TA ANT - Sentencia 05001-33-33-035-2023-00302-01 (31-01-2025)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SANCIÓN POR MORA – Pago tardío de cesantíasSíntesis del caso: La controversia se originó en la demanda de C. P. A. J., quien solicitó la nulidad del acto presunto negativo que negó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de cesantías parciales, al considerar que la administración incurrió en retardo injustificado. La actora sostuvo que, aunque las cesantías le fueron reconocidas mediante resolución expedida en diciembre de 2021, el pago solo se efectuó en febrero de 2022, lo que —a su juicio— configuraba mora sancionable conforme a la Ley 244 de 1995, la Ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín acogió esa tesis y condenó al departamento de Antioquia al pago de la sanción moratoria por 19 días de retardo. El departamento apeló la decisión, argumentando que la fecha válida de radicación de la solicitud de cesantías era el 11 de diciembre de 2021, que el acto administrativo se expidió dentro del término legal y que el pago se realizó antes del vencimiento de los 45 días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto.

Extracto: […] Frente a este argumento, si bien es claro que existió discusión respecto de la aplicación de la sanción por mora contenida en la ley 1071 de 2006 al personal docente, esta Sala, desde hace ya tiempo, sentó su posición al respecto, en el sentido que, si bien, en principio, pudiera considerarse improcedente el reconocimiento de la sanción en mención a los docentes

contenida en la ley 1071 de 2006 al personal docente, esta Sala, desde hace ya tiempo, sentó su posición al respecto, en el sentido que, si bien, en principio, pudiera considerarse improcedente el reconocimiento de la sanción en mención a los docentes cuya situación prestacional se encuentra especialmente regulada en la ley 91 de 1989 y el decreto 2831 de 2005, en razón de los principios de igualdad y de favorabilidad resulta viable aplicar lo consagrado en la ley 1071 de 2006, pues no puede dársele un trato desigual al sector docente, negándoles un beneficio reconocido a los servidores públicos (calidad que ostentan los docentes), so pretexto de no estar regulada en una norma especial su situación prestacional; además, no podría prohijarse la tesis que, en relación con los docentes, el pago con mora de una prestación social no tiene una consecuencia jurídica, como lo da a entender la entidad demandada. […] No obstante, en la actualidad no hay discusión en torno a la aplicación de la sanción moratoria contenida en la ley 1071 de 2006 para el personal docente, ni tampoco sobre la contabilización del término a partir del cual debe ser reconocida esta sanción, pues el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, zanjó estas y otras discusiones, tal como se expondrá a continuación. […] Finalmente, una vez ejecutoriada la decisión, la entidad cuenta con cuarenta y cinco (45) días para hacer efectivo el pago de la prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da un total de setenta (70) días, de modo que, al día siguiente del vencimiento

con cuarenta y cinco (45) días para hacer efectivo el pago de la prestación. Lo anterior en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, da un total de setenta (70) días, de modo que, al día siguiente del vencimiento de dicho término, se comenzará a causar la sanción moratoria y cesará en el momento en que se realice el pago. […] El término de ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento solo iniciará a correr después de transcurridos doce (12) días, contados a partir de la expedición del mismo, como quiera que la entidad cuenta con cinco (5) días para citar al interesado (artículo 68 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), cinco (5) días para que comparezca a recibir notificación personal (artículo 69 ibídem), un (1) día para entregar el aviso (ibídem) y, un (1) día para perfeccionarse la notificación por este medio (ibídem). […] Al respecto la sentencia de unificación precisó que el salario base para liquidar el monto de la sanción moratoria varía dependiendo de si la solicitud se realizó para el reconocimiento de las cesantías parciales o el reconocimiento de cesantías definitivas, pues en el primero de los casos será la asignación básica diaria devengada por el servidor público al momento en que se causó la mora, mientras que en el segundo de los casos será la asignación básica diaria percibida al momento de finalizar el vínculo laboral. […] Conforme lo anterior, el 22 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación expidió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, esto es, dentro de los 15 días siguientes para su reconocimiento (día 8); por

finalizar el vínculo laboral. […] Conforme lo anterior, el 22 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación expidió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, esto es, dentro de los 15 días siguientes para su reconocimiento (día 8); por ende, como no se demostró en el plenario cuando se surtió la notificación del acto, se aplicó la regla consistente en que el término de ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento solo iniciará a correr después de transcurridos doce (12) días, contados a partir de la expedición del mismo, como quiera que la entidad cuenta con cinco (5) días para citar al interesado (artículo 68 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), cinco (5) días para que comparezca a recibir notificación personal (artículo 69 ibídem), un (1) día para entregar el aviso (ibídem) y, un (1) día para perfeccionarse la notificación por este medio (ibídem. Así las cosas, surtida la notificación -7 de enero de 2022- (día 12 después de 22 de diciembre de 2021), el término de los 45 días para el pago de la cesantía comenzó a correr desde el 11 de enero de 2022 (día hábil siguiente al 7 de enero de 2022) y finalizó el 14 de marzo de 2022.  En atención a lo anterior, como los 45 días para el pago de las cesantías se cumplieron el 14 de marzo de 2022, la entidad demandada no incurrió en mora porque puso a disposición el pago el 23 de febrero de 2022 (antes del vencimiento de los 45 días después de ejecutoriado el acto administrativo).

