TA ANT - Sentencia 05001-33-33-012-2016-00431-01 (05-12-2025)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTERILLADO

Síntesis del caso: La controversia se originó con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Empresas Públicas de Medellín – EPM contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con vinculación de la sociedad Productos Familia S.A., en relación con la facturación del servicio público de alcantarillado correspondiente al período comprendido entre el 14 de julio y el 11 de agosto de 2015 . La sociedad Productos Familia S.A., clasificada como gran consumidor, solicitó la corrección de la factura al considerar que el cobro del alcantarillado debía realizarse con base en el aforo real de los vertimientos y no en función del consumo del servicio de acueducto. EPM negó la solicitud, decisión que fue recurrida y posteriormente modificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual ordenó reliquidar la factura con fundamento en el aforo de vertimientos. EPM demandó dicho acto administrativo al estimar que la Superintendencia carecía de competencia para ordenar una forma de medición distinta a la prevista por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad del acto administrativo.

Extracto: […] Entre los temas que reviste mayor trascendencia en materia de servicios públicos domiciliarios se encuentra el referente al cálculo de las tarifas y el cobro del precio del servicio. Se trata de un asunto álgido y de suma complejidad, como quiera que comprende de manera simultánea la necesidad de garantizar la suficiencia financiera y

encuentra el referente al cálculo de las tarifas y el cobro del precio del servicio. Se trata de un asunto álgido y de suma complejidad, como quiera que comprende de manera simultánea la necesidad de garantizar la suficiencia financiera y los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios; además, en lo que tiene que ver con el régimen tarifario del servicio de alcantarillado, la dificultad se presenta porque no todos los usuarios se encuentran en la misma situación. En todo caso, tanto la ley 142 de 1994, como sus decretos reglamentarios y las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico han desarrollado una normatividad encaminada a procurar que el consumo sea efectivamente medido y que ese factor sea el criterio determinante para fijar el precio del servicio, tal como lo ordena la citada ley 142. […] Se afirma que no es procedente aplicarles esta previsión, pues, al no verter a las redes de alcantarillado la misma cantidad de agua que consumen, el consumo del servicio y el cobro de la tarifa de alcantarillado no puede derivarse directamente del consumo del servicio de acueducto. De lo contrario, la empresa de servicios públicos se estaría enriqueciendo o empobreciendo de forma injusta, pues si el agua vertida al sistema de alcantarillado es menor o mayor al ingreso registrado en el acueducto, incluyendo las fuentes propias, alternas o adicionales, el cobro no guarda correspondencia con el servicio utilizado. […] En efecto, de conformidad con el análisis normativo expuesto en el acápite precedente, en virtud de lo dispuesto expresamente en los artículos 9 .1. y 146 de la ley 142 de 1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen derecho a que sus consumos sean medidos

normativo expuesto en el acápite precedente, en virtud de lo dispuesto expresamente en los artículos 9 .1. y 146 de la ley 142 de 1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen derecho a que sus consumos sean medidos con los instrumentos apropiados y a que el consumo sea el factor determinante para establecer el cobro del servicio. Ha sido precisamente esta previsión que se constituye en un principio, la que ha llevado a reconocer la existencia de categorías como la de “ grandes consumidores”, a quienes, según lo previsto en el artículo 17 del decreto 302 de 2000 se les reconoce, también de manera expresa, el derecho a instalar medidores. […] De lo anterior, se sigue como conclusión, que, al expedir la resolución SSPD 20168300003465, de 25 de febrero de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no actuó por fuera de sus c ompetencias o modificó los parámetros para estimar el consumo del servicio de alcantarillado, sino que simplemente aplicó lo previsto en las normas que se acaban de referir, especialmente, los mandatos contenidos en la ley 142 de 1994 y las disposiciones particulares del contrato de servicios públicos celebrado entre las partes. […] Lo anteriormente señalado no quiere decir que las condiciones especiales pactadas entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios deben permanecer incólumes bajo cualquier circunstancia; sin embargo, cuando dichas estipulaciones especiales se ajustan a lo dispuesto en la ley, como ocurre en el caso sub judice, el prestador del servicio no puede desconocerlas de manera intempestiva y unilateral.

Decisión: La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y negó las

ocurre en el caso sub judice, el prestador del servicio no puede desconocerlas de manera intempestiva y unilateral.

Decisión: La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que los grandes consumidores del servicio de alcantarillado tienen derecho a que el cobro se realice con base en la medición real de los vertimientos, conforme a los artículos 9.1 y 146 de la Ley 142 de 1994, el artículo 17 del Decreto 302 de 2000 y las resoluciones CRA 151 de 2001 y 271 de 2003. La Sala concluyó que la Superintendencia de Servicios Públ icos Domiciliarios no excedió sus competencias ni modificó el régimen tarifario, sino que aplicó las normas vigentes para proteger el derecho del usuario a que el consumo real sea el elemento principal del precio del servicio. Asimismo, destacó que EPM hab ía avalado durante años el sistema de aforo instalado por Productos Familia S.A., por lo que no podía desconocer de manera unilateral esas condiciones especiales, sin vulnerar los principios de buena fe, confianza legítima y actos propios. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur

Medellín, D.E., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 012 2016 00431 01

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur

Medellín, D.E., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 012 2016 00431 01 Demandante Empresas públicas de Medellín – EPM Demandado Vinculada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Sociedad Productos Familia S.A. Naturaleza Nulidad y restablecimiento del derechono laboral Instancia Segunda Providencia Sentencia 195 de 2025 Temas y subtemas Facturación del servicio público de alcantarillado – medición de vertimientos – establecimientos gran consumidores del servicio de acueducto Decisión Revoca sentencia Aprobado en acta 105 de 2025

Surtido el trámite de ley , sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 1 por el tercero interviniente2 y el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la parte demandada3 contra la sentencia emitida el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín4, la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES.

1. - La demanda. -

Mediante escrito radicado el 19 de mayo de 20165, Empresas Públicas de Medellín – EPM, por conducto de apoderad a judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

– EPM, por conducto de apoderad a judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 La presente providencia fue revisada en su gramática y ortografía mediante el programa Copilot, incluido en el paquete de Microsoft contratado por la Rama Judicial, conforme a la sentencia T -323 de 2024 y al acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, “Por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial” . 2 Folios 582 a 596. 3 Folios 599 a 614. 4 Folios 512 a 541. 5 Folios 1 a 37.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 3

Administrativo, contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , teniendo como tercero interviniente a la sociedad Productos Familia S.A., con el fin de obtener pronunciamiento respecto de las siguientes pretensiones6:

1.1.- Que se declare la nulidad de la resolución SSPD 20168300003465, de 25 de febrero de 2016 , expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se dispuso la reliquidación de la factura ción correspondiente al período comprendido entre el 14 de julio y 11 de agosto de 2015, correspondientes a la suscripción del contrato 4682307 del predio ubicado en la carrera 50 #8 sur 117 de Medellín.

1.2.- A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la

2015, correspondientes a la suscripción del contrato 4682307 del predio ubicado en la carrera 50 #8 sur 117 de Medellín.

1.2.- A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reconocer y pagar la suma de treinta y seis millones cincuenta mil setenta y un pesos con cincuenta y nueve centavos ($36’050.071,59), correspondientes al monto del restablecimiento de la factura mencionada.

1.3.- Que las sumas a pagar sean debidamente indexadas y se reconozca n y paguen los intereses legales, comerciales y moratorios , que legalmente se hayan causado sobre la suma reclamada.

1.4.- Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, además, que se condene en costas a la parte demandada.

2. - Hechos. -

Los fundamentos fácticos de las pretensiones7, en síntesis, son los siguientes:

2.1.- Juan Felipe Hoyos Botero, en calidad de representante legal de la sociedad Productos Familia S.A., mediante escrito radicado ante Empresas Públicas de Medellín, bajo el número 201520179010, de 13 de octubre de 2015 , solicitó la corrección de la factura con referente de pago 448363737-12-07, por el período comprendido entre el 14 de julio y 11 de agosto de 2015, facturación de septiembre de 2015 del contrato 4682307.

6 Folio 12. 7 Folios 4 vto a 12.Nulidad y restablecimiento del derecho

comprendido entre el 14 de julio y 11 de agosto de 2015, facturación de septiembre de 2015 del contrato 4682307.

6 Folio 12. 7 Folios 4 vto a 12.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 4

2.2.- Empresas Públicas de Medellín, m ediante escrito 156SE-201530134162, de 30 de octubre de 2015 , dio respuesta a la solicitud radicada por Juan Felipe Hoyos Botero, representante legal de Productos Familia S.A . en el sentido que no era procedente resolver favorablemente su pretensión de revisar y modificar los cobros facturados para el servicio de alcantarillado en el estado de cuenta de septiembre de 2015, así como tampoco el descuento de los intereses solicitados y la medición de los vertimientos según al aforo y no con relación al consumo de acueducto , porque que los mismos fueron liquidados con base al ordenamiento jurídico vigente, los pronunciamientos jurisprudenciales y de los organismos control del sector.

2.3.- La sociedad Productos Familia S.A., mediante escrito 201520207075, de 13 de noviembre de 2015, interpuso y sustentó el recurso de reposición y , en subsidio, el de apelación contra la decisión descrita en el numeral anterior.

2.4.- Empresas Públicas de Medellín , mediante oficio 0156ER-201530145063, de 26 de noviembre de 2015, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar lo decidido a través del oficio 0156SE-201530134162, de 30 de octubre de 2015 y,

de noviembre de 2015, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar lo decidido a través del oficio 0156SE-201530134162, de 30 de octubre de 2015 y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2.5.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , mediante resolución SSPD 20168300003465, de 25 de febrero de 2016, modificó la decisión adoptada por Empresas Públicas de Medellín en oficio 0156SE-201530134162, de 30 de octubre de 2015, en el sentido de reliquidar la factura del período comprendido entre el 14 de julio y 11 de agosto de 2015 , con base en el aforo de vertimientos que se venía aplicando.

2.6.- En cumplimiento de lo anterior, Empresas Públicas de Medellín mediante oficio 156SE-201630036291, de 15 de marzo de 2016 , comunicó a la sociedad Productos Familia S.A. la forma en que quedaría el estado de cuentas y la modificación en el aplicativo de facturación.

2.7.- Conforme al sistema de liquidación y facturación de Empresas Públicas de Medellín, el estado de cuentas es acumulativo mes por mes, razón por la cual en la factura que contiene el valor reconoc ido y devuelto a la sociedad Productos Familia S.A., por la facturación correspondiente a septiembre de 2015, se especifica que el valor reconocido y liquidado es la suma de treinta y seis millones cincuenta mil setenta y un pesos con cincuenta y nueve centavos ($36’050.071,59).Nulidad y restablecimiento del derecho

que el valor reconocido y liquidado es la suma de treinta y seis millones cincuenta mil setenta y un pesos con cincuenta y nueve centavos ($36’050.071,59).Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 5

2.8.- En sentir del demandante, la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se ajusta a derecho, comoquiera que impone una interpretación de la regulación normativa que difiere de lo señalado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, por cuanto esta entidad reguló lo señalado en el artículo 146 de la ley 142 de 1994, al definir que el consumo del servicio de alcantarillado se mide con base en el servicio de acueducto y no ha regulado los casos excepcionales que ameriten la medición de vertimientos y la manera como se debe calcular la tarifa del servicio cuando ello ocurra.

3.- Normas violadas y concepto de violación. -

La parte actora invocó como fundamento de sus pretensiones el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 ; los artículos 42 y 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; artículos 9.1, 73.11, 73.12, 88 y 146 de la ley 142 de 1994 ; parágrafo del artículo 3.2.3.6 de la resolución CRA 151 de 2001; artículo 1 de la resolución CRA 271 de 2003 ; resolución CRA 287 de 2004 y decreto 302, de 4 de octubre de 2011.

Manifestó que los hechos que tuvo en cuenta la Superintendencia de Servicios

2001; artículo 1 de la resolución CRA 271 de 2003 ; resolución CRA 287 de 2004 y decreto 302, de 4 de octubre de 2011.

Manifestó que los hechos que tuvo en cuenta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fueron apreciados en una dimensión equivocada, porque no están conformes con la legislación que rige la materia, por lo que se presenta una errónea interpretación y aplicación de la norma.

Adujo que la CRA no ha regulado los casos excepcionales de facturación por medición de vertimientos, así como tampoco la forma en que se debe calcular la tarifa del servicio cuando ello ocurra, de manera que, la imposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios trasgrede lo dispuesto en el artículo 146 de la ley 142 de 1994.

Señaló que no es válido afirmar que el cobro del servicio de alcantarillado debe realizarse con base en la medición de los vertimientos puntuales de los usuarios, pues ello desconoce las disposiciones vigentes y, aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hace alusión a alguna de las normas con que Empresas Públicas de Medellín sustenta su decisión, se considera que no apreció y aplicó en debida y legal forma dichas prescripciones normativas.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 6

Indicó que los servicios de saneamiento se encuentran sujetos a la regulación que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y, en consecuencia, el cobro del servicio de alcantarillado por parte de Empresas Públicas de Medellín a sus usuarios debe, en todo caso, sujetarse a las disposiciones

expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y, en consecuencia, el cobro del servicio de alcantarillado por parte de Empresas Públicas de Medellín a sus usuarios debe, en todo caso, sujetarse a las disposiciones que expida esta entidad estatal.

Refirió que hay una falta de competencia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para fijar los parámetros de la medición de consumo del servicio de saneamiento básico y el sistema tarifario, comoquiera que la competencia para fijar los parámetros de medición de los consumos del servicio de saneamiento básico y el sistema tarifario está exclusivamente asignado a la CRA, autoridad que ha expedido los parámetros para la medición de consumos a través de las resoluciones 151 de 2001, 271 de 2003 y 287 de 2004.

4.- La actuación procesal de primera instancia. -

La demanda fue admitida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 23 de mayo de 20168, providencia que se notificó9 en debida forma al Ministerio Público . Por su parte, la demandada y el tercero interviniente fueron notificados por conducta concluyente10 el 5 y 16 de agosto de 2016, respectivamente. Ambos, dentro del término legal, contestaron la demanda de la siguiente manera:

4.1.- La tercera vinculada , sociedad Productos Familia S.A. , se opuso a las pretensiones de la demanda 11 y, en cuanto a los hechos, indicó que unos eran ciertos y otros no.

Manifestó que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las

pretensiones de la demanda 11 y, en cuanto a los hechos, indicó que unos eran ciertos y otros no.

Manifestó que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las pretensiones no están dirigidas en su contra. De hecho, los actos cuestionados fueron expedidos por la Superinten dencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de manera que es dicha entidad la que debe responder por la decisión que se adopte en la sentencia.

Además, la vinculación de terceros en este tipo de procesos exige que exista un interés directo, es decir, que el tercero se vea jurídicamente afectado ante un fallo condenatorio.

8 Folios 212 a 213. 9 Folios 294 a 296. 10 Folio 379. 11 Folios 237 a 284.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 7

Señaló que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales al expedir la resolución cuestionada, pues su intervención no implicó una modificación de la metodología tarifaria establecida por la CRA, así como tampoco implicó una modificación en la tarifa del servicio o de la medición del consumo del servicio, en tanto la Superintendencia se limitó a garantizar la correcta aplicación de las normas vigentes y a proteger los derechos d e los usuarios frente al cobro del servicio de alcantarillado, sin irrumpir las funciones regulatorias exclusivas de la CRA.

Precisó que la Superintendencia no vulneró el principio de legalidad y, además, no excedió sus atribuciones, pues su actuación obedeció a la facultad de inspección,

alcantarillado, sin irrumpir las funciones regulatorias exclusivas de la CRA.

Precisó que la Superintendencia no vulneró el principio de legalidad y, además, no excedió sus atribuciones, pues su actuación obedeció a la facultad de inspección, vigilancia y control que le otorgan los artículos 75, 77 y 79 de la ley 142 de 1994, así como a la función de verificar la legalidad de los actos en sede de apelación , establecida en los artículos 152, 154 y 159 ibidem.

Indicó que admitir la nulidad del acto administrativo demandado implicaría avalar prácticas empresariales abusivas contrarias al interés general y al equilibrio entre usuarios y prestadores del servicio. Por tanto, sostuvo que la resolución demandada constituye un ejercicio legítimo y necesario de la potestad administrativa para asegurar la correcta prestación de los servicios públicos y la protección efectiva de los consumidores.

Refirió que el artículo 130 de la ley 142, modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001, dispone la existencia de una igualdad de posición contractual en cuanto al derecho de que el consum o real y efectivo sea la base de tarifación para el cobro en la respectiva factura y a la utilización de instrumentos de medición para ello.

Adujo que el acto administrativo demandado no se encuentra viciado de falsa motivación, por cuanto la sustentación fáctica, por u na parte , es veraz y corresponde a lo afirmado en las razones de hecho contenidas en el expediente y antecedentes administrativos y, la sustentación jurídica, por otra parte, corresponde a la aplicación de la normatividad legal, reglamentaria y regulatoria en la materia por parte de la Superintendencia.

antecedentes administrativos y, la sustentación jurídica, por otra parte, corresponde a la aplicación de la normatividad legal, reglamentaria y regulatoria en la materia por parte de la Superintendencia.

Explicó que, de conformidad con los artículos 9.1, 14.2, 144 y 146 de la ley 142 de 1994, los usuarios de servicios públicos domiciliarios, particularmente las sociedades comerciales y los grandes consumidores, tienen derecho a que su facturaciónNulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 8

corresponda a la realidad del consumo, esto es, al consumo real y efectivo directamente prestado al usuario , para lo cual se requiere que la medición se efectúe a través de los medios tecnológicos adecuados, entre ellos, medidores o contadores individuales.

Manifestó que la CRA dispuso que las condiciones con las que deben cumplir los medidores instalados por los usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios podrían ser establecidas en el contrato de servicios públicos, de manera que el medidor instalado para efectuar la medición de los vertimientos de la sociedad Productos Familia S.A. cumple con los parámetros tecnológicos que estipula la regulación aplicable, pues cumple con las exigencias que estableció Empresas Públicas de Medellín.

Propuso las excepciones que denominó: i) “LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DEMANDADA” ; ii) “INEPTA DEMANDA ”; iii) “COMPETENCIA DE LA CRA; IMPOSIBILIDAD DE SOBREPASAR EL CONTENIDO DE LA LEY”; iv) “PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES CITADOS POR EL DEMANDANTE ”; v)

“COMPETENCIA DE LA CRA; IMPOSIBILIDAD DE SOBREPASAR EL CONTENIDO DE LA LEY”; iv) “PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES CITADOS POR EL DEMANDANTE ”; v) “DESCONOCIMIENTO DEL PRONUNCIAMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO”; vi) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA ”; vii) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA POR PASIVA”; viii) “IMPROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN DE PRODUCTOS

FAMILIA S.A.”; ix) “IMPROCEDENCIA ESPECÍFICA DE LA VINCULACIÓN DE TERCEROS

(NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO)”; x) “TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE ADMINISTRATIV A: RESPECTO DEL ACTO PROPIO Y LA CONFIANZA LEGITIMA”; xi)” ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” y xii) “MALA FE Y ABUSO DEL DERECHO

DE DEMANDAR”.

4.2.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las pretensiones de la demanda 12 y, en cuanto a los hechos, indicó que unos eran ciertos y otros no.

Señaló que, según lo dispuesto el artículo 79 de la ley 142 de 1994, le asiste competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales a quienes presten servicios públicos domiciliarios y sancionar sus violaciones.

