PGN - NULIDAD - Violación al debido proceso por falta de notificación

CASACIÓN 30.044

FELIX MOSQUERA IDROBO

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Magistrado Ponente: Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

E. S. D.

Ref: Recurso extraordinario de casación interpuesto el apoderado del tercero civilmente responsable Sociedad Transportadora del Cauca S.A. “Sotracauca”, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que confirmó la condena impuesta en forma solidaria con el procesado Félix Orlando Mosquera Idrobo para pagar los perjuicios materiales y morales ocasionados con los delitos de homicidio y lesiones personales culposos.

Rad. No. 30.044

Honorables Magistrados: El 24 de abril de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, dictó sentencia en la que condenó al señor Félix Orlando Mosquera Idrobo a la pena de 58 meses de prisión, por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, así como a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término y a la privación del derecho a conducir vehículos automotores. También condenó al procesado a pagar, solidariamente con la empresa Sotracauca y el dueño del vehículo, señor Luis Orlando Medina Gutiérrez, los perjuicios materiales y morales ocasionados con el hecho punible.

La decisión fue apelada tanto por la defensa del procesado como por el apoderado de los terceros civilmente responsables –Luis Orlando Medina Gutiérrez y Sotracaucay correspondió proferir la sentencia de segunda instancia al Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Popayán, que confirmó en su integridad la decisión recurrida. 1

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FELIX MOSQUERA IDROBO Contra la anterior providencia uno de los terceros civilmente responsables -Sotracaucainterpuso recurso de casación por vía discrecional, el que una vez concedido fue sustentado oportunamente. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró formalmente ajustada a derecho la demanda. De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS.

Fueron resumidos por el Tribunal Superior, así: “El supuesto fáctico materia de investigación y juzgamiento se concretó en el accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 8:40 p.m. del 19 de agosto de 2000, sobre la vía panamericana Popayán – Cali, kilómetro 54250 metros, corregimiento “El Pital”, municipio de Caldono – Cauca, oportunidad en que colisionaron los vehículos automotores: Super Van 350, servicio público, Ford 94 placas SUC-887 con el logotipo de afiliación a la empresa Transportadora “SOTROCAUCA S.A.”, piloteado por el señor FÉLIX ORLANDO MOSQUERA IDROBO, con el automotor clase buseta, tipo panel, Chevrolet 94, servicio oficial, placas OQE – 366, conducida por JOSÉ BOLIVAR VELÁSCO JIMENEZ, colisión que produjo plurales víctimas por graves lesiones a consecuencia de las cuales fallecieron el

conductor antes citado y uno de los pasajeros del vehículo oficial, el menor ROBERT HERNEY MUÑOZ HOYOS y, con afectaciones en la integridad personal de varios pasajeros que se transportaban el los vehículos colisionados, listado suministrado por las Unidades de Policía de Carreteras y el Hospital “Francisco de Paula Santander” de Santander de Quilichao varios de los cuales comparecieron a la actuación para solicitar los respectivos dictámenes de Medicina Legal, entre ellos, NELLY AMANADA 2

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HOYOS HURTADO, FREDY HERNAN MUÑOZ, ANDRES CAMILO

MUÑOZ”

2. ACTUACIÓN PROCESAL.

El proceso de la referencia tuvo origen en el informe de accidente de tránsito listado de heridos e inmovilización vehicular presentado por la Policía de la Zona de Santander de Quilichao. Correspondió inicialmente el conocimiento del asunto a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santander de Quilichao, la que en decisión del 8 de septiembre de 2000, ordenó la apertura de la instrucción penal y vincular al señor Félix Orlando Mosquera Idrobo mediante indagatoria, diligencia que se llevó a cabo el 7 de febrero de 2001 en compañía de su abogado de confianza. A través de resolución proferida el 2 de mayo de 2001, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del encartado imponiéndole medida de aseguramiento por los delitos de lesiones personales culposas y homicidio culposo. En esa misma fecha

se admitió la demanda de constitución de parte civil, presentada por la representante legal de la menor Lina Patricia Velasco Rodríguez, hija del fallecido en el accidente de tránsito que nos ocupa, José Bolívar Velásquez. La Fiscalía General de la Nación admitió la demanda de constitución de parte civil y vinculó como terceros civilmente responsables al señor Luis Orlando Medina como propietario del vehículo con el que se ocasionó la muerte señor Bolívar Velásquez y a la sociedad Transportadora del Cauca “Sotracauca” S.A., administradora del mismo, desde el 20 de diciembre de 2001 (Cfr. Folio 95, cuaderno parte civil). La investigación fue cerrada el 22 de septiembre de 2004, decisión que se notificó en debida forma a los interesados. El mérito del sumario se calificó el 7 de abril de 2005 con resolución de acusación en contra del señor Félix Orlando Mosquera 3

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FELIX MOSQUERA IDROBO Idrobo por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en concurso heterogéneo. En firme la resolución de acusación, la actuación fue remitida al Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander del Quilichao el que avocó conocimiento el 21 de junio de 2005 y ordenó correr el traslado de que trata el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 25 de octubre 2005 y en ella el Juez decretó algunas pruebas de oficio. La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo el 14 de febrero de 2006. El

Juzgado Primero Penal del Circuito profirió sentencia de primera instancia el 24 de abril de 2006, en la que condenó al señor Félix Orlando Mosquera Idrobo a la pena principal de 58 meses de prisión como autor responsable de los delitos de lesiones personales y homicidio, ambos culposos. También condenó al procesado y a la Sociedad Transportadora del Cauca al pago de los perjuicios materiales y morales causados con el hecho punible. El 21 de junio de 2006, el despacho judicial corrigió y adicionó la sentencia de primer grado en el sentido de condenar al pago del perjuicios también al propietario del vehículo, señor Luis Orlando Medina Gutiérrez. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el defensor y por el apoderado de los terceros civilmente responsables. Correspondió conocer de la alzada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el que confirmó la condena impuesta en la decisión recurrida. Tan solo revocó lo pertinente al pago de perjuicios a favor de los señores Fredy Hernán Muñoz y Andrés Camilo Muñoz Halaby quienes ya habían resultado beneficiarios en virtud de la sentencia proferida en la jurisdicción civil en la que se decretó la responsabilidad civil extracontractual de Luis Orlando Medina Gutiérrez y Sotracauca. 4

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FELIX MOSQUERA IDROBO Frente a la decisión de segunda instancia el apoderado de la Sociedad Transportadora del Cauca S.A. –SOTRACAUCA-, presentó recurso de casación, que fue sustentado dentro del término legalmente establecido. El Tribunal Superior

concedió el recurso por vía excepcional o discrecional el 6 de marzo de 2008 y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia declaró ajustada la demanda presentada, por lo que ordenó correr traslado a la Procuraduría General de la Nación. Una vez efectuado el correspondiente reparto correspondió conceptuar a esta Procuraduría Delegada para la Casación Penal.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN.

Después de hacer la respectiva identificación de los sujetos procesales y de la sentencia, la síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal, el demandante procedió a esgrimir los argumentos en los que funda el cargo único propuesto, así: Nulidad por violación al debido proceso Dos son las situaciones que según el casacionista resultan violatorias del artículo del artículo 29 de la Constitución Nacional y configuran la quinta causal de casación contenida en el Código de Procedimiento Civil. De un lado, el hecho de haber omitido notificarle al apoderado del tercero civilmente responsable la realización de las audiencias preparatorias y pública, situación ésta que le impidió al tercero civilmente responsable ejercer la defensa de sus intereses y el derecho de contradicción. 5

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FELIX MOSQUERA IDROBO Otra situación que genera nulidad parcial, según el libelista, es el hecho de haber condenado a la sociedad Sotracauca a pagar perjuicios a favor de la menor María José Velásco Pantoja, cuando la demanda presentada por la representante legal de la menor se presentó luego de haberse proferido el cierre de la instrucción,

razón por la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quilichao negó por improcedente la vinculación como terceros civilmente responsables de Luis Orlando Media Gutiérrez y Sotracauca. De conformidad con lo expuesto, el recurrente solicita a la Corte Suprema de Justicia que case la sentencia demandada, por haberse proferido dentro de un trámite viciado de nulidad por afectación al debido proceso y, en su lugar, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la celebración de la audiencia preparatoria.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL.