el 14 de marzo de 2022, la entidad demandada no incurrió en mora porque puso a disposición el pago el 23 de febrero de 2022 (antes del vencimiento de los 45 días después de ejecutoriado el acto administrativo).

Decisión: La Sala revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones, al concluir que no se configuró mora en el pago de las cesantías. Para ello, precisó que: i) La solicitud de reconocimiento se presentó válidamente el 11 de diciembre de 2021, fecha que consta en el acto administrativo y que no fue desvirtuada probatoriamente. ii) El acto de reconocimiento fue expedido dentro de los 15 días hábiles previstos por la ley. iii) Ante la ausencia de prueba de notificación, se aplicó la regla jurisprudencial según la cual la ejecutoria se entiende surtida 12 días después de la expedición del acto. iv) El término de 45 días hábiles para el pago comenzó a correr tras la ejecutoria y no había vencido cuando las cesantías fueron puestas a disposición de la demandante el 23 de febrero de 2022. En consecuencia, al no acreditarse retardo alguno, la sanción por mora resultaba improcedente y no había lugar a condena en costas.05001 33 33 035 2023 00302 01

Nulidad y restablecimiento del derecho 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur.

Medellín, D. E., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

SALA CUARTA

Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur.

Medellín, D. E., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 05001 33 33 035 2023 00302 01 Demandante Claudia Patricia Avendaño Jiménez Demandado Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia Naturaleza Nulidad y restablecimiento del derecho - laboral Instancia Segunda Providencia Sentencia 15 de 2025 Temas y subtemas Sanción por mora en el pago de cesantías / No se causó la mora Decisión Revocar sentencia Aprobado en acta 8 de 2025

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda1.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito radicado el 5 de julio de 20242, Claudia Patricia Avendaño Jiméne z interpuso demanda3, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Magisterio y el

de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Magisterio y el

1 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “034SentenciaPrimeraInstancia2023-00302” 2 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “003Comunicacion” 3 Carpeta “Primera”, documento en pdf “001Demanda”05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 3

departamento de Antioquia, con el fin de obtener pronunciamiento respecto de las siguientes pretensiones, las cuales se resumen así4:

Solicitó que se declare la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 30 de abril de 2023, frente a la petición presentada el 31 de enero de 2023, en cuanto le negó a la parte actora el reconocimiento de la sanción por mora contenida en la ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, conforme al artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Así mismo, que se declare que tiene derecho a que la entidad le reconozca, liquide y pague la sanción por mora en los términos de las leyes antes mencionadas.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al pago de dicha prestación equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los 45 días hábiles contados desde el momento en que se quedó ejecutoriado el acto administrativo y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma y, además, que se ordene lo siguiente:

partir del día siguiente al vencimiento de los 45 días hábiles contados desde el momento en que se quedó ejecutoriado el acto administrativo y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma y, además, que se ordene lo siguiente:

1. que reconozca y pague el ajuste del valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria conforme a la variación del IPC desde el pago de la cesantía y hasta la ejecutoria de la sentencia y, ii) que d e cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

2.- Los hechos

Los fundamentos fácticos de las pretensiones5 se resumen en que el 22 de diciembre de 2021, mediante la resolución 2021060132916, le fue reconocida a Claudia Patricia Avendaño Jiménez la cesantía solicitada el “22 de octubre de 2021”(sic) y pagada el 23 de febrero de 2022, de manera que, según su dicho, transcurrieron 36 días de mora desde el vencimiento del término de los 70 días hábiles con los que contaba la entidad para efectuar el pago –3 de febrero de 20 22y la fecha en que este se materializó –23 de febrero de 2022 -.

3.- Normas violadas y concepto de violación

4 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demanda” páginas 2 y 3 5 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demanda” páginas 3 y 405001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 4

La parte actora invocó, como fundamento de sus pretensiones, los artículos 5 y 15 de

Nulidad y restablecimiento del derecho 4

La parte actora invocó, como fundamento de sus pretensiones, los artículos 5 y 15 de la ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995, los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

Como concepto de violación, manifestó que la entidad demandada ha transgredido las disposiciones que regulan la materia e incurren en mora injustificada para el pago de la misma ; además, indicó que con la ley 1955 de 2019 se incorporó la responsabilidad de las entidades territoriales , en los casos en los que la mora se produzca por su falta de diligencia.

Manifestó que los plazos previstos para la expedición y notificación del acto administrativo son de 15 días, además, de que se debe evaluar si la notificación se realizó en debida forma y si el docente renuncia o no a los términos de ejecutoria, porque dicha situación varía el conteo de los términos de la sanción p or mora, tal como se estableció el 18 de Julio de 2018, en sentencia de unificación CE-SUJSII-0122018SUJ-012-S2, emitida por el consejo de Estado.

4.- La actuación procesal de primera instancia

La demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto de 19 de julio de 20236, providencia que se notificó en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

El 14 de marzo de 20247, se emitió un auto, en el cual el a quo aplicó la figura de la

debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.

El 14 de marzo de 20247, se emitió un auto, en el cual el a quo aplicó la figura de la sentencia anticipada, fijó el litigio e incorporó las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación de la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ; además , se declaró que la contestación presentada por el departamento de Antioquia fue extemporánea.

Seguidamente el 4 de abril de 2024, se profirió providencia que dio traslado para alegar8.

El juzgado de primera instancia concedió el recurso de apelación presentado por el departamento de Antioquia9.

6 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “005AutoAdmisorio2023-00302” 7 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “022AplicaLey2080DctaPruebasFijaLitigio2023-00302” 8 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “023AutoTrasladoAlegatos2023-00302” 9 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “042ConcedeApelacionSt”05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 5

4.1.- La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , dentro de la oportunidad legal , se opuso a las pretensiones de la demanda10 y, en cuanto a los hechos, indicó que unos no eran ciertos, que otros no eran hechos y frente a otros que se atenía a lo que se lograra demostrar.

Adujo que el 22 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación del departamento

eran hechos y frente a otros que se atenía a lo que se lograra demostrar.

Adujo que el 22 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia emitió el acto administrativo de reconocimiento y pago 32916, frente a la solicitud de las cesantías de 22 de octubre de 2021, la cual fue notificada a la fiduprevisora para pago , el 7 de febrero de 2022; por ende, adjunto la siguiente imagen:

Explicó que el conteo de los 45 días inició el 7 de febrero de 2022, así que como el dinero se puso a disposición el 23 de febrero de 2022 se encuentra en término.

Consideró que la entidad no expide los actos administrativos que se buscan declarar nulos, así que se debía desvincular.

4.2.- El departamento de Antioquia, contestó de manera  extemporánea, porque la demanda se notificó el 22 de agosto de 202311 y el término venció el 5 de octubre de 2023 (32 días), en tanto, la contestación se radicó el 20 de octubre de 2023.

5.- La sentencia

Mediante sent encia proferida el 28 de junio de 202 4, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín concedió las pretensiones de la demanda12.

10 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “007Comunicacion”, “008ContestacionDdaFomag” 11 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “006NotificaAdmision” 12 Carpeta “Primera”, documento en pdf “034SentenciaPrimeraInstancia2023-00302”05001 33 33 035 2023 00302 01

11 Carpeta “Primera Instancia”, documentos en pdf “006NotificaAdmision” 12 Carpeta “Primera”, documento en pdf “034SentenciaPrimeraInstancia2023-00302”05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 6

Para tal efecto, señaló que el 22 de octubre de 2021 la docente solicit ó el reconocimiento y pago de cesantías parciales, fecha que si bien no se armoniza con lo indicado por el departamento de Antioquia en la resolución 2021060132916, de 22 de diciembre de 2021 , pues allí se consignó que la petición fue de 11 de diciembre de 2021, dentro del plenario no obra prueba de que acredite fehacientemente que, en efecto, la solicitud radicada el 22 de octubre de 2021 haya sido devuelta u objeto de alguna aclaración o modificación, razón por la que otorgó credibilidad a la petición de 22 de octubre de 2021.

Adujo que las cesantías fueron reconocidas el 22 de diciembre de 2021 , mediante resolución 2021060132916; en consecuencia, entre la solicitud y la expedición de la resolución de reconocimiento, transcurrieron 40 días.

Advirtió que según el certificado de la FIDUPREVISORA S.A, los dineros de las cesantías parciales se encontraron a disposición el 23 de febrero de 2022, fecha en la cual la entidad se encontraba por fuera del término, ya que habían transcurrido más de setenta (70) días hábiles, posteriores a la formulación de la petición, porque el término para el pago de las cesantías feneció el 3 de febrero de 2023.

entidad se encontraba por fuera del término, ya que habían transcurrido más de setenta (70) días hábiles, posteriores a la formulación de la petición, porque el término para el pago de las cesantías feneció el 3 de febrero de 2023.

Explicó que reposa copia de la petición incoada ante el departamento de Antioquia a través de la cual reclamó en sede administrativa el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales, de la cual no recibió respuesta alguna. Por lo tanto, se encuentra configurado el silencio administrativo y el acto presunto negativo a partir del 30 de abril de 2023.

Por lo anterior , declaró la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo configurado el 30 de abril de 2023 y a título de restablecimiento del derecho resolvió condenar al departamento de Antioquia a reconocer por concepto de sanción por mora el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por la mora que se produjo desde el 4 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 (ambas fechas inclusive), es decir, 19 días de mora.

6.- El recurso de apelación

El departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación 13 frente al fallo de primera instancia, en virtud del cual solicitó revocar dicha sentencia.

13 Carpeta “Primera”, documentos en pdf “036Comunicacion” y “037RecursoApelacion”05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 7

Sostuvo que la resolución 2021060132916, de 22 de diciembre de 2021, fue expedida

Nulidad y restablecimiento del derecho 7

Sostuvo que la resolución 2021060132916, de 22 de diciembre de 2021, fue expedida a nombre de la Nación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y oportunamente, así que la aprobación, reconocimiento del derecho y el pago de la prestación, son funciones que por ministerio legal están atribuidas a la Nación-Fomag.

Señaló que la parte actora presentó la solicitud de retiro de cesantías el 11 de diciembre de 2021 y no el 22 de octubre de 2021 como lo sostiene el juez de primera instancia, porque así se desprende del acto administrativo de reconocimiento; además, el trámite que se imparte es que el docente allega los documentos, pero hasta que no reúna los requisitos establecidos no se radica la solicitud ante el Fomag. Por lo anterior, consideró que lo consignado en la resolución que reconoce la prestación corresponde a la verdad y debe de tenerse en cuenta como fecha de presentación de la solicitud de retiro de cesantías.

Indicó que como la solicitud de retiro de las cesantías se radicó el 11 de diciembre de 2021, el departamento , en nombre de la N ación-Fomag, al expedir el acto administrativo el 22 de diciembre de 2021, lo hizo dentro de los 8 días hábiles , por lo tanto, no se le puede endilgar responsabilidad al ente territorial.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2024, por

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2024, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la ley 1437 de 2011, en armonía con lo consagrado en el numeral 2 del artículo 155 ibídem pues, al estimar razonadamente la cuantía, la pretensión de mayor valor no excedió los 50 salarios mínimos legales mensuales14.

1.2.- Cuestión previa.

Se advierte que el artículo 18 de la ley 446 de 1998 impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que han venido tramitando hayan pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden.

14 Carpeta “Primera Instancia”, documento en pdf “001Demanda” páginas 15 y 1605001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 8

No obstante, lo anterior, el legislador mediante la ley 1285, de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus Sala s o Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada carezca de antecedentes jurisprudenciales.

Secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada carezca de antecedentes jurisprudenciales.

Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, en sentencia de 18 de julio de 2018, unificó la jurisprudencia frente a la aplicación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías al personal docente de que trata la ley 244 de 1995 subrogado por la ley 1071 de 2006, se entrará a resolver el recurso de apelación sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho.

2.- El problema jurídico

De conformidad con los argumentos esbozados en el recurso de apelación, la Sala considera que el debate de segunda instancia se reduce a determinar, en primer lugar, cuál fue la fecha en que se puso a disposición de la parte demandante el dinero de las ces antías, para luego, establecer quién es la entidad responsable de pagar a favor de Claudia Patricia Avendaño Jiménez la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y el período bajo el cual se debe realizar el pago por dicho concepto.

Para la solución del problema jurídico propuesto, la Sala desarrollará los siguientes temas: i) régimen jurídico aplicable, ii) solución al caso concreto, iii) decisión y iv) costas.

3.- Marco jurídico aplicable

3.1.- Cesantías de docentes

La ley 91 de 1989, en relación con las cesantías de los docentes, establece:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y

3.1.- Cesantías de docentes

La ley 91 de 1989, en relación con las cesantías de los docentes, establece:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

“3. Cesantías:

“A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año l aborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 9

“B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma qu e resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Banc aria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

Ahora, el decreto 2831 de 2005 regula todo lo relativo al reconocimiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señalando que: (i) la solicitud se eleva ante la entidad territorial a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el docente, (ii) la entidad territorial elabora y remite el proyecto de acto administrativo dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la solicitud a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y (iii) dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del proyecto de resolución la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones para no hacerlo. La normativa que regula la materia establece:

“Artículo 2. Radicación de solicitudes . Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya perte necido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

“La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magi sterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

“Artículo 3. Gestión a cargo de las secretarías de educación . De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, s erá efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

“Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá:

“1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

“2, Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos

Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

“2, Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos adoptados, certificación de tiempo de05001 33 33 035 2023 00302 01 Nulidad y restablecimiento del derecho 10

servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

“3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional