TA ANT - Sentencia 05001-33-33-035-2023-00189-01 (31-01-2025)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SANCIÓN POR MORA – Pago tardío de cesantíasSíntesis del caso: La controversia tuvo origen en la solicitud de cesantías parciales presentada el 16 de julio de 2021 por J. J. C. G., docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Secretaría de Educación del departamento de Antioquia expidió el acto administrativo de reconocimiento el 30 de agosto de 2021, superando el término legal de quince (15) días hábiles para resolver la solicitud. Las cesantías fueron finalmente puestas a disposición del docente el 24 de noviembre de 2021, lo que implicó que el pago se realizara una vez vencido el término máximo de setenta (70) días hábiles fijado por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado para el reconocimiento y pago oportuno de esta prestación. Ante esta situación, el docente solicitó el reconocimiento de la sanción por mora. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones y declaró responsable al departamento de Antioquia.

Extracto: […] Respecto de lo anterior, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reiteradamente ha señalado, en los procesos en que es partes que la ley 91 de 1989, el artículo 56 de la ley 962 de 2005 y el decreto 2831 de 2005 son normas de carácter especial que contemplan un procedimiento para el trámite de las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, disposiciones que no consagran y,

de carácter especial que contemplan un procedimiento para el trámite de las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, disposiciones que no consagran y, tampoco tipifican, la sanción por mora en el pago de las cesantías, razón por la cual la sanción dispuesta en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006 no puede ser aplicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […] No obstante, en la actualidad no hay discusión en torno a la aplicación de la sanción moratoria contenida en la ley 1071 de 2006 para el personal docente, ni tampoco sobre la contabilización del término a partir del cual debe ser reconocida esta sanción, pues el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, zanjó estas y otras discusiones, tal como se expondrá a continuación. […] En cuanto a la liquidación de la sanción moratoria por la falta de pago oportuno del auxilio de cesantías, en la sentencia de unificación se establecieron los lineamientos para ello, en el sentido que, en el evento en que la entidad resolvía la solicitud de reconocimiento de las cesantías de manera tardía o no la resolvía, a partir de la radicación de la petición se cuentan 15 días para la expedición del acto administrativo que apruebe o impruebe el reconocimiento, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1071 de 2006. […] Finalmente, una vez ejecutoriada la decisión, la entidad cuenta con cuarenta y cinco (45) días para hacer efectivo el pago de la prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da

de 2006. […] Finalmente, una vez ejecutoriada la decisión, la entidad cuenta con cuarenta y cinco (45) días para hacer efectivo el pago de la prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da un total de setenta (70) días, de modo que, al día siguiente del vencimiento de dicho término, se comenzará a causar la sanción moratoria y cesará en el momento en que se realice el pago. […] Al respecto la sentencia de unificación precisó que el salario base para liquidar el monto de la sanción moratoria varía dependiendo de si la solicitud se realizó para el reconocimiento de las cesantías parciales o el reconocimiento de cesantías definitivas, pues en el primero de los casos será la asignación básica diaria devengada por el servidor público al momento en que se causó la mora, mientras que en el segundo de los casos será la asignación básica diaria percibida al momento de finalizar el vínculo laboral. […] Conforme lo anterior, se tiene que la entidad demandada incurrió en mora por el período comprendido entre el 28 de octubre de 2021 (día siguiente al vencimiento del término de cuarenta y cinco días que tenía para consignar las cesantías) al 23 de noviembre de 2021 (día anterior al que estuvo a disposición el dinero), es decir, 27 días. […] En síntesis, las entidades responsables del pago de los 27 días de la sanción por mora configurada (28 de octubre al 23 de noviembre de 2021) son la Fiduprevisora S.A, con sus propios recursos y no como vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia, porque no se advierte si efectivamente la entidad territorial cumplió con los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de

vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia, porque no se advierte si efectivamente la entidad territorial cumplió con los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Decisión: La Sala confirmó que la sanción por mora prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, es aplicable a los docentes, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018. Precisó que la mora comienza a causarse una vez vencidos los setenta (70) días hábiles contados desde la radicación de la solicitud de cesantías.

En el caso concreto, el Tribunal estableció que la mora se configuró entre el 28 de octubre y el 23 de noviembre de 2021, para un total de 27 días, y concluyó que la responsabilidad por el pago de la sanción recae solidariamente en la Fiduprevisora S.A., con sus propios recursos y no como vocera del patrimonio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en el departamento de Antioquia, razón por la cual modificó la sentencia de primera instancia en este aspecto y confirmó lo demás decidido.05001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur.

