TA ANT - Sentencia 05001333300420210018501-(29-09-2026)

# [image]REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | REPARACIÓN DIRECTA | | DEMANDANTE | GORBACHOV BAILARÍN SINIGUI1 | | DEMANDADO | -INSTITUO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO2 -UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS3 -LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO4 | | RADICADO | 05001 33 33 004 2021 00185 01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS / RECLUSIÓN DE INDÍGENAS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | | DECISIÓN | CONFIRMA SENTENCIA APELADA | | PROVIDENCIA | 69 | | LINK DEL EXPEDIENTE | EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 004 2021 00185 01 |

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 30 de abril de 2025.

# ANTECEDENTES

## Pretensiones

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 30 de abril de 2025.

# ANTECEDENTES

## Pretensiones

La parte actora pretende que se declaren a las entidades demandadas, administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados a los demandantes por las condiciones de reclusión de GORBACHOV BAILARIN SINIGUI al sometérsele a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín "Bellavista", en desprecio de

1 abogadagloriazapata@gmail.com;

2 Demandas.noroeste@inpec.gov.co; notificaciones@inpec.gov.co;

3 Oscar.segura@uspec.gov.co; buzonjudicial@uspec.gov.co

4 Notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co; alfgomez@minjusticia.gov.co;

su condición humana y condición de indígena, durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2017 y el 26 de junio de 2019.

Como indemnización solicitan se condene a los siguientes pagos:

## -Por concepto de perjuicios morales

Para Gorbachov Bailarin Sinigui el equivalente a 250 SMLMV

## -Por concepto la afectación a sus derechos constitucionales

Para Gorbachov Bailarin Sinigui el equivalente a 250 SMLMV

## Supuestos fácticos5

Para Gorbachov Bailarin Sinigui el equivalente a 250 SMLMV

## -Por concepto la afectación a sus derechos constitucionales

Para Gorbachov Bailarin Sinigui el equivalente a 250 SMLMV

## Supuestos fácticos5

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

El señor Gorbachov Bailarín Sinigui, integrante del pueblo indígena Embera Eyábida de la comunidad Cerrazón del municipio de Frontino (Antioquia), fue recluido el 26 de mayo de 2017 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bellavista, en Medellín, y posteriormente trasladado el 26 de junio de 2019 al establecimiento penitenciario de Acacías (Meta).

La parte actora sostiene que durante su permanencia en Bellavista fue sometido a condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana, atribuibles al elevado nivel de hacinamiento existente en dicho centro carcelario y a la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales frente a la población privada de la libertad.

La demanda refiere que, aunque formalmente fue asignado inicialmente al patio 11 y posteriormente al patio 5, en la práctica careció de un espacio adecuado para su alojamiento, por lo que debió permanecer en pasillos congestionados, durmiendo sobre el suelo y adquiriendo por sus propios medios una colchoneta para descansar.

Afirma que las condiciones habitacionales eran precarias, debido a la presencia de plagas, la construcción de estructuras improvisadas por los internos para habilitar espacios de descanso, la obstrucción de la ventilación natural, la exposición constante

5 02Demanda.pdf

Afirma que las condiciones habitacionales eran precarias, debido a la presencia de plagas, la construcción de estructuras improvisadas por los internos para habilitar espacios de descanso, la obstrucción de la ventilación natural, la exposición constante

5 02Demanda.pdf

a humedad, filtraciones de agua y malos olores, así como a la necesidad de desmontar diariamente sus pertenencias para permitir la circulación en los pasillos y afrontar los procedimientos de requisa adelantados por las autoridades penitenciarias.

Igualmente, la parte demandante sostiene que el actor fue privado de condiciones mínimas de alojamiento y dotación, al no recibir oportunamente cama, cobijas, sábanas, almohada y elementos de aseo personal. Del mismo modo, denuncia deficiencias en las condiciones sanitarias del establecimiento, relacionadas con la insuficiencia y el deterioro de duchas y sanitarios, la falta de puertas o elementos que garantizaran la privacidad de los internos, así como la presencia de olores ofensivos e inadecuadas condiciones de higiene.

La demanda también expone presuntas falencias en la prestación de los servicios de alimentación y salud. En particular, señala que los alimentos suministrados carecían de calidad y cantidad suficientes, que en ocasiones eran entregados en mal estado y que los horarios establecidos para su distribución sometían a los internos a prolongados períodos de ayuno. Asimismo, afirma que el establecimiento carecía de condiciones adecuadas para el aislamiento de personas con enfermedades contagiosas, generando riesgos de exposición a patologías como tuberculosis y varicela, y que la atención médica resultaba insuficiente y de difícil acceso.

De igual forma, la parte actora manifiesta que, por su condición de integrante de una comunidad indígena, no recibió el trato diferencial que, a su juicio, le correspondía conforme al ordenamiento jurídico, ni contó con espacios, actividades o programas que permitieran preservar y desarrollar sus prácticas culturales. En ese contexto, cuestiona también su traslado al establecimiento penitenciario de Acacías (Meta), por considerar que dicha decisión desconoció su arraigo familiar, territorial y cultural. Adicionalmente, aduce que las limitaciones derivadas del hacinamiento afectaron su intimidad, su vida familiar y el ejercicio de otros derechos fundamentales, incluida la posibilidad de mantener relaciones de pareja y de recibir visitas en condiciones adecuadas.

Con fundamento en tales circunstancias, la demanda sostiene que el demandante fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, asimilables a actos de tortura, que le ocasionaron sufrimientos, aflicciones y afectaciones emocionales constitutivas de daño moral, además de la lesión de bienes jurídicos constitucionalmente

protegidos, tales como la dignidad humana, la salud, la intimidad, la unidad familiar y la diversidad étnica y cultural. Finalmente, atribuye la responsabilidad de los hechos al INPEC, a la USPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho, al considerar que cada una de estas entidades incumplió las funciones que le correspondían para garantizar condiciones dignas de reclusión y superar la crisis estructural del sistema penitenciario y carcelario, reconocida por la Corte Constitucional mediante la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.

## Contestaciones.

• - 1. NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho6

## Contestaciones.

• - 1. NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho6

El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso de manera integral a las pretensiones de la demanda y sostuvo que los hechos expuestos por la parte actora no permiten identificar acciones u omisiones concretas atribuibles a dicha entidad que configuren una falla en el servicio. En ese sentido, negó haber incumplido sus obligaciones legales y afirmó que ha ejercido sus funciones en materia penitenciaria conforme a las competencias que le asignan la Constitución y la ley.

Como fundamento de su defensa, señaló que no es la entidad responsable de la prestación directa de los servicios de custodia, salud, alimentación y demás atenciones dirigidas a la población privada de la libertad, funciones que corresponden al INPEC y a la USPEC. Indicó que su papel se circunscribe al diseño, seguimiento y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como a la coordinación y formulación de lineamientos en la materia. Asimismo, resaltó las distintas actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional frente al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, entre ellas la promoción de iniciativas legislativas, la coordinación de brigadas jurídicas y la adopción de estándares técnicos orientados a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Finalmente, argumentó que la crisis carcelaria constituye una problemática estructural respecto de la cual la entidad ha desplegado esfuerzos razonables dentro de sus capacidades institucionales, por lo que no resulta procedente atribuirle una falla del servicio. Adicionalmente, sostuvo que en el expediente no obra prueba de un daño

6 07ContestacionDemandaMinisterioJusticia.pdf

antijurídico específico imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho, invocando como sustento jurisprudencial decisiones que han descartado la responsabilidad estatal en casos similares ante la ausencia de acreditación del daño alegado.

## Unidad De Servicios Penitenciarios y CarcelariosUSPEC7

La USPEC contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas por la parte actora, al considerar que no se configura una falla del servicio atribuible a dicha entidad ni se encuentra acreditado un daño antijurídico indemnizable. En tal sentido, sostuvo que las afirmaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del demandante carecen de respaldo probatorio suficiente y no permiten establecer una afectación cierta, personal y directa atribuible a su gestión institucional.

Como fundamento de su defensa, la entidad controvirtió las afirmaciones relativas al hacinamiento padecido por el actor, señalando que, de acuerdo con la información suministrada por las directivas del establecimiento penitenciario de Bellavista, los pabellones en los que estuvo recluido no registraban sobreocupación durante el período correspondiente. Indicó que el patio 11 contaba con una capacidad para 168 internos y un promedio de ocupación de 132 personas privadas de la libertad, mientras que el patio 5 tenía una capacidad para 423 cupos y una ocupación promedio de 402 internos. Asimismo, afirmó que al demandante le fueron suministrados los elementos básicos requeridos para su permanencia en el establecimiento, tales como colchonetas, ropa de cama y kits de aseo personal, por lo que negó que hubiera debido obtener dichos elementos por sus propios medios.

En relación con los servicios de salud y alimentación, la USPEC explicó que la atención en salud de la población privada de la libertad se presta mediante el modelo previsto legalmente a través del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, administrado por una fiducia encargada de contratar los servicios asistenciales correspondientes. Añadió que el establecimiento dispone de áreas de atención primaria y programas de promoción y prevención. Respecto de la alimentación, sostuvo que esta se suministra bajo parámetros nutricionales y sanitarios previamente establecidos, con supervisión técnica especializada, precisando que los horarios de entrega obedecen a criterios de seguridad y organización institucional.

7 08ContestacionDemandaUSPEC.pdf

De igual forma, propuso como excepción principal la falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que sus funciones son esencialmente administrativas, logísticas, contractuales y de infraestructura, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4150 de 2011, sin que ostente una relación directa de custodia o una posición de garante frente a las personas privadas de la libertad. En consecuencia, afirmó que la vigilancia, control y custodia de los internos corresponde exclusivamente al INPEC.

Adicionalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción, al considerar que los hechos alegados tenían naturaleza de daño instantáneo y que, por tanto, el término de dos años para promover el medio de control debía contabilizarse desde el ingreso del actor al establecimiento penitenciario, ocurrido el 26 de mayo de 2017, razón por la cual estimó que la demanda presentada en 2021 resultaba extemporánea. Igualmente, propuso la excepción de inexistencia del daño antijurídico, por cuanto, a su juicio, la parte demandante sustentó sus pretensiones en referencias generales sobre la crisis estructural del sistema penitenciario, sin demostrar una afectación concreta y particular susceptible de reparación.

## Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario -INPEC8

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda al considerar que no se encuentra acreditada la existencia de un daño antijurídico atribuible a dicha entidad. Sostuvo que el demandante fundamenta sus reclamaciones en referencias generales relacionadas con la crisis del sistema penitenciario y carcelario, sin aportar elementos de prueba que demuestren la ocurrencia de un perjuicio cierto, personal y objetivamente determinable derivado de sus condiciones particulares de reclusión. Asimismo, negó que el actor hubiera sido sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario.

Como excepción de mérito, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los aspectos relacionados con infraestructura, alimentación, salud y demás servicios logísticos, al señalar que tales competencias fueron asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en virtud del Decreto 4150 de 2011. En esa línea, indicó que no tiene a su cargo la construcción, ampliación o

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adecuación de establecimientos de reclusión ni la definición de políticas de infraestructura destinadas a superar los problemas de hacinamiento.

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adecuación de establecimientos de reclusión ni la definición de políticas de infraestructura destinadas a superar los problemas de hacinamiento.

De igual forma, reconoció la existencia de fenómenos de sobrepoblación carcelaria, pero afirmó que el establecimiento penitenciario ha adoptado medidas orientadas a garantizar los derechos y la dignidad de las personas privadas de la libertad. En tal sentido, sostuvo que a los internos se les asignan espacios de alojamiento y se les suministran elementos básicos de dotación e higiene; que se realizan actividades de control sanitario; que la alimentación cumple estándares técnicos y de calidad; y que se prestan servicios de atención en salud y programas de recreación. Finalmente, adujo que, aun cuando la Corte Constitucional ha declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse automáticamente de dicha situación estructural, máxime cuando el INPEC ha desplegado esfuerzos razonables dentro de sus competencias y capacidades institucionales para atender las órdenes judiciales y las necesidades de la población reclusa.

## Sentencia impugnada9

Mediante sentencia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones de la demanda al concluir que no se encontraba acreditado el daño antijurídico alegado por el señor Gorbachov Bailarín Sinigui, presupuesto indispensable para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado. Señaló que, si bien es un hecho notorio la problemática de hacinamiento que históricamente ha afectado al establecimiento penitenciario y carcelario de Bellavista, en el expediente no obraban elementos de convicción que permitieran establecer que el demandante hubiera soportado de manera personal y concreta tales condiciones durante el período de su reclusión.

El juzgador destacó que la información aportada por el INPEC evidenciaba que el actor permaneció en los patios 11 y 5 del citado establecimiento, cuya ocupación no superaba la capacidad instalada durante el tiempo de su permanencia. En particular, indicó que el patio 11 registraba un promedio de 133 internos para una capacidad de 168 cupos, mientras que el patio 5 contaba con un promedio de 402 internos frente a

9 45Sentencia034OrdinariaNiegaPretensionesRD.pdf

una capacidad de 423, circunstancias que, a su juicio, desvirtuaban la existencia de las condiciones de hacinamiento denunciadas por el demandante.

Asimismo, precisó que la falta de acreditación del daño impedía avanzar en el examen de los demás elementos estructurantes de la responsabilidad estatal, tales como la imputación fáctica y jurídica. De igual manera, advirtió que no era posible extender el análisis a las condiciones de reclusión del establecimiento penitenciario de Acacías (Meta), al que posteriormente fue trasladado el actor, toda vez que la demanda circunscribió los hechos objeto de controversia a la cárcel de Bellavista, de modo que pronunciarse sobre circunstancias distintas desconocería el principio de congruencia. En consecuencia, declaró probadas las excepciones denominadas “inexistencia del daño antijurídico” y “ausencia de acreditación del daño antijurídico” propuestas por las entidades demandadas y negó las súplicas de la demanda.

## Recurso de apelación de la parte actora10

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con el propósito de que se revocara la decisión que negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el juzgador realizó una valoración incompleta del material probatorio y desconoció la realidad estructural de hacinamiento y vulneración de derechos fundamentales existente en el establecimiento penitenciario de Bellavista. En particular, cuestionó la conclusión según la cual no se acreditó el daño antijurídico, al considerar que la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario evidencia la existencia de afectaciones generalizadas que comprometen las condiciones de reclusión de toda la población privada de la libertad. Adicionalmente, afirmó que sí existían elementos que demostraban una afectación individual al demandante, pues de la documentación aportada por el propio INPEC se desprendía que, pese a haber sido asignado a determinados patios, no se le adjudicó una celda, circunstancia que lo habría obligado a pernoctar en espacios inadecuados como consecuencia del hacinamiento.

Igualmente, la recurrente alegó que la sentencia omitió valorar la condición étnica del actor como integrante del pueblo indígena Embera Eyábida, desconociendo los principios constitucionales de diversidad étnica y cultural y la necesidad de aplicar un enfoque diferencial durante su reclusión. En esa misma línea, cuestionó el traslado del

10 47DteAPELASentencia.pdf

demandante al establecimiento penitenciario de Acacías (Meta), por estimar que dicha medida lo alejó injustificadamente de su núcleo familiar, de su comunidad y de su entorno cultural, sin que se acreditaran razones suficientes que justificaran tal decisión desde criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, sostuvo que las pruebas obrantes en el expediente evidenciaban deficiencias en el suministro oportuno de elementos de dotación e higiene, así como irregularidades en la prestación de servicios básicos. Indicó que el actor recibió tardíamente la colchoneta y los kits de aseo requeridos para su estadía en el establecimiento penitenciario, circunstancia que, a su juicio, comprometió sus condiciones mínimas de existencia digna. También puso de presente presuntas falencias en materia de alimentación y atención en salud, las cuales consideró incompatibles con los estándares constitucionales e internacionales de protección de las personas privadas de la libertad.

Finalmente, la apelante cuestionó que el a quo hubiera exigido una prueba directa del sufrimiento moral padecido por el demandante, al estimar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que, en eventos asociados a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el daño moral puede inferirse a partir de las reglas de la experiencia. En consecuencia, sostuvo que las condiciones de reclusión denunciadas comprometieron gravemente la dignidad humana del actor, por lo que solicitó el reconocimiento tanto de los perjuicios morales como de la afectación a bienes y derechos constitucionalmente protegidos, insistiendo en que el Estado incumplió los deberes de protección que le correspondían en su posición de garante respecto de la población privada de la libertad.

## Trámite en segunda instancia.

Mediante auto del 18 de septiembre de 2025, se admitió el recurso de apelación instaurado por el apoderado de la parte, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 30 de abril de 2025.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubieren

decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesaria la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes. Pese a lo anterior, ninguna de las partes se pronunció.

## Pruebas relevantes

decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesaria la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes. Pese a lo anterior, ninguna de las partes se pronunció.

## Pruebas relevantes

• - 1. Documentales - Acta de asignación y ubicación de patios. En la que se indica que el actor fue asignado al patio 11 y que se trata de un ciudadano perteneciente a la comunidad indígena11. Posteriormente, por convivencia el mismo demandante solicitó cambio de patio, por lo que fue reasignado al pabellón 512. - Histórico de actividades realizadas por el interno13 - Constancia de entrega de kit de aseo, con fecha del 17 de septiembre de 202014. - Derecho de petición presentado por el demandante, con fecha del 27 de agosto de 202015. - Sentencia de tutela proferida el 17 de julio de 2013 por el Tribunal Superior de Medellín – Sala Sexta de Decisión Laboral16, con su correspondiente aclaración de sentencia17 y anexos18. - Como pruebas recaudadas en la diligencia de inspección judicial realizada por el Tribunal Superior de Medellín, tenemos: fotos del área de alimentación19, fotos del área de sanidad20, zona de urgencias21, fotos de patio octavo22, fotos del año 201223, fotos del patio de discapacitados24, fotos del patio segundo25, - Informe de novedad Caprecom, con fecha del 31 de enero de 201326

11 ACTA PATIO 11 26-05-2017 GORBACHOV BAILARIN.pdf

12 ACTA PATIO 5 18-06-2019 GORBACHOV BAILARIN.pdf

13 ATIVIDADES DE ESTUDIO Y TRABAJO GORBACHOV BAILARIN.pdf

14 EntregaKitAseo.pdf

15 PETICION GORBACHOV BAILARIN SINIGUI.pdf

16 4. Sentencia de tutelaTSM del 17 de junio de 2013.pdf

17 5. Auto TSM - aclaración - 28 de junio de 2013.pdf

18 Anexos Tutela Rdo. 2013-00130.pdf

19 ASPEC RELA ALIMENTACION

20 ZONA DE SANIDAD

21 Zona de Urgencias

22 PATIO OCTAVO

23 AÑO 2012 - FOTOS VICEPRESIDENTE U.T.P

24 EL PATIO DE DISCAPACITADOS

25 PATIO SEGUNDO

26 6. STL2719-2013 del 14 de agosto de 2013.pdf

• - - - Sentencias de reparación directa de juzgados administrativos, por hechos similares en las que se niegan las pretensiones27. - Respuesta al auto de 11 de mayo de la Corte Constitucional28 - Tercer informe semestral de seguimiento a la sentencia T 762 del 2015, con fecha del 7 de diciembre de 201729. - Informe semestral del gobierno nacional al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, del 8 de junio de 201830 - Auto 110 de 2019 – requerimiento del 20 de mayo de 201931 - Séptimo informe semestral de seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, con fecha del 9 de diciembre de 201932. - Oficio del 4 de julio de 2019, mediante el cual se da respuesta a exhorto al interior de acción de grupo con radicado 2014-00393-00 adelantada por el Tribual Administrativo del Magdalena, en la que informan sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente al hacinamiento carcelario33. - Informes trimestrales del plan ambiental PIGA, con fecha del 10 de julio de 201734 y el 20 de octubre de 201735. Seguimiento del PIGA en los años 2016, 2015, 2010, 2014, 2012-2013 y 201736

• Informe de la semana ambiental INPEC 2017, con fecha del 14 de junio de 201737. - Acta No. 730, que da cuenta del lavado de tanques del 14 de junio de 201738. - Videos de Bellavista de los años 2017, 2019, 2018 y 201639. - Directiva Transitoria No. 00023, denominada “Directrices para la intervención del Estado de Emergencia Penitenciaria y carcelaria”40

27 Páginas 26 a 62 del documento 07ContestacionDemandaMinisterioJusticia.pdf

28 Páginas 63 a 122 del citado documento

29 Páginas 123 a 257 del citado documento

30 Páginas 128 a 336 del citado documento

31 Páginas 376 a 468 del citado documento

32 Páginas 469 a 589 del citado documento

33 Páginas 590 a 596 del citado documento

34 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE.pdf

35 ACTA.pdf

36 PIGA

37 informe semana ambiental 2017.pdf

38 lavado tanques junio 16.pdf

39 Videos

40 D.T 23-2013 DIRECTRICES.PDF

• - - - Informe para cierre de directiva 26-2013 - Evaluación de la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria, declarada mediante Resolución INPEC No 001505 de 2013. Con fecha del 6 de septiembre de 201841 - Oficio del 30 de junio de 2017. Que tiene por asunto Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria vigencia 2016 - 201742. - Oficio del 4 de diciembre de 2017, elaborado por el Inder43. - Histórico de tratamiento44 - Cartilla biográfica del interno45. - Historia clínica46 - Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 del 29 de marzo de 2019, que tiene por objeto la administración y pago de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad47.
• Otrosí No. 2 contrato de fiducia mercantil No. 331 de 2016, que tiene por objeto adición de los recursos a administrar48. - Contrato No. 184 del 26 de julio de 2019, anexo de condiciones generales del contrato de consultoría49 - Respuesta a exhorto 193, mediante el cual el Inder informa cuales son las actividades deportivas que se realizan en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín. También habla sobre el programa “Mientras volvemos a casa”50

• Respuesta a exhorto 194, mediante el cual el Municipio de Medellin informa sobre los programas adelantados por la Alcaldía de Medellín en pro de la población reclusa al interior de bellavista, durante los años 2015 a 201951. - Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín, vigencia 2018, elaborado por la Personería de Medellín. En la pagina 99 se habla sobre personas privadas de la libertad52.

41 DT 26 2013 INFORME FINAL.PDF

42 DT 08 2016 INFORME FINAL.pdf

43 RESPUESTA INDER.pdf

44 CET BAILARIN SINIGUI GORBACHOV.pdf

45 CARTILLA BIOGRAFICA.pdf

46 HISTORIA CLINICA.pdf

47 79.Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019.pdf

48 72.Otrosi No. 2 Contrato de Fiducia Mercantil No. 331 de 2016.pdf

49 2.CT 184-2019 Anexo - Consorcio Bellavista 2019.pdf

50 29RespuestaExhorto193Inder.pdf

51 30MpioMedellinRespuestaExhorto194.pdf

52 Páginas 1 a 208 del documento 33RespuestaExhortoPersoneriaMedellin.pdf

• - - - Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín, vigencia 2019, elaborado por la Personería de Medellín. En la página 99 se habla sobre personas privadas de la libertad53. - Lineamientos – subdirección de atención sicosocial 201754 - Respuesta a exhorto 192, a través del cual el Inpec informa que Bellavista, en la estructura de hombres, tiene destinado el patio 8 para la población del enfoque diferencial55. - La Personería Distrital de Medellin, informa los aspectos relevantes año por año, desde el año 2017 a 201956

# CONSIDERACIONES

## De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 6º del artículo 155 ibídem.

## Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar cómo problema jurídico uno ¿Si la decisión que tomó el Juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, al negar las pretensiones del demandante, argumentando para ello que durante el lapso en que el Bailarín Sinigui estuvo recluido en Bellavista, estuvo en pabellones que no presentaban condiciones de hacinamiento?

Como problema jurídico dos, la Sala determinará ¿si están probados los presupuestos para deducir responsabilidad estatal derivado del trato diferencial que requería el demandante al ser parte de la comunidad indígena?

53 Páginas 209 a 343 del citado documento

54 Páginas 447 a 659 del citado documento

55 35RespuestaExhorto192.pdf

56 42RtaPersoneriaMedExhorto192.pdf

## Causa del problema

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante para la resolución del litigio como la formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa que origina el problema jurídico se deriva de la diferente valoración probatoria dada por las partes y el juez de pri