TA ANT - Sentencia 05001-33-33-011-2019-00231-01 (30-10-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Síntesis del caso: El proceso tuvo origen en la demanda de reparación directa presentada por H. M. E. M. y otros, quienes solicitaron la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial por la privación de la libertad sufrida por el señor E . entre el 4 de mayo de 2015 y el 28 de septiembre de 2017, periodo durante el cual permaneció recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bellavista, pese a haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, condición que posteriormente dio lugar a su declaración de inimputabilidad en el proceso penal. Los demandantes alegaron que la permanencia del inimputable en un centro carcelario para imputables, sin atención psiquiátrica especializada, constituyó una falla del servicio judicial que generó perjuicios morales y psicológicos tanto al afectado como a su núcleo familiar. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 27 de agosto de 2021, negó las pretensiones al considerar que no se demostró la existencia de un daño derivado de la actuación judicial, ni una prestación deficiente del servicio de salud al interior del establecimiento penitenciario.

Extracto: […] En virtud del artículo 90 de la Constitución, el legislador reguló la responsabilidad patrimonial del Estado por el actuar o el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales y de sus funcionarios a través de la Ley 270 de 1996. En particular, su artículo 65 estipula que el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean atribuibles, originados por la acción u omisión de sus agentes judiciales. Dicha disposición normativa

270 de 1996. En particular, su artículo 65 estipula que el Estado es responsable por los daños antijurídicos que le sean atribuibles, originados por la acción u omisión de sus agentes judiciales. Dicha disposición normativa establece que el Estado debe responder patrimonialmente en eventos tales como: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ii) el error jurisdiccional, y iii) la privación injusta de la libertad. […] Con base en lo anterior, el análisis de la responsabilidad debe comenzar verificando no solo la existencia del daño, sino también su antijuridicidad, es decir, si el daño fue causado al margen de la ley. Este examen implica evaluar si la detención fue real izada conforme a los preceptos legales y constitucionales, si su duración fue excesiva o si la medida fue desproporcionada o innecesaria. En los casos en que la privación de la libertad se haya dado en consonancia con el ordenamiento jurídico, se entiende que no existe antijuridicidad en el daño, lo que impide la indemnización. […] En el escrito de apelación, el recurrente argumenta que el Establecimiento Penitenciario no proporcionó la atención especial requerida por el estado de salud mental de H. M., dado que no es una institución especializada en salud mental. Este argumento podría, en principio, sustentar una pretensión de reparación, siempre que se hubiera probado que el servicio de salud prestado fue insuficiente o deficitario. Sin embargo, en el expediente no existe prueba alguna que acredite esta deficiencia. Al contrario, los padres del interno y su abogado afirmaron que H . M. estaba recibiendo un tratamiento adecuado, específicamente señalaron que “ lo estaban tratando súper bien”. […] Y es que en este caso, no se ha aportado

los padres del interno y su abogado afirmaron que H . M. estaba recibiendo un tratamiento adecuado, específicamente señalaron que “ lo estaban tratando súper bien”. […] Y es que en este caso, no se ha aportado prueba suficiente que demuestre que la reclusión de H . M. en el Establecimiento Penitenciario de Bellavista le haya causado un daño concreto, de naturaleza física, moral o psicológica, más allá de la situación de privación de libertad en un entorno que no era el más adecuado para su condición.

Decisión: La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia apelada y negó el reconocimiento de perjuicios, al concluir que no se acreditó el daño antijurídico, elemento esencial de la responsabilidad del Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política. El Tribunal precisó que, aunque se evidenció una posible irregularidad al mantenerse al inimputable en un establecimiento carcelario, ello no basta para declarar la responsabilidad patrimonial si no se demuestra un daño concreto, cierto y probado. Destacó que en el expediente no reposaban pruebas que acreditaran afectaciones físicas, psicológicas o morales derivadas de dicha reclusión, y que incluso el defensor y los familiares manifestaron que el interno recibía un trato y atención adecuados. En consecuencia, al no acreditarse el daño, la Sala consideró innecesario abordar el análisis de imputación y confirmó la negativa de las pretensiones, sin imponer condena en costas en segunda instancia.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

DEMANDANTE: HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICADO: 05001 33 33 011 2019 00231 01

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

9 Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ Y OTROS1

DEMANDADO NACIÓN - RAMA JUDICIAL2

RADICADO 05001 33 33 011 2019 00231 01

INSTANCIA SEGUNDA

PROCEDENCIA JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN

ASUNTO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE

LA LIBERTAD DE INIM PUTABLE / INEXISTENCIA DEL DAÑO /

PRUEBA A CARGO DE LA PARTE DEMANDANTE

DECISIÓN CONFIRMA SENTENCIA APELADA

PROVIDENCIA 137

LINK DEL

EXPEDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 011 2019 00231 01

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 27 de agosto de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 27 de agosto de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

La parte actora pretende que se declare a la entidad demandada, administrativamente re sponsable por el daño antijurídico causado a los demandantes a raíz de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido el señor HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ entre el 19 de julio de 2016 y el 5 de octubre de 2017.

1 jaimemunera@une.net.co 2 info@cendoj.ramajudicial.gov.co, dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.coMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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Como indemnización solicita se condene a los siguientes pagos:

--Por concepto daño moral Para Héctor Manuel Echeverri Mart ínez (víctima), Libia Elena Martínez Cardona (madre), Jorge Enrique Echeverri Echavarría (padre), Elizabeth Martínez Cardona (tía) y María Romelia Echavarría de Echeverri (abuela) el equivalente a 90 SMLMV para cada uno de ellos. Por el mismo concepto, para el hijo de su compañera permanente el 13.5 SMLMV

1.2. Supuestos fácticos3

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

para cada uno de ellos. Por el mismo concepto, para el hijo de su compañera permanente el 13.5 SMLMV

1.2. Supuestos fácticos3

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

Primero. En audiencia celebrada el 5 de mayo de 2015, el Juzgado 42 penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín, impuso medida de aseguramiento de detenció n preventiva en establecimiento de reclusión a Héctor Manuel Echeverri Martínez

Segundo. El 19 de julio de 2016, en audiencia pública de juicios oral la Juez Tercera Penal del Circuito, recepcionó declaración y dictamen pericial, en los cuales adujo que Héctor Manuel padecía al mo mento d e los hechos esquizofrenia paranoide homologable con el trastorno mental permanente del artículo 33 del PP, incurable, por lo que necesitaba de tratamiento médico psiquiátrico continuo e ininterrumpido y de acompañamiento y supervisión de medicamentos permanente.

Tercero. El abogado sostiene que, tras recibir el dictamen, la juez debió ordenar la inmediata cesación de la detención preventiva de Héctor Manuel en un establecimiento carcelario y penitenciario para imputables. Además, enfatiza que se debió garantizar su acceso a un tratamiento médico psiquiátrico continuo e ininterrumpido durante su reclusión.

Cuarto. Estando en audiencia de sentido de fallo , apoyado en el dictamen pericial referido, la juez reconoció la calidad de imputable de Héctor Manuel, a pesar de ello

ininterrumpido durante su reclusión.

Cuarto. Estando en audiencia de sentido de fallo , apoyado en el dictamen pericial referido, la juez reconoció la calidad de imputable de Héctor Manuel, a pesar de ello y mientras recopilaba información suplementaria para disponer de su traslado a centro

3 Páginas 3 a 11 del documento denominado 01Expediente011201900231.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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psiquiátrico de la c iudad de Bogotá, tampoco dispuso su extracción del centr o carcelario y penitenciario.

Quinto. En sentencia, la juez omitió cumplir con las prescripciones médico psiquiatras dadas en dos oportunidades por el especialista forense, permitiendo que continuara recluidos en un establecimiento penitenciario y carcelario para imputables sin atención profesional psiquiátrica. El juez de segunda instancia, también omitió pronunciarse sobre ello.

Sexto. Un mes antes de que se profiriera sentencia de segunda instancia, la madre de Héctor Manuel radicó petición especial, exponiendo la necesidad de remover a su hijo del sitio de reclusión. Dado que no encontró respuesta, se vio obligada a presentar acción de tutela, que fue fallada en su favor. En consecuencia, se ordenó al Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y al Ministerio de Salud y Protección Social, a fin de que aseguraran un cupo en establecimiento de

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y al Ministerio de Salud y Protección Social, a fin de que aseguraran un cupo en establecimiento de rehabilitación para su internación.

Séptimo. El 5 de octubre de 2017 Héctor Manuel fue extraído del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín e internado en el Hospital San Juan de Dios del Municipio de la Ceja.

1.3. Contestación Nación – Rama Judicial4

Dando respuesta a la acción de la referencia , el apoderado de la Rama Judicial manifiesta que el apoderado actual del demandante es JAIME HUMBERTO MUÑERA GIL, y fue quien representó a HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ, en el proceso penal, y él como su defensor, si consideraba que su prohijado padecía de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión, era quien debía actuar ante el Juez de Control de Garantías para pedir la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario de conformidad con lo estipulado en el artículo 314, numeral 42 de la Ley 906 de 2004, lo cual incluso pudo haberlo hecho desde la misma Audiencia de Imposición de Medida de Aseguramiento, en la que por demás se dejó expresa constancia por parte del Juez de Control de Garantías, en el formato de legalización de la privación de la libertad dirigido al Director de la Cárcel Bellavista que el imputado, según

4 Folio 123 a 151 del citado documento.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

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manifestación que hiciera la defensa, presentaba una patología psiquiátrica, esto es, esquizofrenia paranoide, esto para que fuese tenido en cuenta a efectos de que se le prestara la atención requerida. Considera que la demanda resulta IMPROCEDENTE, por cuanto lo que pretende el demandante, es una tercera instancia que sustituya las decisiones adoptadas por la omisión del apoderado de la parte actora, por no haber ejercido una adecuada defensa, y máxime, si no estaba de acuerdo con las decisiones adoptadas por los operadores judiciales.

Solicita que se nieguen las pretensiones de la parte actora, teniendo en cuenta no solo, que el daño alegado por el demandante fue causado por el HECHO DE LA PROPIA VÍ CTIMA, por cuanto había una INFERENCIA RAZONABLE de participación en la conducta punible atribuida en razón de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Y ACTO SEXUAL VIOLENTO y de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, las medidas de aseguramiento para inimputables deben ser aplicadas cuando resulte por lo menos un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado.

Refiere que la valoración de las pruebas por parte del juez de conocimiento se efectúa una vez terminada la práctica de las mismas y presentados los alegatos por

un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado.

Refiere que la valoración de las pruebas por parte del juez de conocimiento se efectúa una vez terminada la práctica de las mismas y presentados los alegatos por las partes e intervinientes, acorde con lo normado en los artículos 442 a 446 de la Ley 906 de 2004, por lo que, ninguna determinación podía tomar el a quo ante las pruebas practicadas en la sesión de la audiencia de juicio oral del 19 de julio de 2016; ello se hizo el 25 de agosto de 2016, fecha en la cual se anunció el sentido del fallo y se tomaron las decisiones que se consideraron pertinentes.

Finalmente, se indica que según se extrae del pantallazo obtenido del sistema de gestión judicial , la Juez Tercero del Circuito, manifestó que en Medellín no se contaba con un establecimiento adecuado para trasladar a Héctor Manuel, dada la enfermedad mental que padecía, como tampoco se podía disponer provisionalmente su traslado a la Cárcel La Modelo de Bogotá, sin que previamente incluso fuese valorado por el médico legista, pues que además se requería pedir la asignación de un cupo.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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1.4. Sentencia impugnada5.

Mediante sentencia del 27 de agosto de 2021, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín resolvió negar las pretensiones de la demanda ins taurada

1.4. Sentencia impugnada5.

Mediante sentencia del 27 de agosto de 2021, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín resolvió negar las pretensiones de la demanda ins taurada por la parte actora.

Argumenta su posición señalando que, que no hubo ninguna falla ni daño derivado de la imposición de la medida de detención preventiva y de seguridad, pues en el establecimiento penitenciario Bellavista se le suministró al interno la atención especial que en razón a su estado salud requería.

Finaliza indicando que la parte actora no cumplió con la carga impuesta por el artículo 167 del CGP que establece que a las partes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, toda vez que no allegó ningún tipo d e prueba que permitiera concluir la existencia de un daño, derivado de una falla en el servicio.

1.5. Recursos de apelación de la parte actora6

Al no estar de acuerdo con lo señalado por el juez de primera instancia, el apoderado de la parte actora presentó escrito de apelación, mediante el cual manifestó que ningún inimputable en este país está en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad en un Establecimiento Penitenciario y Carcelario.

Considera que así se hubiera afirmado que el inimputable HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ recibió buen trato en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, este Establecimiento jamás le suministró la atención especial que su estado de salud mental requería, por tratarse

ECHEVERRI MARTÍNEZ recibió buen trato en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, este Establecimiento jamás le suministró la atención especial que su estado de salud mental requería, por tratarse precisamente de eso, de un Establecimiento Penitenciario y Carcelario y no de un Hospital y/o Clínica Psiquiátrica o de Salud Mental especial.

5 Documento denominado 12SentenciaPrimeraInstanciaReparacion011201900231.pdf

6 Documento denominado 14RecursoApelacionDte011201900231.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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Sostiene que expedir y dirigir oficios al proferir el sentido del fallo al Establecimiento Penitenciario para que le brindara al joven ECHEVERRI MARTÍNEZ “…la atención médica adecuada ” no satisface la prohibición legal de mezclar imputables e inimputables, vale decir, de privar de la libertad al inimputable, ni permite concluir que dicha mezcla, irresponsable por lo demás, no causó daños a dicho joven.

Refiere que las reglas de la sana crítica permite n concluir que la privación de la libertad de un inimputable, o de un enfermo mental grave, y en un Establecimiento Penitenciario y Carcelario para imputables, no produce ningún daño ni al enfermo ni a sus familiares; de ser así, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario no sería lo que es sino una institución psiquiátrica especial.

Penitenciario y Carcelario para imputables, no produce ningún daño ni al enfermo ni a sus familiares; de ser así, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario no sería lo que es sino una institución psiquiátrica especial.

1.6. Trámite en segunda instancia7.

Mediante auto del 15 de noviembre de 2022 se admitió el recurso presentado por el apoderado de la parte actora , en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 27 de agosto de 2021.

Adicionalmente se indicó que el artículo 73 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos de conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubiere decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesario la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes, sin embargo, se les permitió a las partes pronunciarse en relación con el recurso de apelación.

Pese a lo anterior, ninguna de las partes, ni el Ministerio Público se pronunció, por lo que se hace inane cualquier pronunciamiento.

1.7. Pruebas relevantes

1.7.1. Documentales

• Copia de informe pericial psiquiatría y psicología forense del 22 de febrero de 2016 8

7 Documento denominado 20AutoAdmRecurso.pdf 8 Folio 31 a 34 de documento denominado 01Expediente011201900231.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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8 Folio 31 a 34 de documento denominado 01Expediente011201900231.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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• Copia de acta de continuación de juicio oral celebrada el 25 de agosto de 20169 • Copia de informe pericial de estado de salud del 25 de noviembre de 201610

• Copia de sentencia penal del 20 de enero de 2017, proferida por el Juzgado

Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento11

• Copia de sentencia penal del 5 de junio de 2017, proferida por el Tribunal

Superior de Medellín – Sala Penal de Decisión12

• Copia de solicitud elaborada por la señora Libia Elena Martínez Cardina y radicada el 3 de marzo de 2017, ante el Tribunal Superior de Medellín13.

• Copia de sentencia de tutela proferida por Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Constitucional el 20 de septiembre de 201714

• Copia de pro videncia del 2 de julio de 2019, mediante la cual el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y medida de Seguridad aclara la situación jurídica de Héctor Manuel, en el que indica lo siguiente15: En cuanto a las fechas de detención del condenado mientras estuvo privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bellavista, se tiene conforme la información que reposa en el expediente, que fue privado de la libertad

En cuanto a las fechas de detención del condenado mientras estuvo privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bellavista, se tiene conforme la información que reposa en el expediente, que fue privado de la libertad por el pro ceso de la referencia desde el 4 de mayo de 2015, y se libró boleta de encarcelamiento el 5 de mayo de:2015 con destino al centro carcelario de Bellavista (f. 3). Posteriormente, pese a declarársele inimputable en la sentencia a ECHEVERRI MARTÍNEZ, y orden arse al INPEC el traslado del mismo a centro psiquiátrico, la misma sólo se materializó hasta el 28 de septiembre de 2017, pues obra oficio del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, solicitando que el penado sea recibido en dicho establecimiento, y se le mantenga allí interno (f. 65)

Actualmente se encuentra recluido como se indicara, en la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, y ha accedido a permisos terapéuticos en tres (3) oportunidades.

• Transcripción de audiencia de juicio oral, celebrada el 25 de agosto del 2016 ante

Juez Tercero Penal con Funciones de Conocimiento16.

• Boleta de detención No. 29 del señor Héctor Manuel Echeverri Martínez17.

• Copia de acta de continuación de audiencia de juicio oral, celebrada el 25 de agosto del 2016, oportunidad en las que se da el sentido del fallo18.

9 Folio 35 y 36 del citado documento 10 Folio 37 a 39 del citado documento 11 Folio 40 a 63 del citado documento

agosto del 2016, oportunidad en las que se da el sentido del fallo18.

9 Folio 35 y 36 del citado documento 10 Folio 37 a 39 del citado documento 11 Folio 40 a 63 del citado documento 12 Folio 64 a 73 del citado documento 13 Folio 74 y 75 del citado documento 14 Folio 76 a 95 del citado documento 15 Folio 101 del citado documento 16 Folio 152 a 156 del citado documento 17 Folio 157 del citado documento 18 Folio 159 y 160 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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• Copia de o ficio número 747 -J dirigido al Di rector de la Cárcel Bellavista y elaborado el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento19, mediante

el cual se solicita lo siguiente:

“Por lo anterior comedidamente solicito a usted que al señor HÉCTOR MANUEL ECHEVERRY MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.017.146.638, quien se encuentra recluido en dicho establecimiento, se le brinde la atención médica adecuada acorde a la enfermedad mental que padece, ello como medida provisional, mientras se dicta el respectivo fallo, para lo cual el procesado será remitido a medicina legal para que sea valorado nuevamente por médico legista a efectos de que indique cual es la medida de seguridad que debe aplicarse y que informe en qué fase se encuentra.”

será remitido a medicina legal para que sea valorado nuevamente por médico legista a efectos de que indique cual es la medida de seguridad que debe aplicarse y que informe en qué fase se encuentra.”

• Copia de oficio número 753-J dirigido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y elaborado el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento,

mediante el cual se solicita lo siguiente20:

“Comedidamente le solicito, CON CARÁCTER URGENTE, realizar nuevamente valoración al joven e informar a este despacho cual es el estado actual y cuál sería la medida de seguridad concreta a la que debe ser sometido el señor Héctor Manuel Echeverri Martínez, quien se identifica con la C. C.1.017.146.638. Lo anterior, en virtud de solicitud que elevase la defensa del enjuiciado de solicitar nueva valoración del joven para determinar su estado actual y establecer si necesita, urgentemente, internarse en centro Psiquiátrico o por el contrario puede propiciársele el tratamiento que era la medida alternativa a ese internamiento hospitalario.”

• Informe pericial de Estado de Salud de HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ con fecha del 25 de noviembre de 2016, radic ado GRCOPPFDRNROCC-21081-201621.

• Copia de acta de lectura del fallo, fechada el día 20 de enero del 2016, donde se impone medida de seguridad consistente en internación en establecim iento psiquiátrico oficial22.

• Acta de a udiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento celebrada el 19 de octubre de 2016, ante el Juez 14 Penal Municipal con

psiquiátrico oficial22.

• Acta de a udiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento celebrada el 19 de octubre de 2016, ante el Juez 14 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías. Solicitud que fue negada. En consecuencia

19 Folio 161 del citado documento 20 Folio 162 del citado documento 21 Folio 165 a 167 del citado documento 22 Folio 168 a 169 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL RADICADO: 05001 33 33 011 2019 00231 01

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el defensor interpuso recurso de apelación el cual fue enviado al superior jerárquico23. • Acta de audiencia celebrada el 5 de junio del 2017, mediante la cual se dio lectura del fallo respecto a la sentencia que confirmó la sentencia de primera instancia24.

• Oficio número 0140-J respuesta a la acción de tutela 2017-0089625.

• Dentro de la carpeta “ 03AnexosFolio114011201900231.rar” del expediente, se evidencian 4 archivos, dentro de los cuales se encuentra el audio de la audiencia del sentido del fallo y el oficio a Bellavista, la respuesta de tutela al Tribunal Superior de Medellín y las sentencias de primera y segunda instancia ya referenciadas.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo

instancia ya referenciadas.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 ibídem.

2.2. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el Juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá establecer:

¿La privación de la libertad de HÉCTOR MANUEL ECHEVERRI MARTÍNEZ , entre el 4 de mayo de 2015 y el 5 de mayo de 2015, en establecimiento carcelario y penitenciario para imputables, constituye un daño antijurídico imputable a la NaciónRama Judicial, por el cual resulta procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado y la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes?

23 Folio 170 del citado documento 24 Folio 171 a 172 del citado documento 25 Folio 173 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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2.2.1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación

2.2.1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a una diferente valoración probatoria , por cuanto, para la parte actora las circunstancias que dieron origen a los daños antijurídicos sufridos están probadas y obedecen a la presencia de una falla en el servicio, mientras que para la entidad demandada y el juez de primera instancia , no hay prueba en tal sentido.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Con fundamento, entre otros, en los principios constitucionales de dignidad humanaartículo 1º, Constitución Política-, solidaridad -artículo 2º Superior-, igualdad -artículo 13y libertad -artículo 16-, se erige la responsabilidad del Estado, materializada en el artículo 90 constitucional conforme al cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)”. A partir de este precepto se ha dado desarrollo a los elementos de la responsabilidad de la administración, a saber: (i) daño antijurídico e (ii) imputación, necesarios para que haya lugar a la indemnización de los perjuicios irrogados.

Ambos elementos serán objeto de análisis dentro de la presente providencia, toda vez que la parte demandante recurre la decisión de primera instancia esgrimiendo

e (ii) imputación, necesarios para que haya lugar