TA ANT - Sentencia 05001333302220230049801-(28-09-2026)
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- Título
- TA ANT - Sentencia 05001333302220230049801-(28-09-2026)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Antioquia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
[image]TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
SALA SEGUNDA DE ORALIDAD
MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO
Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | ANCIZAR DE JESÚS ÁLVAREZ GARCÉS | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FONPREMAG) Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | RADICADO | 05001333302220230049801 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | SANCIÓN POR MORA DOCENTES | | DECISIÓN | REVOCA NUMERAL SEGUNDO DE LA SENTENCIA APELADA / NO CONDENA EN COSTAS | | PROVIDENCIA | 61 | | LINK DEL EXPEDIENTE | 022 2023 00498 01 |
Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora en contra de la sentencia proferida el día 5 de diciembre de 2024 por el Juzgado Veintidos Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES 1. Medio de control
El señor Ancizar de Jesús Álvarez Garcés acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - laboral, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo ficto por medio del cual se le negó el reconocimiento de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.
- 1. Pretensiones
Se pretende la nulidad del acto administrativo: ANT2023EE021772 del 24 de julio de 2023, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.
Como restablecimiento del derecho se solicita el pago de la sanción por mora de que tratan dichas disposiciones, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, a partir de los 15 días hábiles después de presentada la solicitud de cesantía. Asimismo, pide que el reconocimiento de 1 día de salario por cada día de retardo, desde los 45 días hábiles siguientes al momento en que quedó ejecutoriada el acto administrativo que reconoció las cesantías y hasta que se hizo efectivo el pago.
Igualmente, se depreca la actualización de la condena en aplicación del IPC y el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
- 1. Supuestos fácticos
La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
- 1. Supuestos fácticos
La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
El 28 de abril de 2023, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución No. 2023000524 del 14 de junio de 2023 y cuyo pago fue puesto a disposición desde el 15 de agosto de 2023.
El plazo para cancelarlas habría vencido el 15 de agosto de 2023, pero siendo pagadas el mismo 15 de agosto de 2023, señala que transcurrieron 30 días de mora, contados desde el día en que las entidades debían reconocer y cancelar las cesantías, hasta que se efectuó el pago.
El 19 de julio de 2023, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la entidad demandada, quien le resolvió desfavorablemente en forma ficta.
- 1. Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición, los artículos 5° y 15° de la Ley 91 de 1989; 1° y 2° de la Ley 244 de 1995; y 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006 y artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Manifiesta que a pesar de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y que la jurisprudencia ha establecido que el reconocimiento y pago no debe superar los 70 días hábiles siguientes a haber radicado la solicitud, la entidad demandada cancela las cesantías por fuera de los términos establecidos en la ley, lo que genera sanción moratoria equivalente a un día de salario de docente por cada día de retardo, con posterioridad a los 70 días hábiles después de radicada la solicitud y hasta cuando se efectúe el pago de las cesantías.
Señala que la actora tiene la calidad de nacional o nacionalizado y la prestación fue reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, situación por la que la sanción moratoria deprecada está a cargo de la entidad demandada, quien está obligada a responder por esta situación irregular.
Expresa que a través de la Ley 1071 de 2006 se amplió la protección en favor del trabajador respecto del pago de las cesantías antes de los 65 días después de radicada la solicitud, no solo respecto de las definitivas sino también para las parciales; imperativo que la entidad pretende desconocer.
Indica que a través de la Ley 1071 de 2006 se amplió la protección en favor del trabajador respecto del pago de las cesantías antes de los 65 días después de radicada la solicitud, no solo respecto de las definitivas sino también para las parciales; imperativo que la entidad pretende desconocer.
Refiere que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, al establecer un término perentorio para la liquidación de la cesantía, buscaron que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y no transgrediera los derechos prestacionales de los docentes.
Hace alusión a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, para concluir que dada la claridad de las normas legales que sirven de fundamento y el desarrollo jurisprudencial, no queda duda del derecho que asiste a la demandante, debiéndose en consecuencia atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.
- 1. Contestaciones 1. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpremag)[[1]](#footnote-1)
- 1. Contestaciones 1. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpremag)[[1]](#footnote-1)
Por su lado, Fonpremag se opuso a las pretensiones, al considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Destacó que no se configuró mora porque solicitud fue radicada el 6 de junio de 2023, el acto de reconocimiento se expidió el 14 de junio, quedó ejecutoriado el 22 de junio y el pago se efectuó el 15 de agosto de 2023, antes del vencimiento del término de 45 días hábiles.
Indicó que, conforme a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la sanción moratoria solo procede cuando el pago se realiza después del plazo legal. En este caso, la mora habría comenzado el 31 de agosto de 2023, por lo que concluyó que no se causó ningún día de retraso.
Afirmó que, si llegara a acreditarse alguna demora, esta sería atribuible a la entidad territorial encargada de radicar la solicitud y expedir oportunamente el acto administrativo. Por ello, invocó el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, solicitó la comparecencia de la Secretaría de Educación y alegó falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG.
También propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, al estimar que el acto ficto cuya nulidad se pretende no constituye un acto administrativo susceptible de control judicial. Asimismo, formuló las excepciones de cobro de lo no debido, improcedencia de la indexación, culpa de un tercero, buena fe y excepción genérica.
Finalmente, pidió no condenar a la entidad y desvincularla del proceso, así como declarar probadas las excepciones propuestas.
1.5.2. Departamento de Antioquia[[2]](#footnote-2)
Mientras, el Departamento de Antioquia alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que -según su modo de verlas prestaciones sociales del demandante se encuentran a cargo del Fonpremag. Afirmó que la Secretaría de Educación actúa como intermediaria en el reconocimiento y liquidación de las cesantías, mientras que su pago corresponde al Fondo por medio de la sociedad fiduciaria que administra sus recursos.
Defendió que no se configuró la mora reclamada, dado que la solicitud completa fue radicada el 6 de junio de 2023, el acto de reconocimiento se expidió oportunamente y el pago se efectuó el 15 de agosto del mismo año. Por tanto, no se superaron los 70 días hábiles previstos por la jurisprudencia para el reconocimiento y pago de las cesantías.
Alegó que la fecha relevante para contabilizar los términos es aquella en la que la solicitud quedó debidamente integrada, con la totalidad de los documentos requeridos y validados. Asimismo, indicó que debe atenderse la fecha consignada en el acto administrativo de reconocimiento, por encontrarse ejecutoriado y no haber sido controvertido por el demandante.
Agregó que una eventual demora en el pago sería imputable al Fondo y a la fiduciaria encargada de administrar sus recursos, por ser esta última la obligada a efectuarlo oportunamente. En ese sentido, señaló que el Departamento no administra los recursos destinados a las cesantías ni puede ser condenado a pagar con recursos propios una sanción derivada de esa obligación.
Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación, además de solicitar el reconocimiento oficioso de cualquier otra excepción probada. En consecuencia, pidió negar las pretensiones, al considerar que el reconocimiento y pago se realizaron dentro del término correspondiente y que el Departamento no es responsable de la sanción reclamada.
- 1. Sentencia impugnada[[3]](#footnote-3)
A través de sentencia del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Sustento de su decisión, inició precisando que a los docentes oficiales les resulta aplicable la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 cuando las cesantías no son pagadas oportunamente. Luego, para determinar su causación, refirió la sentencia de unificación del Consejo de Estado para indicar que, cuando el acto de reconocimiento se expide en término, la entidad dispone de 55 días hábiles contados desde su notificación para efectuar el pago.
Desde ahí, encontró probado que el demandante solicitó las cesantías definitivas el 6 de junio de 2023, que estas fueron reconocidas mediante resolución del 20 de junio de 2023 y que el acto fue notificado el 22 de junio siguiente. Por consiguiente, estableció que el plazo para pagar comenzó el 23 de junio de 2023 y vencía el 13 de septiembre del mismo año.
Entonces, como el dinero fue puesto a disposición del demandante el 15 de agosto de 2023, determinó que el pago se realizó dentro del término legal y que las entidades demandadas no incurrieron en mora. En consecuencia, consideró que el acto administrativo que negó la sanción moratoria se encontraba ajustado a derecho y que su presunción de legalidad no fue desvirtuada.
A partir de las anteriores razones, negó las las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
- 1. Recurso de apelación de la parte demandante[[4]](#footnote-4)
Inconforme con lo decidido, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, cuestionando, especialmente, la condena en costas impuesta.
Argumenta que la presentación de la demanda no obedeció a propósitos dilatorios ni a la intención de congestionar el aparato judicial, sino a la búsqueda de protección judicial frente a una situación que consideraba lesiva de sus derechos. En consecuencia, estima que no puede calificarse como reprochable o de mala fe el hecho de promover una acción judicial para reclamar el reconocimiento de derechos que se estiman vulnerados.
Enfatiza que, conforme a la jurisprudencia y a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, la fijación de agencias en derecho debe obedecer a criterios de equidad y razonabilidad, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, la gestión desplegada y las circunstancias particulares del caso. Afirma que la sentencia no valoró adecuadamente las condiciones especiales del demandante ni el carácter legítimo de su reclamación.
Para finalizar, sostiene que la imposición de costas a quienes acuden a la justicia para reclamar derechos que consideran desconocidos puede generar un efecto disuasivo sobre otros ciudadanos, afectando el ejercicio efectivo de sus garantías. Por ello, solicita revocar tanto la decisión que negó las pretensiones de la demanda como la condena en costas y agencias en derecho impuesta al actor.
- 1. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación se admitió mediante auto del 8 de julio de 2025, en aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021. Posteriormente, el proceso ingresó a despacho para sentencia.
- 1. Pruebas relevantes
- Derecho de petición elevado en nombre del demandante el 19 de julio de 2023, solicitando la sanción moratoria (03Demanda.pdf, pp. 24 a 26);
- Acto administrativo: ANT2023EE021772 del 24 de julio de 2023, mediante el cual el Departamento de Antioquia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora (03Demanda.pdf, pp. 27 – 28);
- Histórico del trámite de solicitud de cesantías (03Demanda.pdf, pp. 29 -30);
- Resolución: ANTIO2023000524 del 14 de junio de 2023, por medio del cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva (03Demanda.pdf, pp. 31 a 34);
- Extracto de pago de las cesantías (03Demanda.pdf, p. 35).
1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia
1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia
Es competente este tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 1. Problema jurídico
Pasa la Sala a determinar si la decisión de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿procede condenar en costas procesales al demandante, como parte procesal vencida dentro del presente proceso?
A partir de ello, deberá establecer: ¿hay lugar a modificar la sentencia en los términos del recurso presentado, revocarla o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?
- 1. Causa del problema jurídico
Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.
En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a la diferente relevancia fáctica que dan las partes a la existencia de fundamento legal, para el juzgado de primera instancia la existencia de fundamento legal en la actuación no tiene relevancia para la condena o no en costas, basta con que se haya perdido el proceso; por el contrario, para la parte actora la existencia de fundamento legal en su actuación si es relevante, y considera que la demanda se fundamentó en un derecho que se consideró vulnerado, por lo cual considera que no procedia la condena en costas, al no haber un actuar temerario.
- 1. Tesis de la Sala
La Sala sostendrá la tesis consistente en que asiste razón a la parte apelante, ya que la demanda no muestra carencia manifiesta de fundamento legal. Este último es presupuesto necesario para la imposición de costas conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.
- 1. Marco normativo y jurisprudencial
Las costas genéricamente se comprenden como los gastos de un proceso judicial, en los que inevitablemente incurren las partes por el solo hecho de afrontar un procedimiento y que al final buscan resarcirse o recompensarse a través de su condena a cargo de la parte vencida.
Respecto a las costas y su condena, el profesor Azula Camacho señala[[5]](#footnote-5):
Las costas, como dijimos en la Teoría general del proceso, son una sanción que se le impone al litigante vencido, por el solo hecho de serlo. Su naturaleza, como allí también se dijo, es de carácter netamente objetivo.
Las costas permiten que la parte vencida obtenga el reintegro de las expensas que haya tenido que cubrir como consecuencia del proceso, por lo que constituyen o determinan en últimas quién es el obligado a cancelarlas.
Jurisprudencialmente se ha dicho que, como género, las costas están conformadas por las expensas y por las agencias en derecho, donde las primeras son los gastos que se derivan del proceso y necesarios para su desarrollo, mientras que las agencias son la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora[[6]](#footnote-6).
1. CASO CONCRETO
El recurso de apelación presentado por la apoderada del señor Ancizar de Jesús Álvarez Garcés que se revoque la sentencia de forma general; sin embargo, al desarrollar los argumentos del recurso se opone concreta y exclusivamente a la condena en costas que se impuso.
Debido a ello la Sala se ocupará únicamente del mencionado argumento de disenso. Lo anterior por virtud de lo previsto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, que consagran los fines de la apelación y delimitan la competencia del superior; artículos aplicables al proceso de acuerdo con la remisión del artículo 306 del CPACA. Adicionalmente, no se observan razones para adoptar decisiones de oficio.
En cuanto a la condena en costas el artículo 188 del CPACA preceptúa que, salvo tratándose de procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, “(…) cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Frente a la previsión “dispondrá” contenida en la norma, se tiene que tal disposición no significa la necesaria imposición de costas, pues lo que de ella se deriva es que con la sentencia deberá efectuarse un pronunciamiento expreso sobre aquellas, ya sea imponiéndolas o absteniéndose de hacerlo.
En esta línea se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 20 de junio de 2024, donde sostuvo[[7]](#footnote-7):
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.
Ahora bien, siguiendo la redacción inicial del citado artículo 188 se consideró que, como la Ley 1437 de 2011 no establecía la forma para liquidar y ejecutar las costas, remitiendo a las normas procesales hoy ubicadas en el Código General del Proceso, esto conducía a un criterio objetivo para la imposición de costas. Dicho criterio no atiende la conducta de las partes sino el hecho de que una de ellas resulte vencida en juicio.
Sin embargo, actualmente se cuenta con la reforma de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el artículo 188 del CPACA quedando este último de la siguiente forma:
ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. (Negrillas de la Sala)
Debido a la nueva disposición, adicional a lo que ya se aplicaba, el juez deberá analizar si la demanda o su contestación se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que conlleva un estudio más detallado de los argumentos dados por las partes y su participación dentro del proceso.
Así las cosas, en aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 con su respectiva adición, no es procedente imponer costas por el trámite de primera instancia ya que no se advierte actitud infundada en la postura de la parte actora sino la expresión con sustentación jurídica de una de las tesis debatidas a lo largo del proceso. Adicionalmente, no se probaron actuaciones que configuren mala fe o temeridad en este asunto.
Ahora, si bien no prosperaron los pedimentos de la parte actora, la decisión final sobre la controversia jurídica no significa, sí y solo sí, que la tesis vencida sea insensata, irreflexiva o imprudente frente al ordenamiento jurídico. En este caso, la parte actora cumplió con la fundamentación de su posición a lo largo del escrito de demanda, sin omitir las evidencias probatorias sobre la fecha de presentación de la solicitud de cesantías y pago de las mismas; de manera que sustentó su postura con base en la verdad material y la decisión de la administración que consideró contraria a la ley que contempla la sanción moratoria.
Adicionalmente, no se evidencia ninguna de las causales de temeridad o mala fe a las que se refiere el artículo 79 del Código General del Proceso.
En este orden de ideas, la causa del problema jurídico se resuelve a favor del señor Ancizar de Jesús Álvarez Garcés, toda vez que no se cumple la condición para la imposición de costas que rige desde la Ley 2080, como es que se configure una manifiesta carencia de fundamento legal.
En este punto es importante destacar que en materia de condena en costas, en el CPACA existe norma especial, norma que debe prevalecer en su aplicación, en los procesos contencioso administrativos, sobre las normas del CGP, lo que no es más que manifestación de la tendencia a la autonomía del CPACA frente al CGP, lo que se reafirma, teniendo en cuenta el auto de unificación del Honorable Consejo de Estado del 12 de septiembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, referente a la normas aplicables al trámite del recurso de apelación frente a la sentencia en un proceso ejecutivo, razonamiento que puede extenderse en materia de costas, pues existe en el CPACA norma especial, providencia en la que se expresa:
Lo anterior, en la medida que el criterio jurisprudencial de conformidad con el cual, para la procedencia y trámite del recurso de apelación, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fundamenta, en parte, en que las disposiciones relativas a la procedencia y al trámite del recurso de apelación no constituyen una regulación especial en el Código General del Proceso para los procesos ejecutivos; además, porque la procedencia, así como el trámite del recurso de apelación, están regulados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no sería procedente acudir a otro cuerpo normativo.(Cursiva y negrita fuera de texto).
En consecuencia, se revocará el numeral “SEGUNDO” de la parte resolutiva de la sentencia para, en su lugar, abstenerse de imponer costas y agencias frente al trámite de la primera instancia.
- 1. Condena en costas
En consecuencia, se revocará el numeral “SEGUNDO” de la parte resolutiva de la sentencia para, en su lugar, abstenerse de imponer costas y agencias frente al trámite de la primera instancia.
- 1. Condena en costas
Teniendo en cuenta lo analizado en precedencia frente el artículo 188 del CPACA, esto es, que se ha presentado una variación frente al criterio de imposición de costas que regía bajo la redacción original de la Ley 1437 de 2011, concordada con el Código General del Proceso, no hay lugar a imponer costas procesales en segunda instancia. Los planteamientos hechos se fundaron en una comprensión razonable del ordenamiento jurídico; es decir, no se advierte que los argumentos en esta instancia hayan sido caprichosos o sin fundamento alguno.
Por lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE DECISION, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR el numeral “SEGUNDO” de la parte resolutiva de la sentencia expedida por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, el 5 de diciembre de 2024. En su lugar, se dispone abstenerse de condenar en costas y agencias en derecho en primera instancia.
SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia apelada.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas y agencias en derecho en segunda instancia, con fundamento en lo expuesto en esta sentencia.
CUARTO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al juzgado de origen.
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
ÁLVARO CRUZ RIAÑO
SANDRA M. HERRERA GONZÁLEZ NORBERTO MENDIVELSO PINZÓN
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del link: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.