PGN - NULIDAD - Resolución de acusación por errónea calificación del delito

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrada Ponente: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

E. S. D.

Ref: Casación. No 26400

Procesados: Pedro Pascual Morales

Ospina Delito: Tentativa de homicidio Honorables Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en fallo del 20 de junio de 2006, confirmó la decisión de 7 de marzo del mismo año proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Rionegro mediante la cual condenó a Pedro Pascual Morales Ospina, como autor del delito de homicidio en grado de tentativa (artículos 103, 27 del Código Penal), a la pena principal de 78 meses de prisión, a la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, al tiempo que lo condenó al pago de los perjuicios civiles generados por el delito, le negó la condena de ejecución condicional y dispuso el comiso del arma de fuego utilizada para cometer el punible.

Contra la decisión, el defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación cuya demanda la Corte la declaró ajustada en auto del 16 de noviembre de 2006, en el que a la vez corrió traslado al Ministerio Público para conceptuar sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA

Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400

Así la plasmó el Tribunal: “El ya lejano 19 de junio el año dos mil en la Cafetería Los Delfines de esta ciudad (Rionegro, se aclara), se encontraba el señor Carlos Mario

Gallego Osorio, y hasta allí llegó Pedro Pascual Morales Ospina acompañado de dos de sus trabajadores, a fin de concretar lo referente a una reparación de una motocicleta que se había visto involucrada en un accidente de tránsito con un vehículo de propiedad de Gallego Osorio.” “Después de intercambiar acaloradas ideas, se sintieron varios impactos de bala y el señor Carlos Mario Gallego Osorio cayó herido” “El Instituto de Medicina Legal dictaminó que Carlos Mario Gallego Osorio, sufrió heridas por arma de fuego, las cuales pusieron en peligro la vida del examinado y cuyo pronóstico es reservado. Incapacidad provisional de cuarenta y cinco días y como secuelas una deformidad física que afecta los contornos del cuerpo, de carácter permanente por la imposibilidad de deambular, una pérdida funcional del órgano de la locomoción por la dificultad para caminar de carácter permanente, una perturbación funcional de los órganos de la excreción urinaria y rectal de carácter permanente, por la dificultad para miccionar y defecar, una perturbación funcional del órgano de la cópula de carácter permanente por la dificultad para la erección, una perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter permanente por la dificultad para los movimientos de la misma, y una perturbación funcional del órgano de la pinza de carácter permanente por la dificultad de los movimientos de los miembros derechos y una perturbación síquica de carácter permanente” “Es de anotar que el 24 de noviembre de 2005, es decir, 5 años

después, Carlos Mario Gallego Osorio falleció, aunque ello no dio lugar a la modificación del cargo formulado en al resolución acusatoria, al estimar el a-quo, luego de interrogar al médico que practicó la diligencia de necropsia, que no existe relación de causalidad entre las heridas recibidas y el deceso…”

2. ACTUACION PROCESAL La presentación personal de Pedro Pascual Morales Ospina ante el Fiscal Seccional de Rionegro por razón de los hechos acaecidos el 19 de junio de 2000 le permitió al funcionario judicial abrir investigación previa el 20 del mismo mes (fl. 2, c.o. 1) y escuchar a Morales Opsina en versión libre el 23 siguiente (fl. 10-11, c.o. 1). Por considerar que había duda sobre la intención de dar muerte y teniendo en cuenta que el resultado de la acción del agente fueron las lesiones

Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 personales, se remitió lo actuado a la Fiscalía Local el 10 de julio de 2001 (fl. 8990, c.o. 1), despacho que no aceptó la competencia y propuso conflicto negativo mediante el 19 siguiente (fl. 93-94, c.o. 1). La Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal de Antioquia, en decisión de 19 de octubre de 2001 (fl. 99-1056, c.o. 1)

consideró que se trataba de una tentativa de homicidio y dirimió el conflicto asignando la actuación al Fiscal Seccional quien avocó el conocimiento el 26 del mismo mes, y abrió la investigación el 7 de noviembre del mismo año (fl. 110, 111, c.o. 1). Pedro Pascual Morales Ospina fue indagado el 18 de noviembre de 2003 (fl. 120124, c.o. 1) y el 11 de agosto de 2004 afectado con detención preventiva (fl. 131136, c.o. 1) por el delito de homicidio en grado de tentativa (artículo 103 y 27 del Código Penal de 2000). La fiscalía repuso la medida de aseguramiento el 20 de agosto de 2004, otorgando al sindicado la libertad provisional (fl. 148-149, c.o. 1), tras la impugnación interpuesta por el defensor (fl. 145-147, c.o. 1). La investigación fue clausurada el 2 de septiembre de 2002 (fl. 156, c.o. 1) y el 20 de octubre siguiente la fiscalía acusó a Pedro Pascual Morales Ospina (fl. 163168, c.o. 1) como autor del delito de homicidio tentado (artículo 103, concordante con el 27 del C. Penal de 2000). La acusación fue apelda por el defensor (fl. 171, 173-177, c.o. 1) y confirmada en segunda instancia el 31 de enero de 2005, fecha en que cobró ejecutoria (fl. 184-192, c.o. 1). La causa fue asumida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Rionegro en auto

del 18 de febrero de 2005 (fl. 196, c.o. 1), en el que a la vez corrió el traslado del artículo 400 de la ley 600 de 2000. La fecha para la audiencia preparatoria se fijó en auto del 6 de abril de 2005 (fl. 201, c.o. 1) y tuvo lugar el 18 siguiente (fl. 211, c.o. 1) decretándose las pruebas solicitadas por la defensa. El Tribunal Superior de Cali dispuso la libertad provisional del procesado en auto del 11 de abril de 2003 por razón de la causal prevista en el artículo 365-5 del Código de Procedimiento Penal (fl. 120-129, c.o.7, juzgamiento). La fecha para la audiencia de juzgamiento se fijó en autos del 19 de julio, 23 de agosto, 4 de octubre de 2005, 25 de enero y 15 de febrero de 2006 (fl. 230, 244, 257, c.o. 1; fl. 371, 386, Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 c.o. 2), llevándose a cabo en sesiones del 1º de diciembre de 2005, y 15 y 27 de febrero de 2006 (fl. 276-277, c.o. 1; fl. 379-387, 388-394, c.o. 2)1. En sentencia del 7 de marzo de 2006 (fl.395-425, c.o. 2) Pedro Pascual Morales

Ospina fue condenado como autor del delito de homicidio en grado de tentativa (artículos 103, 27 del Código Penal), tal cual se reseñó al inicio. El defensor apeló el fallo (fl. 426, 429-435, c.o. 2) siendo confirmado por el Tribunal el 20 de junio de 2006 (fl. 439-450, c.o. 2). El recurso de casación fue interpuesto oportunamente el 5 de julio siguiente por el defensor (fl. 457, c.o. 2), concedido por el Tribunal el 25 del mismo mes (fl. 463, c.o. 2), sustentado con la correspondiente demanda el 19 de septiembre siguiente (fl. 477-534, c.o. 2), y esta última declarada ajustada por la Corte en auto de 16 de noviembre del año anterior, a través del cual se corrió traslado a la Procuraduría para emitir concepto sobre su viabilidad. 3 LA DEMANDA El casacionista presenta un cargo principal por nulidad que afecta la resolución de acusación y que hace consistir en la errónea calificación jurídica; y dos cargos subsidiarios, ambos por violación indirecta de ley sustancial que enuncia como falso juicio de identidad y falso raciocinio que condujeron a violar por falta de aplicación el artículo 36-6 del Código Penal. 3.1 Cargo principal: nulidad de la resolución de acusación por errónea calificación jurídica del delito. Al amparo de la causal tercera de casación, el censor acusa la sentencia de proferirse en un juicio viciado de nulidad por afectación del debido proceso por la

errónea calificación jurídica de los hechos plasmada en la resolución de acusación como consecuencia de falsos raciocinios. El proceder vulneró que violaron el inciso 2º del artículo 7 de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, el, artículo 27del 1 En la diligencia, la fiscalía se abstuvo de modificar la calificación jurídica pues estimó que la muerte de la víctima con posterioridad a la acusación no constituía la prueba sobreviviente necesaria (fl. 383-384, c.o. 2) Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400

C. de Procedimiento Penal de 2000, ., e impidió a la fiscalía advertir que la intención del sindicado fue la de lesionar y no la de dar muerte.de la actuación se Fue así como la violación al debido prodceso violación yerro , pues el acusador no advirtió que los hechos eran constitutivos de delito de lesiones personales y no de tentativa de homicidio falta de competencia del sentenciador para emitir decisión de fondo. Estima desconocidos los artículos 85 al 88 y 306 del Código de Procedimiento Penal de 2000, 29 de la Constitución Política y solicita a la Corte “se sirva revocar dicha decisión y proferir el correspondiente fallo de reenvío” (pág. 30, demanda).

Explica que el cargo porlo aborda tercera, en tanto ,puesto que conocer del asuntol , dondeFrente a los principios que rigen la nulidad señala que nte; que . de

P. P.;que estepues ostrabase configuraba ,que que error, efallador, lo que cola falta de de .la ción d En su concepto, lsu. No se adentró eny jose acreditóel actorseLase edificó , en punto al ,íanjuzgador, oltres puesE, -,,L,endoós. Lo anterior vislumbrarLa nulidad radica en que la Corte Suprema de Justicia, por razón del estado de salud del procesado, dispuso el cambio de radicación del proceso que era adelantado por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá. En tal virtud, la actuación –y por lo tanto la competencia por factor territorialfue asignada por la Corte al Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali que se convirtió en su juez natural para proferir el fallo. No obstante lo anterior, posteriormente, en cumplimiento del acuerdo 1799 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la actuación fue asignada al Juez 2º Penal del Circuito de Descongestión para Foncolpuertos con sede en Bogotá. De esta manera se desconoció la competencia territorial y el juez natural fijados por la Corte, y que la única manera de alterar el factor territorial de competencia es a través de la figura del cambio de radicación y no, como aquí ocurrió, por un acuerdo administrativo del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, el Juzgado 2º de Descongestión no tuvo razón al afirmar que si el motivo para ordenar la Corte el cambio de radicación era la necesidad de que Marínez Valencia pudiera asistir a las audiencias preparatoria y de juzgamiento por estar privado de la libertad, dicho fundamento desaparecía al habérsele Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 concedido al procesado la libertad provisional, y por lo tanto ningún impedimento había para que la actuación fuera asumida por el juez de Descongestión de Bogotá. El sentenciador desconoció así que la competencia territorial fijada por la Corte al disponer el cambio de radicación constituía una excepción a la figura de la descongestión judicial dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, de allí que al proferir la sentencia violó la garantía superior del juez natural, más aún si los motivos que dieron lugar al cambio de radicación –el estado de salud del procesadoaún permanecen (pág. 17-30, demanda) 3.2 Cargo segundo: violación indirecta de la ley sustancial por un nulidad por falta de motivación de la condición de determinador. Al amparo de la causal de casación descrita en el numeral 3 del artículo 207 de la ley 600 de 2000, el censor reprocha que la sentencia adolece de nulidad pues no motivó la imputación fáctica, en particular los hechos relativos a la condición de

determinador. Solicita a la Corte revoque la decisión impugnada y profiera fallo absolutorio o “de reenvío” (pág. 53, 55). Tras citar los argumentos visibles a folios 29-32 de la decisión del Tribunal (pág. 30-34, demanda), insiste que la Corporación no demostró ni motivó de ninguna manera cómo el procesado realizó la conducta de peculado en calidad de determinador pues el proceso y la defensa demostraron lo contrario (pág. 36, demanda). Enseguida repasa los argumentos ofrecidos por la defensa dentro del proceso sobre la figura de la determinación en los que concluyó que en el caso no existió esa figura (pág. 37-44, demanda) y remata afirmando que el propio fiscal reconoció que no existió prueba de que el procesado, como autor determinador, hubiera coaccionado de manera invencible a los funcionarios de Foncolpuertos que participaron en el trámite de la liquidación, en tal sentido, la imputación de autoría determinadora por la fiscalía siempre se fundó en conjeturas y no en pruebas, lo que se evidencia al afirmar la fiscalía que la determinación puede darse por un acuerdo tácito, acuerdo que tampoco demuestra pues solamente afirmó que en Foncolpuertos existía para la época un alto grado de corrupción que era aprovechado por los funcionarios de la empresa, afirmación general que no demuestra la responsabilidad de Marinez Valencia (pág. 46-47). Al haber Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 afirmado el Tribunal la participación como determinador de Marinez Valencia, desconoció los testimonios de Luis Hernando Rodríguez y Manuel Buenaventura que desestimaron cualquier actuación irregular de Marinez Valencia, en particular el primero pues se refirió genéricamente a la corrupción en Foncolpuertos, recavó sobre los controles para asegurar la legalidad de los pagos, lo que no demuestra el acuerdo tácito que subyace a la determinación y –en sentir del censortermina por avalar las explicaciones del procesado (pág. 44, 47, 51, 52). Recuerda a la fiscalía y a la parte civil que la participación es un concepto jurídico que debe tener apoyo en hechos probados –los que no obran en el procesoy no puede inferirse a partir de un simple enunciado; de lo contrario, se viola el principio de razón suficiente (pág. 45). Afirma que la Fiscalía erró al predicar la determinación por acuerdo tácito y niega que en el proceso exista prueba de que Marinez Valencia actuó como determinador induciendo a error a los funcionarios que participaron en el trámite de sus liquidaciones pensionales pues éstas se fundaron en actos administrativos auténticos y legítimos; éstos demostraban la calidad de Marinez Valencia de ex empleado de Colpuertos, que a él le eran extensivas las convenciones colectivas invocadas y por lo tanto su legitimidad para hacer las reclamaciones que se efectuaron con sujeción a la ética profesional de los abogados reclamantes. Todo ello descarta los actos de engaño o de inducción a error por parte de Marinez

Valencia hacia funcionarios de Foncolpuertos, quienes actuaron libremente y constataron que el procesado tenía aderecho a lo reclamado. Todo lo anterior, y porque no existe prueba en el proceso del ejercicio de una fuerza coactiva invencible por el procesado es que se torna en un imposible jurídico que Marinez Valencia hubiera inducido de manera invencible a la comisión de conducta ilícita. (pág. 47-50, demanda) En conclusión, el acuerdo tácito en que la fiscalía fundó el grado de participación fue infundado e ilógico, pues los pagos se sujetaron al procedimiento legal. En punto de la trascendencia, aduce que la falta de motivación condujo al sentenciador a proferir una decisión arbitraria, que no muestra los fundamentos probatorios de la conducta, que no señala la manera en que conformó la prueba Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 indiciaria y que no ha podido ser impugnada. De no haber incurrido en el yerro, el fallo habría sido absolutorio pues la prueba no muestra al procesado como determinador (pág. 53-56) 3.3 Tercer cargo: error de hecho, falso juicio de existencia por omisión de los acuerdos 963 de 1983 y 017 de 1987 Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, el censor reprocha que la sentencia violó de manera indirecta el artículo 133 del Código Penal de

1980 por aplicación indebida los artículos, y los artículos 7 y 232 del Código de Procedimiento Penal de 2000 por falta de aplicación. Dichos yerros se produjeron como consecuencia de alr,aplicar la teoría de la inexistencia y por lo tanto omitir el acuerdo 0963 de 1983 de la Junta Nacional de Colpuertos que permitía los pagos de las liquidaciones pensionales. Solicita se case el fallo impugnado y se profiera el absolutorio de reemplazo. 8-59, 122, demanda). , y óesa intervención excluíauestionaradn,rsn su parecer, elpregonaconforme a la prueba el primero al último, comolos citados al afirmar el procesadoos elementos de juicio creditanóuvofrente ay De no haberse cometido efalladordeducido. C terceroviolación indirecta de la ley sustancias por un Reprocha que el sentenciador hubiera aplicado la tesis de la inexistencia del acto administrativo a los acuerdos de la Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia que justificaban el pago de las reliquidaciones pensionales y de allí que los hubiera omitido. Así mismo, que no hubiera advertido que dicho acuerdo no había sido derogado por actos posteriores sino que estaba vigente para la época del retiro de Marinez Valencia de la empresa Colpuertos. Al fallador no le era dado tener dichos actos administrativos como inexistentes, ni en consecuencia omitirlos, pues no habían sido suspendidos con ocasión de un examen de legalidad, ni declarados nulos por la jurisdicción contenciosa, amén de que la doctrina y jurisprudencia nacional rechaza la excepción de legalidad de los

actos administrativos pues la manera de atacar la validez del acto administrativo no es a través de la acción de nulidad y no mediante la iniciativa del servidor público que lo aplica (pág. 87). De otra parte, la excepción de inconstitucionalidad opera solamente respecto de la contradicción entre disposiciones constitucionales Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 y legales, de allí que no puede afectar decisiones administrativas de tipo particular porque estas últimas no pueden tener la categoría de leyes (pág. 94). Por lo tanto, por estar amparados por la presunción de legalidad eran de obligatoria observancia y cumplimiento. Invoca el concepto de antijuridicidad unitaria para sostener que lo que no es antijurídico en el ámbito administrativo –y los referidos actos no lo eran pues no habían sido suspendidos ni anuladosno lo pueden ser apreciados como inexistentes en el ámbito penal (pág. 83, 95-101). Se equivocó el sentenciador al decir que la Junta Directiva de Colpuertos no tenía competencia para emitir el acuerdo 963 de 1983, pues los miembros que la integraban estudiaban discutían y decidían sobre los acuerdos que hicieron extensivos los beneficios prestacionales a todos los empleados públicos de la entidad; y los motivos que tuvieron para ello debieron buscarse en las respectivas actas. De allí, se habría inferido que como Marinez Valencia no era integrante de

la Junta Directiva –como equivocadamente lo afirma el fallono podía incidir en las decisiones por ella adoptadas ni tener participación en los hechos (pág. 93), además que dichas decisiones se tomaron cuando el procesado era un trabajador oficial vinculado por contrato y por ello beneficiario de las convenciones colectivas –beneficio que se convirtió en un derecho adquiridoesto es, mucho antes de que fuera nombrado gerente del Terminal Marítimo de Tumaco (pág. 64-66, 73, demanda). Que Marinez Valencia era beneficiario de la Convención Colectiva se desprende se infiere del hecho que el acuerdo 0015 de 1990 de la Junta Directiva de Colpuertos dijera que las prestaciones de ley y las especiales se “seguirá reconociendo y pagando” a sus empleados públicos, pues ello significa que ya de tiempo atrás tal pago, que beneficiaba a Marinez Valencia, se venía haciendo (pág. 69-70, 74, demanda). El acuerdo 0963 de 1983 era aplicable a la situación de Marinez Valencia pues se encontraba vigente para la época de su retiro de la entidad. Normas posteriores, entre ellas los acuerdos 972, 990, 991 de 1984, 009, 010 de 1985 y 003 de 1986, no dejaron sin efectos al 963 pues aquellas derogaron las normas regularan las mismas materias que les eran contrarias y el 963 se ocupaba de temas diferentes, Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 por lo que no se puede entender que hubiera sido derogado. De manera que si el 963 estaba vigente y era aplicable a la situación de Marinez Valencia entonces las prestaciones reconocidas en el acuerdo 017 de 1987 también se hacían extensivas a él pues dicho acto administrativo, avalado por los decretos presidenciales 135 de 1990 y 907 de 1992, dispuso que las prestaciones de que trataba el 963 se seguirían pagando en los mismos términos a quienes desde un principio eran sus beneficiarios (pág. 103-110, 113-114, demanda). Por lo tanto, si las reclamaciones efectuadas por el procesado y los pagos que se le hicieron -por concepto de préstamo, de conciliaciones y de reliquidacióneran legítimas, su comportamiento resulta atípico respecto del peculado (pág. 114-120). En punto de la trascendencia, afirma que de no haberse omitido la apreciación de las pruebas anexadas, el sentido del fallo sería otro (pág. 121, demanda) a primera denuncia de ar la ley sustancial d. d os artículosllevarony así seó.Sostiene que lRad quem desconociera lo centró que,pues creer, dio por ciertas , aunque no les creyó lo violóal no advertir que Gallego pero Estima que se configuran en el evento,Na, ,falladoríael procesado sido 4. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA 4.1 Cargo principal. Nulidad por violación al debido proceso por desconocimiento del sentenciador del cambio de radicación dispuesto por la Corte.

reclama la nulidad de la actuación aduciendoy que el sentenciador noirtióerancomola ,ilaueba ootorgadade éde reclama,estson,Limplica modificar el delito imputado, como consecuencia de reconocer una intención distinta en el comportamiento del agente, pero como el nuevo delito sería uno que no requiere de la modificación de la competencia pues ésta se entiende prorrogada por ser un delito de menor entidad, no se requiere que el presunto yerro se corrija con anulación –ni desde la resolución de acusación, como tampoco desde la audiencia públicasino que basta que, prorrogada la competencia, el fallador de mayor entidad profiera sentencia de reemplazo por el delito de menor entidad. o desde que la acusación se puede modificar en la vista pública. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 ues Saborda el cargo denunciadodar por probadoón,,,l,tiene; y la l.iloporsiiiOl sobre la agresión de Gallego contra Naranjola circunstancia contraiii;ivse deduce de a“”;v;viOspina viiduce y viiienfrentó a G, y; estoobaixt,,,lasu,bax echaNaranjyaducirmodo que,falladordvirtió,, y estimósucumbió enY agregó que aun se configuraba raaraacáoel la Desechó,como ,ba,l.visión, lse y, es decir,hace expresa lastaade

apreciar ese hecho al lado de , tales como, ltres y.El fallo síconcurría eltoogeneraban, la dirección depuesr; y quela la Para llala en el representenel generalidad ,sí fueronapreciadas en el fallo hacer concurrirfallador est,fue que arribó a dar por cierta oi)resultóiitampocose ae hubiesendoiiiparaarun ytambién Dice el casacionistaque traía la prueba Pero su óEalegano auna,tap y lo atribuya a la destreza del agresoreventon, sino el punto nodal a resolver puede ser el mismo frente a una multiplicidad de hechos diferentesdemandante como lo resaltó el sentenciadorlopara la Procuraduría resulta porquehay una primera vez y que , juzgadorno admisible, en el que se excluye la responsabilidad de un individuo sólo porque es bueno y no por lo que hizonny su acogida por lala Por lo demás, qAsí las cosas, no advierte la Delegada punto a, dCargo sviolación indirecta de la ley sustancial por configuración de la Sostiene el demandante lo le frente a la ilidaddenunciado tiene ncia más adelante se involucró en ella e hizo uso de su arma de fuego, lo que ocurrió fue quela tesis defensivadedujowesternostrabandbala experien o convenido a los intereses del procesadoun tema del mérito que se le conceda.,en momentoseociéndose; lya interfirió aefallo considerpregonenno su, tenerlo por demostrado Ahora bien, si el reproche está dirigido a censurar que los hechos, tal como se ofrecen en el expediente y se plasman en el fallo, no encajan en el tipo objetivo y

subjetivo del homicidio imperfecto sino en las lesiones personales, sería un Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Pedro Morales Ospina Rad No 26.400 reproche que se sale de la vía de ataque escogida y que pertenece al ámbito de la violación directa de ley sustancial, que dicho sea de paso en nuestro criterio no tiene cabida. Baste lo expuesto, pafirmar que la violación indirecta que se denuncia no encontró demostración y que para C terceroviolación indirecta de la ley sustancial por ssllevaron , dice el censor, que ; y que éste y delo relacionado conparte de , y ciónsignificaba queen falladoríel Anotóra, en tanto atento Esa fue la apreciación que hizo el juzgador fundado en la sana crítica, por lo quela queja por ausencia dequeda sin sustentoela esgrimidaL,de fallador, no la comparte este Despacho.i yiienúmero de al cinco detonacionestuvieransones por las que ó laroni, plos hicieron iisi el no podíairleslEs claro entonces quejuezcomo quiera que restóa las versiones que alegaban una legítima defensa orrse.que citados lales atribuyerayiera Ade bién receló de las afirmaciones,ciónbalesEn el punto,tinadacontra no se compulsan copias para que se le investigueEn suma, al no existir el , p6. PETICIÓN En consecuencia de lo dicho, la Procuraduría solicita a la Corte se abstenga de

casar el fallo impugnadoss y lo case de manera oficiosa para corregir la punibilidad a los precisos términos que impuso la acusación. De los Honorables Magistrados,

JUANA MARINA PACHÓN ROJAS

Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 31 de julio de 2007 Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacionpenal@procuraduria.gov.co 12 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co