PGN - RECURSO DE APELACION - Procede el rechazo cuando carece de sustentación

ACOSO LABORAL-Archivan al no encontrar irregularidad por parte del Capitán de Corbeta contra subalterno RECURSO DE APELACIÓN-Procede el rechazo cuando carece de sustentación Esta Sala observa primeramente, que el escrito con que se sustenta la apelación tiene serios vicios en relación con su precisión, situación que bordea la posibilidad de rechazo del recurso por carencia de sustentación; no obstante ello, y en aras de brindar el máximo de oportunidad de intervención al ciudadano que acude a la administración de justicia disciplinaria en calidad de quejoso, se analizarán los puntos de impugnación que emerjan con algún grado de claridad. AUTO INHIBITORIO-Decisión de plano/AUTO INHIBITORIO-Se profiere ante la vaguedad o ambigüedad de la queja Respecto del tercer punto, en el que se esbozan algunas alegaciones genéricas en torno a la decisión de inhibición proferida el 4 de mayo de 2007 apreciamos, en primer lugar, que aquella resulta formalmente incontrovertible, es decir inapelable por el quejoso, dado que la Ley disciplinaria la dotó de dicha intangibilidad al manifestar que tal clase de decisiones proceden ante la presencia de unas determinadas causas (entre las que está la vaguedad o ambigüedad de la queja), y se emiten de plano (parágrafo 1 del artículo 150 del CDU). En segundo término, a pesar de esa limitación que nos impide revisar las evaluaciones efectuadas allí, de todos modos hallamos además que los presupuestos sobre los cuales se decretó la aludida decisión inhibitoria resultan adecuados, atendiendo la falta de concreción e intrascendencia de lo planteado inicialmente en la queja.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 50 Radicación No 161-4169 (022-149770-2006) Disciplinado Capitán de Corbeta (C.C.) DENISE YANIRA BARRIOS

ROMERO.

Cargo y Entidad Jefe de Asuntos Disciplinarios y Procesos Fiscales de la Armada Nacional.

Quejoso ANDRÉS HUMBERTO VÁSQUEZ ÁLVAREZ.

Fecha queja 10 de octubre de 2006. Fecha hechos Septiembre de 2006. Asunto Apelación Archivo Definitivo

P.D. Ponente: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, procede esta Sala Disciplinaria, a instancias de la apelación interpuesta por el quejoso, a revisar la providencia suscrita el 2 de abril de 2009 por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares con la que resuelve decretar el archivo de la indagación preliminar a favor de la Capitán de Corbeta DENISE YANIRA BARRIOS ROMERO, respecto de uno de los hechos manifestados en la queja, consistente en haber atado al quejoso a la silla de trabajo de aquel, en la oficina en la que ambos laboraban, cuando dicho denunciante era su subalterno.

1. Antecedentes.

1.1. Queja. Con escrito del 10 de octubre de 2006, el hoy apelante interpone una queja por

presunto acoso laboral (fls. 2-7) en la que aborda la siguiente temática: - Comienza por relatar una extensa cantidad de hechos (nos referimos a los 20 primeros) en los que enuncia las circunstancias de su vinculación laboral y el sistema de reparto de trabajo en la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Procesos Fiscales de la Armada Nacional, sin llamar la atención sobre alguna irregularidad en especial. - Luego menciona un caso en especial respecto del cual tampoco efectúa ningún énfasis sobre alguna posible irregularidad, en el que reseña que en su calidad de asesor de la oficina mencionada en el párrafo anterior, bajo las órdenes de la disciplinada, entregó a ésta un proyecto de auto interlocutorio para remitir a la Contraloría General de la República un negocio por la pérdida de unos objetos o efectos del Comando de Guardacostas del Amazonas. Sobre dicho proyecto dice que al parecer su superior estuvo en desacuerdo porque consideró que los hechos allí evaluados eran de competencia del Segundo Comando de esa Fuerza Militar pero no del Órgano de Control Fiscal, y que además de no suscribirlo, la CC BARRIOS ROMERO advirtió que el fenómeno prescriptivo había operado sobre el caso en particular, y que al haber permanecido inactivo en poder del quejoso por más de un año, debía disciplinarse por ello al señor VÁSQUEZ ÁLVAREZ. - El quejoso expone también que tanto la CC BARRIOS ROMERO como la Inspección General de la Armada Nacional le oficiaron haciéndole exigencias acerca del trámite de un mínimo de proyectos en los procesos que tenía a su cargo,

obligación la cual, da a entender, no le era posible atender simultáneamente con otras propias del cargo. Allí sostiene que le informaron que le iban a revisar los procesos que componían su carga laboral, que le impusieron plazos para fallar investigaciones y que esa situación le hacía intuir una afectación de su hoja de vida, circunstancias éstas que incluso fueron las que motivaron su renuncia. - Manifiesta así mismo que la Capitán Barrios le prohibió desempeñar una de las funciones propias del Manual de Funciones y Requisitos para su cargo, consistente en asesorar a los funcionarios de instrucción y fiscales dentro de investigaciones administrativas, hecho que complementa con una circunstancia no fácilmente inteligible en la redacción propuesta, que señala que se le “prohibía fungir como secretario ad-hoc, porque me (se) podría ver incurso en una inhabilidad dentro de las mismas, siendo que tal argumento fue argüido por el suscrito (el quejoso) dentro de la investigación a la que se hizo alusión relacionada con las novedades presentadas en el Comando de Guardacostas del Amazonas” . (El texto entre paréntesis es nuestro). - Expresa igualmente que la señora CC BARRIOS ROMERO lo amarró a la silla de su puesto de trabajo y lo puso en burla de sus compañeros por no permanecer en su puesto las ocho horas laborales. - Efectúa además en la queja, unas precisiones en torno al concepto de acoso laboral al cual identifica como humillación o sometimiento de los jefes para con lo subalternos. - Después de ello pasa a criticar el que se sostuviera que el Teniente de Corbeta

ALEJANDRO MOJICA era quien “sacaba la cara” por su oficina y que “si se requiere que los abogados vengan a trabajar los sábados, domingos y festivos lo tienen que hacer. Si tienen que trasnochar háganlo…” (hecho 42, fl. 6). Estas últimas aseveraciones, se expresan en la queja sin indicar quién las sostenía. Sin embargo, le sirven de base para preguntar por qué su jefe (la CC BARRIOS ROMERO) no tenía procesos a cargo. - Por otro lado, encuentra que a través de vías de hecho se le estaba impidiendo su salida de la Institución Militar. Valga decir que no enuncia en qué consistían esas vías de hecho concretamente. - Así mismo manifiesta que sale de la Institución con la cabeza en alto y que al encontrarse afectado en su buen nombre, dado que supuestamente la CC BARRIOS ROMERO afirma cosas que no son, es que promueve esta acción porque las conductas materializadas verbalmente y de manera injuriosa se constituyen en acoso laboral. - Halla de esa misma suerte, que todo lo relatado traía consigo menoscabo de su dignidad humana. 1.2. Evaluación de la queja. En auto del 4 de mayo de 2007 (fls. 160-171), la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares identifica que la mayor parte de los elementos expuestos en la queja son sólo inconformismos del quejoso con las decisiones asumidas por su jefe en relación con negocios cuya proyección tenía a su cargo el subalterno, respecto de lo cual estima el operador disciplinario que es natural que prime el criterio de quien finalmente suscribe las providencias y que tal conducta mal puede tenerse como

acoso laboral, pues no encaja en las descripciones contenidas en la Ley 1010 de 2006 que sanciona dicho fenómeno. Dentro del ejercicio de confrontación que adelanta el operador disciplinario entre la norma antes mencionada y las conductas denunciadas, observa que éstas no constituyen tal infracción pues por acoso entiende la Ley todo acto de agresión, expresiones injuriosas o ultrajantes, comentarios de descalificación profesional en presencia de compañeros, etc., y en general, todos los comportamientos que menciona el artículo 7 de dicha Ley, cuando se ejecutan de manera reiterada, pública y tendiente a maltratar el bien jurídico tutelado por la misma, exigencias contenidas como ingrediente normativo en el aludido precepto que no se evidencian en la mayoría de las circunstancias relatadas en la queja. Observa de otro lado, que los oficios requiriendo al quejoso en relación con unas determinadas metas de proyección de documentos jurídicos, son expresión del ejercicio de la legítima facultad de sus superiores para compelerlo al cumplimiento del deber, lo cual es superior al interés que mueve la queja; que aún y cuando el quejoso dice que toda esa carga laboral estaba relacionada con la proyección de fallos, esto realmente no era así. Expresa que en todo caso ninguno de los comportamientos denunciados en verdad es atentatorio de la dignidad humana. Concluye recordando que la Ley 1010 advierte que no constituye acoso laboral “…La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a

indicadores objetivos y generales de rendimiento…”, así como tampoco lo constituye la exigencia por parte de los jefes del cumplimiento de las obligaciones y deberes de sus subalternos. Con base en las anteriores consideraciones el instructor de la indagación resuelve inhibirse de iniciar investigación disciplinaria respecto de los hechos puestos en conocimiento, excepción hecha de aquel en el que se denunciaba que la disciplinada había atado a su silla de trabajo al quejoso, por considerar que tal acontecimiento no le resultaba del todo claro, razón por la cual decide abrir indagación únicamente en lo que tiene que ver con aquél. 1.3. Solicitud presentada por el quejoso el 20 de junio de 2008. El señor VÁSQUEZ ÁLVAREZ, en un documento mediante el cual solicita la fijación de fecha y hora para la ampliación de su queja en relación con el único punto por el que se ordenó apertura de indagación preliminar (el haber sido atado a una silla, fls. 248-253), aprovecha para dirigirse a la primera instancia disciplinaria con la pretensión de efectuarle algunas claridades. Al efecto expresa que si bien el instructor disciplinario ha podido inhibirse respecto a su acusación sobre acoso laboral, a la CC BARRIOS ROMERO se le debería investigar por unas posibles irregularidades en la expedición de actos administrativos. Al respecto advertimos que no señala de cuáles actos administrativos se trata. Sin embargo, de lo expuesto vemos que solamente manifiesta que presentó un proyecto de providencia a la Capitán BARRIOS ROMERO dirigido en el sentido de remitir por competencia a la Contraloría General de la República un presunto

hallazgo fiscal y que la función de determinar la responsabilidad fiscal de los gestores fiscales corresponde a ese Órgano de Control, afirmación ésta última que se encarga de presentar acompañada de extensos pronunciamientos jurisprudenciales. 1.4. Archivo impugnado. Encaminada la indagación a establecer si el hecho de que la implicada hubiese amarrado a su silla de trabajo al quejoso es constitutivo de falta disciplinaria, halla la Delegada para las Fuerzas Militares, a partir de la evaluación de las diversas pruebas, que el mismo correspondió más a una broma entre los amigos de oficina que para la época de los acontecimientos aún eran disciplinada y quejoso, que a un acto de acoso laboral. Por lo anterior decidió el archivo definitivo de las actuaciones y ordenó el desglose del documento suscrito por el quejoso el 20 de junio de 2008 (fls. 248-253) por contener la denuncia de nuevos hechos que podía investigar la Oficina de Control Disciplinario de la Armada Nacional; todo esto en auto del 2 de abril de 2009 (fls. 256-262). 1.5. Apelación. El escrito de apelación allegado por el quejoso presenta, en un esfuerzo de síntesis adelantado por esta Sala nuestro, los fundamentos que a continuación se enunciarán: - Después de exponer un extenso debate acerca de que la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos opera sólo a partir de su comunicación o notificación, que la producción de sus efectos ocurre sólo después de haberse decidido los recursos en su contra o desistido de ellos, y de considerar que esto

obliga a que el quejoso deba ser notificado de la decisión de archivo para que pueda hacer uso de su derecho a apelarla, el impugnante encuentra que se halla dentro del término legal para su interposición en este caso y procede a sustentar el recurso. - Recuerda luego de esa introducción, que su queja refería un proyecto de providencia presentado por él a la CC BARRIOS ROMERO en el sentido que se remitían por competencia unas diligencias que se venían adelantado en la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Procesos Fiscales de la Armada Nacional a la Contraloría General de la República y que no fue aceptado por dicha jefe quizá por conveniencia de sus superiores, quizá porque no le interesaba que esos hechos fueran puestos en conocimiento del Órgano de Control. Y dice, respecto de tal hecho, que fue el que dio inicio a una persecución laboral en su contra que terminó con la aceptación de su renuncia. - Menciona también que en su solicitud del 20 de junio de 2008 (la de los fls. 248253), pedía que si no se investigaba a la CC BARRIOS ROMERO por acoso laboral, sí debía investigársele por posibles irregularidades en la expedición de actos administrativos. Dicha irregularidad, manifiesta ahora en la apelación, se concretaba en haber proferido una providencia dentro de una investigación administrativa adelantada bajo el rito del Decreto 791 de 1979 (Reglamento de Procesos Administrativos por pérdida o daños de los bienes destinados al servicio del Ramo de Defensa Nacional, de acuerdo con lo investigado por esta Sala, porque aunque el quejoso denuncia su errada aplicación, no informa su temática), contrariando el

ordenamiento jurídico al no suscribir su proyecto de providencia varias veces mencionado, el cual ordenaba remitir las actuaciones a la Contraloría General de la República. La anterior afirmación le sirve de base para reiterar su extenso discurso sobre la exclusividad del Órgano de Control Fiscal respecto a la función de determinar la responsabilidad fiscal de los gestores fiscales. Luego de ello critica en consecuencia, que el archivo apelado no haya tenido en cuenta su escrito aclaratorio del 20 de junio de 2008. - Posteriormente, esboza una diferenciación entre la decisión de archivo y la inhibitoria para recalcar que no existían los presupuestos para la asunción de una decisión inhibitoria en este caso, luego de lo cual manifiesta: “Hechas las anteriores precisiones no cabe la menor duda que la implicada incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica como falta gravísima: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón o con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”; conducta tipificada en el Código Penal como prevaricato por acción..”. Es pertinente anotar de una vez, que no encontramos relación entre las premisas y la conclusión expuesta. - Nuevamente propone un debate sobre competencias en materia de control fiscal citando algunos pronunciamientos jurisprudenciales a partir de lo cual concluye, que por tales razones, imponer plazos para la presentación de proyectos por parte de su jefe, fundándose en que las investigaciones administrativas a cargo del quejoso

estaban por prescribir, carecería de sustento. También cabe precisar que al igual que en el anterior párrafo, identificamos un divorcio lógico entre el sustento y la conclusión expuesta. - Expresa igualmente que aunque, al ser preguntado en la Armada Nacional al inicio de esta indagación, sobre si el acoso que denunciaba tenía que ver con la presentación de su renuncia, él había contestado que una y otra situación no tenían relación, realmente dicha renuncia sí tuvo por origen el presunto acoso que menciona. - Afirma, de otro lado, que el problema jurídico que corresponde examinar, debe asumirse a partir de la confrontación de las hipótesis tanto suya como de la CC DENISE BARRIOS, para lo cual recuerda una vez más que proyectó el auto que remitía por competencia a la CGR un expediente administrativo y que su jefe no acogió, en el cual el quejoso refería que la posición de la Corte Constitucional es que la determinación de la responsabilidad fiscal es competencia de los órganos de control fiscal. - Finalmente, efectúa un extenso análisis acerca del principio de independencia judicial frente a la aplicación de la jurisprudencia para reprochar (entendemos) que se haya dado aplicación al Decreto 791 de 1979 por parte de la CC BARRIOS ROMERO respecto a la determinación de responsabilidad fiscal en el caso concreto, cuando los pronunciamientos citados han dicho que esa es atribución exclusiva de las contralorías.

2. Consideraciones.

Esta Sala observa primeramente, que el escrito con que se sustenta la apelación tiene serios vicios en relación con su precisión, situación que bordea la posibilidad de

rechazo del recurso por carencia de sustentación; no obstante ello, y en aras de brindar el máximo de oportunidad de intervención al ciudadano que acude a la administración de justicia disciplinaria en calidad de quejoso, se analizarán los puntos de impugnación que emerjan con algún grado de claridad. Debe acotarse que la falta de concreción y de orden, la dispersión y extensión de puntos expuestos en la sustentación del recurso que no correspondían verdaderamente al debate procesal, llevaron a que aquel fuese muy denso, de muy difícil lectura, haciendo igualmente difícil la asunción del mismo, pues en él se dedica el impugnante a enunciar unos hechos de manera vaga y por momentos sin conexión de unos con otros, como en algunos casos que hemos resaltado en la parte descriptiva de esta providencia. Así las cosas, las únicas reclamaciones que se vislumbran con alguna claridad en el citado escrito son: 1) las relativas a una reiteración del acoso del que el señor VÁSQUEZ ÁLVAREZ dice haber sido víctima; 2) una omisión en apreciar por parte del operador disciplinario, su escrito del 20 de junio de 2008 (en que detallaba las presuntas irregularidades por no acoger su proyecto de remisión de un negocio a la Contraloría General de la República) y 3) un debate respecto de la decisión inhibitoria del 4 de mayo de 2007. Atendiendo ese orden encontramos, respecto de la primera de las enunciadas inconformidades, que aquella no confronta el argumento del archivo que no es otro que el de que no se encontró probado que la conducta consistente en amarrar al

