TA ANT - Sentencia 05001-33-33-019-2015-01287-01 (05-09-2025)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FACTURACIÓN DEL SERVICIO P ÚBLICO DOMICILIARIO DE

ENERGIA

Síntesis del caso: La controversia tuvo origen en la facturación del servicio público domiciliario de energía eléctrica correspondiente a los meses de marzo y abril de 2015 a la usuaria C . E. C. M., residente en el municipio de Turbo, Antioquia. Durante la preparación de la factura de marzo de 2015, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) detectó una desviación significativa en el consumo de energía, por lo que facturó con base en el promedio histórico y dejó parte del consumo en investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994. Con el fin de determinar la causa del incremento, EPM programó varias visitas al inmueble y practicó una prueba técnica al medidor, concluyendo que el aumento del consumo se debía a la instalación de un aire acondicionado y a un mayor uso de electrodomésti cos. Posteriormente, facturó los kilovatios dejados en investigación. La usuaria presentó reclamación contra la facturación, la cual fue resuelta desfavorablemente por EPM. Interpuesto el recurso de apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios revocó la decisión de la empresa, al considerar que no se había establecido de manera suficiente la causa de la desviación significativa y ordenó retirar de la factura los consumos investigados. EPM demandó dicho acto administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En primera instancia, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín declaró la nulidad del acto de la Superintendencia y ordenó el restablecimiento del derecho a favor de la empresa.

restablecimiento del derecho. En primera instancia, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín declaró la nulidad del acto de la Superintendencia y ordenó el restablecimiento del derecho a favor de la empresa. Esta decisión fue apelada por la entidad demandada, dando lugar al pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia en segunda instancia.

Extracto: […] Ahora bien, para el caso su judice, reviste especial importancia lo relativo a la naturaleza del vínculo entre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los usuarios del servicio. Al respecto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estando han coincidido en señalar que la relación entre el prestador del servicio y el usuario, es en algunos ámbitos y respecto de ciertos servicios, de carácter legal y reglamentaria, sin que se excluya la posibilidad de aplicar norm as de derecho privado en las materias no reguladas por la ley. […] Como consecuencia de lo anterior, se tiene que, toda vez que las empresas de servicios públicos son verdaderas autoridades públicas, al menos, de cara a los usuarios, están sometidas a los principios constitucionales y legales que gobiernan la función administrativa, por lo cual, los procedimientos que lleven a cabo, deben orientarse hacia el pleno desarrollo y realización de los derechos fundamentales 21. Como lo ha señalado de manera diáfana el Consejo de Estado, “la vinculación de los suscriptores o usuarios a las actuaciones y decisiones unilaterales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que surge en virtud de las facultades que otorga la ley para lograr un correcto funcionamiento y la debida prest ación del servicio, impone el respeto por las garantías constitucionales de Ios asociados”. De conformidad con lo anterior, la empresa prestadora del servicio

otorga la ley para lograr un correcto funcionamiento y la debida prest ación del servicio, impone el respeto por las garantías constitucionales de Ios asociados”. De conformidad con lo anterior, la empresa prestadora del servicio debe garantizar el ejercicio del derecho de defensa del usuario, no solo desde el punto de vista formal, sino también material, brindándole oportunidades para oponerse o contradecir los argumentos de la empresa y también permitiéndole conocer con cierto grado de predictibilidad, la forma como esta actuará y las etapas en las que desarrollará la investigación, pues de lo contrario, la actuación quedaría al arbitrio de la empresa y el usuario se encontraría en un estado de tal indefensión que sus derechos constitucionales y legales se pondrían en riesgo. […] A su vez, el artículo 38 Ibidem prescribe que mientras se establece la causa de desviación del consumo, la empresa determinará el consumo con base en los consumos anteriores del usuario, o con los consumos promedios de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes, o mediante aforo individual, de acuerdo con lo establecido en los contratos de condiciones uniformes, además, en la factura de cobro deberá especificarse la causa de la desviación. […] Precisado lo anterior, se tiene entonces que, si bien, EPM estaba obligada a investigar la causa de la desviación significativa del consumo, no podía hacerlo pasando por alto las garantías propias del debido proceso. Es decir, que al adelantar la actuación, la empresa tenía la obligación de brindarle a la señora C. E. C. M. la oportunidad de estar presente en las visitas de revisión, para lo cual debía notificarle en debida forma la fecha en la que iba a realizarlas; además, debía darle la oportunidad de escuchar sus argumentos, así como aportar y solicitar

oportunidad de estar presente en las visitas de revisión, para lo cual debía notificarle en debida forma la fecha en la que iba a realizarlas; además, debía darle la oportunidad de escuchar sus argumentos, así como aportar y solicitar pruebas, pues como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la observancia material del debido proceso exige que el usuario del servicio de energía tenga la posibilidad de controvertir no solo el acto que pone fin a la actuación por presunto fraude sino todas las pruebas que van a servir de fundamento para adoptar la decisión”.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 2

Decisión: La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, si bien EPM estaba facultada para investigar las desviaciones significativas en el consumo de energía, no acreditó haber garantizado el derecho fundamental al debido proceso de la usuaria. El Tribunal concluyó que la empresa adelantó la investigación de manera unilateral, sin informar ni permitir la participación efectiva de la usuaria en las visitas técnicas ni en la práctica de las pruebas, lo que vulneró sus derechos de defensa y contradicción. Precisó que, aunque la regulación sectorial no imponga expresamente la obligación de notificar las visitas, el respeto al debido proceso tiene fundamento constitucio nal y resulta exigible en toda actuación administrativa que pueda afectar los derechos del usuario. En consecuencia, mantuvo la validez del acto administrativo proferido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y condenó en costas a Empresas Públicas de Medellín por ambas instancias.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01

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a Empresas Públicas de Medellín por ambas instancias.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

SALA CUARTA.

MAGISTRADO PONENTE: DANIEL MONTERO BETANCUR.

Medellín, D.E., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 019 2015 01287 01 Demandante Empresas Públicas de Medellín Demandados Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Naturaleza Nulidad y restablecimiento del derecho no laboral Instancia Segunda Providencia Sentencia 134 de 2025 Temas Facturación del servicio público domiciliario de energía. Decisión Revoca sentencia Aprobado en acta 75 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la sentencia emitida el 30 de abril de 2018 por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por la cual se decidió lo siguiente (folios 227 vuelto y 228):

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de ‘legalidad del acto administrativo”, “inexistencia de desviaciones significativas” y “genérica”, formuladas por la vinculada CARMEN ELENA C ÓRDOBA MORENO, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

administrativo”, “inexistencia de desviaciones significativas” y “genérica”, formuladas por la vinculada CARMEN ELENA C ÓRDOBA MORENO, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución SSPD 20158300023245 del 13 de julio de 2015, proferido por la Dirección Territorial Occidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por falsa motivación del acto, según las razones anotadas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior DECLARAR que los actos administrativos PQR-1191695-C8N2 del 27 de abril de 2015, que da respuesta a una petición, y el contenido en la comunicación 0156ER -201530063294 del 5 de junio de 2015, que resuelve el recurso de repo sición formulado contra aquel, recobran su eficacia y, en consecuencia, son exigibles los valores facturados por concepto de consumo del servicio de energía en los términos liquidados por EPM.

CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la usuaria CARMEN ELENA CÓRDOBA MORENO a reconocer y cancelar a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. la suma de $186.999, misma que será indexada en los términos y por los motivos indicados en la parte considerativa de esta decisión.

QUINTO. NO CONDENAR en costas.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 4

1. Antecedentes. -

QUINTO. NO CONDENAR en costas.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 4

1. Antecedentes. -

Mediante escrito radicado el 6 de noviembre de 2015 (Fl. 37) Empresas Públicas de Medellín – en adelante también EPM - interpuso demanda por conducto de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – en adelante también la Superintendencia o la SSPD-, en la que pidió lo siguiente:

1. Se declare la nulidad de la resolución SSPD 20158300023245 del 13 de julio de 2015, emitida en el trámite administrativo 2015830390102049E.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pagar a favor de Empresas Públicas de Medellín la suma de $186.999.

3. Se ordene a la entidad demandada indexar las sumas a pagar desde el momento en que se resolvió el recurso de apelación dentro del trámite administrativo 2015830390102049E.

4. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

5. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2. Hechos.

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

5. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2. Hechos.

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

2.1. En la preparación de la factura de marzo de 2015, correspondiente a la usuaria Carmen Elena Córdoba Moreno con cédula de ciudadanía 39.304.685, Empresas Públicas de Medellín detectó la existencia de una desviación significativa en el consumo de energía registrado para ese mes, pues al calcularse con base en la fórmula contenida en el artículo 38 de la resolución 108 de 1997, y en el contrato de condiciones uniformes, superó el promedio de consumo del inmueble. Por esta razón, EPM, en virtud de lo previsto en el artículo 149 de la ley 142 de 1994, procedió a facturar, con base en los períodos anteriores del suscr iptor, el equivalente a 315 kilovatios hora (Kwh) y dejó en investigación 462 Kwh de diferencia.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 5

2.2. Como consecuencia de lo anterior, se generó la factura de marzo de 2015, con la observación clara de la existencia de consumos en investigación y se realizaron tres revisiones. La primera se realizó el 10 de marzo de 2015 y de la misma se dejó constancia en el acta 14510753, suscrita por la testigo Ana Córdoba. En el acta se con signó lo siguiente: “Atendido, medidor intervenido, surte casa familiar, no se pudo notificar consumo, no se encontró propietario, solo estaba la trabajadora y manifiesta no hacer nada, se deja constancia” (Fl. 6).

acta se con signó lo siguiente: “Atendido, medidor intervenido, surte casa familiar, no se pudo notificar consumo, no se encontró propietario, solo estaba la trabajadora y manifiesta no hacer nada, se deja constancia” (Fl. 6).

2.3. El 27 de marzo de 2015, con el objeto de identificar y detectar la causa del incremento en los consumos del mes de marzo de 2015, se adelantó una nueva revisión previa, de la cual se dejó constancia en el acta 14565436 , también suscrita por Ana Córdoba. En el documento se registró la siguiente observación: “medidor intervenido, se verifica lectura por equipo pérdida, no se pudo realizar revisión porque no se encontró propietario, solo estaba la trabajadora y manifiesta no saber nada, se deja constancia”.

2.4. El 10 de abril de 2015 se realizó una tercera revisión previa, de lo cual se dejó constancia en el acta 14679299, en la cual se registró la siguiente información: “consumo acumulado, casa de familia con servicio normal, se notifica aumento y consumos pendientes debido a que instalaron aire hace 3 meses y más utilización de electrodomésticos , se deja constancia de lect firm (sic) testigo, intervención directa por equipo pérdidas”.

2.5. En razón a que se programaron 3 revisiones previas al inmueble, el 28 de abril de 2015, EPM realizó la revisión técnica del medidor a través de una Prueba Técnica de Contadores –PTC-. En esa oportunidad se encontró el medidor normal con porcentaje de error del -1.42%, el cual se encuentra dentro del rango de la norma técnica. En el acta de revisión de l medidor, se registró la siguiente observación:

de Contadores –PTC-. En esa oportunidad se encontró el medidor normal con porcentaje de error del -1.42%, el cual se encuentra dentro del rango de la norma técnica. En el acta de revisión de l medidor, se registró la siguiente observación: “VPM.PCT -1.4% med Z0 -z000144616 lec 29321, medidor intervenido bueno, no se realizó aforo ya que la empleada del servicio no estaba autorizada para dar información ni para permitir el ingreso, no se analiza el recibo o factura del servicio ya que no contaban con él al momento de la revisión sll 1716506”.

2.6. En razón a lo anterior, en el mes de abril de 2015 se facturaron los Kwh dejados en investigaci ón en el mes de marzo de 2015, siguiendo el procedimiento contemplado en los artículos 146 y 149 de la ley 142 de 1994.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 6 2.7. El 27 de abril de 2018, la señora Carmen Elena Córdoba Moreno presentó reclamación ante EPM, la cual fue radicada con el PQR 1191695-C8N2, por no estar de acuerdo con el alto consumo de energía facturado para abril de 2015.

2.8. EPM negó la reclamación en decisión PQR 1191695 -C892 del 6 de mayo de 2015, toda vez que los consumos facturados para el mes de abril correspondían a consumos que se habían dejado en investigación desde el mes de marzo de 2015 . Además, le indicó que en las visitas realizadas el 24 de marzo y el 28 de abril de 2015, se revisó el medidor sin evidenciar error alguno.

consumos que se habían dejado en investigación desde el mes de marzo de 2015 . Además, le indicó que en las visitas realizadas el 24 de marzo y el 28 de abril de 2015, se revisó el medidor sin evidenciar error alguno.

2.9. La señora Córdoba Moreno interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante oficio 0156ER-20153003294, de 5 de junio de 2015, por el cual se confirm ó el acto impugnado, señalando que los valores facturados corresponden, efectivamente, a consumos reales.

2.10. En sede de apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución SSPD 20158300023245, de 13 de julio de 2015, revocó la decisión PQR-1197695, de 6 de mayo de 2015, emitida por Empresas Públicas de Medell ín, con base en los siguientes argumentos:

1. Si bien, EPM realizó una revisión previa el 10 de abril de 2015, en esa oportunidad no determinó la causa real de la desviación significativa, pues no realizó pruebas al medidor para descartar un error en el mismo.

1. Según el artículo 149 de la ley 142 de 1994, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no pueden sustraerse de la obligación de investigar todas las posibles causas de desviaciones significativas en el consumo.

2.11. En cumplimiento de la decisión emitida por la Superintendencia, EPM, mediante oficio 0156ER-201530082030 del 17 de julio de 2015, le informó a la señora Córdoba Moreno que procedería a reliquidar el consumo cobrado en abril de 2015,

mediante oficio 0156ER-201530082030 del 17 de julio de 2015, le informó a la señora Córdoba Moreno que procedería a reliquidar el consumo cobrado en abril de 2015, descontando los 465 Kwh que estaban en investigación, por lo cual quedaba un saldo pendiente de $213.962. En consecuencia, el valor disminuido al usuario asciende a la suma de $186.999.

3. Concepto de violación.

La parte actora invocó como fundamento jurídico de sus pretensiones, los artículos 29 de la Constitución; 40, 42 y 44 de la ley 1437 de 2011; 9.1, 79, 144, 146 y 149 de laNulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 7 ley 142 de 1994 y 37 de la resolución CREG 108 de 1997 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

En los argumentos expuestos en el concepto de violación, adujo que la resolución CREG 108 de 1997, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, le otorga plena libertad a las empresas prestadoras de servicios públicos para que fijen en las condiciones uniformes del contrato los porcentajes que se tendrán en cuenta o no para determinar la existencia de desviaciones significativas, sin que deba notificarse al usuario la fecha en la cual se realizará la visita de verificación de instalaciones, como sí ocurre en el servicio de acueducto. En este sentido, expresó que, con relación a los servicios públicos domiciliarios de energía y gas, la empresa está obligada a realizar una visita para precisar la causa que originó la desviación en el consumo, pero no existe un trámite especial para investigar la desviación.

relación a los servicios públicos domiciliarios de energía y gas, la empresa está obligada a realizar una visita para precisar la causa que originó la desviación en el consumo, pero no existe un trámite especial para investigar la desviación.

Así mismo, indicó que, contrario a lo señalado por la Superintendencia en el acto acusado, EPM sí realizó pruebas al medidor para descartar un error en el mismo y de ello obran las pruebas correspondientes en el expediente de la actuación administrativa, según las cuales, el 28 de abril de 2015 se efectuó una prueba PCT al medidor de la usuaria. Esta prueba es totalmente válida para determinar si un equipo funciona normalmente o presenta errores y a partir de la misma se pudo evidenciar que el aumento del c onsumo se originó en la instalación de un aire acondicionado, lo cual se consignó en el acta de revisión 19083710050411000.

La entidad añadió que el artículo 40 de la ley 1437 de 2011 consagra la libertad probatoria, al establecer que son admisibles todos los medios de prueba contemplados en el Código de Procedimiento Civil – hoy C ódigo General del Proceso-; además, tanto el acta de la revisión previa realizada el 10 de abril de 2015 y la de la prueba PTC del 28 de abril del mismo año deben entenderse como el resultado de una investigación y , por ende, están provistas de legalidad hasta no ser contrariadas por el interesado, es decir, que se tra ta de actos administrativos cobijados por la presunción de legalidad y ejecutividad propia de este tipo de actuaciones.

Por otro lado, luego de citar el artículo 79 de la ley 142 de 1994, que regula las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señaló

actuaciones.

Por otro lado, luego de citar el artículo 79 de la ley 142 de 1994, que regula las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señaló que esa entidad carecía de competencia para exigir a EPM la realización de procedimientos que no están regulados en la normatividad sobre el servicio público domiciliario de energía eléctrica.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 8 De conformidad con lo anterior, adujo que el acto administrativo demandado incurrió en los vicios de “falsa motivación” e “infracción de las normas en que debía fundarse”. Con respecto al primer vicio, expresó que la actuación adelantada por EPM no fue arbitraria, toda vez que se ciñó a lo estipulado en las cláusulas 33 y 34 del contrato de condiciones uniformes y en los artículos 152 a 159 de la ley 142 de

1994. En cuanto al segundo vicio, reiteró que no existe una tarifa legal para determinar la causa de la desviación significativa del consumo del servicio de energía eléctrica, de tal forma que, resulta contrario a la ley, exigir la práctica de pruebas que no están consagradas de manera expresa en la misma.

4. La actuación procesal.

Por auto del 24 de noviembre de 2015, la Juez Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín admitió la demanda, ordenó vincular a la señora Carmen Elena Córdoba Moreno en calidad de litisconsorte necesario , ordenó la notificación personal de la citada providencia al Ministerio Público, a la entidad demandada y a la vinculada y reconoció personería a la apoderada de la parte demandante (Fls. 92 a 93).

personal de la citada providencia al Ministerio Público, a la entidad demandada y a la vinculada y reconoció personería a la apoderada de la parte demandante (Fls. 92 a 93).

La audiencia inicial se celebró el 4 de septiembre de 2017 y en la misma se fijó el litigio, y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (Fls. 185 a 188); el 23 de noviembre del mismo año se celebró la audiencia de pruebas y en ella se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar y emitir concepto, respectivamente (Fls. 193 a 194).

5. La contestación de la demanda.

5.1. La Superintendencia de Servicios P úblicos Domiciliarios, en el término del traslado, contestó la demanda para oponerse a las pretensiones formuladas en la misma y, en cuanto a los hechos, expresó que no le constaban, acept ó algunos como ciertos y negó los demás (Fls. 125 a 136).

En primer lugar, solicitó que se tuvieran como argumentos de la contestación de la demanda, las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en e l acto administrativo demandado. A continuación, señaló que EPM no demostró que hubo desviación significativa del consumo y según los artículos 149 a 155 de la ley 142 de 1994, la empresa prestadora del servicio, ante un aumento o disminución del consumo, debe facturar el periodo a cobrar con el promedio del usuario y dejar en reclamación los kilovatios del incremento hasta surtir el procedi miento previsto porNulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 9

reclamación los kilovatios del incremento hasta surtir el procedi miento previsto porNulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 9 el legislado r para investigar y ayudar al usuario a encontrar la causa de la desviación.

Así mismo, adujo que el acto acusado fue expedido en cumplimiento de las competencias de la Superintendencia y ante una eventual declaratoria de nulidad, no es esta la llamada a asumir el pago de la suma discutida, toda vez que no fue beneficiaria de la pr estación del servicio público ; por consiguiente, el restablecimiento eventual del derecho le corresponderá asumirlo al usuario.

Por otro lado, expresó que, de emitirse sentencia condenatoria, no es procedente condenar en costas, toda vez que debe tenerse en cuenta el comportamiento y la conducta de la demandada, quien ha obrado de buena fe, pues la remisión que el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 hace al Código General del Proceso se refiere solo a la liquidación y ejecución de la condena en costas.

En cuanto al vicio de falsa motivación indicó que el acto demandado se ajustó a lo previsto en la ley 142 de 1994, a la resolución 108 de 1997 de la CREG y a las cláusulas del contrato de condiciones uniformes y añadió que la prueba recaudada y entregada por EPM era insuficiente para determinar que la lectura del consumo era real. En este sentido, expresó que en la cláusula 47 del contrato de condiciones uniformes se estableció un período de 6 meses en el consumo de energía para determinar el promedio y los límites para verificar que efectivamente se está presentando una desviación significativa ; no obstante, EPM no realizó el

condiciones uniformes se estableció un período de 6 meses en el consumo de energía para determinar el promedio y los límites para verificar que efectivamente se está presentando una desviación significativa ; no obstante, EPM no realizó el promedio de los últimos seis meses para determinar el consumo que debía facturar a la usuaria al presentarse la desviación significativa en el período a reclamar, sino que calculó y concluyó que sí existió desviación significativa en el período reclamado por la usuaria.

De igual forma, expresó que EPM se limitó a realizar tres visitas al domicilio de la usuaria, pero no logró determinar la causa de la desviación, pues si bien, en la visita realizada el 10 de abril de 2015 hizo una prueba al medidor, no fue en presencia del suscriptor. Sobre el particular, tambi én indicó que la empresa no hizo ninguna prueba en campo de la exactitud del medidor y no lo retiró para realizar una inspección en un laboratorio acreditado, para evidenciar si superaba las pruebas de verificación física, arranque, exactitud y verificación de la constante dentro de los límites de error definidos en la norma técnica aplicable.

Respecto al cargo de infracción en las normas en que debería fundarse, adujo que la Superintendencia no ha creado situaciones nuevas, ni procedimientos o pruebasNulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 10 que no están contempladas en las normas jurídicas. A ese respecto, expresó que la obligación que la ley le impone al prestador del servicio es la de encontrar la causa de la desviación significativa, obligación que tiene como fundamento la protección de los derechos de los usuarios y evitar el abuso de la posición domin ante de la

obligación que la ley le impone al prestador del servicio es la de encontrar la causa de la desviación significativa, obligación que tiene como fundamento la protección de los derechos de los usuarios y evitar el abuso de la posición domin ante de la empresa. Además, dicha obligación no implica para el prestador perder el derecho a cobrar el consumo, pues una vez identificada la causa generadora, y si el incremento es atribuible a la responsabilidad del usuario o suscriptor, la empresa podrá cobrar el consumo real con base en la diferencia de lecturas registradas.

Para apoyar el anterior argumento, invocó las competencias consagradas en los artículos 79, 154 y 159 de la ley 142 de 1994 y también citó los artículos 128, 129, 146 y 149 de la misma ley.

5.2. La señora Carmen Elena Córdoba Moreno contestó la demanda por conducto de curador ad litem (Fls. 178 a 179). En cuanto a los hechos, manifestó que no le constaban y se opuso a las pretensiones, con fundamento en las excepciones de “legalidad del acto administrativo”, “inexistencia de desviacio nes significativas” y “la genérica”.

6. La sentencia recurrida.

Mediante fallo de 30 de abril de 2018, la Juez Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín dirimió la controversia en la forma consignada al inicio de este proveído (Fls. 210 a 228).

En primer lugar, la a quo citó las normas que consideró aplicables al caso concreto, esto es, las que regulan el contrato de servicios públicos, la medición y los efectos de la desviación significativa del consumo, el contrato de condiciones uniformes del servicio público de energía eléctrica y las competencias de la Superintendencia de

esto es, las que regulan el contrato de servicios públicos, la medición y los efectos de la desviación significativa del consumo, el contrato de condiciones uniformes del servicio público de energía eléctrica y las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así mismo, se refirió a las pruebas recaudadas en el proceso y señaló que, al verificar los consumos del servicio de energía eléctrica reportados en los seis meses anteriores a marzo de 2015 en el domicilio de la señora Carmen Elena Córdoba Moreno, el consumo registrado en marzo de 2015 presentaba una desviación si gnificativa, según lo definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG en el artículo 37 de la resolución 108 de 1997. Por consiguiente, EPM se encontraba facultada para facturar el c onsumo, previo agotamiento de los procedimientos establecidos para tal efecto.Nulidad y restablecimiento del derecho 05001 33 33 019 2015 01287 01 11

Precisado lo anterior, advirtió que en el procedimiento administrativo debían observarse todos los requisitos consagrados en los artículos 335 y 365 de la Constitución, 9, 14 y 146 de la ley 142 de 1994, 4 y 34 de la ley 1437 de 2011, en la resolución 108 de 1997 de la CREG y en el contrato de c