TA ANT - Sentencia 05001-33-33-036-2023-00080-01 (24-06-2025)

RETIRO DEL SERVICO – Marco normativo y jurisprudencial / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS – Para miembros de la Policía NacionalSíntesis del caso: El señor W. O. A. V., miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, ingresó a la institución en 1996 y acumuló más de 27 años de servicio. En 2022 fue convocado a curso de ascenso para obtener el grado de Subcomisario y matriculado en el Diplomado en Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2022, mediante Resolución 02904, fue retirado del servicio activo bajo la causal de llamamiento a calificar servicios. El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando falta de motivación del acto, vulneración del debido proceso y desviación de poder, especialmente por la oportunidad del retiro en plena etapa de ascenso. Extracto: […] Con miras a resolver la controversia que se presenta, el punto de partida se ubica en el Decreto 1791 de 2000 que consagra el régimen de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional. Entre sus preceptos se regula el retiro, como situación administrativa que, al tenor de su artículo 54, consiste en que “ el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar el servicio.” […] Como lo anticipan las citas jurisprudenciales hechas, la motivación ínsita en los actos de retiro que se expiden bajo esta causal es el mejoramiento del servicio a través de la modificación de la planta de personal, retirando a quienes cumplen los requisitos de acceso a la asignación de retiro para garantizar la carrera de los uniformados, el ascenso de los miembros de la

servicio a través de la modificación de la planta de personal, retirando a quienes cumplen los requisitos de acceso a la asignación de retiro para garantizar la carrera de los uniformados, el ascenso de los miembros de la Fuerza Pública, la renovación de los cuadros mando, el relevo generacional y, en general, hacer efectiva la estructura jerarquizada de estas instituciones. […] Así las cosas, mientras el retiro de los oficiales y suboficiales está regulado tanto por el Decreto 1791 de 2000 como por la Ley 857 de 2003, el retiro del nivel ejecutivo solo está reglado por el Decreto 1791 de 2000. Entonces, es de este último cuerpo normativo del cual emergen los requisitos que deben ser observados para disponer sobre el retiro de este personal. Se hace la anterior precisión ante la necesidad de distinguir, de un lado, el tipo de vinculación del demandante, y, de otro lado, el tipo de causal de retiro discrecional utilizada por la entidad. […] De ninguno de estos preceptos surge como requisito el concepto previo de la Junta de Evaluación y Clasificación, pues los presupuestos que reclaman las normas, en punto de un miembro del nivel ejecutivo, consisten en que el servidor acredite haber cumplido, como mínimo, 20 años de servicio, lo que le confiere el derecho de acceso a una asignación de retiro. […] Por consiguiente, a la POLICÍA NACIONAL no le es exigible agotar un requisito que no está previsto para la causal de retiro utilizada frente al demandante, ya que el concepto previo no fue establecido entre los artículos 54, 55 y 57 del Decreto 1791 de 2000 para el retiro por llamamiento a calificar servicios de un miembro del nivel ejecutivo. Se hace énfasis en que el requisito que echa de menos la parte actora sí es un requerimiento, pero no

57 del Decreto 1791 de 2000 para el retiro por llamamiento a calificar servicios de un miembro del nivel ejecutivo. Se hace énfasis en que el requisito que echa de menos la parte actora sí es un requerimiento, pero no para el caso que se somete a estudio, pues está consagrado para los eventos en que el retiro proviene de la voluntad del Gobierno Nacional o de la Dirección General de la POLICÍA, que es una causal de marcada diferencia con la usada frente al demandante, por lo que las particularidades de aquella no pueden ser trasladadas a un supuesto disímil.

Decisión: El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia. Con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, precisó que: i) El retiro por llamamiento a calificar servicios, según los artículos 54, 55 y 57 del Decreto 1791 de 2000, no exige motivación expresa, pues esta es implícita y deriva del cumplimiento del tiempo de servicio y el derecho a asignación de retiro. ii) Para el personal del nivel ejecutivo, como el demandante, no se exige concepto previo de Junta Asesora, requisito aplicable solo a oficiales en ciertos casos. iii) El actor cumplía más de 20 años de servicio, requisito habilitante para esta modalidad de retiro. iv) No se demostró desviación de poder ni irregularidad en la expedición del acto administrativo. En consecuencia, el Tribunal confirmó la negativa de nulidad y se abstuvo de imponer costas en segunda instancia.REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –

LABORAL

DEMANDANTE WALTER OSWALDO AGUDELO VILLA

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL RADICADO 05001-33-33-036-2023-00080-01

INSTANCIA SEGUNDA

PROCEDENCIA JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN

ASUNTO RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR

SERVICIOS

DECISIÓN CONFIRMA

PROVIDENCIA 40

LINK DEL EXPEDIENTE 036 2023 00080 01

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el día 5 de agosto de 2024, por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Medio de control

El señor Walter Oswaldo Agudelo Villa acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Naciona l1, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio.

de Defensa – Policía Naciona l1, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio.

1 En adelante también se hará referencia a esta entidad como Policía Nacional o PolicíaMEDIO DE CONTROL:

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL

WALTER OSWALDO AGUDELO VILLA

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1.2. Pretensiones

Se pretende la nulidad de la Resolución 02904 del 21 de septiembre de 2022, a través de la cual se retiró del servicio de la Policía Nacional al señor Walter Oswaldo Agudelo Villa por llamamiento a calificar servicios.

A título de restablecimiento del derecho, solicita la parte actora que se dé orden a la entidad demandada para que reintegre al servicio activo de la Policía Nacional al señor Walter Oswaldo Agudelo Villa, en el cargo asignado en el Departamento de Policía de Antioquia u otro de igual o superior categoría y grado que ostenten sus compañeros de curso y antigüedad al momento del reintegro. Esto, junto con la declaratoria de inexistencia de solución de continuidad.

Por otro lado, pide que la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional le realice el pago de salarios, primas, reajustes salariales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta que se produzca su reintegro. También, pide el reconocimiento de los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que se le

el pago de salarios, primas, reajustes salariales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta que se produzca su reintegro. También, pide el reconocimiento de los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que se le habrían ocasionado.

1.3. Supuestos fácticos

La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

El señor Walter Oswaldo Agudelo Villa ingresó como alumno de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo en 1996 y, en el año 1997, adquirió el grado de patrullero. Seguidamente señala que, después de una larga trayectoria y varios ascensos, en el año 2018, logró el grado de Intendente Jefe.

Advierte que en comunicación GS-2022-000856-DITAH-ADEHU-1-10 del 11 de enero de 2022, fue incluido en el listado del personal que daría inicio al curso de ascenso para obtener el grado de Subcomisario. A partir de ahí, informa que el 29 de agosto de 2022 fue matriculado en el ciclo III de 2022, al Diplomado en Policía Seguridad Ciudadana y Administración Pública.

Finalmente, después de llevar 28 días cursando el diplomando, fue notificado del acto que resolvió retirarlo del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.MEDIO DE CONTROL:

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1.4. Normas violadas y concepto de violación

Considera que en su caso se violan las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 6, 29, 83, 121, 122, 123, 124, 125, 209, 219 y numeral 1 del artículo 278 de la Constitución Política; los artículos 3, 36, 40, 48, 137, 138 y 155 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 1, 2 numeral 3 y 4 de la Ley 857 de 2003; y Decreto 1791 de 2000, por el cual se modifican las normas de carrera de la Policía Nacional.

Luego, aduce que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque tuvo como fundamento normas que no eran aplicables al caso y, además, contiene una falta motivación. En ese orden señala que, aun cuando en la misma Corte Constitucional hay diversidad de criterios en relación a si los actos de llamamiento a calificar servicios deben estar motivados o no, siendo la posición mayoritaria la relativa a que no es necesario motivarlos porque ese presupuesto ya figura en la ley, varios salvamentos de voto han advertido que la falta de motivación vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y el acceso a la justicia de los miembros de la Fuerza Pública retirados bajo esta figura.

Así, resalta que dichos salvamentos de voto también han señalado que la postura mayoritaria impone una carga probatoria excesiva al afectado, al exigirle demostrar

miembros de la Fuerza Pública retirados bajo esta figura.

Así, resalta que dichos salvamentos de voto también han señalado que la postura mayoritaria impone una carga probatoria excesiva al afectado, al exigirle demostrar hechos que solo la administración podría conocer, lo cual desconoce el principio de carga dinámica de la prueba. Igualmente, se resalta que la ausencia de motivación impide al afectado conocer las razones reales de su desvinculación, lo que limita gravemente su derecho a controvertir la decisión.

Por otro lado, argumenta que el llamamiento a calificar servicios no puede utilizarse como una sanción encubierta, ya que ello contravendría el artículo 29 de la Constitución, al no haberse adelantado un proceso con las garantías constitucionales mínimas, afectando directamente su derecho de defensa.

Afirma que la resolución demandada carece de motivación real porque se limitó a citar normas y jurisprudencia sin realizar un análisis concreto de los hechos del caso. A su juicio, motivar un acto administrativo implica justificarlo con base en hechos específicos y no simplemente reproducir sentencias o normas generales.

Finalmente, cuestiona que el retiro del señor Agudelo Villa se produjera justo cuando estaba en proceso de ascenso, con el aval de la junta clasificadora y con presupuestoMEDIO DE CONTROL:

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asignado para ello. Este hecho, según el demandante, no fue considerado en el acto administrativo, lo que evidenciaría la desproporcionalidad e irracionalidad de la decisión de retiro.

1.5. Contestación de la demanda2

A través de su apoderada, la Policía Nacional se opone a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Walter Oswaldo Agudelo Villa, quien solicita la nulidad de la Resolución 02904 del 21 de septiembre de 2022, mediante la cual se le retiró del servicio activo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

Desde el anterior contexto, sostiene que el retiro del señor Agudelo Villa se realizó legalmente bajo la figura de “ llamamiento a calificar servicios”, misma que califica como una modalidad de desvinculación legítima, no sancionatoria, prevista en la normativa vigente que, para el caso del accionante, por ser miembro del nivel ejecutivo, le aplica por haber cumplido más de 15 o 20 años de servicio.

Seguidamente, afirma que el actor contaba con más de 26 años de servicio, de manera que cumplía con los requisitos para acceder a la asignación mensual de retiro que ya le fue reconocida.

También, argumenta la entidad que no era necesario motivar el acto administrativo, debido a que la ley establece claramente las condiciones para aplicar esta causal de retiro, cuya finalidad es permitir el relevo generacional dentro de la estructura jerárquica de la institución. Además, recalca que el acto goza de presunción de

debido a que la ley establece claramente las condiciones para aplicar esta causal de retiro, cuya finalidad es permitir el relevo generacional dentro de la estructura jerárquica de la institución. Además, recalca que el acto goza de presunción de legalidad, no presenta vicios de nulidad y fue expedido conforme a derecho.

En consecuencia, pide que sean negadas todas las pretensiones de la demanda, al considerar que el retiro fue procedente, legal y respetuoso de los derechos del demandante.

1.6. Sentencia impugnada3

El Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a través de sentencia proferida el 5 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2 020ConstesacionDemandaPoliciaNacional.docx 3 052SENTENCIA Llamamiento calificar servicios Niega.pdfMEDIO DE CONTROL:

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Como fundamentos de la decisión, empezó precisando que el retiro del señor Agudelo Villa obedeció a la causal legal que se denomina “Llamamiento a Calificar Servicios” . Desde ese contexto recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Consitucional y del Consejo de Estado, esta causal no requiere motivación, pues se presume ejercida en aras del buen servicio.

Continúa indicando que la motivación exigida frente al llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de requisitos como tener un tiempo mínimo de servicios,

Consejo de Estado, esta causal no requiere motivación, pues se presume ejercida en aras del buen servicio.

Continúa indicando que la motivación exigida frente al llamamiento a calificar servicios está dada por el cumplimiento de requisitos como tener un tiempo mínimo de servicios, a fin de ser acreedor de la asignación de retiro. Ello, permitió concluir al juzgado que, en el asunto, se encuentran satisfechos porque el demandante “(…) estuvo vinculado a la Policía Nacional por más de 26 años (y conforme al artículo 1.° del Decreto 1157 de 2014 (22), se exigen 15 años, por esta causal) o, en su defecto, 18 (23) años que prevé el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004”.

De igual forma, agregó que la decisión de retiro contó con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional; de modo que la decisión en cuestión se dio en el ejercicio de una facultad consagrada en la Ley 857 de 2003.

En últimas, y conforme a lo expuesto, adujo que no logró desvirtuarse la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 02904 del 21 de septiembre de 2022.

1.7. Recurso de apelación4

El apoderado del demandante presenta recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 5 de agosto de 2024, oponiéndose a que se afirme que en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional existe unanimidad frente a la figura del llamamiento a calificar servicios al personal de la Policía Nacional.

Por otro lado, acusa que la decisión judicial omitió valorar aspectos esenciales, como

Estado y en la Corte Constitucional existe unanimidad frente a la figura del llamamiento a calificar servicios al personal de la Policía Nacional.

Por otro lado, acusa que la decisión judicial omitió valorar aspectos esenciales, como la falta de motivación real del acto administrativo, el vacío normativo que impide aplicar automáticamente la Ley 857 de 2003, y la ausencia de prueba sobre la supuesta evaluación por parte de una Junta de Calificación. En adición, argumenta que el retiro se basó únicamente en el cumplimiento del tiempo de servicio, sin considerar que el demandante estaba en proceso de ascenso, con presupuesto y necesidad institucional para ello.

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Reitera que, aun cuando la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que el llamamiento a calificar servicios no requiere motivación, diversos salvamentos de voto de la Corte Constitucional han advertido que esta práctica puede vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa, si no se explican las razones del retiro.

En suma, solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se declare la nulidad del acto administrativo demandando, por tratarse de una decisión arbitraria, sin motivación suficiente y contraria a los principios constitucionales.

1.8. Trámite en segunda instancia

se declare la nulidad del acto administrativo demandando, por tratarse de una decisión arbitraria, sin motivación suficiente y contraria a los principios constitucionales.

1.8. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 1 de octubre de 2024, en aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021. Posteriormente, el proceso ingresó a despacho para sentencia

1.9. Alegatos de conclusión de segunda instancia

La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta instancia. Igualmente, el Ministerio Público no presentó concepto.

1.9. Pruebas relevantes

1.9.3. Documental

• Resolución 02904 del 21 de septiembre de 2022, por la cual se retira del servicio activo por llamamiento a calificar servicios al actor (004COPIA 02904 DEL 21 -092022 ACTO ADMINISTRATIVO LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS) - Hoja de vida del demandante (006COPIA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR WALTER OSWALDO AGUDELO VILLA) - Oficio núm. GS -2022-037618-DITAH, por el cual se llama al accionante a realizar curso de ascenso en el III ciclo de 2022 (007COPIA COMUNICACION OFICIAL No.

GS-2022-037618-DITAH. CONVOCATORIA III CICLO) - Matricula para curso de ascenso “DIPLOMADO EN POLICIA SEGURIDAD

CIUDADANA Y ADMINISTRACION PUBLICA” ( 009COPIA DE LA MATRICULA

DIPLOMADO EN POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA Y ADMINISTRACION

• Matricula para curso de ascenso “DIPLOMADO EN POLICIA SEGURIDAD

CIUDADANA Y ADMINISTRACION PUBLICA” ( 009COPIA DE LA MATRICULA

DIPLOMADO EN POLICIA SEGURIDAD CIUDADANA Y ADMINISTRACION

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• Resolución 1008 del 14 de junio de 2022, “Por el cual se modifica la planta de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Patrulleros de Policía, Auxiliares y Estudiantes de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional” (013COPIA DECRETO 1008

DEL 14 DE JUNIO DE 2022 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - Acta de posesión y formato de hoja de servicio del demandante ( 021ANEXO IJ.

AGUDELO VILLA)

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.2. Problema jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual

Administrativo.

2.2. Problema jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 02904 del 21 de septiembre de 2022, a través de la cual la Policía Nacional dispuso el retiro por llamamiento a calificar servicios del señor Walter Oswaldo Agudelo Villa, al no manifestarse en forma expresa y literal motivación y concepto previo?

A partir de ello, deberá establecerse: ¿procede revocar la sentencia en su totalidad con ocasión del recurso presentado, modificarla o confirmarla con fundamento en lo señalado por el a quo?

2.3. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En este caso la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a la diferente relevancia que dan las partes a la motivación del acto que determina el retiro por llamamiento a calificar servicios, pues si bien existe consenso en que las normas queMEDIO DE CONTROL:

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regulan la causal de retiro utilizada por la Policía Nacional están contenidas en el Decreto 1791 de 2000 y en la Ley 857 de 2003, la divergencia se origina por la diferente relevancia que le dan las partes a la expresión de la motivación y a la necesidad de un concepto previo.

De un lado, la parte actora sostiene que se debieron expresar los motivos o las razones por las cuales se decidió por el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios. Por su parte, la Policía y la primera instancia consideran que el retiro por llamamiento a calificar servicios no requiere expresar la motivación, pues está consagrada en la ley; o sea, cuando se cumple un determinado tiempo de servicios y se tiene derecho a la asignación de retiro.

A su vez, la parte actora considera que es relevante el concepto previo para que proceda el retiro de un miembro del nivel ejecutivo a través de la causal de llamamiento a calificar servicios; mientras que la Policía y la primera instancia consideran que dicho concepto previo es irrelevante cuando se trata de personal de nivel ejecutivo, pues las normas no lo exigen para el personal del nivel ejecutivo, pues a su juicio deben entenderse como que no exigen el concepto previo para ejercitar la facultad de retiro del servicio de un miembro del nivel ejecutivo por llamamiento a calificar servicios.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios para miembros de la Policía Nacional

Con miras a resolver la controversia que se presenta, el punto de partida se ubica en

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios para miembros de la Policía Nacional

Con miras a resolver la controversia que se presenta, el punto de partida se ubica en el Decreto 1791 de 2000 que consagra el régimen de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional.

Entre sus preceptos se regula el retiro, como situación administrativa que, al tenor de su artículo 54, consiste en que “el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar el servicio.”

Antes de avanzar, es importante tener en cuenta que inicialmente el Decreto 1791 de 2000 se ocupaba de la materia en su integridad y respecto de todo el personal precitado; sin embargo, con ocasión de la inexequibilidad decretada por la sentencia C-253 de 2003 de la Corte Constitucional, la Ley 857 de 2003 modificó y reemplazó loMEDIO DE CONTROL:

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pertinente respecto del personal de oficiales y suboficiales. Sobre este aspecto se volverá en el acápite del caso concreto.

Retomando, el artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 establece las causales de retiro, entre las cuales se encuentra la denominada “por llamamiento a calificar servicios” , que es desarrollada en el artículo 57 del mismo decreto así:

Retomando, el artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 establece las causales de retiro, entre las cuales se encuentra la denominada “por llamamiento a calificar servicios” , que es desarrollada en el artículo 57 del mismo decreto así: ARTÍCULO 57. RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15) años de servicio. El personal del Nivel Ejecutivo solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido veinte (20) años de servicio. (Negrillas fuera del texto original)

Sobre esta causal de retiro se ha pronunciado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, existiendo uniformidad en que se trata del ejercicio de una facultad discrecional, entendida esta como la potestad atribuida al Estado para tomar una u otra decisión en un marco de libertad direccionada por el ordenamiento jurídico. Así fue expresado por el Consejo de Estado: Tratándose del retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios se ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional, como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima la Sala que tal

juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.

En punto del tema del retiro por llamamiento a calificar servicios, estima la Sala que tal medida atiende a un concepto de evolución institucional, en este caso de la Policía Nacional, conduciendo necesariamente a la adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta una institución cuyo objetivo principal es velar por la seguridad ciudadana. En este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que permite un relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos.5

En este particular se trata de la potestad para definir el retiro del servicio, bajo la satisfacción de los requisitos configurados por el legislador y el Gobierno Nacional, entre los cuales no se consagra la motivación del acto de desvinculación pues se presume expedido en aras del buen servicio, trasladándose de esta manera la carga de demostrar que se expidió por razones diferentes a quien así lo alegue.

Esto último ha sido sostenido de forma consistente por el órgano de cierre de esta jurisdicción, como lo hizo en sentencia del 28 de julio de 2022 donde afirmó:

5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B. CONSEJERO PONENTE: GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá D.C., 17 de noviembre de

2011. Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00753-01 (0779-11).MEDIO DE CONTROL:

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Por tanto, esta causal de desvinculación de los miembros de la fuerza pública (incluida la Policía Nacional) comporta un instrumento mediante el cual se remueve al personal uniformado, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a la asignación de retiro, cuyo propósito es su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad y la promoción de sus miembros, sin que implique una sanción o trato degradante, por lo que el ordenamiento jurídico no impone la obligación de motivar el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios, pues se presume expedido con la finalidad de mejorar la función pública «[…] y quien