puesto de trabajo al quejoso hubiese sido expresión de un acto de acoso. No es esta en estricto sentido una alusión crítica acerca de las bases sobre las que se erige la providencia en mención. Lo que puede leerse allí es una manifestación de algunos acontecimientos esbozados desde la queja, pero presentados de manera diferente, con la finalidad de controvertir la decisión inhibitoria adoptada por la Delegada para las Fuerzas Militares el 4 de mayo de 2007. Este primer punto de pretendido sustento identificado en la apelación, olvida que todas las imputaciones presentadas de manera muy dispersa y sin profundidad desde la misma queja para escenificar un ambiente de acoso laboral, fueron desechadas precisamente por su intrascendencia en el terreno disciplinario y que sólo mantuvo interés la acusación según la cual el quejoso fue atado a una silla por la oficial BARRIOS ROMERO. Olvida de la misma forma que, consecuente con ello, el objeto de la providencia impugnada se limitó a estudiar la ocurrencia e ilicitud de dicho hecho y que por lo tanto, la apelación ha debido centrarse en ello, condición que no cumple en absoluto el escrito cuyo análisis nos ocupa que no menciona ni siquiera tangencialmente dicho tema. Es más, olvida el impugnante que él mismo, en su escrito allegado el 20 de junio de 2008 ha admitido que es posible que no existiera acoso laboral (como lo estableció la decisión inhibitoria del 4 de mayo de 2007), pero que sin embargo, la oficial a quien acusa sí estaría incursa en irregularidades relacionadas con la suscripción de unos actos administrativos. En conclusión

encontramos que el recurso sólo efectúa un ataque ajeno a la temática del archivo que ya mencionamos. Ahora, en lo que tiene que ver con el segundo de los reparos enumerados en párrafos anteriores, vemos que es infundado cuando advertimos que la decisión de archivo impugnada ordena el desglose del escrito mencionado en ese punto (el allegado por el quejoso el 20 de junio de 2008) y su remisión a Control Disciplinario de la Armada Nacional para que se asuma allí la correspondiente investigación, dado que se toma como denuncia de hechos ajenos a los expuestos en la queja que motivó estas actuaciones. Por su parte, respecto del tercer punto, en el que se esbozan algunas alegaciones genéricas en torno a la decisión de inhibición proferida el 4 de mayo de 2007 apreciamos, en primer lugar, que aquella resulta formalmente incontrovertible, es decir inapelable por el quejoso, dado que la Ley disciplinaria la dotó de dicha intangibilidad al manifestar que tal clase de decisiones proceden ante la presencia de unas determinadas causas (entre las que está la vaguedad o ambigüedad de la queja), y se emiten de plano (parágrafo 1 del artículo 150 del CDU). En segundo término, a pesar de esa limitación que nos impide revisar las evaluaciones efectuadas allí, de todos modos hallamos además que los presupuestos sobre los cuales se decretó la aludida decisión inhibitoria resultan adecuados, atendiendo la falta de concreción e intrascendencia de lo planteado inicialmente en la queja. Por último, no escapa a la atención de este Despacho que la impugnación y en

general, todas las razones que motivaron la promoción de la acción por parte del quejoso dejan ver que la intención hasta cierto punto temeraria de aquel, es hacer prosperar unas tesis caprichosas, creadas con el único fin de que mediante un pronunciamiento de la autoridad disciplinaria se le dé la razón en torno a un pretendido acoso laboral (por cierto ya desvirtuado en la decisión inhibitoria), que a su vez es el sustento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que al parecer interpuso contra el acto de aceptación de su renuncia a la Armada Nacional, de cuya adición allega copia (fls. 228-247), en la que se exponen idénticos argumentos que los formulados en el escrito de apelación que acabamos de analizar. Todo lo anterior advertimos, es utilizado con el claro propósito de coadyuvar la posición particular del quejoso en dicho litigio, el cual, por más legítimo que pudiera llegar a ser, no concita por si solo la atención del derecho disciplinario. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares el 2 de abril de 2009 con la que resuelve decretar el archivo de la indagación preliminar a favor de la Capitán de Corbeta DENISE YANIRA

BARRIOS ROMERO.

SEGUNDO. Por la OFICINA DE ORIGEN COMUNICAR esta decisión al quejoso, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso. TERCERO. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

Procurador Primero Delegado Presidente

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora Segunda Delegada

Proyectó: Alfredo Zamora Acosta Exp. 161-4169 (022-149770-2006)