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto frente a la demanda de casación admitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Aún cuando la demanda no es clara en la forma en que plantea los cargos, salta a la vista que se trata de uno principal y otro subsidiario, ambos formulados por vía de la causal tercera del artículo 207 de la ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 306, numeral segundo, que plantea como nulidad la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. En este sentido, el concepto se ocupará de: (i) Nulidad por violación al debido proceso por falta de notificación; (ii) Nulidad parcial de la sentencia por extemporaneidad en la solicitud de vinculación realizada por uno de los 6

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FELIX MOSQUERA IDROBO perjudicados; (iii) El mérito para la casación discrecional; y, finalmente, concretar

la (iv) Petición a que haya lugar. (i) Nulidad por violación al debido proceso por falta de notificación. Alega el recurrente que el juez de conocimiento omitió notificar al apoderado del tercero civilmente responsable, la decisión por medio de la cual se fijaron las fechas para la realización de la audiencia preparatoria y la audiencia pública. Sobre la carga argumentativa que tiene quien recurre en sede de casación al amparo de la causal de nulidad, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ha establecido: “Del mismo modo, en tratándose de la causal tercera o de nulidad, insistentemente la jurisprudencia [10] ha dicho que los motivos de ineficacia de los actos procesales, no son de postulación libre y que por el contrario, se hallan sometidos al cumplimiento de precisos principios que los hacen operantes. De acuerdo con éstos, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento 7

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(trascendencia); y, además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad). De manera que en sede de casación, no basta con solamente invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado, sino que compete al demandante, precisar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura, y la trascendencia frente al fallo cuestionado. Si lo que se persigue es denunciar la presencia de varias irregularidades, cada una de ellas con entidad suficiente para invalidar la actuación o parte de ella, resulta indispensable que se sustenten en capítulos separados y de manera subsidiaria si fueren excluyentes, pues sólo así puede acatarse la exigencia de claridad y precisión en la postulación del ataque y respetarse los principios de autonomía de los cargos y de no-contradicción”.1 Al revisar la actuación procesal, encuentra esta Delegada que al Dr. Juan Carlos Mosquera, apoderado de la empresa, se le notificó acuciosamente todas las actuaciones surtidas en la etapa de instrucción, incluida la resolución de acusación. Una vez llegó el expediente a la etapa del juicio, efectivamente el despacho envió comunicación al Dr. Juan Carlos Mosquera Martínez, indicándole que se corría el traslado de que trata el articulo 400 del Código de Procedimiento Penal, para que prepara las audiencias preparatorias y públicas (Cfr. Folio 399, cuaderno 2). Una vez vencido dicho término el juez citó a los demás sujetos

procesales para la realización de la audiencia preparatoria, omitiendo comunicar esa fecha al tercero civilmente responsable. Posteriormente, la autoridad judicial fijó fecha para la audiencia pública, providencia que tampoco fue notificada a este sujeto procesal. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto inadmisorio proferido el 2 de diciembre de 2008 dentro del proceso No. 24.897. 8

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FELIX MOSQUERA IDROBO No obstante lo anterior, de acuerdo con los postulados que rigen las nulidades, no basta con la simple constatación de un defecto procesal para su declaratoria, sino que corresponde analizar si ese vicio afectó en forma grave las garantías constitucionales del sujeto procesal o socavó las bases mismas de la instrucción y/o del juzgamiento. Veamos, la empresa SOTRACAUCA fue vinculada en debida forma al proceso penal a partir de la admisión de las diferentes demandas de parte civil que así lo solicitaron, la primera de ellas tuvo lugar el 2 de mayo de 2001; a su apoderado le fue reconocida personería jurídica por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de Santander y, en ejercicio de su derecho de defensa, contestó la demanda indicando en el escrito los medios probatorios que pretendía hacer valer para oponerse a las pretensiones relativas a su responsabilidad, en particular, la inspección judicial al lugar de los hechos y la totalidad de la historia clínica de las personas fallecidas, las cuales fueron practicadas en la etapa de instrucción. Es así como a partir de ese momento, la compañía adquirió la calidad de sujeto procesal surgiendo con ello la posibilidad

de intervenir en la investigación con todos los derechos y garantías necesarios para ejercer la defensa de sus intereses. En la etapa de instrucción la actividad desplegada por el apoderado del tercero civilmente responsable fue permanente, se pusieron en su conocimiento las decisiones allí tomadas, incluso el 17 de febrero de 2004 la Fiscalía reconoció personería jurídica al nuevo apoderado designado por SOTRACAUCA (Cfr. Folio 336, cuaderno 1). Le fue notificado el cierre de la instrucción y este sujeto procesal no se opuso, con lo cual puede concluirse que estaba satisfecho con la actividad probatoria desarrollada hasta ese entonces para la demostración de su defensa, incluso se abstuvo de presentar alegatos previos a la calificación del mérito del sumario. Así mismo, la resolución de acusación le fue notificada personalmente al Dr. Juan Carlos Mosquera, para entonces representante del tercero civilmente responsable (Cfr. Folio 386, cuaderno 1). 9

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FELIX MOSQUERA IDROBO Ahora bien, llegado el proceso a la etapa de juzgamiento, la apertura a juicio tuvo lugar, como lo estipula el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, poniendo el expediente a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince días. En efecto, según la constancia secretarial el Juzgado Primero Penal del Circuito avocó el conocimiento del asunto el 21 de junio de 2005, situación que hizo saber a los sujetos procesales a través de comunicaciones surtidas por

secretaria y que para el caso de apoderado del tercero civilmente responsable fue remitida a la dirección registrada dentro del expediente (Cfr. Folio 399, cuaderno original 1). Nótese que aún cuando el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal no exige ninguna formalidad para realizar el traslado a los sujetos procesales de la iniciación del juicio, al punto que hubiese bastado con que se dejara la constancia secretarial sin que se enviaran las mencionadas comunicaciones para que se entendiera surtido el trámite, el despacho judicial les hizo saber que había iniciado el periodo legalmente establecido para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar nulidades originadas en la etapa de investigación y solicitar las pruebas que estimaran pertinentes. Finalizado el término de traslado común se constató que el apoderado del tercero civilmente responsable no elevó petición alguna. El juez procedió a citar a los sujetos procesales para la realización de la audiencia preparatoria, a través de un auto de mero impulso procesal, que no requiere notificación. Es evidente que la autoridad judicial de manera desafortunada omitió convocar a la parte recurrente para la audiencia preparatoria, sin embargo, advierte esta Delegada que esa situación, en el contexto que se analiza, no tiene la virtud de invalidar la actuación, pues, en dicha diligencia correspondía al juez pronunciarse sobre las nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, las cuales debieron solicitarse previamente por los sujetos dentro del término del artículo 400 10

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FELIX MOSQUERA IDROBO del Código de Procedimiento Penal, periodo procesal en el que el tercero

civilmente responsable se abstuvo de efectuar algún pronunciamiento, de suerte que, la no comparecencia a la audiencia preparatoria, aunque no es la situación deseable, resulta inane para la afectación de sus derechos y garantías fundamentales. En este punto es importante resaltar que las ritualidades procesales son relevantes en la medida que posibilitan el ejercicio concreto de derechos y garantías, no se trata de la instrumentalidad porque si, de suerte que cuando se omiten formalidades pero ellas no afectan sustancialmente a los sujetos, tal situación no tiene la potencialidad de invalidar la actuación. Otro tanto cabe anotar frente a la audiencia de juzgamiento, diligencia para la que tampoco fue convocado el tercero civilmente responsable. Si bien, la providencia que señala día y hora para la celebración de la audiencia pública debe notificarse a los sujetos procesales, según lo establece el artículo 176 de la Ley 600 de 2000, y ese trámite no se surtió respecto del apoderado del tercero civilmente responsable, encuentra esta Delegada que ese bache procesal no cuenta con la trascendencia necesaria para viciar de nulidad la actuación, pues el debate que se dio en el curso de la audiencia de juzgamiento se concretó a la responsabilidad penal del autor, sin ocuparse de pruebas relativas a la responsabilidad del tercero civil. Y es que en todo caso ya desde el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal se hizo evidente que el tercero civilmente responsable conocía de manera cierta y clara el estado del proceso, contó con la oportunidad procesal para solicitar pruebas y participar del debate público en lo atiente a su responsabilidad, le correspondía como sujeto procesal y en cumplimiento de sus

deberes legales y profesionales estar atento al curso del proceso, por lo que no es 11

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FELIX MOSQUERA IDROBO posible alegar en esta instancia que el juicio tuvo lugar de manera sorpresiva o bajo su plena ignorancia2. Resulta evidente que el apoderado del tercero civilmente responsable decidió esperar a que se profiriera la sentencia de primera instancia para cuestionar las valoraciones probatorias hechas por la autoridad judicial, y fue en el escrito de apelación donde expuso sus planteamientos en torno al debate probatorio, los cuales no fueron acogidos por el Tribunal Superior. En este sentido, se dio en el presente evento aplicación al artículo 141 del Código de Procedimiento Penal, pues, el tercero civilmente responsable tuvo los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal y la oportunidad de controvertir las pruebas en su contra, derecho del que dispuso a su arbitrio. En conclusión, aparece con claridad que una vez abierto el juicio, el proceso fue puesto a disposición de todos los sujetos procesales, entre ellos el recurrente, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar nulidades originadas en la etapa de investigación y las pruebas que estimara procedentes, situación que fue puesta en conocimiento del tercero civilmente responsable a través de comunicación, precisamente en aras de garantizar sus derechos, pues, hubiese bastado con que se dejara la constancia en secretaria para darle pleno cumplimiento al debido proceso toda vez que correspondía estar pendiente de la actuación. Ahora bien, aun cuando se omitió comunicarle con posterioridad las fechas fijadas para la realización de las audiencias, tal situación no invalida lo

actuado, por las razones expuestas. Con todo, considera esta Procuraduría Delegada que el cargo propuesto no debe prosperar. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión proferida el 27 de mayo de 2003 dentro del proceso No. 20.831. 12

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(ii) Nulidad parcial de la sentencia por extemporaneidad en la solicitud de vinculación realizada por uno de los perjudicados. Solicita el libelista que se declare la nulidad parcial del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, por cuanto en ella se condenó al tercero civilmente responsable a pagar perjuicios a favor de la menor María José Velasco Pantoja, sin advertir que el juez de conocimiento negó la vinculación de la empresa SOTRACAUCA que se solicitó en la demanda de parte civil presentada a su nombre, por tratarse de una petición extemporánea. Al revisar la actuación procesal encuentra esta Delegada que el accidente de tránsito objeto de la presente investigación, generó una serie de perjuicios a un grupo considerable de personas, por muerte y lesiones personales. Algunos actuaron dentro del proceso penal de manera conjunta y otros de manera separada, así se presentaron varias demandas de parte civil solicitando la vinculación de la empresa SOTRACAUCA como tercero civilmente responsable. En concreto, la demanda de constitución de parte civil a nombre de la menor María José Velasco Pantoja se presentó el 23 de junio de 2006, esto es, encontrándose el proceso en la etapa del juicio, pues, recuérdese que la

resolución de acusación tuvo lugar el 7 de abril de 2005 y quedó en firme el 2 de junio de ese mismo año. El Juzgado Primero Penal de Circuito resolvió sobre la solicitud en auto del 8 de agosto de 2006, por medio del cual admitió la demanda de parte civil pero negó, por improcedente, la vinculación como tercero civilmente responsable de la Sociedad Transportadora del Cauca –SOTRACAUCA-, dando aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, la vinculación del tercero civilmente responsable puede solicitarse hasta antes de que se profiera la providencia que ordena el cierre de la investigación (Cfr. Folio 55, cuaderno 1, parte civil). Teniendo en cuenta que la Fiscalía Cuarta Delgada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santander de Quilichao declaró cerrada la investigación el 22 de 13

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FELIX MOSQUERA IDROBO septiembre de 2004, la solicitud de vincular al tercero civilmente responsable realizada el 23 de junio de 2006 resultaba extemporánea, por esa razón el juez de conocimiento se limitó a aceptar la constitución de parte civil y negó la vinculación del tercero civilmente responsable requerida a instancias de este perjudicado. Diferente ocurrió con las solicitudes realizadas por otros perjudicados antes del cierre de la investigación, frente a quienes la Fiscalía en su momento si ordenó la vinculación de la mencionada compañía como tercero civilmente responsable. Es así como, salta a la vista que la empresa SOTRACAUCA no fue vinculada como tercero civilmente responsable a instancias de María José Velasco Pantoja,

por ello, esa compañía no se encuentra en la obligación de indemnizar los perjuicios a los que fue condenada a favor de esa menor. Así las cosas, para esta Delegada resulta incuestionable que condenar al tercero civilmente responsable al pago de unos perjuicios a favor de la menor habiendo sido negada la vinculación solicitada en su nombre por improcedente, conculca los derechos de la empresa, en especial el debido proceso y el de defensa, pues a partir del proferimiento de la resolución a través de la cual se clausuró la investigación precluyó la posibilidad de ser nuevamente demandada civilmente y en consecuencia de ser condenada al pago de perjuicios que se reclamaran con posterioridad. Así, aunque la empresa SOTRACAUCA fue correctamente vinculada como tercero civilmente responsable respecto de la mayoría de los perjudicados, frente a quienes la condena debe mantenerse incólume, no ocurre así con la menor María José Velasco Pantoja, pues la vinculación por ella pedida a través de su apoderada no tuvo éxito por extemporánea, por tanto, aunque la compañía gozaba de la calidad de sujeto procesal a solicitud de los demás perjudicados, se hacía necesaria la correcta vinculación por parte de la menor Velasco Pantoja para que pudiera reclamar indemnización de perjuicios en su favor. 14

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FELIX MOSQUERA IDROBO Asiste razón al recurrente cuando advierte que la condena al pago de los perjuicios producidos a María José Velásco Pantoja debió recaer únicamente en cabeza del procesado, sin que pueda involucrarse solidariamente al tercero civilmente responsable, lo que es también aplicable al señor LUIS ORLANDO

MEDINA GUTIERREZ, en su calidad de propietario del vehículo. Con respecto a la importancia que tiene los parámetros legalmente establecidos para la vinculación de los terceros civilmente responsables en el proceso penal y la repercusión de tal normatividad en sus derechos y garantías constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha dicho: “Debe recordarse que los presupuestos legales que deben rodear la vinculación del tercero civilmente responsable no son meramente formales ni accesorios. Por el contrario, las exigencias previstas en los artículo 69 y 70 del Código de Procedimiento Penal contienen un alcance constitucionalmente sustancial con el fin de que ese tercero adquiera en debida forma y de manera oportuna el carácter de parte y, en consecuencia, recaiga en él los mismos derechos y facultades de cualquier sujetos procesal, según así lo impone el artículo 141 ibídem, esto es, que a partir de su vinculación y debida notificación esté en capacidad de contestar la demanda, solicitar las pruebas y controvertir aquellas que se aduzcan para derivarle responsabilidad, interponer los recursos, oponerse a las pretensiones de la contraparte, presentar alegaciones, etcétera. De ahí que el legislador, con el fin de garantizar los derechos del tercero civilmente responsable, previó su vinculación hasta antes de que se profiera la providencia que ordena el cierre de la investigación, según así lo preceptúa el artículo 69 de la Ley 600 de 2000 , creándose de esa manera una caducidad en el término del ejercicio de la acción civil en contra del citado tercero, con el fin de evitar sorprendimientos que afecten garantías

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FELIX MOSQUERA IDROBO esenciales como la igualdad, la lealtad, el debido proceso y el derecho de defensa”3. Con lo expuesto basta para concluir que condenar a SOTRACAUCA al pago de los perjuicios de María José Velásco Pantoja constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa de la sociedad transportadora, por ello es imperativo casar parcialmente el fallo, a fin de que se revoque en lo pertinente, consecuencia que también tiene efectos frente al señor Luis Orlando Medina Gutiérrez. Nótese que aunque el libelista planteó dentro de un mismo cargo dos nulidades que debían estudiarse por separado y que, de prosperar, tenían efectos invalidantes diversos, como se indicó al principio, la nulidad aquí planteada correspondería a un cargo subsidiario, y, en concepto de esta Delegada, sólo esta última censura tiene vocación de prosperidad. En este sentido, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casar parcialmente la sentencia recurrida a fin de que se revoque la condena indemnizatoria solidaria impuesta al propietario del vehículo Luis Orlando Medina Gutiérrez y a la Sociedad Transportadora del Cauca S.A. –SOTRACAUCA-, respecto de la menor perjudicada MARIA

JOSÉ VELÁSCO PANTOKA.

(iii) Del mérito para la casación discrecional. En principio, atendiendo al máximo de la pena señalada en el Código Penal para el delito de homicidio culposo, frente a la sentencia proferida por el Tribunal 3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.