TA ANT - Sentencia 05001333301020210020801-(28-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

[image: Logotipo Descripción generada automáticamente]TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | REPETICIÓN | | DEMANDANTE | MUNICIPIO DE BARBOSA | | DEMANDADO | EDISON GARCÍA RESTREPO | | RADICADO | 05001-33-33-010-2021-00208-01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO DÉCIMO DMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN: COMPROBACIÓN DE LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA DE UN SERVIDOR | | DECISIÓN | CONFIRMA DECISIÓN | | EXPEDIENTE | 010 2021 00208 01 | | SENTENCIA | 59 |

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el día 20 de noviembre de 2024 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

El municipio de Barbosa acudió en ejercicio del medio de control de repetición, con el fin de que se declare responsable al señor EDISON GARCÍA RESTREPO, de los perjuicios ocasionados a la entidad demandante, por el cumplimiento de la sentencia impuesta al municipio de Barbosa.

• 1. Pretensiones[[1]](#footnote-1)

• La entidad demandante solicita que se declare responsable al señor Edison García Restrepo, alcalde del municipio de Barbosa, para el periodo 2016-2019 de los perjuicios ocasionados a ese ente territorial, como resultado de la desvinculación de la señora Lenis Johana Tapias Escobar, sin el lleno de los requisitos legales, al haber laborado para el Municipio en calidad de auxiliar administrativa, código 407, grado 02, nivel asistencial, vinculada mediante el Decreto 00055 del 11 de abril de 2014 hasta el 11 de abril de 2016 a través del Decreto 00095 de la misma fecha, situación esta que dio origen a la demanda ejecutiva laboral, donde fue condenado el municipio de Barbosa, al pago de las prestaciones sociales definitivas y los sueldos dejados de percibir por la señora Lenis Johana Tapias Escobar.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a Edison García Restrepo, en su calidad de ex alcalde del Municipio a la suma de $45.262.251, suma que pagó la entidad por concepto de la condena impuesta por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, por el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la desvinculación de la mencionada empleada, además de las costas del proceso y los intereses moratorios según se desprende del comprobante de egreso 2020-1224 del 17 de abril de 2020 por el valor de $43.426.051 y 2020-02705 del 15 de junio de 2020 por el valor de $1.836.200.

Asimismo, pide el pago de intereses comerciales, actualización con el IPC y condena en costas.

1.3. Supuestos fácticos

1. La señora Lenis Johana Tapias Escobar se desempeñó como auxiliar administrativa, nivel asistencial, código 407, grado 02, en el municipio de Barbosa, entre el 11 de abril de 2014 y el 11 de abril de 2016, en condición de provisionalidad.

2. Mediante el Decreto 00095 del 11 de abril de 2016, se dispuso la terminación de su nombramiento provisional. Contra dicha decisión la funcionaria interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante el Decreto 000111 del 3 de mayo de 2016, que confirmó la desvinculación.

3. La señora Tapias Escobar promovió acción de tutela contra el municipio de Barbosa y, mediante sentencia del 26 de mayo de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías amparó sus derechos fundamentales, dejó sin efectos los Decretos 00095 y 000111 de2016 y ordenó su reintegro al cargo.

5. En cumplimiento de la orden de tutela, el Municipio expidió el Decreto 000140 del 27 de mayo de 2016 y reintegró a la funcionaria. El Municipio impugnó la decisión de tutela, recurso que fue resuelto mediante sentencia del 13 de julio de 2016 por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota que revocó el fallo de tutela, al considerar que existían otros mecanismos judiciales para controvertir la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

6. En cumplimiento de dicha decisión, el Municipio expidió el Decreto 000163 del 19 de julio de 2016, mediante el cual retiró nuevamente del servicio a la señora Tapias Escobar.

7. Posteriormente, la exservidora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que dispusieron su desvinculación, proceso radicado bajo el No. 05001-33-33-029-2017-00013-00.

9. Mediante sentencia del 29 de octubre de 2018, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín declaró la nulidad de los Decretos 00095, 000111 y 000163 de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro de la demandante, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

10. Para dar cumplimiento a la condena judicial, el municipio de Barbosa expidió las Resoluciones 00529 del 17 de abril de 2020 y 001118 del 9 de junio de 2020, mediante las cuales reconoció y liquidó las sumas adeudadas por concepto de salarios, prestaciones sociales, costas e intereses.

11. En ejecución de la sentencia, el Municipio realizó pagos a favor de la señora Tapias Escobar por valor total de $45.262.251, correspondientes a las sumas reconocidas en la condena judicial, según consta en los comprobantes de egreso 2020-1224 del 17 de abril de 2020 ($43.426.051) y 2020-02705 del 15 de julio de 2020 ($1.836.200).

12. El Comité de Conciliación del municipio de Barbosa, en sesión del 3 de marzo de 2021, decidió promover acción de repetición contra el entonces alcalde Edison García Restrepo, al considerar que las erogaciones efectuadas por la entidad tuvieron origen en las decisiones administrativas que dieron lugar a la declaratoria de nulidad de los actos de desvinculación y a la consecuente condena judicial impuesta al Municipio.

• 1. Fundamentos de derecho

Manifiesta que la presente demanda se formula en consideración a la presunta transgresión con la conducta del funcionario demandado, en repetición, indicando como sustento normativo los artículos 2°, 6° y 209 de la Constitución Política. Refiere que la misma es procedente en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la Ley 678 de 2001, el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas sustanciales y procesales concordantes o complementarias.

• 1. Contestación a la demanda[[2]](#footnote-2)

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

1.6. Sentencia apelada [[3]](#footnote-3)

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín, a través de Sentencia del 20 de noviembre de 2024, decidió negar las pretensiones de la demanda

1.6. Sentencia apelada [[3]](#footnote-3)

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín, a través de Sentencia del 20 de noviembre de 2024, decidió negar las pretensiones de la demanda

Como sustento de la decisión señaló que se encontraban acreditados los presupuestos relativos a la existencia de una condena judicial contra el municipio de Barbosa, el pago efectivo de la misma y la calidad de agente estatal del demandado, señor Edison García Restrepo, en su condición de alcalde municipal y autor de los actos administrativos posteriormente anulados.

En efecto, estableció que mediante sentencia del 29 de octubre de 2018 el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín declaró la nulidad de los Decretos 000095, 000111 y 000163 de 2016, al considerar que el retiro de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar de un cargo en provisionalidad carecía de una motivación ajustada a las exigencias constitucionales y legales, configurándose el vicio de falsa motivación. Como consecuencia, se ordenó su reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, indexación y costas procesales.

Asimismo, tuvo por demostrado que el municipio de Barbosa cumplió la condena mediante el pago de $43.426.051 por concepto de salarios y prestaciones sociales, y de $1.836.200 por aportes a la seguridad social, para un total de $45.262.251, desembolsos acreditados con los respectivos soportes presupuestales, comprobantes de egreso y certificaciones bancarias.

No obstante, el despacho consideró que no se acreditó el elemento subjetivo exigido para la procedencia de la acción de repetición, esto es, que la conducta del demandado hubiera estado revestida de dolo o culpa grave. Señaló que la entidad demandante sustentó su pretensión en que la desvinculación de la funcionaria obedeció presuntamente a motivos políticos; sin embargo, tal afirmación carecía de respaldo probatorio y no encontraba sustento en la sentencia que declaró la nulidad de los actos administrativos.

Precisó que la declaratoria de nulidad obedeció exclusivamente a la falta de motivación jurídica suficiente de los actos de retiro y no a la comprobación de una actuación arbitraria, dolosa o gravemente culposa del entonces alcalde. Igualmente, destacó que las presunciones de dolo o culpa grave previstas en la Ley 678 de 2001 no operan de manera automática y requieren la demostración de los supuestos fácticos que las sustentan.

En consecuencia, estimó que el municipio de Barbosa incumplió su carga de demostrar que el demandado actuó con dolo o culpa grave al expedir los actos anulados, razón por la cual, no se configuraron todos los presupuestos de la acción de repetición. Por ello, negó las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar la responsabilidad patrimonial del exalcalde y a obtener el reintegro de las sumas pagadas por la entidad territorial en cumplimiento de la condena judicial.

• 1. Apelación sentencia[[4]](#footnote-4)

La entidad demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda de repetición. Sostuvo que el juzgado erró al concluir que no se encontraba acreditado el elemento subjetivo de responsabilidad exigido por la Ley 678 de 2001, pues, aunque no se demostró que la desvinculación de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar obedeciera a motivos políticos, sí existían elementos suficientes para estructurar la presunción de culpa grave prevista en el numeral 3 del artículo 6 de dicha ley.

Indicó que el fallo apelado centró su análisis en la presunción contemplada en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, relativa a la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, concluyendo que esta no se encontraba acreditada. Sin embargo, afirmó que el estudio debió dirigirse a la causal prevista en el numeral 3° de la misma disposición, referida a la omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

Señaló que la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín declaró la nulidad de los decretos que dispusieron el retiro de la funcionaria porque estos carecían de la motivación exigida para la desvinculación de empleados nombrados en provisionalidad, conforme a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010. Expuso que la administración fundamentó el retiro exclusivamente en el vencimiento del término del nombramiento provisional, razón que no constituye una causal válida de desvinculación.

Argumentó que el deber de motivar este tipo de actos administrativos constituía un requisito esencial para su validez y que dicho deber había sido claramente establecido por la jurisprudencia constitucional mucho antes de la expedición de los actos anulados. En tal sentido, sostuvo que el entonces alcalde estaba obligado a conocer y aplicar las reglas fijadas en la Sentencia SU-917 de 2010, así como los precedentes vinculantes cuya observancia exige el artículo 10 del CPACA.

Afirmó que la omisión de la motivación legalmente exigida constituyó una infracción inexcusable de las formas sustanciales requeridas para la expedición válida de los actos administrativos de retiro, circunstancia que encuadra en la presunción de culpa grave prevista en el numeral 3° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

Por lo anterior, concluyó que la conducta del demandado sí se encontraba revestida de culpa grave, que dicha presunción no fue desvirtuada durante el proceso y que, en consecuencia, se encontraban acreditados todos los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición.

• 1. Pronunciamiento en segunda instancia

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

1.9. Pruebas relevantes

-Posesión del señor Edison García Restrepo, como alcalde del municipio de Barbosa para el periodo 2016-2019.[[5]](#footnote-5) Credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde se certifica la elección como alcalde del demandado.[[6]](#footnote-6)

• Acto administrativo No. 000095 del 11 de abril de 2016, por medio del cual se da por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar, quien se desempeñaba como Auxiliar Administrativo, nivel asistencial, código 407, grado 2, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Decisión tomada por el señor Edison García Restrepo, como alcalde del municipio de Barbosa.[[7]](#footnote-7)

• Sentencia proferida por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín, el día 29 de octubre de 2018, por medio de la cual se declaró la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Decreto 000095 del 11 de abril de 2016 “Por el cual se da por terminado un nombramiento en provisionalidad de la funcionarios LENIS YOHANA TAPIAS ESCOBAR”, el Decreto 000111 del 3 de mayo de 2016 “mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 000095 del 11 de abril de 2016” y el Decreto 163 del 19 de julio de 2016 “Por medio del cual se da cumplimiento a una sentencia de tutela de segunda instancia emanada del Juzgado Civil del Circuito de Girardota”.[[8]](#footnote-8)

Como consecuencia de lo anterior, se ordenó al municipio de Barbosa a reintegrar a la señora Lenis Yohana Tapias Escobar a la planta de personal de la entidad demandada y pagarle los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde el momento en que fue retirada del servicio y hasta que se producto su reintegro definitivo, entendiendo que no hubo solución de continuidad. Asimismo, se ordenó el pago de los aportes al sistema de seguridad social. [[9]](#footnote-9)

• Decreto 000055 del 17 de febrero de 2020, por medio del cual se ordenó el reintegro laboral de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar, como auxiliar administrativa. Allí se le reconoció los conceptos de salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir.[[10]](#footnote-10)

• Comprobantes de egreso pagados por el municipio de Barbosa a la señora Lenis Yohana Tapias Escobar, por conceptos de pago de salarios y prestaciones sociales por orden judicial.[[11]](#footnote-11)

• Resolución No. 001118 del 9 de junio de 2020, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 000529 del 17 de abril de 2020 “Por medio de la cual se ordena el pago de salarios y prestaciones sociales en cumplimiento de una orden judicial”. [[12]](#footnote-12)

• Certificado expedido por Bancolombia, en el que se señala que el municipio de Barbosa pagó a favor de la señora Lenis Tapia el valor de $7.904.200 a su cuenta bancaria. Asimismo, se aporta un abono con el concepto de pago de nómina por el valor de $43.426.051[[13]](#footnote-13)

• Resolución No. 00529 del 17 de abril de 2020, por medio de la cual se ordena el pago de salarios y prestaciones sociales en cumplimiento de una orden judicial expedida por el municipio de Barbosa.[[14]](#footnote-14)

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de repetición, de conformidad con lo establecido en artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• 1. Problema jurídico

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de repetición, de conformidad con lo establecido en artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• 1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar ¿Si a la luz de la Ley 678 de 2001[[15]](#footnote-15), se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del señor Edison García Restrepo, en su condición de alcalde del municipio de Barbosa para el período 2016-2019, y, en particular, si la expedición de los Decretos 000095 del 11 de abril de 2016, 000111 del 3 de mayo de 2016 y 000163 del 19 de julio de 2016, posteriormente anulados por la jurisdicción contencioso administrativa, obedeció a una conducta dolosa o gravemente culposa que haga procedente la acción de repetición por las sumas pagadas por la entidad territorial en cumplimiento de la condena judicial impuesta?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la cual ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas.

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la cual ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas.

En este caso, la controversia obedece a la diferente valoración probatoria, relacionada con la acreditación de la culpa grave del señor Edison García Restrepo. Toda vez que el juzgado de primera instancia considera que la sola declaratoria de nulidad de los actos administrativos de desvinculación no son suficiente para demostrar una conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, ni para tener por acreditados los supuestos de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, mientras la parte apelante sostiene que sí existen elementos de convicción suficientes para configurar la presunción de culpa grave prevista en el numeral 3° del artículo 6° de la mencionada Ley, debido a que los actos anulados fueron expedidos sin la motivación exigida para el retiro de empleados nombrados en provisionalidad, constituyendo ello una omisión que conllevó a la invalidez del acto administrativo expedido.

• 1. Tesis de la sala

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia al considerar que no se acreditó el elemento subjetivo de responsabilidad exigido para la prosperidad de la acción de repetición, pues aunque los actos administrativos expedidos por el entonces alcalde fueron declarados nulos por carecer de una motivación jurídicamente suficiente para desvincular a una empleada nombrada en provisionalidad, tal circunstancia no demuestra, por sí sola, que la actuación del demandado hubiera obedecido a una conducta dolosa o gravemente culposa, ni permite tener por configurada automáticamente la presunción prevista en el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Elementos de procedencia de la acción en ejercicio del medio de control de repetición

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Elementos de procedencia de la acción en ejercicio del medio de control de repetición

El medio de control de repetición tiene como propósito que el Estado recupere el dinero que ha pagado por los daños antijurídicos causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un particular que cumpla funciones administrativas.

El Consejo de Estado recordó los presupuestos que deben acreditarse para que proceda la acción de repetición, así:

La acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico[[16]](#footnote-16)

El medio de control de repetición tiene como propósito que el Estado recupere el dinero que ha pagado por los daños antijurídicos causados como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un particular que cumpla funciones administrativas.

El Consejo de Estado recordó los presupuestos que deben acreditarse para que proceda la acción de repetición, así:

La acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico[[17]](#footnote-17)

En síntesis, la acción de repetición constituye un mecanismo de protección del patrimonio público que permite al Estado reclamar de sus agentes o ex agentes el reintegro de las sumas pagadas como consecuencia de una condena judicial, conciliación u otra forma de terminación de conflictos, siempre que dicho detrimento patrimonial tenga origen en una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a aquellos. En consecuencia, su prosperidad no depende únicamente de la demostración de la existencia de una condena y del pago efectuado por la entidad pública, sino también de la acreditación de la calidad del demandado como agente estatal, de la configuración del dolo o la culpa grave en su actuación y de la relación causal entre dicha conducta y el daño antijurídico que dio lugar al reconocimiento indemnizatorio a cargo del Estado. Sólo la concurrencia de todos estos presupuestos habilita la declaratoria de responsabilidad patrimonial dentro de este medio de control.

1. CASO CONCRETO

El juzgado de primera instancia concluyó que, aunque se encontraban acreditados la condena judicial impuesta, el pago efectuado por el municipio de Barbosa y la calidad de agente estatal del demandado, no se demostró que este hubiera actuado con dolo o culpa grave al expedir los actos administrativos posteriormente anulados, pues la nulidad obedeció a la falta de motivación de los actos de desvinculación y no a la comprobación de una conducta dolosa o gravemente culposa. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

La parte apelante sostuvo que la sentencia debía revocarse, por cuanto sí se encontraba acreditada la culpa grave del señor Edison García Restrepo. Señaló que la nulidad de los actos administrativos obedeció a la omisión de la motivación exigida para el retiro de empleados nombrados en provisionalidad, requisito esencial para la validez de dichos actos, por lo que se configuraba la presunción de culpa grave prevista en el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001[[18]](#footnote-18) relacionada con: “3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error ­inexcusable”, sin que ésta hubiera sido desvirtuada durante el proceso.

En consideración al medio de control de repetición que aquí se desarrolla, encuentra la Sala que no hay discusión frente a los requisitos que exige el mismo, relacionados con:

• Condena o reparación al Estado: circunstancia acreditada con la sentencia del 29 de octubre de 2018 proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín[[19]](#footnote-19), mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 000095, 000111 y 000163 de 2016 y se ordenó el reintegro de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar, así como el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social. - Pago: Demostrado con la Resolución 00529 del 17 de abril de 2020[[20]](#footnote-20), la Resolución 001118 del 9 de junio de 2020[[21]](#footnote-21), los comprobantes de egreso[[22]](#footnote-22), así como las certificaciones bancarias que acreditan el desembolso de la suma total de $45.262.251 a favor de la señora Lenis Yohana Tapias Escobar.[[23]](#footnote-23) - Calidad de agente estatal: acreditada con el acta de posesión del señor Edison García Restrepo como alcalde del municipio de Barbosa para el período 2016-2019.[[24]](#footnote-24)

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el punto de controversia que debe desatarse en este asunto es respecto a la comprobación de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público.

Conforme a lo indicado por el juzgado y la entidad apelante, la Sala advierte que la sola declaratoria de nulidad de los actos administrativos no permite concluir automáticamente la configuración del dolo o la culpa grave exigidos por la acción de repetición. En efecto, la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín se limitó a establecer que la administración fundamentó la desvinculación en el vencimiento del término de la provisionalidad, circunstancia insuficiente para justificar el retiro de una servidora ocupante de un cargo de carrera administrativa en provisionalidad, concluyendo que los actos estaban afectados por falsa motivación.

Sin embargo, dicha providencia no efectuó un juicio sobre la conducta subjetiva del señor Edison García Restrepo, ni concluyó que hubiera actuado con intención de infringir el ordenamiento jurídico, con desviación de poder o mediante una omisión constitutiva de culpa grave.

Tampoco encuentra la Sala que las pruebas allegadas al presente proceso permitan establecer que el demandado actuó con conocimiento de la irregularidad y con desprecio inexcusable de los deberes funcionales que le asistían. En efecto, del material probatorio únicamente se acredita la expedición de los actos administrativos posteriormente anulados, la condena judicial derivada de dicha ilegalidad y el pago efectuado por la entidad territorial.

Sobre el particular, resulta relevante destacar que la acción de repetición exige un análisis autónomo de la conducta del agente estatal, independiente del adelantado en el proceso que generó la condena contra la administración. Por ello, la existencia de una decisión judicial que declare la nulidad de un acto administrativo no constituye, por sí sola, prueba suficiente de dolo o culpa grave, pues ello equivaldría a convertir la acción de repetición en una consecuencia automática de toda condena impuesta al Estado, desconociendo la naturaleza subjetiva de la responsabilidad que regula el artículo 90 de la Carta Política.

En este caso la entidad demandante no aportó elementos adicionales que permitan inferir que el señor Edison García Restrepo actuó con una infracción inexcusable de sus deberes funcionales o con la intención de producir el resultado que posteriormente dio lugar a la condena judicial. Por el contrario, la argumentación inicial de la demanda estuvo dirigida a sostener una supuesta motivación política en la desvinculación de la servidora, circunstancia que no fue acreditada dentro del proceso ni constituyó fundamento de la sentencia de nulidad.

Tanto la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU 354 de 2020, como el Consejo de Estado en Sentencia del 16 de julio de 2021[[25]](#footnote-25), han advertido que la entidad demandante debe probar plenamente, y al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”.

La Alta Corte Constitucional, ha señalado que, para efectos de garantizar el debido proceso del demandado, está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la Administración, ya que la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en elementos de juicio allegados al proceso de repetición, con base en los cuales el demandante tenga la oportunidad de defenderse.

Frente a la valoración del dolo en otro tipo de procesos administrativos, el Consejo de Estado ha señalado:

“A juicio de la Sala, el solo hecho de que en el fallo condenatorio que dio lugar a la presente controversia se hubiere concluido la nulidad de la Resolución 1344 de 2002 y de la comunicación de desvinculación de esta misma fecha, no es razón suficiente para endilgarle responsabilidad al demandado, a título de dolo o culpa grave. Si así fuera, bastaría con la constatación de los requisitos objetivos (existencia de condena, prueba del pago y condición de agente o ex agente estatal) para predicar, sin excepciones, la responsabilidad patrimonial del demandado.”[[26]](#footnote-26) (Subrayas fuera de texto)

En otros pronunciamientos ha indicado:

“(…) vale decir que la Ley 678 de 2001 no contempla como un requisito de procedibilidad de la acción de repetición o del llamamiento en garantía la existencia de un fallo condenatorio, de carácter penal o disciplinario, lo cual permite inferir que el análisis que le corresponde adelantar al juez contencioso administrativo es autónomo e independiente, y no está supeditado a los resultados concretos que se obtengan dentro de los procesos penales, disciplinarios o de responsabilidad fiscal.” [[27]](#footnote-27)(Subrayas fuera de texto).

Conforma al artículo anterior, es necesario tener en cuenta que el dolo se define como la intención del agente del Estado de querer realizar un hecho ajeno a las finalidades del servicio del E