TA ANT - Sentencia 05001-33-33-026-2014-00170-01 (31-03-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Síntesis del caso: El señor P. P. A. R. y varios de sus familiares promovieron acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la privación de su libertad entre el 30 de abril y el 16 de agosto de 2012, dentro de un proceso penal adelantado por el delito de homicidio agravado. Los hechos se originaron el 28 de abril de 2012, cuando, en el centro de Medellín, se presentó una agresión colectiva contra un joven que posteriormente falleció.

Testigos señalaron al demandante como uno de los agresores, razón por la cual fue capturado y, al día siguiente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural, con fundamento en informes policiales, acta de inspección técnica al cadáver y declaraciones de varias personas que presenciaron los hechos. Posteriormente, la medida fue revocada por solicitud de la Fiscalía y el proceso penal concluyó con sentencia absolutoria, al no alcanzarse certeza sobre la responsabilidad penal del acusado. Con base en ello, el demandante acudió a la jurisdicción contenciosa alegando que la detención fue injusta y que no estaba obligado a soportar la restricción de su libertad.

Extracto: […] En síntesis, en cuanto a la imputación, ha dicho el Consejo de Estado, deben analizarse dos esferas: a) el

ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos jurídicos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada -; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal -; riesgo excepcional). Asimismo, es menester señalar que dicho juicio de imputación debe excluir la configuración de una causal eximente de responsabilidad del Estado. […] De acuerdo a lo anotado, no basta en la actualidad con verificar si la conducta enjuiciada se enmarca en un a de las contenidas en la normal como causal de “responsabilidad objetiva”, sino que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y por lo tanto si generó un daño antijurídico imputable a la administración, pues el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con preclusión de la investigación, absolución o su equivalente, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. [...] En tal sentido, debe analizarse si la actuación judicial cumplió con la normativa aplicable al caso, esto es, en términos del Consejo de Estado, “si la medida fue ilegal, si existieron irregularidades en el proceso penal, si la medida se sujetó a los requisitos formales y establecidos en la ley penal, si su imposición está motivada con claridad y suficiencia y, si se ajusta a los valores y derechos que consagra la Carta Política, así como los parámetros fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en todo caso, se deber tener en consideración la gravedad del delito,

y suficiencia y, si se ajusta a los valores y derechos que consagra la Carta Política, así como los parámetros fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en todo caso, se deber tener en consideración la gravedad del delito, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes del sindicado, las circunstancias de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o a la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible” . […] Al respecto, el juez estableció que, a pesar de la falta de claridad respecto de algunos hechos, conforme a las pruebas allegadas por la Fiscalía y a las manifestaciones realizadas por quienes presenciaron los hechos, podía establecerse la gravedad de la conducta y la ausencia de una causal que la justificara; así como que, estando en libertad el señor P . P., la conducta podía volver a generarse, por lo que consideró que la imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario se encontraba conforme al numeral 2 del artículo 313 CPP, era razonable o idónea para cumplir con el fin constitucional, esto es, evitar la continuidad de atentados contra la integridad o la vida; proporcional, pues no era posible propiciar la comisión de dichas conductas y razonable, ya que, de los elementos materiales probatorios no se derivaron argumentos que permitieran determinar que la limitación de la libertad de Pedro Pablo Aristizábal Ramírez se trataba de un acto injusto. Así las cosas, la Sala encuentra que, a pesar de encontrarse acreditada la ocurrencia del daño, esto es, la restricción de la libertad, no hay pruebas que

de la libertad de Pedro Pablo Aristizábal Ramírez se trataba de un acto injusto. Así las cosas, la Sala encuentra que, a pesar de encontrarse acreditada la ocurrencia del daño, esto es, la restricción de la libertad, no hay pruebas que sustenten su antijuridicidad, ya que la actuación llevada a cabo por las entidades demandadas que dio lugar a la misma, fue adecuada y apegada al ordenamiento jurídico y por ende, la privación de la libertad no puede tildarse de injusta, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia, pues se encontró fundamentada en argumentos que demostraron la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la actuación, tanto por parte de la Fiscalía como por parte del juez de control de garantías . […] En cualquier caso, es responsabilidad de la parte demandante demostrar de manera concluyente que la detención fue ilegal, es decir, que constituyó una acción claramente desproporcionada y una violación de los procedimientos legales. Debe quedar demostrado que la privación de la libertad no estuvo justificada, respaldada, ni conforme a la ley; sino que fue manifiestamente arbitraria o resultado de una mala gestión en la investigación por parte de la Fiscalía. Pues, se reitera, la decisión definitiva en el proceso penal, que favoreció al acusado en ese momento, por sí sola no es suficiente para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado.

Decisión: La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia apelada y negó la declaratoria de responsabilidad estatal. Consideró que, si bien se acreditó el daño consistente en la privación de la libertad, no se demostró su carácter antijurídico, pues la medida de aseguramiento fue impuesta de manera legal,

declaratoria de responsabilidad estatal. Consideró que, si bien se acreditó el daño consistente en la privación de la libertad, no se demostró su carácter antijurídico, pues la medida de aseguramiento fue impuesta de manera legal, razonable y proporcional, con base en elementos de conocimiento que permitían una inferencia razonable de autoría, conforme a los artículos 306, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal. La Sala reiteró que la sola absolución penal no es suficiente para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado, y que el análisis debe centrarse en la legalidad y justificación de la medida al momento de su imposición. En el caso concreto, concluyó que la actuación de la Fiscalía y del juez de control de garantías se ajustó al ordenamiento jurídico, por lo que el daño debía ser soportado por el demandante y no resultaba indemnizable.REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE SANDRA LILIANA PÉREZ HENAO

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Reparación Directa Demandante: Pedro Pablo Aristizábal Ramírez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Nación - Rama judicialConsejo Superior de la Judicatura Radicado: 05001 33 33 026 2014 00170 01

Tema: Responsabilidad del Estado/ Privación injusta de la libertad/ Medida de Aseguramiento. CONFIRMA SENTENCIA

Sentencia No: 059

Link de acceso: 05001333302620140017001PARTEFISICA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte

Sentencia No: 059

Link de acceso: 05001333302620140017001PARTEFISICA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, el 13 de diciembre de 2019, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

ANTECEDENTES

Los señores PEDRO PABLO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (víctima directa),

NELSON ORLANDO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (hermano) ESTHER SOFÍA

ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (hermana) LUIS GONZALO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ

(hermano) OSCAR DE JESUS ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (hermano) MARÍA

ROSALBA ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (hermana) BLANCA INÉS ARISTIZÁBAL RAMÍREZ (hermana) MARÍA MARTA RAMÍREZ DE ARISTIZÁBAL (madre) y TULIO ALBERTO ARISTIZÁBAL (padre) instauraron demanda en ejercicio del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA; con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Solicita la parte demandante, que se declare administrativamente responsables a las entidades demandadas, por la totalidad de los perjuicios ocasionados con

1 Folios 354-361 del cuaderno 2 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

Solicita la parte demandante, que se declare administrativamente responsables a las entidades demandadas, por la totalidad de los perjuicios ocasionados con

1 Folios 354-361 del cuaderno 2 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

PEDRO PABLO ARISTIZÁBAL RAMÍREZ Y OTROS.

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ocasión de la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez.

Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la NaciónFiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura a pagar a los demandantes los siguientes perjuicios:

Perjuicios morales Solicitan se pague la suma de 100 SMMLV a favor del señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez.

Así como el equivalente a 50 SMMLV a favor de Nelson Orlando Aristizábal Ramírez, Esther Sofía Aristizábal Ramírez, Luis Gonzalo Aristizábal Ramírez, Oscar de Jesús Aristizábal Ramírez, María Rosalba Aristizábal Ramírez, Blanca Inés Aristizábal Ramírez y María Marta Ramírez de Aristizábal.

Perjuicios por daño a la vida en relación Solicitan se pague la suma de 50 SMMLV a favor del señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez.

Perjuicios materiales Daño emergente Solicitan el pago de $25.000.000 a favor del señor Pedro Pablo Aristizábal

Solicitan se pague la suma de 50 SMMLV a favor del señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez.

Perjuicios materiales Daño emergente Solicitan el pago de $25.000.000 a favor del señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez por concepto de los honorarios cancelados a su abogado en el proceso penal.

Lucro cesante pasado Solicitan se reconozca una cifra no inferior a 10 SMMLV a favor de Pedro Pablo Aristizábal Ramírez, por concepto de los salarios dejados de percibir por el demandante con ocasión de la privación de la libertad.

Que, se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas y se dé cumplimiento a lo ordenado por el artículo 192 del CPACA.

HECHOS

Se narra en la demanda2 que, el 28 de abril de 2012 a las 8:00 p.m. en el sector de “El Colombiano” del centro de Medellín, cuatro jóvenes con arma blanca estaban violentando a una mujer de la tercera edad para hurtarle sus pertenencias. Lo que dio lugar a la intervención de un grupo de personas que, equipadas con palos y armas persiguieron a los implicados hasta un hotel de la zona llamado

2 Folios 1-19 del cuaderno 1 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

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Napolis (sic). Allí tres de los sujetos involucrados se resguardaron en el

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Napolis (sic). Allí tres de los sujetos involucrados se resguardaron en el establecimiento, mientras que Eduar Samir Andrades Moreno (sic), quien no logró ingresar a las instalaciones, fue gravemente herido y posteriormente, al ser trasladado a la Policlínica, falleció.

Que, como consecuencia de lo anterior, unos señores señalaron a Pedro Pablo Aristizábal Ramírez como uno de los agresores de Eduar Samir Andrades (sic) Moreno; por lo que la Policía “realizó la requisa” (sic) y al encontrarle una navaja, así como manchas rojas en el calzado, se dispuso a capturarlo.

Que, el 29 de abril de 2012 en audiencia preliminar, el Juzgado 31 Penal con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento intramural al señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez.

Que, el 16 de agosto de 2012 el Juzgado 24 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, por solicitud de la fiscalía, revocó la medida de aseguramiento impuesta.

Que, el 17 de septiembre de 2012 en audiencia de juicio oral, se dictó sentido del fallo de carácter absolutorio, debido a la solicitud de absolución formulada por la fiscalía.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por auto del 19 de febrero de 2015 3 y se notificó en debida forma a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y

La demanda fue admitida por auto del 19 de febrero de 2015 3 y se notificó en debida forma a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público4.

La Fiscalía General de la Nación allegó escrito de contestación5 en el que se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda por considerar que la entidad no es responsable por el daño antijurídico alegado, ya que actuó en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, atendiendo a la naturaleza del proceso y las pruebas decretadas. Además, expuso que la Fiscalía investigó y acusó al demandante porque existían serios indicios y señalamientos que lo incriminaban.

3 Folio 43 del cuaderno 1 del expediente físico. 4 Folios 50-60 del cuaderno 1 del expediente físico. 5 Folios 72-80 del cuaderno 1 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

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Propuso las excepciones que denominó: “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; HECHO DE UN TERCERO; CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA;

ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL”.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante escrito de contestación de la demanda6, solicitó el rechazo de las pretensiones formuladas

ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL”.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante escrito de contestación de la demanda6, solicitó el rechazo de las pretensiones formuladas por el accionante, al considerar que deben individualizarse las pretensiones por los daños causados por la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a la instrucción del proceso, pues la Rama Judicial no debe responder por el proceso de captura y detención y al definir de fondo la situación, actuó dentro del término legal y conforme a derecho.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, en sentencia del 13 de diciembre de 2019 7, negó las pretensiones formuladas en la demanda, en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación, por considerar que la imposición de la medida de aseguramiento sí cumplió con los postulados establecidos por la Ley 906 de 2004 para su procedencia, ya que existía material probatorio que, de manera suficiente, indicaba que el demandante había participado del homicidio y el giro que dio el proceso no se correspondió con una omisión o afectación de derechos sino con la falta de colaboración y desaparición de los testigos iniciales, las pruebas forenses y los testimonios de las personas que frecuentaban el sector.

RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante presentó escrito de apelación8, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, al considerar que una postura sobre la responsabilidad del Estado por privación de la libertad que haga honor a la justicia con la cual debe ser tratado un ciudadano no puede simplemente

se revoque la sentencia de primera instancia, al considerar que una postura sobre la responsabilidad del Estado por privación de la libertad que haga honor a la justicia con la cual debe ser tratado un ciudadano no puede simplemente examinar si la medida de aseguramiento se impuso conforme a los estándares constitucionales y legales, pues si el juicio de atribución de la responsabilidad se limita exclusivamente al momento de imposición de la medida, sin examinar las razones por las cuales se absuelve al ciudadano, se desnaturaliza el artículo 90 de la Constitución.

6 Folios 92-97 del cuaderno 1 del expediente físico. 7 Folios 354-361 del cuaderno 2 del expediente físico. 8 Folios 369-373 del cuaderno 2 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

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Expresó que el señor Pedro Pablo Aristizábal Ramírez no estaba obligado a soportar la reclusión por más de cuatro meses, ya que se demostró que él no fue el autor del punible y que esta situación da lugar a la antijuridicidad del daño, en tanto que, los fundamentos probatorios aportados por la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento sólo tenían carácter indiciario.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

La apelación fue admitida mediante auto del 10 de junio 20219, sin que existiera algún pronunciamiento de las partes o el Agente del Ministerio Público.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

La apelación fue admitida mediante auto del 10 de junio 20219, sin que existiera algún pronunciamiento de las partes o el Agente del Ministerio Público.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Conforme a lo previsto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para decidir en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, el 13 de diciembre de 2019.

2. Problema jurídico

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si para el caso concreto (i) hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y si, en consecuencia, (ii) la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín debe confirmarse o revocarse.

3. Tesis de la Sala

En el presente asunto, la tesis que sostendrá la Sala se contrae a establecer que no hay lugar a declarar la Responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad como lo pretende el demandante por no encontrarse acreditados los requisitos necesarios para ello y, en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser confirmada.

4. De la prelación que se otorga al presente asunto a efectos de proferir el fallo.

9 Folio 377 del cuaderno 2 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

el fallo.

9 Folio 377 del cuaderno 2 del expediente físico.MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

REPARACIÓN DIRECTA.

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Es de anotar que si bien en el Despacho sustanciador a la fecha se encuentran en turno para proferir decisión de fondo procesos que fueron ingresados con anterioridad al presente asunto, y el art. 18 de la Ley 446 de 19984, en aras de efectivizar los postulados constitucionales de igualdad, debido proceso y efectivo acceso a la administración de justicia5, exige que las decisiones se profieran en orden cronológico según hayan ingresado los expedientes al despacho para tal fin, no es menos cierto que el art. 63 A de la Ley 270 de 1996, modificado por el 26 de la Ley 2430 de 2024, igualmente prevé la posibilidad de que, en ciertas circunstancias específicas, se otorgue prelación de turno para la emisión del fallo a fin que puedan decidirse anticipadamente ciertos casos sin sujeción al orden cronológico de turnos, entre ellas, la organización de los procesos por tema de decisión.

De tal suerte, siendo que lo debatido se circunscribe a resolver si, en el presente caso se configuran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; cuestión sobre la cual el Consejo de Estado ha proferido sentencia de unificación; se estima que procede dar prelación al proceso para proferir el fallo.

Estado por la privación injusta de la libertad; cuestión sobre la cual el Consejo de Estado ha proferido sentencia de unificación; se estima que procede dar prelación al proceso para proferir el fallo.

5. Marco normativo y jurisprudencial

5.1 Sobre los elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

El inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró expresamente la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado al disponer que éste debe responder por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Por su parte, el inciso segundo ibídem se ocupó de la responsabilidad personal de sus agentes, al establecer el derecho que tiene el Estado de repetir por el valor de la condena que le sea impuesta, contra el servidor público que hubiese obrado en forma dolosa o gravemente culposa.

Del texto mismo del inciso primero de esta norma, se desprenden entonces los elementos que configuran la responsabilidad del Estado, como son i) el daño antijurídico y ii) la imputación (fáctica y jurídica) del mismo, al Estado.

El profesor Juan Carlos Henao10, definió el primer elemento de la

10 Henao, 2015, págs. 280 – 285MEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

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responsabilidad, esto es, el daño antijurídico como “toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil se encuentran reunidos”.

Por su parte, sobre los elementos de daño antijurídico e imputación, contenidos en el artículo 90 de nuestra Carta Política, la Honorable Corte Constitucional se pronunció en sentencia de constitucionalidad del 1° de agosto de 1996 11, señalando: “(…) (L)a fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio , por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo. 10 - Igualmente no basta que el daño sea antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir,

propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo. 10 - Igualmente no basta que el daño sea antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño "es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídicó distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ímputatio juris además de la imputatio factí"(…)”

Así pues, el daño consiste en el menoscabo de un interés jurídico y la antijuridicidad de ese daño significa que el mismo no debió haber sido soportado por el administrado, bien sea porque es contrario a la Constitución o a la ley o porque es irrazonable, pues “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita".

Por su parte, la imputación o imputabilidad es la atribución fáctica y jurídica que se hace al Estado, de acuerdo con diversos criterios o teorías que han sido construidas jurisprudencialmente, tal como la falla del servicio, el riesgo excepcional, el daño especial.

se hace al Estado, de acuerdo con diversos criterios o teorías que han sido construidas jurisprudencialmente, tal como la falla del servicio, el riesgo excepcional, el daño especial.

Entonces, para que el daño antijurídico sea imputable al Estado y proceda su

11 Corte Constitucional. (1 de agosto de 1996). Sentencia C-333 de 1996. (Alejandro Martínez Caballero, M.P). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-333-96.htmMEDIO DE CONTROL:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

RADICADO:

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reparación, se requiere de la existencia de una teoría que justifique el deber de reparar ese daño. Esto es lo que el Honorable Consejo de Estado ha denominado títulos de imputación, los cuales corresponden a los fundamentos jurídicos o elementos argumentativos del juez en la motivación de su sentencia. En ese sentido, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha entendido que el juicio que se realiza para establecer la responsabilidad del Estado a la luz del artículo 90 constitucional, es un juicio jurídico y no simplemente causalista. Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de dicha Corporación, en Sentencia de Unificación del 19 de abril de 201212 explicó lo siguiente:

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar

de Unificación del 19 de abril de 201212 explicó lo siguiente:

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”13 “(…) En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.

En síntesis, en cuanto a la imputación, ha dicho el Consejo de Estado 14, deben analizarse dos esferas: a ) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la

En síntesis, en cuanto a la imputación, ha dicho el Consejo de Estado 14, deben analizarse dos esferas: a ) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos jurídicos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal- ; riesgo excepcional). Asimismo, es menester señalar que dicho juicio de imputación debe excluir la configuración de una causal eximente de responsabilidad del Estado.

5.2 De la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. (19 de abril de 2012). Sentencia 19001-23-31-000-199900815-01(21515) de 2012. (Harnán Andrade Rincón, C.P.). 13 Consejo de Estado. Sección Tercera. (12 de julio de 1993). Sentencia CE-SEC3-EXP1993-N7622 (7622) de 1993. (Carlos Betancur Jaramillo, C.P.). 14 Consejo de