TA ANT - Sentencia 05001233300020210080500-(29-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

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SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | ANIRA MUÑOZ CANO | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) | | RADICADO | 05001 23 33 000 2021 00805 00 | | INSTANCIA | PRIMERA | | ASUNTO | RÉGIMEN PENSIONAL PARA PERSONAL DOCENTE VINCULADO CON ANTERIORIDAD A LA LEY 812 DE 2003 | | DECISIÓN | CONCEDE PRETENSIONES PARCIALMENTE | | PROVIDENCIA | 26 |

La Sala decide sobre la demanda promovida por la señora ANIRA MUÑOZ CANO, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

1. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Se pretende la nulidad parcial de la Resolución 202050066293 del 30 de octubre de 2020.

1. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Se pretende la nulidad parcial de la Resolución 202050066293 del 30 de octubre de 2020.

Como restablecimiento del derecho, se depreca condenar al FOMAG a reconocer, liquidar y pagar a la demandante una pensión de jubilación de acuerdo con las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985. Igualmente, a reconocer y pagar, debidamente indexadas, las sumas dejadas de percibir por concepto de pensión de jubilación, desde el momento en que adquirió el estatus pensional, tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el año de servicio anterior a la adquisición del estatus y con todos los factores salariales devengados.

Además, se pide el cumplimiento de la sentencia como lo disponen los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el reconocimiento de los intereses moratorios conforme al artículo 192 del CPACA y condenar en costas a la demandada de acuerdo con el artículo 188 del mismo código.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora plantea como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

La demandante laboró como docente al servicio del Municipio de Medellín en los siguientes periodos:

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La entidad demandada reconoció pensión a la demandante de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La demandante laboró como docente al servicio del Municipio de Medellín en los siguientes periodos:

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La entidad demandada reconoció pensión a la demandante de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición: «los Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58 de la Constitución Política, Ley 91 de 1989, Ley 812 de 2003, Leyes 33 y 62 de 1985, Acto Legislativo 01 de 2005, Art 279 de la ley 100 de 1993, Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978, y 2277 de 1979.»

En los hechos de la demanda indica que la demandante ingresó al servicio público de educación antes del 27 de junio de 2003, es decir, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003; por lo tanto, tenía una expectativa pensional que se debe respetar.

Defiende que, debido a lo anterior, la pensión de jubilación se le debió reconocer de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985 que exigen 55 años de edad y 20 años de servicio; además, dichas normas determinan una base de liquidación del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional y preservan la compatibilidad entre sueldo y pensión.

Asevera que la demandante adquirió el estatus pensional el 9 de enero de 2019.

En el concepto de violación aduce que el acto demandado incurre en violación de la constitución y la ley porque no reconoce la pensión de jubilación a la que tiene derecho la demandante como docente, en cumplimiento de las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, 60 de 1993, 715 de 2001 y 812 de 2003.

Enfatiza en que, conforme las normas invocadas, los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la Ley 812 quedan cobijados por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo, si la vinculación fue anterior, se debe aplicar el régimen previo que es el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Cita la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, SUJ-014 -CE-S2 -2019, para reiterar el régimen aplicable para los docentes vinculados antes de la Ley 812.

• 1. Contestación de la demanda[[1]](#footnote-1)

La apoderada de la entidad se opone a todas las pretensiones «por carecer de sustento fáctico y legal».

Argumenta que no es el momento procesal para solicitar la inclusión de factores salariales que no fueron reconocidos con la pensión puesto que se tuvieron que interponer los recursos de ley para poner en discusión la validez del acto administrativo; no obstante, la parte actora no agotó los recursos.

Cita los artículos 15 de la Ley 91 de 1989, 279 de la Ley 100 de 1993 y 81 de la Ley 812 de 2003 para seguidamente sostener que solamente los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la Ley 812 tendrán los derechos del régimen de prima media de las Leyes 100 1993 y 797 de 2003.

Con relación a los factores salariales, alude a la sentencia del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 en el radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 y al fallo de unificación de la misma corporación con fecha del 25 de abril de 2019, radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01. Con base en ello defiende que el Ingreso Base de Liquidación se debe calcular incluyendo los factores salariales sobre los cuales se hicieron cotizaciones al sistema pensional, ya sea los previstos en la Ley 62 de 1985 (para los vinculados antes de la Ley 812) o el Decreto 1158 de 1994 (para quienes se vinculen desde la vigencia de la Ley 812).

Pide que, en caso de condenarse a la entidad, se autorice el descuento de los aportes a pensión que debieron realizarse por la actora y su empleador. Además, que se incluyan únicamente los factores salariales periódicamente reconocidos como contraprestación del servicio.

Concluye que a la actora no le asiste derecho porque se estarían reconociendo fatores que no han sido cotizados al Sistema de Seguridad Social en Pensión, lo que vulnera el principio de sostenibilidad financiera del sistema establecido constitucionalmente y ratificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

• 1. Trámite de sentencia anticipada

Por auto del 26 de marzo de 2025 el Magistrado Ponente dispuso dar trámite de sentencia anticipada al proceso, en los términos del numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, se pronunció sobre las pruebas, fijó el litigio y corrió traslado para alegar.

• 1. Alegatos de conclusión 1. Parte demandante[[2]](#footnote-2)

El apoderado reitera los hechos de la demanda e insiste en que la actora tiene una vinculación anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003; por tanto, dice, la prestación está sometida al régimen anterior, que no es otro que la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio y 55 años de edad.

Defiende que la pensión de jubilación es compatible con el salario porque así lo determina el artículo 5º del Decreto 224 de 1972 y el artículo 6º de la Ley 60 de 1992. Al respecto, alude providencias del Consejo de Estado.

Por lo anterior pide acoger todas las pretensiones.

• - 1. Parte demandada[[3]](#footnote-3)

La apoderada sostiene que la afiliación de la demandante fue posterior a 2003, razón por la cual su pensión se estudió bajo la Ley 100 de 1993 sin que sea beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de dicha ley.

Reitera que la actora ingresó como docente con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003. Agrega que el tiempo de servicio laborado mediante contratos de prestación de servicio podrá tenerse en cuenta para conservar el régimen de transición «siempre y cuando se verifique que esta Jurisdicción ha declarado la existencia de la relación laboral mediante sentencia o aprobación de acuerdo conciliatorio y se han efectuado aportes para pensión por dichos periodos en virtud de la actividad docente oficial.»

Alega que el artículo 128 de la Constitución Política contempla la prohibición constitucional para percibir más de una asignación del tesoro público, la que también se encuentra en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Por ello defiende que la pensión es incompatible con el salario docente.

Se refiere a los factores salariales a tener en cuenta, para lo cual cita la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, y el fallo de unificación de la misma corporación emitido el 25 de abril de 2019.

Finalmente pide aplicar la prescripción de 3 años prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

• - 1. Ministerio Público

No presenta concepto.

Finalmente pide aplicar la prescripción de 3 años prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

• - 1. Ministerio Público

No presenta concepto.

• 1. Pruebas relevantes - Cédula de ciudadanía de la demandante (página 17, documento 02DEMANDA ANIRA MUÑOZ LISTA.pdf). - Resolución 202050066293 del 30 de octubre de 2020 que reconoce pensión de vejez a la actora (páginas 18 a 23, documento precitado). - Certificados de historia laboral y de salarios de la demandante expedidos el 23 de septiembre de 2019 (páginas 24 a 39, documento precitado). - Expediente administrativo allegado por el Distrito de Medellín (archivo 27RestepuestaExhorto). Dentro de él constan, entre otros, los siguientes documentos: - Actos administrativos de nombramiento de la demandante. - Certificados de historia laboral y de salarios de la actora expedidos el 19 de mayo de 2025. - Registro civil de nacimiento de la demandante. - Solicitud pensional presentada por la actora el 9 de diciembre de 2019.

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Este tribunal es competente para conocer, en primera instancia, el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su texto vigente antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021.

• 1. Problema jurídico

Una vez analizado el asunto y en línea con lo establecido en el auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada, corresponde a esta Sala determinar: ¿la señora ANIRA MUÑOZ CANO tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo los presupuestos y condiciones de la Ley 33 de 1985?

Definido lo anterior, deberá desatarse: ¿procede declarar la nulidad parcial del acto administrativo atacado, tal como lo solicita la parte actora?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas. La identificación de la causa es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas corresponde a una antinomia normativa. Aunque las partes están de acuerdo en que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determina las condiciones prestacionales de los docentes, la parte demandante sostiene que, con base en dicha norma, se deben aplicar las condiciones y los presupuestos de la Ley 33 de 1985. Por el contrario, el FOMAG considera que, de acuerdo con la misma norma, se debe aplicar la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

• 1. Tesis de la Sala

La Sala sostendrá que asiste razón a la parte demandante porque el régimen prestacional aplicable a la demandante es el contenido en la Ley 33 de 1985; ello, debido a que tiene una vinculación al servicio educativo anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Régimen pensional aplicable al personal docente oficial e Ingreso Base de Liquidación (IBL) pensional.

La normativa que regula las prestaciones sociales del personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no establece un régimen especial en materia pensional, pues las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993 y el Decreto 2277 de 1979 no fijaron condiciones ni requisitos especiales para acceder al derecho[[4]](#footnote-4).

En contraposición a ello, la Ley 91 de 1989 ratificó como aplicable el régimen pensional consagrado en la Ley 33 de 1985, como norma general que regula el asunto para los empleados del sector público nacional, incluyendo a los docentes oficiales[[5]](#footnote-5). Asimismo, la Ley 812 de 2003 indica que los docentes tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo cual se remite una vez más a un régimen general.

Teniendo en cuenta que el régimen pensional de los docentes está previsto en normas de aplicación general, lo siguiente es definir cuáles son las aplicables para resolver sobre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y/o vejez para el personal docente afiliado al FOMAG. Siguiendo el análisis hecho por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019[[6]](#footnote-6), esa determinación depende de la fecha de ingreso o vinculación al servicio público educativo.

En efecto, el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone:

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

A partir de esta norma, uno es el régimen pensional de los docentes afiliados al FOMAG cuya vinculación se produjo antes de la vigencia de la Ley 812, es decir, antes del 27 de junio de 2003[[7]](#footnote-7); y otro es el aplicable para quienes se vincularon desde la entrada en vigencia de la Ley 812.

Del régimen pensional aplicable dependerá el IBL de la pensión, como pasa a explicarse de manera separada.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y señaló sus competencias en cuanto al pago y reconocimiento de prestaciones sociales compartidas con las entidades territoriales, dependiendo de la calidad del personal, según clasificación hecha en su artículo 1º. Este artículo indica:

ARTÍCULO 1º. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. (Negrillas fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 15 de la misma ley preceptúa:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. (Negrillas de la Sala)

En este sentido, conforme a la Ley 91 de 1989[[8]](#footnote-8), se hacen las siguientes precisiones:

1. Como expresa el numeral 1° del artículo 15, los docentes «nacionalizados» que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, respecto a prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen que venía aplicándose en la respectiva entidad territorial, esto es, la Ley 33 de 1985.

2. Respecto a los docentes «nacionales» vinculados a partir del 1º de enero de 1990 y para los mismos efectos, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

No obstante, la Ley 33 de 1985 derogó el Decreto 3135 de 1968; con ello, también desaparecieron los efectos jurídicos del decreto reglamentario 1848 de 1969.

1. Finalmente, para los docentes «nacionales y nacionalizados» vinculados a partir del 1° de enero de 1981 y para todos los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, se reconocerá una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año y gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, esto es, la Ley 33 de 1985.

Es así como la mencionada Ley 33 de 1985 es la aplicable como régimen general que opera, en materia de reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación, para los empleados oficiales de todos los niveles que no se encontraran exceptuados, incluidos los docentes[[9]](#footnote-9).

El artículo 1º de esta ley consagra el derecho a una pensión vitalicia de jubilación bajo las siguientes condiciones y características:

ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley. (Negrillas y subrayas intencionales)

En consecuencia, tendrá derecho a una pensión de jubilación el empleado docente que cumpla 20 años de servicio a la educación oficial y que llegue a la edad de 55 años, tanto para hombres como para mujeres. Esta pensión tendrá una tasa de reemplaza equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año[[10]](#footnote-10).

Ahora, en lo que tiene que ver con los factores salariales a incluir en el IBL de la pensión, la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 definió el asunto y unificó jurisprudencia con la siguiente regla:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. (Negrillas del texto original).

Por consiguiente, los factores salariales a incluir, en el IBL de la pensión reconocida con base en la Ley 33 de 1985, solo pueden ser los delimitados por el artículo 3º de citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que son los mismos sobre los cuales la Nación debe efectuar los correspondientes aportes, a saber:

• Asignación básica - Gastos de representación - Prima de antigüedad - Prima técnica - Prima ascensional - Prima de capacitación - Dominicales y feriados - Horas extras - Bonificación por servicios prestados - Trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

Se destaca que ningún factor diferente a los antes enlistados puede ser incluido.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados desde la vigencia de la Ley 812 de 2003.

El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes vinculados desde que la Ley 812 entró en vigencia es el mismo del régimen de prima media, es decir, el consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Lo anterior en los términos del artículo 81 de la pluricitada Ley 812 que dispone:

ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.

(…)

PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989. (Negrillas y subrayas de la Sala)

(…)

PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989. (Negrillas y subrayas de la Sala)

Es así como a estos docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones, salvo en lo atinente a la edad, que se fija en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

En cuanto al tiempo de servicio, se exigen las semanas de cotización previstas en el artículo 33 de la Ley 100, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que son mínimo 1000 semanas.

En relación con la tasa de reemplazo, o monto pensional, esta oscilará entre el 65% y el 85%, en los términos del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado a su vez por el artículo 10 de la Ley 797.

Finalmente, el IBL pensional se calculará con el promedio de los salarios o rentas sobre los que se hayan hecho cotizaciones durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, como lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y con base en los salarios del Decreto 1158 de 1994 sobre los que se hayan efectuado las respectivas cotizaciones. Esto fue objeto de unificación por el Consejo de Estado mediante la sentencia a la que se viene haciendo referencia, donde estableció como segunda regla:

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (Negrillas del texto).

Es por esto que los factores salariales a ser incluidos en la liquidación pensional son los enumerados en el Decreto 1158 de 1994, que también corresponden a los factores sobre los cuales se establece la base de cotización para los aportes. Estos son:

• Asignación básica mensual - Gastos de representación - Prima técnica, cuando sea factor de salario - Prima de antigüedad, cuando sea factor de salario - Prima ascensional, cuando sea factor de salario - Prima de capacitación, cuando sea factor de salario - Remuneración por trabajo dominical o festivo - Remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna - Bonificación por servicios prestados

Por último, es del caso agregar que la sentencia de unificación dejó claro sus efectos, estableciendo que su contenido y reglas tienen carácter vinculante y obligatorio; de manera que las reglas jurisprudenciales fijadas en ella deben ser acogidas de forma obligatoria para resolver todos los casos pendientes, tanto en sede judicial como administrativa. Esto, sin perjuicio de los casos en los que existe cosa juzgada, los cuales resultan inmodificables en virtud del principio de seguridad jurídica.

1. CASO CONCRETO

El debate jurídico sometido a decisión se origina porque mediante la Resolución 202050066293 del 30 de octubre de 2020 se reconoció una pensión de vejez a la señora ANIRA MUÑOZ CANO aplicando las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Sin embargo, la parte actora afirma que la decisión es equívoca porque para reconocer la prestación debe aplicarse el régimen de la Ley 33 de 1985.

Absolver tal controversia implica definir el régimen pensional que regula la situación prestacional de la demandante. Frente a ello, esta Sala de Decisión considera adecuada la tesis sostenida con la demanda y pasa a exponer los argumentos que soportan esta postura.

En el marco normativo y jurisprudencial se desarrolló en detalle que existe una particularidad para el personal docente y es que su régimen pensional está determinado por la fecha en que ocurre su vinculación al servicio docente. Específicamente, por el hecho de que su vinculación se haya dado antes o después de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

Esto es así porque el artículo 81 de la Ley 812 es claro al distinguir dos grupos de docentes. De un lado pone a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio