TA ANT - Sentencia 05001233300020260136600-(25-09-2026)

# [image: C:\Users\jgonzalhen\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5ABEF6CD.tmp]REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE DECISION MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

## Medellín, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | REFERENCIA | REVISIÓN DE ACUERDOS, ORDENANZAS Y DECRETOS | | DEMANDANTE | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | | NORMA OBJETO DE REVISIÓN | ACUERDO No. 011 DE 2026 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | | RADICADO | 05001 23 33 000 2026 01366 00 | | INSTANCIA | ÚNICA | | ASUNTO | EXTRALIMITACIÓN EN LA FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL | | PROVIDENCIA | 24 | | EXPEDIENTE | 2026-01366 |

# ANTECEDENTES

# ANTECEDENTES

El Director de Asesoría Legal y de Control del Departamento de Antioquia, delegado por el Gobernador del Departamento, de conformidad con el Decreto No. 2026070001161 del 10 de abril de 2026 y en ejercicio de la atribución consagrada en el numeral 10° del artículo 305 de la Constitución Política, las cuales fueron delegadas mediante Decreto D 2024070000199 del 9 de enero de 2024, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986, remitió a este Tribunal el Acuerdo No. 011 de 2026 “Por medio del cual se deroga el acuerdo municipal 013 del 19 de diciembre de 2015 y se adopta la política pública de juventud del municipio de Rionegro Antioquia, para el periodo 2026-2038”, expedido por el Concejo Municipal de Rionegro.

## Fundamento fáctico1

• - 1. El Concejo Municipal de Rionegro expidió el Acuerdo No. 011 de 2026, el cual fue recibido en la Gobernación de Antioquia para su revisión el 4 de agosto de 2026 mediante comunicación con radicado No. 2026010503571.

2. El artículo 24 del Acuerdo No. 011 de 2026 establece lo siguiente:

1 Demanda

ARTÍCULO 24. REGLAMENTACIÓN: Facúltese al Alcalde Municipal para que, en un término de seis (06) meses contados a partir de la sanción del presente acuerdo, expida los decretos y demás actos administrativos necesarios para la efectiva implementación de la política, incluido el de adopción del Plan Estratégico de Juventud de Rionegro, previa validación de la Mesa Municipal de Juventud.

• - 1. El acuerdo surtió los dos debates reglamentarios, el primero en comisión tercera el 21 de julio de 2026 y el segundo en plenaria del 25 de julio de 2026 celebrados en sesiones ordinarias.

2. El alcalde sancionó el acuerdo el 30 de julio de 2026.

## 1.2 Fundamentos de derecho y concepto de invalidez

Señala que las normas infringidas se encuentran contenidas en los artículos 1, 121, 122, 123, 287, numerales 1°, 3° y 10 del artículo 315 de la Constitución Política, artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 numeral 6 que establece como una función propia del alcalde “Reglamentar los acuerdos municipales”. Inciso primero del artículo 5 de la Ley 489 de 1998.

Como concepto de violación manifiesta que con la expedición del Acuerdo 011 de 2026, el Concejo Municipal de Rionegro desbordó las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico con respecto al artículo 41, numeral 3° de la Ley 136 de 1994 que prohíbe a los Concejos Municipales “…Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, ya por medio de acuerdos o de simples resoluciones”.

Manifiesta, citando a la Corte Constitucional en Sentencia C-028 de 1997, que la potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de las normas.

Indica que es atribución del alcalde reglamentar un acuerdo municipal, mediante acto unilateral, de carácter general, con contenido impersonal y abstracto, los cuales se dan a conocer a la comunidad mediante la figura de la publicación.

Señala que la disposición contenida en el artículo 24 del Acuerdo 011 de 2026 resulta contraria al ordenamiento jurídico porque somete a autorización temporal una competencia que el legislador atribuyó directamente al alcalde municipal. En efecto, el numeral 6° del literal A del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 le confiere la

facultad de reglamentar los acuerdos municipales como una competencia propia y permanente. Por consiguiente, el Concejo Municipal carece de atribuciones para conceder, limitar temporalmente o condicionar el ejercicio de una facultad que ya se encuentra radicada por el ministerio de la ley en cabeza del ejecutivo municipal.

## Municipio de Rionegro

La entidad guardó silencio en esta procesal.

## Concepto del Ministerio Público

La Agente del Ministerio Público, guardó silencio en esta etapa procesal.

# CONSIDERACIONES

## Competencia

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 151 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo en su numeral cuarto (4°), en conjunto con el numeral décimo (10º) del artículo 305 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer acerca de la validez de los Acuerdos de los Concejos Municipales que le remita el Gobernador Departamental, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.

De igual manera el artículo 119 del Decreto Ley 1333 de 1986, prescribe que si el Gobernador encuentra que el Acuerdo es contrario a la Constitución, la Ley o la Ordenanza, lo remitirá al Tribunal Contencioso Administrativo competente, para que decida sobre su validez.

## Problema jurídico

La Sala debe establecer ¿Si el Concejo Municipal de Rionegro se extralimitó en sus competencias constitucionales y legales al expedir el artículo 24 del Acuerdo 011 de 2026, mediante el cual otorgó facultades pro tempore al alcalde para expedir los decretos y demás actos administrativos necesarios para la implementación del Plan Estratégico de Juventud de Rionegro, previa validación de la Mesa Municipal de Juventud?

## 3.2. Delimitación de funciones

La Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en su artículo 41, numeral 3°, señala las prohibiciones que se establecen para los Concejo Municipales, indicando:

ARTÍCULO 41. PROHIBICIONES. Es prohibido a los concejos: (…)

1. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de acuerdos o de resoluciones.

(…)

El artículo 5° de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de entidades nacionales, aplicable también a entidades territoriales, hace referencia a la obligación que tienen los organismos y las entidades administrativas de ejercer exclusivamente su potestad y atribuciones que expresamente la Ley, ordenanza, acuerdo o reglamento ejecutivo le haya otorgado.

En cuanto a las funciones de los alcaldes la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios”, frente a las funciones del alcalde, señala.

Artículo 91. Funciones.

Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo.

(…)

6. Reglamentar los acuerdos municipales.

Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo.

(…)

6. Reglamentar los acuerdos municipales.

Conforme a lo anterior, es claro que las autoridades territoriales solo pueden ejercer las funciones que les han sido expresamente atribuidas por la Constitución y la Ley, en desarrollo del principio de legalidad y competencia. En el ámbito municipal, si bien los concejos ejercen funciones normativas y de control político, estas deben desplegarse dentro de los límites definidos por el Constituyente y el Legislador, sin invadir la órbita funcional asignada al alcalde. El control político, aunque esencial para la vigilancia de la gestión pública, no constituye una potestad ilimitada ni habilita la creación de obligaciones no previstas en el marco normativo, pues ello quebrantaría la separación funcional y la distribución de competencias que rige la organización administrativa del Estado.

# 3. CASO CONCRETO

En el caso concreto la Sala entrará a determinar si se declara la invalidez del artículo VEINTICUATRO del Acuerdo No. 011 del 25 de julio de 2026 “Por medio del cual

se deroga el Acuerdo Municipal 013 del 19 de diciembre de 2015 y se adopta la política pública de juventud del municipio de Rionegro, Antioquia, para el periodo 2026-2038” el cual dispone:

ARTÍCULO 24. REGLAMENTACIÓN: Facúltese al alcalde Municipal para que, en un término de seis (06) meses contados a partir de la sanción del presente acuerdo, expida los decretos y demás actos administrativos necesarios para la efectiva implementación de la política, incluido el de adopción del Plan Estratégico de Juventud de Rionegro, previa validación de la Mesa Municipal de Juventud.

El representante de la Gobernación de Antioquia refiere que el artículo demandado extralimitó la competencia asignada al Concejo Municipal de Rionegro al facultar al alcalde una atribución de reglamentación que le es propia y se encuentra establecida en la Ley 136 de 1994 en el artículo 91, literal a), numeral 6 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

Considera la Sala que dicha disposición extralimita las disposiciones que por Ley le compete a los Concejos, interviniendo en asuntos que no son de su competencia.

Estudiado el contenido del artículo demandado se advierte que este no se limita a desarrollar una habilitación general, sino que impone de manera expresa y condicionada una obligación funcional al alcalde, consistente en realizar la reglamentación a través de decretos y actos administrativos de la adopción del Plan Estratégico de Juventud de Rionegro.

Sobre la potestad reglamentaria a cargo del ejecutivo la Corte Constitucional2 ha señalado:

(…) la potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley.

Asimismo, lo ha indicado el Consejo de Estado3:

Sea lo primero precisar que lo que se predica, sobre la facultad reglamentaria del gobierno nacional, se predica también, a nivel regional. Por eso, la Sala parte de reiterar que la facultad reglamentaria, que la Constitución Política le reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, es una facultad gobernada por el principio de necesidad, que se materializa justamente en la necesidad que en un momento dado existe de detallar el cumplimiento de una ley

2 Corte Constitucional. Sentencia C028 de 1997. MP. Alejandro Martínez Caballero.

3 CONSEJO DE ESTADO. CE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Sentencia del diez (10)

de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23 31 000 2006 03105 01(20464).

que se limitó a definir de forma general y abstracta determinada situación jurídica.

Dicha previsión trasciende la facultad de autorización otorgada al Concejo Municipal por el artículo 313 de la Constitución Política y se convierte en un mandato imperativo dirigido al ejecutivo local.

En efecto el numeral 6 del literal a) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, atribuye al alcalde la función de reglamentar los acuerdos municipales, por lo que se trata de una competencia permanente, propia y previamente asignada por el legislador.

En ese sentido, el Concejo Municipal no podía “facultar” al alcalde para ejercer una atribución que ya integra su competencia, pues ello supone asumir una capacidad de disposición sobre competencias ajenas que el ordenamiento jurídico no le reconoce. La corporación administrativa únicamente puede ejercer las atribuciones expresamente conferidas por la Constitución y la ley, de conformidad con los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política.

La inclusión de la obligación contenida en el artículo veinticuatro del Acuerdo No. 011 de 2026 desconoce, por tanto, el principio de legalidad que rige la función administrativa y vulnera el elemento de competencia del acto, en la medida en que el Concejo Municipal se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones, invadiendo la órbita funcional asignada al alcalde.

En consecuencia, se impone declarar la invalidez del artículo veinticuatro del Acuerdo No. 011 del 25 de julio de 2026, por ser contrario a la Constitución y a la Ley.

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE DECISION, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

# FALLA

## PRIMERO: DECLÁRASE LA INVALIDEZ del ARTÍCULO VEINTICUATRO del

Acuerdo No. 011 de 2026 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo Municipal 013 del 19 de diciembre de 2015 y se adopta la política pública de juventud del municipio de Rionegro, Antioquia, para el periodo 2026-2038” conforme a las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE esta decisión a la Secretaría General del Departamento y a los señores alcalde y presidente del Concejo Municipal Rionegro – Antioquia.

TERCERO: DEVUÉLVANSE las diligencias a la oficina de origen.

# CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE4

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LOS MAGISTRADOS

ÁLVARO CRUZ RIAÑO

SANDRA M. HERRERA GONZÁLEZ NORBERTO MENDIVELSO PINZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del link: <https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx>, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

4 Correos electrónicos: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co juridica@rionegro.gov.co notificacionesjudiciales@concejo-rionegro-antioquia.gov.co personeria@rionegro.gov.co