Indicó que en el régimen de los servicios públicos la medición de los consumos con instrumentos precisos es uno de los principales derechos , tanto para las empresas, como para los consumidores y, que, con base en ello, la regla general es facturar

Indicó que en el régimen de los servicios públicos la medición de los consumos con instrumentos precisos es uno de los principales derechos , tanto para las empresas, como para los consumidores y, que, con base en ello, la regla general es facturar el alcantarillado en relación con el consumo del acueducto; sin embargo, dicha

12 Folios 297 a 323.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 9

regla general tiene una excepción cuando el usuario es un gran consumidor o se abastece de fuentes hídricas alternas.

Adujo que el acto administrativo acusado cumplió con todos los requisitos establecidos para su expedición y se encuentra ajustado a la ley, pues se recaudaron pruebas, se efectuó su respectiva valoración y no se omitió el cumplimiento de deberes o vulneró algún derecho o normatividad.

Refirió que existen disposiciones de carácter legal que regulan la materia y que por esa razón se ordenó que el consumo a facturar por la prestación del servicio de alcantarillado se obtenga con base en la diferencia de lecturas que registra el medidor ultrasónico de alcantarillado y el aforo de vertimientos que se venía aplicando, comoquiera que, además, la sociedad Productos Familia S.A. es catalogada como gran consumidor.

Manifestó que su actuación se limitó al ejercicio de sus potestades y que no estableció parámetros de estimación del consumo del servicio de alcantarillado , sino que, por el contrario, examinó la procedencia y legalidad de la forma en que la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios pretendió facturar el consumo del servicio de alcantarillado al usuario, en el marco d el recurso de

sino que, por el contrario, examinó la procedencia y legalidad de la forma en que la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios pretendió facturar el consumo del servicio de alcantarillado al usuario, en el marco d el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Productos Familia S.A. y en calidad de superior administrativo de Empresas Públicas de Medellín.

5.- La sentencia. -

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 16 de octubre de 2019, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda13.

Para tal efecto, indicó que la competencia para fijar los criterios de medición y los parámetros tarifarios del servicio de alcantarillado corresponde exclusivamente a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, según lo establecido en los artículos 73 y 146 de la ley 142 de 1994 ; por consiguiente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliar ios excedió sus facultades al ordenar la reliquidación de la factura con fundamento en una interpretación propia de la metodología de cobro, lo que configuró una violación del principio de legalidad y de la competencia reglada.

13 Folios 512 a 542.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 012 2016 00431 01 10

Precisó que , aunque los grandes consumidores pueden instalar equipos de medición, estos solo son válidos si se ajustan a los lineamientos fijados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, única entidad autorizada para determinar metodologías y fórmulas tarifarias, así como

medición, estos solo son válidos si se ajustan a los lineamientos fijados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, única entidad autorizada para determinar metodologías y fórmulas tarifarias, así como sus eventuales modificaciones. En ausencia de parámetros distintos a los previstos por la CRA, no es posible avalar sistemas de medición pactados entre el prestador y el usuario.

Afirmó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no podía desconocer la metodología establecida por la CRA a través las resoluciones 151 de 2001, 271 de 2003 y 287 de 2004, las cuales determinan que el consumo de alcantarillado debe estimarse con base en el volumen de agua consumido del servicio de acueducto, más las fuentes alternas, incluso, aquellas situaciones en las que el suscriptor del servicio es un gran consumidor, pues, para estos, las normas regulatorias no distinguen un parámetro de facturación distinto al ya señalado. Por tanto, la reliquidación realizada por la Superintendencia carec e de sustento normativo, porque implica la aplicación de un esquema de medición no previsto por la autoridad reguladora competente.

Advirtió que los contratos de servicios públicos son consensuales, uniformes y de adhesión, pero se encuentran limitados por la reserva legal y por la prevalencia del interés público sobre la autonomía de la voluntad , d e manera que, a unque Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Productos Familia S.A. hubieran convenido en su momento un sistema de medición particular, dicho acuerdo no podía prevalecer sobre la regulación expedida por la autoridad competente y justificar una intervención de la Superintendencia fuera de su ámbito funcional.

convenido en su momento un sistema de medición particular, dic