TA ANT - Sentencia 05001233300020190198300-(28-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

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SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | MARTA LÍA PATIÑO RÍOS | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) | | RADICADO | 05001 23 33 000 2019 01983 00 | | INSTANCIA | PRIMERA | | ASUNTO | RÉGIMEN PENSIONAL PARA PERSONAL DOCENTE VINCULADO CON ANTERIORIDAD A LA LEY 812 DE 2003 | | DECISIÓN | NIEGA PRETENSIONES | | PROVIDENCIA | 25 |

La Sala decide sobre la demanda promovida por la señora MARTA LÍA PATIÑO RÍOS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

1. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Se pretende la nulidad del oficio 20192025965 del 28 de mayo de 2019 y del oficio sin número del 15 de julio de 2019, ambos expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello.

Como restablecimiento del derecho, se depreca condenar al FOMAG a reconocer y pagar a la demandante una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada (13 de abril de 2014) y sin exigir el retiro definitivo del cargo.

Igualmente, se depreca el reconocimiento y pago de los ajustes a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas, así como el reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia hasta el pago de lo adeudado.

Además, se pide el cumplimiento de la sentencia como lo disponen los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Finalmente, se persigue la inclusión en nómina de pensionados, la indexación de las mesadas y demás emolumentos como lo establece el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y que se condene en costas a la entidad de conformidad con el artículo 188 del mismo código.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora plantea como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

La demandante nació el 13 de abril de 1959.

La actora realizó aportes al liquidado Instituto de Seguro Social (ISS) por un total de 1.056,43 semanas.

La demandante fue nombrada en propiedad en 2010 por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello.

La actora realizó aportes al liquidado Instituto de Seguro Social (ISS) por un total de 1.056,43 semanas.

La demandante fue nombrada en propiedad en 2010 por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello.

El 29 de abril de 2019, la actora solicitó pensión de jubilación por aportes. Esta solicitud fue devuelta por la Secretaría de Educación del Municipio de Bello mediante oficio del 28 de mayo de 2019.

La actora insistió en la solicitud mediante petición del 13 de junio de 2019.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición las siguientes:

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En los hechos de la demanda plantea que, bajo la Ley 812 de 2003, la demandante tendría derecho a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, con 1.300 semanas de cotización y exigiendo el retiro del cargo para el pago efectivo de la pensión. Alega que esa situación no obedece a la legalidad porque la actora tiene derecho a la pensión por aportes determinada en la Ley 71 de 1988, es decir, a la edad de 55 años, con 1.000 semanas y sin exigir el retiro definitivo del servicio para gozar de la pensión.

Afirma que, como docente oficial, la actora posee más de 1.000 semanas de cotización, cuyos aportes fueron realizados antes del «23 de junio de 2003», lo que le otorga el derecho a la pensión de jubilación por aportes en compatibilidad con el salario.

En el concepto de violación aduce que a los docentes vinculados con anterioridad al 2003 se les aplican las normas anteriores a la Ley 812, es decir, la Ley 71 de 1988 cuando se trata de docentes con aportes al sector privado.

Defiende que, si el docente estaba laborando como docente antes del «26 de junio de 2003», se le debe respetar el régimen de transición del artículo 81 de la Ley 812; por tanto, el reconocimiento debe ser de conformidad con el régimen prestacional del que venía gozando.

• 1. Contestación de la demanda

El FOMAG no contestó la demanda.

• 1. Trámite de sentencia anticipada

Por auto del 31 de enero de 2023 el Magistrado Ponente dispuso dar trámite de sentencia anticipada al proceso, en los términos del numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, se pronunció sobre las pruebas, fijó el litigio y corrió traslado para alegar.

• 1. Alegatos de conclusión 1. Parte demandante[[1]](#footnote-1)

La apoderada señala que ratifica los argumentos expuestos en la demanda.

Seguidamente -de forma contradictoria con el litigio-, cita providencias relacionadas con el pago de las cesantías y con la indemnización moratoria por el pago tardío. Para terminar, efectúa una manifestación sobre cesantías.

• - 1. Parte demandada[[2]](#footnote-2)

La apoderada sostiene que la demandante adquirió el estatus de pensionada el 13 de abril de 2014, de ahí que la normativa aplicable es la Ley 812 de 2003. Al respecto, extrae apartes de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 en el radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01.

Alega que los docentes no cuentan con un régimen pensional en materia pensional sino que se someten a las normas de los demás servidores públicos del régimen común; por ello, dice, deben acreditar el retiro definitivo del servicio para disfrutar de la pensión.

Con base en lo anterior pide negar las pretensiones.

• - 1. Ministerio Público

No presenta concepto.

• 1. Pruebas relevantes - Oficio 20192025965 del 28 de mayo de 2019 con asunto: «DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS» (folio 25). - Insistencia a petición, presentada el 13 de junio de 2019 en nombre de la demandante (folio 26). - Oficio sin número del 15 de julio de 2019 que da respuesta a la anterior solicitud (folios 27 y 53). - Solicitud pensional elevada en nombre de la actora el 29 de abril de 2019 (folios 28 a 32). - Registro civil de nacimiento y cédula de la demandante (folios 33 y 34). - Reporte de semanas cotizadas en pensión a la Administradora Colombiana de Pensiones (folios 35 a 38 y documento 13RespuestaExhortoColpensiones.pdf). - Certificado de salarios de la demandante expedido el 16 de mayo de 2018 (folios 40, 41, 43 y 44). - Certificado de tiempo de servicio de la actora allegado por el Municipio de Bello (documento 03TiempoDeServicio.pdf).

• Actos administrativos de nombramiento de la demandante, con actas de posesión (documento 14RespuestaExhortoBello.pdf).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Este tribunal es competente para conocer, en primera instancia, el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su texto vigente antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

• 1. Problema jurídico

Una vez analizado el asunto y en línea con lo establecido en el auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada, esta Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

• - 1. ¿La señora MARTA LÍA PATIÑO RÍOS tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes bajo los presupuestos y condiciones de la Ley 71 de 1988?

2. De ser positiva la respuesta al primer interrogante: ¿es procedente ordenar el pago de la pensión de jubilación a partir de la fecha de adquisición del estatus pensional?

Definido lo anterior, deberá desatar: ¿procede declarar la nulidad de los actos administrativos atacados, tal como lo solicita la parte actora?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas. La identificación de la causa es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas depende del problema jurídico del cual se trate:

• - 1. En el primer problema se identifica una antinomia normativa. Aunque las partes están de acuerdo en que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determina las condiciones prestacionales de los docentes, la parte demandante sostiene que, con base en dicha norma, se deben aplicar las condiciones y los presupuestos de la Ley 71 de 1988. Por el contrario, de los actos demandados se desprende que el FOMAG considera que, de acuerdo con la misma norma, se deben aplicar las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

2. El segundo problema se deriva de la diferente relevancia fáctica que las partes le dan a la circunstancia de retiro del servicio. Es así porque la parte actora considera que, dada la condición docente, el retiro definitivo del servicio no es un hecho jurídicamente relevante para el disfrute de la pensión. En contraste, de las normas señaladas en los actos demandados, se extrae que para la entidad el retiro del servicio es relevante para el pago de la prestación. 1. Tesis de la Sala

La Sala sostendrá que el régimen prestacional aplicable a la demandante es el contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; ello, debido a que la actora se vinculó al servicio educativo luego de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Como consecuencia de lo anterior, la Sala afirmará que es innecesario emitir un pronunciamiento de fondo sobre el segundo problema jurídico.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Régimen pensional aplicable al personal docente oficial e Ingreso Base de Liquidación (IBL) pensional.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Régimen pensional aplicable al personal docente oficial e Ingreso Base de Liquidación (IBL) pensional.

La normativa que regula las prestaciones sociales del personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no establece un régimen especial en materia pensional, pues las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993 y el Decreto 2277 de 1979 no fijaron condiciones ni requisitos especiales para acceder al derecho[[3]](#footnote-3).

En contraposición a ello, la Ley 91 de 1989 ratificó como aplicable el régimen pensional consagrado en la Ley 33 de 1985, como norma general que regula el asunto para los empleados del sector público nacional, incluyendo a los docentes oficiales[[4]](#footnote-4). Asimismo, la Ley 812 de 2003 indica que los docentes tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo cual se remite una vez más a un régimen general.

Teniendo en cuenta que el régimen pensional de los docentes está previsto en normas de aplicación general, lo siguiente es definir cuáles son las aplicables para resolver sobre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y/o vejez para el personal docente afiliado al FOMAG. Siguiendo el análisis hecho por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019[[5]](#footnote-5), esa determinación depende de la fecha de ingreso o vinculación al servicio público educativo.

En efecto, el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone:

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

A partir de esta norma, uno es el régimen pensional de los docentes afiliados al FOMAG cuya vinculación se produjo antes de la vigencia de la Ley 812, es decir, antes del 27 de junio de 2003[[6]](#footnote-6); y otro es el aplicable para quienes se vincularon desde la entrada en vigencia de la Ley 812.

Del régimen pensional aplicable dependerá el IBL de la pensión, como pasa a explicarse de manera separada.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y señaló sus competencias en cuanto al pago y reconocimiento de prestaciones sociales compartidas con las entidades territoriales, dependiendo de la calidad del personal, según clasificación hecha en su artículo 1º. Este artículo indica:

ARTÍCULO 1º. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. (Negrillas fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 15 de la misma ley preceptúa:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. (Negrillas de la Sala)

En este sentido, conforme a la Ley 91 de 1989[[7]](#footnote-7), se hacen las siguientes precisiones:

1. Como expresa el numeral 1° del artículo 15, los docentes «nacionalizados» que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, respecto a prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen que venía aplicándose en la respectiva entidad territorial, esto es, la Ley 33 de 1985.

2. Respecto a los docentes «nacionales» vinculados a partir del 1º de enero de 1990 y para los mismos efectos, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

No obstante, la Ley 33 de 1985 derogó el Decreto 3135 de 1968; con ello, también desaparecieron los efectos jurídicos del decreto reglamentario 1848 de 1969.

1. Finalmente, para los docentes «nacionales y nacionalizados» vinculados a partir del 1° de enero de 1981 y para todos los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, se reconocerá una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año y gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, esto es, la Ley 33 de 1985.

Es así como la mencionada Ley 33 de 1985 es la aplicable como régimen general que opera, en materia de reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación, para los empleados oficiales de todos los niveles que no se encontraran exceptuados, incluidos los docentes[[8]](#footnote-8).

Adicionalmente existe otro régimen aplicable para los docentes cuando tengan cotizaciones al ISS y a otra administradora de pensiones. Ese régimen es el de la Ley 71 de 1988 que opera para la generalidad de empleados públicos de carácter oficial; colectivo del que hace parte el gremio docente.

Sobre esto último se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 3 de julio de 2026[[9]](#footnote-9) donde recordó las conclusiones de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y, seguidamente, discurrió como se cita:

70. En línea con lo anterior, se puede destacar que esta Subsección, en providencia del 30 de enero de 2025, expuso razones por las cuales la Ley 71 de 1988 se considera aplicable a docentes, entre ellas: la intención legislativa vinculada a la Ley 91 de 1989; el carácter general de la Ley 71 de 1988, respecto de servidores públicos; su condición de normativa de “derechos mínimos” en materia pensional; la inexistencia de un mandato legal que exija ejercer toda la vida laboral en docencia pública para acceder a beneficios pensionales; y que la excepción prevista en la Ley 33 de 1985 no impide que otra norma posterior, como la Ley 71 de 1988, gobierne aspectos pensionales en los términos de la remisión normativa aplicable.

71. Con todo, se precisó que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no sustituye ni elimina la posibilidad de pensionarse bajo la Ley 33 de 1985, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003; antes, constituye una alternativa adicional, potencialmente favorable para quienes acumulan tiempos en el sector público y privado.

72. Se concluyó entonces que, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, la Ley 71 de 1988 opera como parte del régimen vigente del sector público nacional al que remite la Ley 91 de 1989, permitiendo una modalidad que exige 55/60 años y 20 años de aportes acumulables; y, en cualquier caso, la pensión se liquida con el 75% del promedio base de aportes del último año.

En conclusión, según la circunstancia fáctica podrá aplicarse la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988 para los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003. En todo caso, sea uno u otro, deberán considerarse los límites que existen para el cálculo del IBL.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados desde la vigencia de la Ley 812 de 2003.

El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes vinculados desde que la Ley 812 entró en vigencia es el mismo del régimen de prima media, es decir, el consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Lo anterior en los términos del artículo 81 de la pluricitada Ley 812 que dispone:

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.

(…)

PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Es así como a estos docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones, salvo en lo atinente a la edad que se fija en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

1. CASO CONCRETO

En el particular se tiene que la señora MARTA LÍA PATIÑO RÍOS solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación con base en la Ley 71 de 1988 dado que presenta una vinculación antecedente a la Ley 812 de 2003. Dicha petición fue negada por el FOMAG porque encontró que la solicitante se vinculó como docente con posterioridad a la vigencia de la Ley 812. Esas circunstancias son la génesis del debate jurídico de este litigio.

Ante tal controversia, esta Sala de Decisión considera adecuada la negativa de la entidad. Los argumentos de esta conclusión se exponen en las siguientes líneas.

En el marco normativo y jurisprudencial se explicó en detalle que existe una particularidad para el personal docente y es que su régimen pensional está determinado por la fecha en que ocurre su vinculación al servicio docente. Específicamente, por el hecho de que su vinculación se haya dado antes o después de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

Esto es así porque el artículo 81 de la Ley 812 es claro al distinguir dos grupos de docentes. De un lado pone a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio educativo oficial; para ellos, determina que su régimen prestacional será el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la vigencia de la Ley 812. De otro lado agrupa a los docentes vinculados a partir de la vigencia de la ley; para estos, dispone que tendrán los derechos pensionales de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus requisitos, salvo en lo que se refiere a la edad, que se fija en 57 años.

Tal distinción se conserva en el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y es reconocida por el Consejo de Estado. Así lo dejó sentado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019[[10]](#footnote-10) ya citada en el presente fallo:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

1. Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

Siendo de esa manera, para este caso es determinante que la señora MARTA LÍA presenta una vinculación docente en fecha posterior al 27 de junio de 2003, esto es, luego de la vigencia de la Ley 812.

Ciertamente, de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio obrante en el plenario[[11]](#footnote-11) la demandante registra la primera vinculación docente para el día 8 de junio de 2010. Este reporte es congruente con los actos administrativos de nombramiento y también con el acta de posesión[[12]](#footnote-12). De acuerdo con estos últimos, la actora se nombró en periodo de prueba mediante el Decreto 395 del 2 de junio de 2010 y tomó posesión el 8 de junio de 2010.

De ahí que la demandante hace parte del primer grupo docente descrito, quiere decirse: el grupo vinculado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812. Por consiguiente, la causa del problema se resuelve a favor de la aplicación de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, ya que este es el régimen prestacional aplicable a todo el gremio docente vinculado desde la vigencia de la Ley 812; supuesto fáctico que abarca la situación de la demandante.

La Sala no pasa inadvertido que la actora cuenta con aportes anteriores a la Ley 812. Al contrario, se trata de una situación que emerge con claridad del reporte de semanas cotizadas a la Administradora Colombiana de Pensiones[[13]](#footnote-13); allí, se registran aportes desde el año de 1979.

No obstante, la simple existencia de cotizaciones previas a la Ley 812 no otorga el derecho al régimen de transición que contempla el artículo 81. No lo hace porque este beneficio está contemplado para el personal docente nacional, nacionalizado o territorial vinculado al «servicio público educativo oficial» antes de la vigencia de la Ley 812.

Significa lo anterior que el tipo de vinculación relevante para quedar inmerso en la transición del artículo 81 de la Ley 812 es el que proviene de la prestación del servicio público docente oficial. Ese es el criterio determinante y no se ve cumplido por la demandante en este proceso.

En efecto existen aportes efectuados al ISS, pero no se demostró que provengan de una labor docente de carácter oficial o pública realizada por la demandante. Además, aunque el formulario de vinculación al ISS reporta que la ocupación u oficio fue como docente[[14]](#footnote-14), en el mismo formulario se indica que el empleador es de carácter privado. Es decir que si la actora laboró como maestra en periodos previos, lo fue para una institución privada; luego, ese servicio no le otorga la condición de docente con servicio público educativo oficial.

Para esto último es útil lo dicho por el Consejo de Estado en fallo del 18 de abril de 2024[[15]](#footnote-15):

Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la demandante se vinculó por primera vez como docente oficial el 22 de febrero de 2006 y aunque acreditó aportes previos a esta fecha, de acuerdo con los documentos aportados, estos no tuvieron origen en la prestación del servicio educativo. Así las cosas, la Sala considera que le asiste razón al a quo en el sentido de que no acreditó una vinculación como docente oficial anterior al 26 de junio de 2003, por cuanto, este es el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario de la transición de la Ley 812 y como consecuencia pretender el reconocimiento pensional bajo las disposiciones que le eran aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

En el recurso de apelación, la apelante sostiene que para beneficiarse de la mencionada transición, es suficiente acreditar una vinculación o aportes con anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812 [la fecha de su entrada en vigencia], sin embargo, la demandante omite que no se trata de cualquier vinculación, sino que esta fue cualificada de manera expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio público educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el sub judice. (Negrillas y cursivas de la cita original).

Igualmente, en sentencia del 13 de agosto de 2026[[16]](#footnote-16), la alta corporación sostuvo que:

Aunque el actor efectuó cotizaciones al extinto ISS antes del 27 de junio de 2003, estas correspondieron a los aportantes relacionados en el párrafo 70.6 y no obra prueba de que hubieran tenido origen en una vinculación al servicio público educativo oficial. En consecuencia, tales cotizaciones no permiten considerarlo beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

De acuerdo con estas evidencias, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos demandados ni demostró que aquellos incurran en causales de nulidad.

Lo probado es que a través de los oficios demandados la entidad, en un primer momento, no reconoció la prestación porque advirtió que la demandante solo es beneficiaria de las Leyes 100 y 797; así, requirió a la solicitante para que aporte la totalidad de documentos necesarios para conceder la pensión bajo la Ley 100 de 1993. Luego, debido a la insistencia de la peticionaria para que