publicidad de normas y actos generales emitidos por la administración pública; el suministro al público de la información actualizada que corresponde a cada entidad u organismo de la administración pública; el derecho de turno para resolver las peticiones. También, la obligación de la entidades públicas de atender a todos los usuarios que hubieren ingresado dentro del horario normal de atención; la facilitación a los

administrados de la recepción y envío de información por medio de correo certificado y electrónico; la prohibición de exigencia de requisitos previamente acreditados, o de comprobación de pagos anteriores, o de presentaciones personales para probar supervivencia; el trámite expedito de solicitudes oficiosas entre entidades públicas para la solución de procedimientos o de peticiones de particulares. Además, la prohibición de cobros no autorizados por la realización de funciones públicas; supresión de presentación de cuentas de cobro para el pago de obligaciones contractuales; registros públicos electrónicos de solicitudes de 10 Procurador General Concepto No. 4108 inscripción, para notificación a terceros; supresión de sellos en el otorgamiento y trámite de documentos; pleno valor probatorio de las copias de los registros del estado civil; creación del número único de identificación personal; prohibición de retener documentos; presunción de validez de las firmas en documentos privados; prohibición de declaraciones extrajuicio. El Capítulo II contempla la racionalización de trámites para el ejercicio de actividades por los particulares, tales como el empleo de facturas electrónicas; requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio; y conservación por 10 años de los libros y papeles de comercio. Los demás capítulos de la ley referida (III al XVI), tratan sobre regulaciones, trámites y procedimientos en los diferentes sectores y entidades públicas, y sus disposiciones finales se refieren a otros asuntos relacionados con la materia central de la misma ley. Lo visto permitió al Despacho concluir que el núcleo temático de la Ley 962 de 2005 se refiere exactamente a lo que dice su título, en cuanto que contiene

disposiciones sobre la racionalización de trámites y de procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, y sobre obligaciones jurídicas de éstos últimos. 5.5 Ahora bien, frente al artículo 78 de la Ley 962 de 2005, en el referido concepto se aclara que es el único que integra el Capítulo XV de la ley para tratar acerca de las regulaciones, procedimientos y trámites del sector comunicaciones, y que expresamente se limita a derogar el artículo 19 de la Ley 30 de 1996. El artículo 19 de la Ley 30 de 1986 señala: “Las estaciones de radiodifusión sonora, las programadoras de televisión, y los cinematógrafos sólo podrán transmitir propagandas de bebidas 11 Procurador General Concepto No. 4108 alcohólicas, cigarrillos y tabaco en los horarios y con la intensidad que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, previo concepto de su Comité Técnico Asesor. El Ministerio de Comunicaciones velará por el cumplimiento de esta función” (Subrayado fuera de texto). Como su título lo señala, la Ley 30 de 1986 establece el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Su Capítulo III, artículos 16 a 19, se refiere a las campañas de prevención contra el consumo del alcohol y del tabaco. El artículo 19 de la misma ley, asigna unas funciones públicas administrativas, a cargo del Consejo Nacional de Estupefacientes y del Ministerio de Comunicaciones, de control de horarios e intensidad en la transmisión de propagandas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco por parte de las

estaciones de radiodifusión sonora, las programadoras de televisión y los cinematógrafos, como parte de las campañas de prevención contra el consumo y el tabaco. Al Consejo Nacional de Estupefacientes le corresponde la función de determinar los horarios e intensidad en la transmisión de propagandas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, encaminada hacia la prevención contra su consumo, para lo cual debe apoyarse en la función conceptual de su Comité Técnico Asesor. Por consecuencia, la Ley 30 de 1986 asignó al Ministerio de Comunicaciones la función policiva administrativa de velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes para la emisión de propagandas relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco. Se trata de una función asignada a un órgano adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia (artículos 89 y siguientes, Ley 30 de 1986), cuyo cumplimiento de sus decisiones le compete vigilar al Ministerio de Comunicaciones. Por lo tanto, no es un simple trámite o procedimiento administrativo del sector comunicaciones. 12 Procurador General Concepto No. 4108 De igual manera, dicha función, en vez de hacer exigencias injustificadas a los administrados, está encaminada a cumplir con una labor trascendental de interés general para la preservación de los derechos a la salud y la vida de toda la población, y a la educación y a la cultura de niños y adolescentes (artículos 11, 44, 45, 48 y 49, Constitución Política), en cuanto que busca evitar la inducción a los consumos de bebidas alcohólicas y del tabaco y cigarrillos, y en

muchos casos a adicciones posteriores, amén de contribuir a la prevención de las enfermedades que se derivan de dichos consumos (cáncer de pulmón, etc.), y de las consecuencias por el abuso en el consumo de alcohol. También, tal norma busca proteger los derechos de los consumidores en la toma de sus decisiones, para que éstas se asuman responsablemente de acuerdo con el libre desarrollo de la personalidad y no mediante comportamientos inducidos que atenten contra la salud y la vida (la diferencia de madurez sicológica entre adultos, adolescentes y niños), lo que se ajusta al mandato del artículo 78 superior, de responsabilidad de quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la vida, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios; y de regulación del control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad y de la información que se suministre al público en su comercialización. La importancia de la función consagrada en el artículo 19 de la Ley 30 de 1986 se percibe en lo expresado por la Corte Constitucional, al resolver una demanda instaurada contra dicho artículo en la sentencia C-524 de 1995, en los siguientes términos: “De acuerdo con las pruebas decretadas por el magistrado sustanciador y que se han adjuntado al expediente, advierte la Corte que todos los conceptos emitidos por el personal científico especializado al que se ofició, se identifican en el sentido de señalar que el consumo “habitual” de cigarrillo, tabaco o bebidas alcohólicas produce una serie de enfermedades que, en ciertas ocasiones, podrían resultar mortales. Sin embargo, se hace énfasis

en que el consumo de tabaco y cigarrillo no altera el comportamiento de quienes los usan, mientras que el consumo de bebidas alcohólicas sí genera 13 Procurador General Concepto No. 4108 cambios de conducta ya que la persona se torna violenta, agresiva, depresiva, etc.” (…) “De otro lado, obsérvese que la norma demandada no impide la divulgación de propaganda por parte de los medios de comunicación allí citados, sino que condiciona su emisión a los horarios que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, por fines plausibles como son: el interés general, la vida, la salud, la seguridad y los derechos de los niños.” 5.6 En cuanto al trámite del Proyecto de Ley 014 de 2003, acumulado con el 037 de 2003, ambos de Cámara; 238 de 2005 Senado, que se convirtió en la Ley 962 de 2005, en el concepto se manifiesta que el artículo demandado no fue objeto de iniciativa legislativa, ni de ponencia para primer debate en Cámara de Representantes, ni de aprobación en éste (Gacetas del Congreso 342, 357 y 678 de 2003; 300, 301, 303, 342. 343, 364 de 2004). El texto se incluyó como artículo nuevo y único del Capítulo XV sobre regulaciones, procedimientos y trámites del sector comunicaciones, con el número 81, en la ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes y exactamente como fue aprobado de manera definitiva (“Deróguese el artículo 19 de la Ley 30 de 1986”), sin justificación alguna (Gaceta del Congreso 550 de 2004, páginas 7 y 17), el cual se aprobó en bloque sin justificación alguna en la

sesión plenaria de diciembre 15 de 2004, como el artículo 74 (Gacetas del Congreso 51, página 24, y 138 de 2005, página 11). En las ponencias para primero y segundo debates en el Senado de la República se incluyó el texto del artículo demandado como los artículos 97 y 82 respectivamente, y fue aprobado en bloque en ambas sesiones, sin discusión alguna. Quedó como texto definitivo aprobado en Senado de la República con el mismo artículo 82 (Gacetas del Congreso 242, página 16; 335, página 16; 362, página 39; 428, páginas 28 y 29; y 504, página 31, todas de 2005). Lo único que se dijo durante todo el trámite legislativo en relación con el artíc