PGN - NULIDAD - Violación al debido proceso por haberse omitido notificar a la parte civil

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente:

Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

E. S. D.

Ref: Casación Rad. 28.567

Procesado: Alberto Carlos Montejo Gutiérrez

Delito: Homicidio culposo Señores Magistrados: El 17 de noviembre de 2004 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, condenó a Alberto Carlos Montejo a las penas principales de 36 meses de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos automotores por el lapso de 3 años, como autor del delito de homicidio culposo. Como accesoria le impuso la de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad. Igualmente condenó al procesado y a la empresa Coordinadora Mercantil S.A., como tercero civilmente responsable, al pago solidario de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales, en favor de Gloria Betsy Mazenett Mena, en su condición de madre del occiso.

Este fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Santa Marta, el 12 de diciembre de 2006, pero modificado en los numerales 2º y 3º en el sentido de condenar solidariamente a Alberto Carlos Montejo Gutiérrez y a la empresa Coordinadora Mercantil S.A., como tercero civilmente responsable, al pago de perjuicios morales subjetivos en el término de tres meses a favor de Gloria Betsy Mazenett Mena y Alberto de Jesús Rodríguez Akle, padres del occiso, en 200

s.m.l.m vigentes, a la fecha de pago en favor de cada uno de ellos y de Ligia Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Patricia, José Luis y Yasser Camilo, hermanos del occiso, en 100 s.m.l.n. vigentes a la fecha del pago, para cada uno. Inconformes con el fallo, el defensor de Alberto Carlos Montejo Gutiérrez y el apoderado de la Sociedad Coordinadora Mercantil, S.A., en su condición de tercero civilmente responsable, presentaron demandas de casación, de las cuales solo la segunda fue declarada ajustada a la ley, razón por la cual corresponde a la Procuraduría emitir concepto sobre su viabilidad.

1. SITUACIÓN FÁCTICA Reseñada dentro de la actuación en los siguientes términos: “Sucedieron el día 12 de junio de 2002, siendo aproximadamente las 7:30 de la noche en la vía que de Barranquilla conduce al municipio de Ciénaga (Magdalena) cuando a la altura del kilómetro 53 mas 120 metros colisionaron los vehículos camión internacional de color blanco de servicio público de placas TND-640, afiliado a la empresa COORDINADORA MERCANTIL, S.A., conducido por ALBERTO CARLOS MONTEJO GUTIÉRREZ y el vehículo Mazda 323 de color gris de placas EUU-671, conducido por ALBERTO JAVIER RODRIGUEZ MAZENETT, quien pereció en el lugar de los hechos”. 2.- DEMANDA El apoderado de los intereses de la Sociedad Coordinadora Mercantil S.A., en su

calidad de tercero civilmente responsable presenta dos cargos en contra de la condena proferida por el Tribunal de Santa Marta. Reseña los motivos en que sustenta la demanda por vía excepcional concretándolos en la violación de la garantía al debido proceso porque el Tribunal admitió demanda de parte civil y su correspondiente reforma en contra de la Coordinadora Mercantil S.A., poco antes de dictar sentencia de segundo grado, con claro desconocimiento del artículo 69 del C. de P. Penal, lo que torna en inane la condena en perjuicios. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Así mismo, considera desconocido el debido proceso por la ausencia de la notificación personal de la mencionada Coordinadores Mercantil S.A., lo que conduce a afirmar que no ha adquirido la condición de parte demandada, volviendo inadmisible cualquier condena en su contra. 2.1. Primer cargo Al amparo de la causal tercera de casación demanda la sentencia por estimar que se dictó en un juicio viciado de nulidad, dada la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Para el recurrente la admisión por parte del Tribunal de la demanda de parte civil interpuesta por los señores Ligia Patricia Rodríguez Mazanett y Alberto de Jesús Rodríguez Akle, quien actuó en su propio nombre y en representación de los menores José Luis y Yasser Camilo Rodríguez Mazenett contra la Coordinadora Mercantil S.A., y la consecuente condena en perjuicios a favor de los antes

mencionados y en contra del tercero civilmente responsable, trasgresión al debido proceso que se deriva del desconocimiento de los artículos 69 y 141 del C. de P. Penal, Ley 600 de 2000, cuando debió rechazarse por extemporánea por cuanto solo es posible formular demanda en parte civil en contra del tercero civilmente responsable antes del cierre de investigación, condición de procesabilidad de la acción, o en términos civiles, un presupuesto procesal de no caducidad. Recuerda además que el ejercicio de la acción civil en el proceso penal de manera tardía afecta la defensa del tercero civilmente responsable. Señala que avocado por el Tribunal el conocimiento de la actuación el 14 de enero de 2005, de manera sorpresiva y además tardía los demás perjudicados se constituyeron en parte civil el 1º de septiembre de 2006 , esto es, 4 años y 2 meses después de ocurridos los hechos. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Indica que la Fiscalía cerró la investigación el 25 de marzo de 2003, período en el cual actuó abogado como apoderado de la madre del occiso, tiempo que también tuvieron las otras víctimas para formular la respectiva demanda. Precisa que el debido proceso está constituido por la sumatoria “de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad y el lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de la legalidad y del juez natural, limitados en el tiempo, en el

espacio y en el modo”. Sostiene que la plenitud de las formas de cada juicio se traduce en la carga procesal que tienen las partes de realizar ciertos actos procesales, en especial el momento en el que se puede presentar demanda de parte civil y vincular al tercero civilmente responsable, al tiempo que es obligación del operador jurídico hacer respetar los términos con los que cuentan los sujetos procesales para realizar los mencionados actos, so pena de aplicar sanciones, pues se deben salvaguardar los derechos fundamentales por cuanto una demanda extemporánea sin posibilidad de controversia probatoria deriva en una acentuada desigualdad y desventaja para el demandado, se afecta el derecho fundamental a la defensa y se erige en factor de inseguridad jurídica, pues los términos son una especial forma de racionalizar el desarrollo de la actuación procesal, pues además de quebrantar la seguridad jurídica se desconoce el carácter público de ciertas instituciones como lo es la caducidad. El artículo 141 de la ley 600 de 2000 establece que el tercero civilmente responsable tiene los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal y no puede ser condenado en perjuicios cuando no se haya notificado debidamente ni se le haya permitido controvertir las pruebas en contra. Señala además que el artículo 69 ibídem establece un límite temporal para interponer la demanda de parte civil contra el tercero civilmente responsable y se erige como causal de caducidad de la acción civil en el proceso penal que se debe presentar antes de la clausura de la investigación. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. Tras reseñar los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la tardía vinculación del tercero civilmente responsable y la caducidad, sostiene que aún cuando el artículo 47 de la ley 600 de 2000 establece que la oportunidad para constituirse en parte civil fenecer antes de proferirse sentencia de única o primera instancia, en el presente asunto cuando se promovió la demanda contra la Coordinadora Mercantil S.A., el 1º de septiembre de 2006 La Corte Constitucional, mediante sentencia 760 del 18 de julio de 2001 ya había declarado inconstitucional la expresión “y hasta antes de que se profiera sentencia de única o de segunda instancia”, esto es, 5 años antes de la mencionada vinculación lo que obligaba a hacer una integración normativa con lo previsto en el artículo 69 que fijaba la oportunidad para constituirse en parte civil en contra del tercero civilmente responsable hasta antes del cierre de investigación, pese a lo cual el Tribunal Superior admitió la demanda guardando silencio sobre tan clara preceptiva, razón por la cual no puede ser legítima ni legal la condena dispuesta en contra de la compañía Coordinadora Mercantil S.A., por cuanto fue vinculada cuando había precluído la oportunidad para ello. Lo anterior violó flagrantemente el debido proceso al admitir una demanda que era impróspera ante el fenómeno de la caducidad, que determina el derecho de acción, que opera de pleno derecho y no es de libre disposición del operador jurídico, por lo que recuerda lo sostenido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en torno a los términos procesales.

Para el censor la inobservancia de la caducidad trajo como consecuencia la sentencia condenatoria en contra de la Coordinadora Mercantil SA., en los montos ahí establecidos, conculcando el derecho a solicitar pruebas y a contradecirlas, en especial para rebatir el monto de los perjuicios establecidos por el accionante, pues pese a que el tercero civilmente responsable había sido vinculado antes del cierre de investigación frente a la demanda formulada por la madre del occiso, ello de manera alguna justificaba el quebrantamiento del debido proceso, pues se trata de un demandante distinto y una relación procesal diferente, que no puede extenderse a otros demandantes que injustificadamente renunciaron tácitamente Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. al derecho de acción que les asistía en el derecho penal, pues negligentemente permitieron que precluyera el término para formular la demanda. Por lo anterior estima que se debe anular el numeral 2º de la sentencia de segunda instancia única y exclusivamente frente a la condena que en perjuicios morales se profirió en contra de Coordinadora Mercantil S.A. y a favor de Alberto de Jesús Rodríguez Akle, por la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de Ligia Patricia, José Luis y Yasser Camilo Rodríguez Mazenett, por la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno y dejar incólume la condena en contra de Coordinadora Mercantil S.A., dictada a favor de la señora Gloria Betsy Mazenett Mena, quien oportunamente se constituyó en

parte civil. Estima que esta decisión consulta la legalidad y la justicia material en consideración a que retrotraer el proceso a otra etapa para permitirles a los perjudicados que interpongan oportunamente la demanda de parte civil es generar un premio para quien no atendió la carga procesal de ejercer la acción civil oportunamente y desconocer la operancia de la caducidad de la acción civil en el proceso penal, pues a los antes mencionados aún les asiste el derecho de la acción civil ante dicha jurisdicción. Por lo anterior solicita casar parcialmente el fallo en el sentido indicado en precedencia por cuanto la demanda de parte civil se formuló extemporáneamente. 2.2. Segundo cargo Al amparo de la causal tercera, demanda el censor la sentencia por estimar que fue dictada en un juicio viciado de nulidad, como consecuencia de la violación del debido proceso. Sostiene que se omitió notificar personalmente a la empresa “Coordinadora Mercantil S.A.”, del auto de 27 de septiembre de 2006, mediante el cual se admitió la demanda presentada a nombre de los señores Ligia Patricia Rodríguez Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Mazenett y Alberto de Jesús Rodríguez Akle, éste último actuando en nombre propio y en representación de los menores José Luis y Yasser Camilo Rodríguez Mazenett en contra del tercero civilmente responsable. Que se pretermitió igualmente, el traslado del escrito de la demanda y su reforma, lo que llevó a que

la Coordinadora Mercantil SA careciera de la condición de parte frente a los demandantes por la ausencia de la notificación, por lo que el Tribunal no podía vincularlo y condenarlo, como consecuencia de haber desconocido el artículo 69 del C. de P. Penal. Tras reseñar las actuaciones procesales presentadas después de proferida la sentencia de primera instancia, señala que el Tribunal luego de haber admitido la demanda y la reforma envió telegrama para notificar al representante legal, sin que dentro de la actuación obre constancia de haber sido recibido, luego y transcurridos dos meses dictó sentencia adversa en contra de la Coordinadora Mercantil S.A., condenando al pago de cuantiosa indemnización a favor de personas que habían demandado el primero de septiembre de 2006, es decir, sin ser oídos y vencidos en juicio frente a las pretensiones concretas de los últimos demandantes. Reseña pronunciamiento de la Corte en el que se precisa la inexcusable obligación de notificar personalmente, no por estados, lo que tampoco se hizo, del auto admisorio de la demanda a los terceros civilmente responsables y correlativa entrega de la copia de la misma, la que de no lograrse debe recurrirse a la notificación supletoria prevista en el procedimiento civil, a través de curador ad litem, que en el proceso penal adquiere la condición de defensor de oficio, pese a lo cual, esta actuación no se realizó por la segunda instancia y por el contrario, se dictó sentencia. Considera que ante la inexistencia de notificación, el fallo de segundo grado no puede alcanzar con sus efectos a la empresa Coordinadora Mercantil S.A., frente

a las aspiraciones indemnizatorias de los ya mencionados, por no haber adquirido la calidad de sujeto procesal. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Radica la vulneración del debido proceso en que se condenó a alguien que no tenía la calidad de sujeto procesal, dada la inexistencia de notificación personal a la empresa Coordinadora Mercantil S.A., de manera que los extremos de la litis frente a las pretensiones jamás se trabaron, por lo que no era posible condenarlos a cancelar suma alguna. Sostiene que se debe dejar sin efectos la condena dispuesta en contra de Coordinadora Mercantil S.A., a favor de los señores Alberto de Jesús Rodríguez Akle, Ligia Patricia, José Luis y Yasser Camilo Rodríguez Mazanett dejando incólume la condena dispuesta a favor de la señora Gloria Betsy Mazenett Mena, quien se constituyó oportunamente en parte civil y su libelo fue notificado personalmente al tercero civilmente responsable. Solicita casar parcialmente la sentencia para dejar sin efectos la condena en perjuicios ordenada en contra de la empresa y a favor de los antes mencionados, atendiendo a que el auto admisorio de la demanda de parte civil no fue notificada personalmente al representante legal de la compañía “Coordinadora Mercantil S.A.” y en consecuencia no se trabó la litis frente a dichos demandantes.

3. ALEGATOS DE NO RECURRENTES Es de señalar que aún cuando concurre en esta condición la apoderada judicial de

la señora Gloria Mazenet Mena, parte civil dentro del proceso, su escrito hace exclusiva referencia a la demanda presentada por el apoderado del sindicado, que fue inadmitida, razón por la cual la Procuraduría se abstendrá de hacer referencia a ella. 3.1. También hizo uso del traslado a los no recurrentes el apoderado de la parte civil que representa los intereses de Alberto de Jesús Rodríguez Akle, José Luis Rodríguez Mazenett, Ligia Patricia y Yasser Camilo Rodríguez Mazenett Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. En cuanto a este escrito la Delegada se remitirá exclusivamente a las consideraciones que atañen a la demanda admitida. Estima que el apoderado del tercero civilmente responsable interpuso oportunamente el recurso extraordinario excepcional de manera simple e inmotivada sin exponer las razones por las cuales habría de admitirse la demanda y la relación que una de las dos causas legales guardarían con algún motivo de casación y sin que presentara escrito de sustentación dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia, los cuales vencieron aparentemente el 19 de marzo de 2007, aún cuando luego el Tribunal extendió el trámite al dar traslados individuales adicionales al común que ya había corrido, según se desprende de la constancia del 16 de febrero de ese año y durante estos traslados el recurrente no presentó escrito adicional. Indica que el apoderado del tercero presentó demanda el 18 de mayo, recibida en

la secretaría del Tribunal de Santa Marta el 23 de mayo, fechas que están fuera del término de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia, aunque si están dentro de los 30 de traslado inicial (aparentemente común), que se otorgó el 27 de abril de ese mismo año para que los impugnantes presentaran las demandas y aún cuando el apoderado del tercero si se refiere a la motivación especial de la casación discrecional, la sustentación es extemporánea porque no la presentó dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia. No obstante lo anterior el Tribunal admitió el recurso y ordenó su trámite legal por auto de sustanciación que tampoco motivó, ni mencionó si se expusieron o no algunas de las circunstancias para recurrir por vía excepcional. Considera que a pesar de estar mal interpuesta la demanda fue admitida, cuando el recurso debió declararse desierto ante la falta de sustentación de las razones por las cuales se interponía la demanda excepcional. Para el no recurrente la demanda se dirige a normas instrumentales cuya lesión, de haberse presentado, no comporta la nulidad del juicio, a lo sumo una irregularidad que no afectó la estructura del debido proceso, ni imposibilitó la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. defensa del demandado, quien ya había sido reconocido como sujeto procesal, había contestado la demanda de constitución de parte civil e intervenido en el proceso de muchas formas y con todas las garantías. Señala que se agregaron

nombres de nuevos acreedores solidarios de la misma obligación indemnizatoria que invocan en su favor los mismos hechos y las mismas pruebas acopiadas a lo largo de la actuación. Estima que el tercero civilmente responsable ya era sujeto procesal y había intervenido de manera proactiva, cuando se le reconoció personería de parte civil al progenitor y los hermanos del interfecto, sin que interpusiera recurso alguno contra dicha decisión, aduciendo ahora que no le fue notificada, pese a que fue citado telegráficamente a la dirección que él suministró, considerando que el debido proceso no le fue vulnerado. El auto admisorio de personería sustantiva de la parte civil fue notificado por estado no habiendo comparecido el tercero para notificarse personalmente. Señala que la presentación y reconocimiento de la parte civil puede surtirse en cualquier estado del proceso antes de la sentencia de segundo grado en razón a que las normas que fijaban como término el cierre de la investigación o la citación en el juicio para audiencia preparatoria fueron declarados inexequibles, pues así lo ha declarado la Corte con fundamento en el artículo 45 del decreto 2700 de 1991 que es la que se aplica ante la declaratoria de inexequibilidad de las que intentaron establecer límites temporales conforme a las sentencias C-228 del 3 abril de 2002 y C-760 del 18 de julio de 2001. Aduce que el auto del 27 de septiembre de 2006, proferido por el Tribunal Superior, emitido poco antes del fallo de segunda instancia, no es ilegal pues simplemente reconoce que las llamadas nuevas demandas de parte civil provenientes de los perjudicados que no habían formalizado su pretensión (padre

y hermanos menores del occiso fueron presentadas dentro del término de ley y satisfacen los requisitos formales. Que en el proceso se sabía de la existencia de dichas personas y del mal irreparable que se les había ocasionado y la prueba de Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. responsabilidad del acusado ya se había acopiado, destacando la participación del tercero civilmente responsable, quien además tuvo la legítima y efectiva posibilidad de hacerlo. Para el censor no es exacto que la solicitud del padre y de los hermanos del interfecto realizada en el curso de la segunda instancia del juicio, entrañe la presentación de nuevas demandas civiles, pues se trató de complementar la personería sustantiva en una demanda ya admitida, no obstante de admitirse que se trata de nuevas demandas las mismas no fueron extemporáneas en razón a que el ordenamiento legal vigente, esta demanda procede en cualquier momento procesal, desde luego con anterioridad a la sentencia definitiva, adicionalmente a que no es verdad que el auto admisorio de esas nuevas pretensiones o de estas nuevas personerías deba notificarse personalmente al tercero que ya ha sido reconocido y que ha venido actuando como sujeto procesal desde la fase instructiva, a quien se ha citado de modo regular para ser notificado y quien finalmente fue enterado de la decisión por medio de la notificación en estado. Recuerda además el abogado, que las obligaciones indemnizatorias del tercero frente a los perjudicados directos con el homicidio son solidarias y por lo tanto en

nada se desmejora su situación de fondo, pues al propio recurrente se le ocurre que los afectados pueden acudir a la vía civil ordinaria. Señala que atendiendo a que el tercero civilmente responsable lo que objeta es la cuantía de la indemnización debió elaborar una demanda conforme a las normas del procedimiento civil, por lo que su demanda resulta inepta al no atender tales lineamientos. Recuerda que el tercero venía condenado en primera instancia a pagar 1.000 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios morales subjetivos, en tanto que la segunda instancia lo condenó a 700 salarios solidariamente, frente a varias personas y no en relación con una sola, por lo que estima que el sujeto procesal carece de interés para recurrir el fallo que lo favorece, pues los recursos por definición existen para remediar agravios. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Para el no recurrente, ni la recepción tardía de una demanda civil frente a un tercero que ya está reconocido como parte en el proceso, ni la falta de notificación personal de un auto que se notificó legalmente por estado y no fue impugnado, son circunstancias previstas en la legislación vigente como motivos de nulidad y tampoco como circunstancia fundante de irresponsabilidad civil total o parcial. Solicita se desestime la demanda por considerar que no se funda en fallas reales del proceso, que lo vicien en su validez.

5.- CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 5.1. Primer cargo. Nulidad Con fundamento en la causal tercera de casación el censor acusa la sentencia de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad ante la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. La inconformidad la hace consistir en que al haber admitido la segunda instancia la demanda de parte civil presentada por los señores Alberto de Jesús Rodríguez Akle, Ligia Patricia, José Luis y Yasser Camilo Rodríguez Mazenett, contra la Coordinadora Mercantil S.A., y la consecuente condena en perjuicios de los antes mencionados y en contra del tercero civilmente responsable, vulneró el debido proceso por desconocimiento de los artículos 69 y 141 del C. de P. Penal, pues debió rechazarse por extemporánea en razón a que solo era posible presentarla hasta antes del cierre de investigación, decisión con la que se afectó el derecho de defensa del tercero civilmente responsable. Cuando por vía excepcional se intenta la casación, ello requiere no sólo que se trate de una sentencia de segundo grado y que la conducta punible sea sancionada con privación de la libertad inferior a la pena exigida para la casación ordinaria, cuyo máximo debe exceder los 8 años, sino que también se hace necesario que el impugnante cumpla con la carga de fundamentar los motivos por Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. los cuales considera se ha desconocido una garantía fundamental o porque la

estima importante para el desarrollo de la jurisprudencia, restringiéndose a estos eventos la admisibilidad de esta extraordinaria forma de casación. Se tiene entonces que cuando se trata de la violación de un derecho fundamental, el casacionista debe argumentar de manera lógica evidenciando el desacierto que reclama, demostrando en consecuencia, el desconocimiento de una garantía por quebrantamiento de la estructura del debido proceso o por la violación de un derecho fundamental, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreto conculcamiento con la sentencia, carga esta con la que cumplió el recurrente. Adicionalmente la demanda debe atender las reglas técnicas de formulación y demostración del cargo, según la causal invocada y el modo de violación de la ley sustancial señalado, en consideración a que el recurso es de naturaleza extraordinaria y rogada. A pesar de que la causal tercera a la que recurre el impugnante, no demanda una técnica tan depurada como las restantes causales de casación, no es ajena a los rigorismos técnicos que gobiernan el recurso extraordinario y no puede equipararse a un escrito de libre formulación en su enunciado y desarrollo, por el contrario, es exigible en su presentación señalar con claridad y precisión cuál es la garantía desconocida, fundamentar el sustento de la inconformidad, la trascendencia de la misma y el estado procesal desde el cual resulta afectada la actuación. Si de reclamar por las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso se trata, adecuado resulta proponer el cargo por la vía de la nulidad, no obstante

dicha alegación no solo impone evidenciar la irregularidad sino señalar la trascendencia que la misma tiene de cara a la legalidad de la actuación, aspecto que atendió el impugnante al concluir en su disenso que al haberse admitido la demanda de parte civil en contra de la Coordinadora Mercantil S.A., se impidió la posibilidad de que el tercero controvirtiera las pruebas allegadas y discutiera la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. cuantía a la que posteriormente fue condenado, radicando la trascendencia en que se condenó a pagar a la Coordinadora Mercantil S.A., en favor del padre y los hermanos del occiso 500 s.m.l.m.v., lo que no se habría presentado, de haberse rechazado in límine la demanda por haber precluído el término para ello. Como quiera que el libelo exhibe, en concepto de la Delegada, la fundamentación técnica que demanda una censura por nulidad cuando se estima que existen irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez que el censor cumplió con precisarla, fundamentó de manera apropiada su argumentación, reseñó las disposiciones que fueron desconocidas y señaló la trascendencia de su inconformidad de cara al fallo impugnado, precisando la etapa procesal desde la cual debe nulitarse la actuación, es del caso pronunciarse sobre la viabilidad o no de los cargos propuestos. El artículo 29 de la Constitución consagra como derecho fundamental el del

debido proceso, y expresa que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y ante juez o tribunal competente. La trasgresión de este mandato se sanciona con la nulidad, siempre y cuando las irregularidades que se presenten no se hayan convalidado dentro de la actuación, conforme a los principios señalados por el artículo 310 del

C. P. P., toda vez que el debido proceso tiene la misión de encausar el poder punitivo del estado, en orden a conferirle racionalidad y legitimidad.

En efecto, el Estado ejercita la facultad de investigar, juzgar y sancionar las conductas ilícitas prohibidas por el ordenamiento jurídico, pero tal potestad en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria toda vez que la ley establece los parámetros que se deben atender para su adelantamiento en virtud de lo cual a ellas deben sujetarse las actuaciones del Fiscal, del Juez y de las partes, quienes además, deben observar los principios constitucionales como presupuesto de validez de los actos del proceso. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 14 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. De otra parte y en punto de la legitimidad e interés que le asiste al tercero civilmente responsable para acudir a este extraordinario recurso, se encuentra facultado, entre otras posibilidades para: Censurar la temática alusiva a los perjuicios, evento en el cual debe regirse por la cuantía y las causales que

reglamentan el recurso de casación en el ámbito civil, así mismo de reclamar por la protección de sus garantías fundamentales a través de la casación por vía ordinaria o discrecional, sin sujeción a la cuantía de la indemnización.