Medellín, D. E., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur.

Medellín, D. E., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 035 2023 00189 01 Demandante John Jairo Correa Gómez Demandados Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia Naturaleza Nulidad y restablecimiento del derecho - laboral Instancia Segunda Providencia Sentencia 14 de 2025 Decisión Modifica sentencia Tema Sanción por mora en el pago de cesantías Aprobado en acta 8 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2024 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda1.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito radicado el 5 de mayo de 20232, John Jairo Correa Gómez interpuso demanda3, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Magisterio y el departamento de Antioquia, con el fin de obtener pronunciamiento de las siguientes pretensiones, las

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Magisterio y el departamento de Antioquia, con el fin de obtener pronunciamiento de las siguientes pretensiones, las cuales se resumen así4:

1 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “033SentenciaPrimeraInstancia” 2 Carpeta “Primera Instanica”, documento en pdf “003Comunicacion” 3 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demandas” 4 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demandas páginas 2 y 305001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 3

Solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado el 30 de julio de 2022, frente a la petición radicada ante la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia, en cuanto le negó a la parte actora el reconocimiento de la sanción por mora contenida en la ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, conforme al artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Así mismo, que se declare que tiene derecho a que la s entidades le reconozcan, liquiden y paguen la sanción por mora en los términos de las leyes antes mencionadas.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al pago de dicha prestación equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 70 días hábiles contados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta

prestación equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 70 días hábiles contados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma y, además, que se ordene lo siguiente:

1. que reconozca y pague el ajuste del valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria conforme a la variación del IPC desde el pago de la cesantía y hasta la ejecutoria de la sentencia y, ii) que d e cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

2.- Los hechos

Los fundamentos fácticos de las pretensiones5 se resumen en que el 30 de agosto de 2021, mediante la resolución 2021060088472, le fue reconocida a John Jairo Correa Gómez la cesantía solicitada el “16 de julio de 2021” (sic) y pagada el 24 de noviembre de 2021, de manera que, según su dicho, transcurrieron 27 días de mora desde el vencimiento el término de los 70 días hábiles con los que contaba la entidad para efectuar el pago y la fecha en que este se materializó.

3.- Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó, como fundamento de sus pretensiones, los artículos 5 y 15 de la ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995, los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

la ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995, los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

5 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “003DemandaYAnexos” páginas 3 a 505001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 4

Como concepto de violación, manifestó que la entidad demandada ha transgredido las disposiciones que regulan la materia e incurren en mora injustificada para el pago de la misma ; además, indicó que con la ley 1955 de 2019 se incorporó la responsabilidad de las entidades territoriales , en los casos en los que la mora se produzca por su falta de diligencia.

Manifestó que entre el reconocimiento y pago de la prestación en comento no deben superarse los 70 días hábiles después de haber sido radicada la solicitud; sin embargo, la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagó la prestación reclamada por fuera de los términos establecidos en la ley, circunstancia que genera una sanción a cargo de dicha entidad.

4.- La actuación procesal de primera instancia

La demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 25 de mayo de 20236, providencia que se notificó en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

El 16 de noviembre de 20237, se emitió un auto que resolvió darle aplicación a la figura de sentencia anticipada de que trata el artículo 182A del CPACA, se incorporaron las

debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

El 16 de noviembre de 20237, se emitió un auto que resolvió darle aplicación a la figura de sentencia anticipada de que trata el artículo 182A del CPACA, se incorporaron las pruebas documentales aportados con la demanda y las contestaciones y se fijó el litigio. En auto posterior, se ordenó correr traslado a las partes, por el término de diez (10) días, para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión8.

En auto de 11 de julio de 20249, el juzgado de primera instancia concedió el recurso de apelación presentado por el departamento de Antioquia.

4.1.- La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , dentro de la oportunidad legal , se opuso a las pretensiones de la demanda10 y, en cuanto a los hechos, indicó que unos se admitían como ciertos, otros no lo eran y otros debían acreditarse.

Adujo que mediante el artículo 3 de la ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica.

6 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “005AutoAdmisorio2023-00189 CATA” 7 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “024AplicaLey2080DctaPruebasFijaLitigio2023-00189” 8 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “025AutoTrasladoAlegatos2023-00189” 9 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “039AutoConcedeApelacionSteparcialCond”

8 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “025AutoTrasladoAlegatos2023-00189” 9 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “039AutoConcedeApelacionSteparcialCond” 10 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “007Comunicacion” y “008ContestacionDdaFomag”05001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 5

Explicó que con la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006, se establecieron los términos para el pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos.

Expresó que con la vigencia de la ley 1955 de 2019, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los docentes es un trámite que, exclusivamente, se encuentra en cabeza de dos entidades, esto es, en las Secretarías de Educación, quienes tienen la competencia funcional de expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación y la sociedad fiduciaria -Fiduprevisora S.A.- que tiene la obligación legal y contractual de pagar la prestación.

Adujo que la entidad territorial expidió en tiempo el acto administrativo de reconocimiento, pero no se adjuntó, con la demanda, la prueba de la fecha en que fue radicada la documentación en la Fiduprevisora S.A. para proceder con el pago de la prestación.

Explicó que la demandante solicit ó las cesantías el 16 de julio de 2021, así que la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia tenía 15 días para la expedición del acto administrativo , los cuales vencieron el 9 de agosto de 2021 ; sin embargo, la resolución se expidió el 30 de agosto de 2021 , es decir, de forma

Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia tenía 15 días para la expedición del acto administrativo , los cuales vencieron el 9 de agosto de 2021 ; sin embargo, la resolución se expidió el 30 de agosto de 2021 , es decir, de forma extemporánea, circunstancia que permite concluir que la responsabilidad es del ente territorial, conforme al artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Añadió que se debe desvincular, porque si se condena, sería violar la ley y lesionar el patrimonio económico de la entidad.

4.2.- El departamento de Antioquia , dentro de la oportunidad legal , se opuso a las pretensiones de la demanda11 y, en cuanto a los hechos, admitió unos como ciertos, frente a otros indicó que no lo eran y otro que se debían probar.

Expresó que el acto administrativo que reconoce o no el pago de la indemnización solicitada es emitido por el departamento de Antioquia en nombre y representación de la autoridad competente, conforme a las facultades conferidas por la ley 115 de 1994 y el decreto 1775 de 1990.

Sostuvo que según la resolución 2021060088472 de 30 de agosto de 2021 , el demandante presentó la solicitud de pago de las cesantías el 20 de agosto de 2021, así que, como la resolución se profirió el 30 de agosto de 2021, la competencia para

11 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “012Comunicacion” y “013ContestacionDdaDptoAnt”05001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 6

el pago de la sanción por mora es del F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Nulidad y restablecimiento del derecho 6

el pago de la sanción por mora es del F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – a través de la FIDUPREVISORA.

Propuso las excepciones que denominó : “i) falta de legitimación en la causa por pasiva (material”, “ii) inexistencia del silencio administrativo ficto”, “ii)“inexistencia del derecho reclamado”, “iv) inexistencia de la obligación demandada en cabeza del departamento de Antioquia” y” v) la genérica)”.

5.- La sentencia

Mediante sent encia proferida el 6 de junio de 202 4, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda12.

Para tal efecto, señaló que, el 16 de julio de 2021 , el docente solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales , petición que si bien no se armoniza con lo plasmado en la resolución 2021060088472 de 30 de agosto de 2021 , emitida por el departamento de Antioquia, pues allí se refiere que el actor solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales para reparación de vivienda , mediante petición número 2021-CES-062498 de 20 de agosto de 2021; tampoco obra prueba que acredite que la solicitud radicada el 16 de julio de 2021 haya sido devuelta u objeto de alguna aclaración o modificación.

Manifestó que las cesantías debían ser reconocidas a más tardar el 9 de agosto de 2021; sin embargo, el acto de reconocimiento se expidió el 30 de agosto de 2021 y se

devuelta u objeto de alguna aclaración o modificación.

Manifestó que las cesantías debían ser reconocidas a más tardar el 9 de agosto de 2021; sin embargo, el acto de reconocimiento se expidió el 30 de agosto de 2021 y se pagaron el 24 de noviembre de 2021, fecha para la cual ya habían transcurrido más de 70 días hábiles (27 de octubre de 2021), posteriores a la radicación de la petición.

Enunció que la sanción por mora se produjo entre el 28 de octubre de 2021 y hasta el 23 de noviembre de 2021 (ambas fechas inclusive), es decir, 27 días . Por lo anterior, declaró la nulidad del acto ficto negativo configurado a raíz del silencio guardado por la entidad frente a la petición de reconocimiento de la sanción moratoria, elevado el 30 de abril de 2022.

Finalmente consideró que no se aplicaba la ley 1955 de 2019, porque el artículo 336 señaló que su vigencia sería a partir de su publicación; por tanto, para las solicitudes de cesantías radicadas con anterioridad al 25 de mayo de 2019, no les es aplicable esta normatividad, “tal y como ocurre en el presente caso ” (sic). En suma, decidió que el responsable del pago es el departamento de Antioquia, declaró improcedente la indexación y no condenó en costas.

12 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “033SentenciaPrimeraInstancia”05001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 7

6.- El recurso de apelación

6.1. El departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación13 frente al fallo de

Nulidad y restablecimiento del derecho 7

6.- El recurso de apelación

6.1. El departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación13 frente al fallo de primera instancia, en virtud del cual solicitó revocar la sentencia.

Para lo anterior, reiteró los argumentos de la contestación y añadió que el ente territorial profirió la resolución de reconocimiento de la cesantía en t iempo y si se llegase a establecer que la entidad departamental profirió y notificó el acto de reconocimiento por fuera del término de 15 días que establece la ley 1071 de 2006, no sería razón suficiente para considerar que el ente territorial es el responsable del pago total o parcial.

Expuso que no incurrió en mora, porque su obligación era expedir la resolución de reconocimiento y remitir la documentación respectiva a la Fiduciaria; además, el pago de los recurs os lo hace la fiduciaria quien administra los recursos del FOMAG , por ende, es solo un tramitador.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2024, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la ley 1437 de 2011, en armonía con lo consagrado en el numeral 2 del artículo 155 ibídem pues, al estimar razonadamente la cuantía, la pretensión de mayor valor no excedió los 50 salarios mínimos legales mensuales14.

1.2.- Cuestión previa.

en el numeral 2 del artículo 155 ibídem pues, al estimar razonadamente la cuantía, la pretensión de mayor valor no excedió los 50 salarios mínimos legales mensuales14.

1.2.- Cuestión previa.

Se advierte que el artículo 18 de la ley 446 de 1998 impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que han venido tramitando hayan pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden.

No obstante, lo anterior, el legislador mediante la ley 1285, de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en

13 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “035Comunicacion” y “036RecursoApelacionDepartamentoAntioquia” 14 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demanda” página 1605001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 8

su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus Salas o Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada carezca de antecedentes jurisprudenciales.

Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2018, unificó la jurisprudencia frente a la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías al personal docente de que trata la ley 244 de 1995 subrogado

unificó la jurisprudencia frente a la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías al personal docente de que trata la ley 244 de 1995 subrogado por la ley 1071 de 2006, se entrará a resolver el recurso de apelación sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho.

2.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria de que trata la ley 244 de 1995, modificada por la ley 1071 de 2006, por la falta de pago oportuno de sus cesantías.

Para la solución del problema jurídico propuesto, la Sala desarrollará los siguientes temas: i) régimen jurídico aplicable, ii) solución al caso concreto, iii) decisión y iv) costas.

3.- Marco jurídico aplicable

3.1.- Cesantías de docentes

La ley 91 de 1989, en relación con las cesantías de los docentes, establece:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

“3. Cesantías:

“A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año l aborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año l aborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

“B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma qu e resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del05001 33 33 035 2023 00189 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 9

Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

Ahora, el decreto 2831 de 2005 regula todo lo relativo al reconocimiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señalando que: (i) la solicitud se eleva ante la entidad territorial a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el docente, (ii) la entidad territorial elabora y remite el proyecto de acto administrativo dentro de los quince (15) días

planta docente pertenezca o haya pertenecido el docente, (ii) la entidad territorial elabora y remite el proyecto de acto administrativo dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la solicitud a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y (iii) dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del proyecto de resolución la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones para no hacerlo. La normativa que regula la materia establece:

“Artículo 2. Radicación de solicitudes . Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya perte necido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

“La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magi sterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

“Artículo 3. Gestión a cargo de las secretarías de educación . De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,

“Artículo 3. Gestión a cargo de las secretarías de educación . De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, s erá efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

“Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá:

“1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

“2, Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

“3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo,

“4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y

de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo,

“4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y admini