TA ANT - Sentencia 05001333303420220001801-(29-09-2026)

# [image]REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | REPARACIÓN DIRECTA | | DEMANDANTE | CRISTIAN ALBEIRO BARRIENTOS Y OTROS1 | | DEMANDADO | NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA3 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO4 | | RADICADO | 05001-33-33-034-2022-00018-01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN | | ASUNTO | RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS ANTIJURÍDICOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HACINAMIENTO CARCELARIO | | DECISIÓN | CONFIRMA SENTENCIA APELADA | | PROVIDENCIA | 68 | | LINK DEL EXPEDIENTE | EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 034 2022 00018 01 |

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 23 de septiembre de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

# ANTECEDENTES

## Pretensiones

# ANTECEDENTES

## Pretensiones

La parte actora pretende que se declare a las entidades demandadas, administrativamente responsable por el daño antijurídico causado a los demandantes a raíz de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido Cristian Albeiro Barrientos.

1 hermesjperez@hotmail.com

2 Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

3 dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, juridmed01@cendoj.ramajudicial.gov.co

4noroeste@inpec.gov.co, demandas.noroeste@inpec.gov.co

Como indemnización solicita se condene a los siguientes pagos:

## --Por concepto de daño moral

Para Cristian Albeiro Barrientos Hernández (víctima), María Isabel Barrientos Patiño (hija), Luz Marina Barrientos Zabala (tía y madre de crianza), Rosa Emilia Zabala de Barrientos (abuela) el equivalente a 70 SMLMV.

## --Por concepto de violación a derechos humanos

Para Cristian Albeiro Barrientos Hernández (víctima) el equivalente a 300 SMLMV.

## --Por concepto de lucro cesante

Para Cristian Albeiro Barrientos Hernández (víctima) la suma de $7.549.097.

## Supuestos fácticos

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

## --Por concepto de lucro cesante

Para Cristian Albeiro Barrientos Hernández (víctima) la suma de $7.549.097.

## Supuestos fácticos

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

Señala el actor que fue vinculado a una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, con ocasión de los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en los que perdieron la vida los señores Adrián Javier Agudelo y Luis Alberto Velásquez.

Afirma que su captura tuvo lugar el 3 de enero de 2019 y que, al día siguiente, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, la cual fue concedida por el juez de control de garantías, pese a que — según afirma— no existían elementos materiales de prueba suficientes que permitieran inferir razonablemente su posible participación en los hechos investigados.

Sostiene que durante el tiempo que permaneció privado de la libertad en el establecimiento carcelario del INPEC en Ciudad Bolívar, fue sometido a condiciones infrahumanas derivadas del hacinamiento, deficiencias en higiene y salubridad, insuficiente alimentación y la obligación de dormir en los pasillos del penal, todo lo cual afectó gravemente su dignidad humana.

Expone que el 21 de noviembre de 2019 el Juzgado Penal del Circuito de Ciudad Bolívar profirió sentencia absolutoria a su favor. Señala que incluso la Fiscalía solicitó su absolución perentoria en la audiencia, al reconocer falencias en la recolección de los elementos materiales probatorios. Refiere que la juez de conocimiento calificó el debate probatorio como “precario” y advirtió que su vinculación al proceso parecía corresponder a la figura de un “chivo expiatorio”, dado que no existía prueba directa ni indirecta que permitiera relacionarlo con la comisión de los homicidios.

## Contestaciones

• - 1. Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación se opone integralmente a las pretensiones, al considerar que actuó dentro del marco constitucional y legal que rige la función investigativa penal.

En primer lugar, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que, conforme a la Ley 906 de 2004, no le corresponde ordenar medidas de aseguramiento, pues dicha decisión es exclusiva del Juez de Control de Garantías, quien valoró la legalidad y necesidad de la medida adoptada.

Adujo que su actuación se desarrolló en cumplimiento del deber constitucional previsto en el artículo 250, existiendo en su momento elementos que justificaban solicitar la detención. Por ello, sostiene que no se configuró daño antijurídico y que el actor tenía el deber jurídico de soportar la actuación penal legítima. Indicó además que siempre obró de buena fe y con sujeción a la jurisprudencia vigente.

En cuanto a los hechos, aceptó la composición del núcleo familiar, pero exigió su plena demostración. Frente a los perjuicios reclamados, objetó la cuantía de los perjuicios morales por exceder los topes jurisprudenciales y negó la procedencia del lucro cesante al no acreditarse actividad productiva del actor. En relación con los honorarios, afirmó que solo pueden reconocerse si se aportan facturas o documentos válidos para efectos tributarios.

En consecuencia, la Fiscalía solicitó negar las pretensiones, al estimar que la absolución posterior no implica, por sí sola, la existencia de una falla del servicio ni la injusticia de la medida privativa de la libertad.

## Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, por intermedio de su apoderado, se opuso en su totalidad a las pretensiones, afirmando que no tiene responsabilidad en la privación de la libertad del señor Cristian Albeiro Barrientos Hernández ni en los daños alegados. Enfatizó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, según la Ley 270 de 1996, el Instituto no ordena medidas de aseguramiento ni dispone la libertad de los internos, limitándose a ejecutar las decisiones emitidas por las autoridades judiciales.

Negó la existencia de falla en el servicio, al señalar que los procedimientos de ingreso y egreso se realizaron conforme a los protocolos administrativos exigidos. Rechazó, además, las afirmaciones sobre condiciones de hacinamiento, deficiente alimentación o falta de salubridad en el establecimiento de Ciudad Bolívar, asegurando que a cada interno se le asignó un espacio adecuado y que la atención en salud y las visitas se prestaron regularmente.

Sostuvo que los demandantes no demostraron un daño cierto, personal y directo atribuible al INPEC, ni un nexo causal que lo vincule con la presunta afectación, puesto que la privación de la libertad fue consecuencia de decisiones judiciales ajenas a su órbita funcional. Para sustentar su posición, allegó documentación institucional relativa a la permanencia del interno, su cartilla biográfica, registros de actividades y su historia clínica.

## Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

A su turno, la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, solicitó el rechazo íntegro de las pretensiones al considerar que en el presente asunto no se configuran los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado. En su criterio, no se acreditó nexo causal alguno entre la actuación de los operadores judiciales y el daño alegado, pues la medida de aseguramiento impuesta al señor Cristian Albeiro

Barrientos Hernández fue adoptada con fundamento en una inferencia razonable, necesaria y proporcional frente a la gravedad de los hechos investigados.

Indicó que la vinculación del actor al proceso penal tuvo origen en información aportada por terceros, particularmente en reconocimientos fotográficos y testimonios de familiares de las víctimas, lo cual constituye —según afirmó— una causal excluyente de responsabilidad al tratarse de un hecho determinante ajeno a la administración de justicia.

Agregó que la Fiscalía General de la Nación es la entidad que dirige la investigación y solicita la medida de aseguramiento, mientras que el Juez de Control de Garantías se limita a verificar la legalidad y proporcionalidad de la solicitud, sin adelantar juicios de responsabilidad penal ni practicar pruebas de oficio; por ello, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

Asimismo, sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga de acreditar que la medida de aseguramiento fue arbitraria o contraria a derecho, pues se limitó a aportar la sentencia absolutoria sin allegar el expediente penal completo ni los audios de las audiencias, elementos indispensables para verificar la ocurrencia de una eventual falla en el servicio. Por último, propuso como excepciones de fondo la inexistencia de los presupuestos de responsabilidad, el hecho exclusivo de un tercero, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de nexo causal, solicitando además no imponer condena en costas al no haber actuado con temeridad o mala fe.

## Sentencia impugnada

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuró una privación injusta de la libertad ni se acreditaron las condiciones indignas de reclusión alegadas por la parte actora.

En su análisis, el despacho concluyó que la medida de aseguramiento impuesta al señor Cristian Albeiro Barrientos Hernández fue adoptada con sustento en una inferencia razonable de participación en los hechos investigados, la cual se encontraba respaldada principalmente en el señalamiento directo efectuado por la señora María Alejandra Velásquez Ruiz, testigo presencial de los homicidios, quien lo identificó a

través de reconocimiento fotográfico. Señaló que, en ese momento procesal, la medida resultaba necesaria, proporcional y adecuada para garantizar la comparecencia del procesado y la seguridad de las víctimas y testigos, de modo que el afectado tenía el deber jurídico de soportarla.

Destacó además que la absolución posterior obedeció a elementos surgidos únicamente en el juicio oral, como el debilitamiento de la credibilidad del testimonio inicial durante el contrainterrogatorio, circunstancias que no eran conocidas por el Juez de Control de Garantías cuando adoptó la decisión restrictiva de la libertad.

En relación con las condiciones de reclusión, el juez de primera instancia concluyó que no se probó la existencia de hacinamiento ni de deficiencias en la prestación del servicio penitenciario. Precisó que los demandantes no allegaron pruebas técnicas que acreditaran la capacidad del establecimiento y el número de internos en el pabellón correspondiente, y agregó que los informes oficiales de la Personería Municipal daban cuenta del adecuado estado del centro carcelario, incluida una alimentación calificada como “excelente” y altos niveles de satisfacción de los internos.

Igualmente, se demostró que el señor Barrientos recibió atención médica frecuente, dotación básica y acceso a actividades laborales y de estudio. Las declaraciones de familiares sobre presuntas malas condiciones fueron consideradas insuficientes y carentes de soporte objetivo frente al acervo documental obrante en el expediente.

En consecuencia, el a quo concluyó que no se configuró daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, toda vez que actuaron dentro del marco de sus competencias y no se acreditaron los atropellos denunciados, razón por la cual negó las pretensiones.

## Recursos de apelación parte demandante

En el escrito de apelación presentado por el apoderado de la parte actora solicita la revocatoria integral de la sentencia de primera instancia, al considerar que la privación de la libertad a la que fue sometido resultó injusta y obedeció a una investigación penal defectuosa, carente de rigor y contraria a la legalidad.

Sostiene que la denominada “inferencia razonable” que sirvió de sustento a la medida de aseguramiento fue producto de una actuación investigativa irregular, basada en rumores y en la elaboración de un álbum fotográfico que —según afirma—desconoció los parámetros legales y terminó induciendo el señalamiento de la testigo presencial. Refiere que tal irregularidad fue advertida incluso por el juez penal, quien calificó la actuación adelantada como propia de un “chivo expiatorio” en un proceso soportado en suposiciones y sin verdadera individualización del autor.

Añade que la sentencia absolutoria constituye prueba suficiente de la ausencia total de participación del actor en los hechos, no siendo un fallo absolutorio por duda, sino la constatación de la inexistencia de elementos que vinculan al investigado con los homicidios, lo que a su juicio evidencia que la detención fue arbitraria y desproporcionada, configurándose así un daño antijurídico que el actor no estaba obligado a soportar.

Frente a las condiciones de reclusión, el apelante cuestiona que el juez de primera instancia no otorgara credibilidad a los testimonios de los familiares sobre el hacinamiento y trato indigno, alegando que, en aplicación de la carga dinámica de la prueba, correspondía al INPEC demostrar mediante registros, documentación y verificaciones técnicas que el centro penitenciario no presentaba las deficiencias denunciadas, circunstancia que —según sostiene— no fue acreditada por la entidad.

Finalmente, expone que las entidades demandadas incumplieron su posición de garantes, dando lugar a múltiples afectaciones de orden familiar, laboral y personal. Señala que la privación de la libertad y las condiciones en que se produjo vulneraron su derecho al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida en condiciones dignas.

## Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 9 de diciembre de 2025, se admitió el recurso presentado por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 23 de septiembre de 2025.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubiere decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesario la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes, sin embargo, se les permitió pronunciarse en relación con el recurso de apelación, pero ninguna de las partes lo hizo.

## Pruebas relevantes Documentales

• Oficio del 15 de octubre de 2024, mediante el cual el Personero Municipal de Ciudad Bolívar, informa que CRISTIAN ALBEIRO BARRIENTOS HERNANDEZ, estuvo en ese establecimiento como sindicado, en patio único de hombres, pasillo 4, celda 16, del 9/01/2019 al 21/11/2019, por el delito de HOMICIDIO, PORTE Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO5. - Acta de visita al centro penitenciario y carcelario de Ciudad Bolívar realizada el 13 de diciembre de 2019 por el Personero Municipal6 - Acta de visita al centro penitenciario y carcelario de Ciudad Bolívar realizada el 6 de junio de 2019 por el Personero Municipal7. - Boleta de ingreso de adolescente Cristian Albeiro Barrientos de fecha 18 de septiembre del 2012 a bienestar familiar. - Copia audiencia de fallo del proceso administrativo por restablecimiento de derechos del joven Cristian Albeiro Barrientos en su condición de menor de edad para la época de los hechos. - Expediente penal, tales como: Informe ejecutivo FPJ-3- , en donde se narra los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2017 de forma cronológica, solicitud de análisis de EMP y EF -FPJ-12, álbum fotográfico, entrevista de María Alejandra Velásquez Ruiz y Henry Yohani Agudelo Londoño, acta de audiencia celebrada el 5 de diciembre de 20188 - Acta de asignación y ubicación de patios del interno, lista de visitantes de interno, reporte de ingreso y salida de interno9

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9 1.area de comando de vigilancia.pdf

• Cartilla bibliográfica del interno, histórico de actividades, acta de asignación de TEE y certificado de TEE, acta NO. 913 de atención y tratamiento de Ciudad Bolívar10 - Carpeta contentiva de remisiones judiciales11 - Historia clínica12 - Expediente penal13

# CONSIDERACIONES

## De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 ibídem.

## Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar como problema jurídico uno: ¿Si la privación de la libertad de CRISTIAN ALBEIRO BARRIENTOS, constituye un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, por el cual resulta procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado y la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes por privación injusta e la libertad y la situación de hacinamiento? o, ¿debe confirmarse la decisión adoptada en primera instancia bajo el argumento de que no hay elementos que permitan determinar que las demandadas actuaron de forma irregular o ineficiente?

## Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

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En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa que genera el problema jurídico encuentra la Sala que la causa se circunscribe a la diferente valoración probatoria dada por las partes y el juez de primera instancia, por cuanto, mientras para la parte demandante las circunstancias en que se produjo la privación de CRISTIAN ALBEIRO BARRIENTOS, están probados todos los elementos de la responsabilidad del Estado de que trata el artículo 90 de la Constitución Política, esto es, está probado el daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, siendo procedente la indemnización de los perjuicios, para las entidades demandadas y el juez de primera instancia, no hay prueba en tal sentido.

## Cuestión previa

El artículo 18 de la ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que obliga a los jueces a dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en el que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de Sentencia anticipada de prelación legal.

Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos a solicitud del agente del ministerio público por su importancia jurídica y trascendencia social.

Atendiendo entonces a la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos dentro de los cuales existe línea jurisprudencial claramente definida por parte del Consejo de Estado, se procederá a emitir la sentencia correspondiente modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

## Marco normativo y jurisprudencial

Con fundamento, entre otros, en los principios constitucionales de dignidad humana - artículo 1º, Constitución Política-, solidaridad -artículo 2º Superior-, igualdad -artículo 13y libertad -artículo 16-, se erige la responsabilidad del Estado, materializada en el artículo 90 constitucional conforme al cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)”. A partir de este precepto se ha dado desarrollo a los

elementos de la responsabilidad de la administración, a saber: (i) daño antijurídico e (ii) imputación, necesarios para que haya lugar a la indemnización de los perjuicios irrogados.

Ambos elementos serán objeto de análisis dentro de la presente providencia, toda vez que la entidad demandada recurre la decisión de primera instancia esgrimiendo argumentos dirigidos a desvirtuar la acreditación de los mismos en el proceso de la referencia.

## Régimen de responsabilidad estatal por daños antijurídicos causados con ocasión de privación injusta de la libertad.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe reparar los daños antijurídicos que sean imputables a la acción u omisión de sus autoridades. En materia de privación injusta de la libertad, los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996 prevén la responsabilidad por error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad.

La Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, determinó que el término “injustamente” exige verificar si la medida restrictiva de la libertad fue razonable, proporcionada y conforme a derecho, descartando cualquier reparación automática.

En armonía con ello, la sentencia SU-072 de 2018 reiteró que ni el artículo 90 Superior ni el artículo 68 de la Ley 270 establecen un régimen único de responsabilidad, y que el juez administrativo debe valorar si la detención preventiva se ajustó a los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, pudiendo acudir a un régimen subjetivo u objetivo según las pruebas, en aplicación del principio iura novit curia. Además, ordenó verificar en todos los casos la existencia de culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de agosto de 2018, unificó su jurisprudencia para señalar que, frente a la responsabilidad por privación de la libertad, el juez debe analizar: (i) la existencia de un daño antijurídico, (ii) la conducta del afectado para descartar culpa grave o dolo civil, incluso de oficio, y (iii) la autoridad llamada a responder. La misma sentencia descartó la aplicación automática del régimen objetivo y exigió estudiar si la medida se impuso dentro de parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Posteriormente, la misma corporación precisó, en sentencia del 29 de noviembre de 2018, que dicha unificación es concordante con la línea fijada por la Corte Constitucional en la SU-072 de 2018 y reafirmó que la responsabilidad no opera de manera automática por el solo hecho de la absolución o preclusión, sino que debe establecerse si la medida fue ajustada a los límites constitucionales de la detención preventiva.

De igual manera, en sentencia del 5 de marzo de 2020, el Consejo de Estado reiteró que la privación injusta de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad fijados desde la sentencia C-037 de 1996, precisando que el juez debe determinar si en el caso concreto existía mérito para imponer la medida.

Finalmente, en tutela del 17 de junio de 2021, el Consejo de Estado sintetizó la evolución jurisprudencial, reiterando que el juez contencioso debe verificar siempre (i) daño antijurídico, (ii) imputación del daño a una autoridad pública y (iii) nexo causal, y que, desde la unificación del 15 de agosto de 2018, es indispensable analizar la conducta del afectado bajo los parámetros de culpa grave o dolo civil, así como descartar causales exonerativas como la culpa exclusiva de la víctima.

En este marco, las Altas Cortes coinciden en que el derecho a la libertad, aunque fundamental, no es absoluto, y su restricción —mediante detención preventiva— es legítima cuando se impone dentro de los límites constitucionales y legales. Por ello, la responsabilidad del Estado no surge automáticamente por el resultado del proceso penal, sino de la irrazonabilidad, ilegalidad o desproporción de la medida que restringe la libertad.

## Del hacinamiento carcelario

El artículo 1 y 5 de la Constitución Política reconocen la dignidad humana como valor fundante del Estado y garantizan su respeto incluso frente a las personas privadas de la libertad. En desarrollo de este mandato, la Corte Constitucional ha construido un marco jurisprudencial sólido que establece los estándares mínimos de trato, infraestructura y condiciones materiales que deben garantizarse dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

La Corte Constitucional, desde la sentencia T-153 de 1998, identificó que el hacinamiento estructural en centros como La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín vulneraba derechos fundamentales como la dignidad, la vida, la integridad personal y la salud de los internos. En ese fallo se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) atribuible a la sobrepoblación carcelaria y a la incapacidad del sistema penitenciario para garantizar condiciones mínimas de existencia digna. Se precisó que, pese al vínculo especial de sujeción, los internos conservan derechos como la vida, la integridad, la igualdad, la salud y el debido proceso.

Posteriormente, en la sentencia T-388 de 2013, la Corte reiteró que el hacinamiento constituye una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población reclusa y reafirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar su resocialización y unas condiciones de vida compatibles con la dignidad humana.

A su vez, en la sentencia T-762 de 2015, se examinó integralmente la desproporción entre ingresos y egresos de personas privadas de la libertad, las deficiencias en la infraestructura carcelaria y la inadecuada inversión de recursos, reiterando que el Estado no puede someter a los internos a condiciones que excedan las limitaciones derivadas de la pena o de la medida de aseguramiento.

Más recientemente, la sentencia SU-122 de 2022 reiteró que la dignidad humana tiene carácter absoluto y opera como derecho, principio y valor fundante. Recordó que las personas privadas de la libertad mantienen plenamente su dignidad y que el Estado no puede justificar la vulneración de sus derechos con limitaciones presupuestales o estructurales. Se precisó que el trato digno exige garantizar estándares mínimos para vivir bien, sin humillaciones, y en condiciones compatibles con la integridad moral y física del interno.

En consonancia, el Consejo de Estado ha reconocido que el hacinamiento y las condiciones indignas de reclusión generan daños antijurídicos imputables al Estado cuando afectan bienes constitucionalmente protegidos que no son inherentes a la privación de la libertad. Así lo sostuvo al analizar el sistema carcelario nacional, concluyendo que estos daños pueden derivarse de fallas estructurales de política criminal, pero que la imputación debe dirigirse a las entidades responsables de la prestación del servicio penitenciario, de acuerdo con la Ley 65 de 1993 y los Decretos 4150 y 4151 de 2011 (INPEC y USPEC).

Asimismo, señaló que, aunque existe un estado de cosas inconstitucional que tiene origen en problemáticas sistémicas, ello no exonera al Estado de su deber de reparar los daños individualmente acreditados cuando se demuestra que, durante el tiempo de reclusión, el interno soportó condiciones violatorias de su dignidad por omisión de acciones estatales razonables y exigibles.

En suma, el marco constitucional y jurisprudencial establece que el hacinamiento carcelario constituye una violación estructural y persistente de derechos fundamentales, que no es inherente a la privación de la libertad, y que compromete la responsabilidad estatal cuando se acreditan afectaciones concretas derivadas de la omisión en garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana.

# CASO CONCRETO

El debate propuesto por la parte demandante con el recurso de apelación, supone que esta Corporación analice si en el presente caso se configuran y están probados o no los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, para lo cual lo primero es analizar la existencia del daño, sin cuya constatación el estudio de imputación resultaría inocuo.

## El daño

## El daño

Dentro de las pruebas recaudadas, se evidencia Oficio del 15 de octubre de 2024, mediante el cual el Personero Municipal de Ciudad Bolívar, informa que CRISTIAN ALBEIRO BARRIENTOS HERNANDEZ, estuvo recluido en centro penitenciario y carcelario de Ciudad Bolívar como sindicado, en patio único de hombres, pasillo 4, celda 16, del 9/01/2019 al 21/11/2019, por el delito de HOMICIDIO, PORTE Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO

En consideración a lo enunciado, se puede concluir que la privación de la libertad inició el día 9 de enero de 2019, momento en que se dio la captura del demandante, y terminó el 21 de noviembre 2019, día en que se ordenó la libertad, circunstancia que consolida un daño, pues quebranta un derecho subjetivo protegido constitucionalmente, como es el derecho a la libertad de toda persona, y que a la vez lesiona intereses legítimos de los demandantes en su órbita interna y externa.

## La imputación

Ya establecido el primer elemento de la responsabilidad, la Sala abordará el análisis de la imputación, con el fin de determinar si el daño causado al demandante resulta atribuible o no