TA ANT - Sentencia 05001-33-33-036-2016-01128-01 (24-10-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Síntesis del caso: La acción de reparación directa fue promovida por C. M. L. S. y sus familiares contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, por los daños derivados de la privación de la libertad sufrida entre el 28 de junio de 2008 y el 13 de octubre de 2009, dentro de un proceso penal adelantado bajo la Ley 600 de 2000. El demandante fue vinculado a una investigación por los delitos de tentativa de homicidio agravado y secuestro simple, y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Posteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo absolvió al no existir prueba suficiente sobre su responsabilidad penal, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín – Sala Penal y, en sede de casación, por la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la privación de la libertad no fue injusta.

Extracto: […] La estructuración de la responsabilidad extracontractual del Estado gira en torno a la causación del daño antijurídico y a la imputabilidad del mismo a una autoridad pública, entendido por daño antijurídico aquel que el administrado no está en la obligación de soportar, de modo que la antijuridicidad del daño no está en función de la ilicitud o la licitud de la conducta desplegada por la

autoridad pública que lo genera, sino de la “soportabilidad” del daño por parte de la víctima, al margen de cualquier consideración en torno a la legalidad de la actuación. […] En todo caso, se logrará fracturar la relación de causalidad y, por ende, se impedirá la estructuración de la responsabilidad por la ausencia de este elemento, cuando se acredite la existencia de una causa extraña capaz de enervarla, esto es: 1) el caso fortuito o fuerza mayor, 2) el hecho exclusivo de un tercero o 3) la culpa exclusiva de la víctima, siempre que la naturaleza del hecho generador del daño y el régimen a través del cual se analiza la responsabilidad admitan alguna de esas causas. […] El defectuoso funcionamiento transmite la idea de que el servicio de administración de justicia funcionó mal, no funcionó o funcionó de manera tardío, de forma análoga a como sucede en los supuestos de falla en la prestación del servicio, por eso, en muchos escenarios se utiliza el término falla en el servicio de la administración de justicia para referirse al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de donde se desprende que ese título de imputación es subjetivo. […] Por consiguiente, en los supuestos en los que la absolución se da porque el procesado no cometió la conducta o por la aplicación del principio de in dubio pro reo, por ejemplo, es preciso examinar el elemento subjetivo, comoquiera que, en dichos eventos, estos funcionarios deben realizar “mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable

autor de la misma”27. En consecuencia, el juez administrativo deberá determinar si la medida restrictiva de la libertad obedeció a una decisión inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, como lo señaló la Corte en el precedente constitucional establecido en la sentencia C-037 de 1996. […] Lo anterior, por cuanto, en el proceso penal, la exigencia probatoria es progresivamente mayor a medida que el proceso avanza, de modo que una es la prueba requerida para dictar medida de aseguramiento y otra bien distinta la necesaria para emitir sentencia condenatoria. En efecto, mientras que para dictar medida de aseguramiento se requería de inferencia razonable de la autoría del imputado en la conducta punible investigada, siempre que se presentará como necesaria la medida para garantizar los fines que prevé la norma en cita, la prueba requerida para condenar penalmente al procesado es la plena prueba, esto es, aquella que conduce a la total certeza de la comisión de la conducta punible por parte del procesado más allá de toda duda razonable. Ello es así, porque la medida de aseguramiento tiene una finalidad preventiva y no sancionatoria, como sí lo es la pena impuesta como consecuencia de una decisión de condena. […] Así, en este caso, la información legalmente obtenida por la Fiscalía General de la Nación permitía inferir, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva investigada existió y que el actor era presuntamente responsable y autor de esta, con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información obtenida, se podía inferir con probabilidad de verdad. En consecuencia, la medida de aseguramiento de detención preventiva, como

medida para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la efectividad de la pena, o impedir que se transgredan otros bienes jurídicos tutelados, no quebranta el derecho a la libertad de protección constitucional (artículo 28) y convencional (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - artículo 12y Convención Americana de Derechos Humanos - artículo 22 -), siempre que las autoridades civiles y judiciales acaten de manera estricta los términos y condiciones que la ley prevé para la procedencia y materialización de esa medida. […] En nuestro ordenamiento jurídico, la libertad no es un derecho absoluto, por lo cual, si bien tiene la naturaleza de derecho fundamental y tiene una especial relevancia para el ejercicio de otros derechos, puede ser limitado legítimamente en los casos previstos por el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Constitucional, en la referida sentencia SU-072 de 2018, sostuvo que “la libertad, como el resto de derechos, salvo la dignidad humana, no es absoluto, pues, justamente en cumplimiento de varias de las premisas que limitan los derechos, cuales son, el disfrute de los derechos por05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 2 parte de los demás individuos y la búsqueda del bienestar general, es admisible que, en ciertos eventos, por supuesto excepcionalísimos, esta prerrogativa se vea limitada”.

Decisión: La Sala concluyó que la absolución penal fundada en el principio in dubio pro reo no genera, por sí sola, la obligación de indemnizar, pues en estos eventos no opera automáticamente un régimen objetivo de

responsabilidad del Estado. Precisó que, conforme a la jurisprudencia constitucional unificada, el juez administrativo debe analizar si la medida de aseguramiento fue irrazonable, desproporcionada, arbitraria o carente de sustento legal. En el caso concreto, se estableció que la Fiscalía contaba con elementos probatorios que permitían inferir razonablemente la posible participación del demandante en los hechos investigados, y que la medida de detención preventiva cumplió los requisitos exigidos por la Ley 600 de 2000. En consecuencia, el Tribunal determinó que la privación de la libertad no constituyó un daño antijurídico imputable al Estado y confirmó la negativa de las pretensiones, imponiendo además condena en costas a la parte demandante en segunda instancia.05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA CUARTA Magistrado Ponente: Daniel Montero Betancur Medellín, D.E., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Radicado 05001 33 33 036 2016 01128 01

Demandante Carlos Mario Lozano Suescún y otros Demandados NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura Naturaleza Reparación directa Instancia Segunda Providencia Sentencia 172 de 2025 Temas Privación injusta de la libertad/ Sentencia de unificación jurisprudencial/ Análisis desde la antijuricidad del daño/

Aplicación del principio in dubio pro reo Decisión Confirma sentencia Aprobado en acta 88 de 2025 Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de abril de 2018 por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. 1.- Antecedentes. - Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2016 (fl. 5), Carlos Mario Lozano Suescún, Auxilio del Socorro Ruiz Arboleda, David Esteban Lozano Ruiz, Isabel Cristina Lozano Ruiz, quienes obran en nombre propio, por conducto de apoderado judicial, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011 contra la NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones: 1.- Se declare que la NaciónRama JudicialFiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura son patrimonialmente responsables por los05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 4 daños ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad sufrida por Carlos Mario Lozano Suescún.

2.- Como de 100 SMLMV para la víctima directa y para cada uno de los demás demandantes la suma de 50 SMLMV, iii) Daño a la vida de relación: El equivalente a 100 SMLMV para quien acude en calidad de víctima directa y para los demás demandantes la suma de 50 SMLMV (fl. 2 vto.). 3.- Por último, lo pretendido es que se condene a las demandadas actualizar la condena de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia y que se les condene a dar cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A .(fl. 3).

2. Hechos.

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes: 2.1.- El 28 de junio de 2008, Carlos Mario Lozano Suescún fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín, dentro de la investigación con radicado 050013107001200900213. 2.2.- El 8 de julio de 2008, la Fiscalía 13 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín resolvió la situación jurídica del demandante con detención preventiva, y el 21 de abril de 2009 se emitió resolución de acusación en contra del señor Lozano Suescún y otros, como coautores del delito

de secuestro simple cometido en concurso real y heterogéneo con el delito de homicidio. 2.3.- El 13 de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín emitió sentencia absolutoria en favor de Carlos Mario Lozano Suescún, la cual fue apelada por la Fiscalía General de la Nación. 2.4.- El 18 de enero de 2010, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, confirmó la sentencia absolutoria emitida a favor del demandante, al considerar, dijo, que05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 5 nunca existió prueba suficiente para inferir razonablemente responsabilidad del señor Lozano Suescún en los hechos materia de investigación. 2.5.- El 14 de octubre de 2015, la Corte Suprema de justicia resolvió la casación interpuesta a la segunda instancia, desestimando el recurso. 2.6.- Se afirmó que Carlos Mario Lozano Suescun permaneció privado de su libertad 472 días, esto es, desde el 28 de junio de 2008 hasta el 13 de octubre de 2009, tiempo durante el cual él y su familia experimentaron momentos de sufrimiento y padecieron necesidades de alimentación, vivienda, salud y transporte. 3.- Fundamentos de derecho. - La parte actora invocó, como fundamento normativo de sus pretensiones, la Constitución Política de Colombia en sus artículos 2 y 90. 4.- La actuación procesal. El proceso, por reparto, fue asignado al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del

Circuito de Medellín (fl. 138), el cual en providencia de 19 de enero de 2017, inadmitió la demanda (fl. 139). La parte actora subsanó los requisitos enlistados en memorial visible a folios 141 y ss., por lo que el despacho en auto de 9 de febrero de 2017 admitió la demanda, ordenó la notificación personal de la citada providencia al Ministerio Público y a la entidad demandada y reconoció personería a la apoderada de la parte demandante (Fl. 175). La audiencia inicial se celebró el 13 de julio de 2017 y en la misma no se saneó el proceso al no advertirse irregularidades que puedan generar nulidad de lo actuado, se resolvieron excepciones previas, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, se prescindió de la audiencia de pruebas y se corrió traslado para alegar de conclusión (Fls. 351 a 353). 5.- La contestación de la demanda. -05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 6 5.1.- La NaciónFiscalía General de la Nación, en escrito visible entre los folios 220 a 237, manifestó, respecto de los hechos, que algunos son ciertos, que otros no le constan, por lo que se abstuvo a lo que resultara probado en el transcurso del proceso y que no le consta la existencia de perjuicio alguno que pudiera derivarse de la privación de la libertad de que fue objeto Carlos Mario Lozano Suescún.

Enseguida, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no existen pruebas que demuestren la arbitrariedad de la medida, el error judicial y mucho menos el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Refirió que es cierto que esa entidad investigó a Carlos Mario Lozano Suescún afectándolo con medida de aseguramiento y que lo acusó con base en el material probatorio recaudado por el concurso de punibles de tentativa de homicidio y secuestro simple, porque respecto al demandante aparecía el reconocimiento fotográfico de octubre 23 de 2007 realizado por el denunciante y la denuncia. Adujo que, cuando la investigación pasó a la etapa de la causa, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, mediante providencia de 13 de octubre de 2009, resolvió absolver al demandante ante la existencia de duda, sin que ello conlleve, dijo, a que la Fiscalía deba responder por el daño antijurídico causado al señor Lozano Suescun a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, pues, dijo, “finalmente se les absolvió por duda y no por absoluta inocencia”. En consecuencia, argumentó que la Fiscalía no incurrió en falla del servicio o error judicial por acción u omisión que permita vislumbrar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues las pruebas allegadas a la investigación penal adelantada por la Fiscalía daban lugar a endilgarle responsabilidad al demandante, por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

5.2.- La NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura, en escrito visible entre los folios 311 a 320 solicitó rechazar las pretensiones de la demanda, en tanto dijo, que del análisis del caso se evidencia la configuración de dos causas extrañas: “el hecho exclusivo y determinante de un tercero” y de “culpa de la misma víctima”. Unido a ello, refirió que como el proceso fue adelantado bajo el régimen de la ley 600 de 2000, se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 7 la NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura, dado que era la Fiscalía General de La Nación, en ejercicio de sus funciones legales, quien tenía la potestad de vincular al hoy demandante al proceso penal y decretar la medida de aseguramiento privativa de su libertad. Por último, propuso las excepciones que denominó: i) “Falta de Legitimación en la causa por pasiva”, ii) “Hecho exclusivo y determinante de un tercero”, iii) “culpa exclusiva de la misma víctima”, iv) “Inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad de la administración”, v) “falta de nexo de causalidad”. 6.- La sentencia recurrida. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, mediante fallo de 25 de abril de 2018 (fl. 378 y ss.), luego de citar la jurisprudencia aplicable y las

pruebas allegadas, negó a las súplicas de la demanda, aseguró que se encuentra plenamente acreditado el hecho de la víctima como “causal eximente de responsabilidad”, por cuanto, el a quo, advirtió un obrar positivo del señor Lozano Suescún, esto es, la presencia en el lugar y hora de los hechos e indicó que no se logró “en sede punitiva establecer si este tuvo o no participación en los actos que agraviaron al señor Gustavo Correa Gómez” (fl. 393). Además, señaló que (se transcribe textualmente, como aparece a folios 393 y 394): Lo habido en la sentencia penal, le permite a este Juez Administrativo, arribar a la conclusión que, el señor CARLOS MARIO LOZANO SUESCUN tenía o ha debido tener conocimiento que en este sitio y momento se realizaban actividades ilícitas, pues su presencia allí lo vincula, mínimamente, se insiste, en el conocimiento de lo que irregularmente se hacía en contra de otra persona. [...] Todo indica, se reitera, que el señor CARLOS MARIO LOZANO SUESCUN, hacia presencia en ese sitio cuando se está cometiendo un delito, siendo así, se ajusta al sentido común de las cosas, que una persona de condiciones físicas y mentales del todo normales al advertir la comisión o eventual ocurrencia de un hecho como el que motivo la actuación penal permanezca en ese lugar, sobre lo cual en apego de la sentencia penal existe prueba testimonial que lo vincula, mínimamente con su estadía en ese sitio.

[...] Es elemental que resulta imprudente y por ello, como mínimo culposo, el hecho de que una persona esté en un sitio donde se sabe se está cometiendo un delito contra la integridad física de una persona, por esta razón, concluye el Juez Administrativo, sin perjuicio de la valoración y decisión del Juez Penal, que, en ese asunto, el señor LOZANO SUESCUN con su presencia en el lugar y momento de ocurrencia del probado ilícito [...] participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño [...] sobre el cual ahora reclama reparación.05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 8 7.- El recurso de apelación. La parte actora, en escrito de folios 404 a 408, apeló el fallo de primera instancia para que fuera revocado y, en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda, al considerar que no se acreditó la culpa exclusiva de la víctima. Afirmó que la Fiscalía General de la Nación no tenía sustento para vincular a Carlos Mario Lozano Suescún y menos para haberle definido su situación con medida de aseguramiento y llevarlo a juicio, ya que, dijo, no se cumplieron las exigencias normativas de la ley penal, esto es, lo dispuesto en los artículos 355, 356, 353, 364 y 365 de la ley 600 de 2000. Enseguida, indicó que lo que se debe analizar es si la Fiscalía General de la Nación cumplió o no las exigencias normativas para haber vinculado a una investigación

penal al demandante o si fue un error en la administración de justicia que no debe asumir el ciudadano, sino que debe asumirla el Estado (fl. 408). 8.- El traslado para alegar en segunda instancia y el concepto del Ministerio Público. Por auto de 7 de junio de 2018 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante (fl. 413) y en providencia de 21 de junio de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que emitiera su concepto (fl. 413). 8.1. La NaciónFiscalía General de la Nación, en escrito visible entre los folios 417 a 433, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que no se configuran los elementos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de la entidad, pues la actuación de esta se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni falla del servicio ni error judicial ni daño antijurídico por privación de la libertad del demandante. 8.2. La parte demandante, en escrito visible entre los folios 445 a 447, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 9 pretensiones de la demanda, por cuanto, se acreditó que la privación de la

libertad del demandante fue injusta, porque las actuaciones desplegadas por la Fiscalía no tuvieron sustento legal, fueron contrarias a los fundamentos y deberes previstos en la Constitución y la ley. Además, expresó que los hechos que se le imputaron al demandante no fueron cometidos por él y, por ende, no pueden atribuírsele. Agregó que la Fiscalía no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del demandante, tal como se acreditó con la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal y por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Por último, dijo, los demandantes sufrieron diversos perjuicios que deben ser pagados. 8.3. La NaciónRama JudicialConsejo Superior de la Judicatura, en escrito visible entre los folios 448 a 453, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, pues esa entidad no deberá responder por ninguno de los hechos expuestos en la demanda, ya que el proceso penal en contra de Carlos Mario Lozano Suescun se dio cuando estaba en vigencia la ley 600 de 2000, donde le competía única y exclusivamente la medida de aseguramiento a la Fiscalía General de la Nación. 8.4. El Ministerio Público guardo silencio.

II. CONSIDERACIONES.

II. 1.- Competencia. – Es competente el Tribunal para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de abril de 2018 por el

Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, de conformidad con lo consagrado en el numeral 153 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. 2.- Oportunidad de la acción. -05001 33 33 036 2016 01128 01

Reparación directa 10 De conformidad con el inciso primero, literal h), numeral 2, del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, “cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”. En los eventos en los que se demanda la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado de manera uniforme que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la ejecutoria de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra1. En el caso sub judice, la sentencia fue emitida el 13 de octubre de 2009 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, mediante la cual se

absolvió a Carlos Mario Lozano Suescún, entre otros, de los delitos de tentativa de homicidio agravado y secuestro simple y confirmada respecto del hoy demandante por el Tribunal Superior de Medellín el 18 de enero de 2010, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2015 (fl. 144 A), por lo cual, el término para presentar la demanda comenzó a correr a partir del 4 de noviembre de ese año y vencía el 4 de noviembre de 2017. La demanda se instauro en la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos de Medellín el 19 de noviembre de 2016 (fl. 5), por lo que se concluye que el ejercicio de la acción fue oportuno.

II. 3Problema jurídico. - Dentro del marco del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, deberá la Sala resolver si, en el presente caso procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, en virtud de la privación de la libertad de Carlos Mario Lozano Suescún. 1 Al respecto, consultar, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2021, expediente 56372.05001 33 33 036 2016 01128 01

Reparación directa 11 En caso de ser procedente la declaratoria de responsabilidad patrimonial, la Sala deberá determinar quién o quiénes son los legitimados para responder por las pretensiones de la demanda. Así mismo, de concluir que el daño es antijurídico e imputable a alguna de las

demandadas, se deberá establecer si procede el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales, en la modalidad de lucro cesante. En el estudio de los puntos apelados se centrará el análisis de la Sala.

II. 4.- De la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad, entendida, en términos generales, como la sanción jurídica por un comportamiento dañoso2, ha sido tradicionalmente dividida entre la responsabilidad penal, cuya función es la de sancionar un comportamiento delictivo, y la responsabilidad civil, cuya función es, esencialmente, reparar el perjuicio causado a otro3. La responsabilidad civil, a su turno, es de dos clases: contractual y extracontractual, pues la tradición romana distinguía en dos las fuentes de obligaciones (causae obligationum) o hechos jurídicos de los cuales se podía derivar una relación obligatoria: el contrato (contractus negotii) y el acto ilícito o delito (Lex Aquilia)4. Otras obligaciones emergían de hechos jurídicos puros y simples, los cuales tenían gran analogía con el hecho constitutivo del elemento objetivo del contrato o del delito, faltando sólo el elemento intencional. En dichos casos, se decía que las obligaciones nacían quasi ex contractus o quasi ex delito, de donde se formaron, por obra de los intérpretes del derecho romano, las dos categorías adicionales de fuentes de las obligaciones: el cuasicontrato y el cuasidelito5. La responsabilidad civil contractual supone la reparación del daño sufrido por uno

de los contratantes, no por un tercero, como consecuencia de la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato válidamente celebrado, la ejecución 2 Corte Constitucional, sentencia SU-029 de 2024. 3 PEIRANO FACIO, Jorge: “Responsabilidad Extracontractual”. Reimpresión de la segunda edición, Bogotá, D.C. Ed. Temis, 2004, pág. 21. 4 BONFANTE, Pedro: “Instituciones de Derecho Romano”. Traducción de la obra original italiana por BACCI, Luis y LARROSA, Andrés. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1965, pág. 406. 5 Ibídem. Perozzi (Le obbligazioni romane, 1903, págs. 114 y siguientes) reputa enteramente justinianea la terminología quasi ex contractu y quasi ex delito.05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 12 defectuosa, o la ejecución tardía, lo cual conlleva a la obligación de reparar los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones exclusivamente contractuales. Por su parte, la responsabilidad civil extracontractual apunta a la reparación del daño ocasionado por fuera de la ejecución de un contrato, es decir, las partes no están unidas por un vínculo negocial, sino que es precisamente el daño el que genera el vínculo entre ellas, dando origen a la obligación de reparar los perjuicios causados. En materia de responsabilidad del Estado, el panorama es similar. La fuente normativa de la responsabilidad civil del Estado se halla en el artículo 90 (inciso 1)

de la Constitución Política, que consagra que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades. Dicha norma constituye la cláusula general de responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado, la cual, junto con el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 121 de la misma Constitución, estructuran la piedra angular del Estado Social de Derecho6, pues la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preservan solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que también es necesario que si el Estado, en ejercicio de sus poderes de intervención, causa un daño antijurídico, lo repare íntegramente7. Es de anotar que la responsabilidad civil o patrimonial del Estado es distinta de la responsabilidad administrativa, pues siguiendo la definición de la responsabilidad por las consecuencias que se derivan, es civil la responsabilidad orientada a reparar el perjuicio causado a otro -se reiteray es administrativa la responsabilidad que surge de comportamientos contrarios a las disposiciones que gobiernan la administración pública. Un ejemplo de la responsabilidad administrativa se halla en el plexo de la ley 1476 de 2011 o el régimen disciplinario de los servicios públicos, entre otras normas. Particularmente, la responsabilidad extracontractual del Estado, vista de manera general, debe interpretarse en concordancia con el artículo 2 Superior, el cual 6 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.

7 Ibídem.05001 33 33 036 2016 01128 01 Reparación directa 13 consagra los deberes estatales de proteger a los habitantes en su vida, honra y bienes, y de garantizar un orden social justo, así como el deber de todo servidor público de obrar conforme a la Constitución y a las leyes; no obstante, tal mandato, en función de la responsabilidad extracontractual, no puede entenderse como una cláusula abierta, sino que “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal,