TA ANT - Sentencia 05001333301420230011201-(28-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

[image]TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | GABRIEL HORACIO MARTÍNEZ MADRIGAL | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | RADICADO | 05001-33-33-014-2023-00112-01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | SANCIÓN POR MORA DOCENTES. COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTÍAS DOCENTES | | DECISIÓN | REVOCA LA SENTENCIA APELADA / NO SE CONFIGURA SANCIÓN MORATORIA ÚNICAMENTE POR LA EXPEDICIÓN TARDÍA DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE CESANTIAS | | PROVIDENCIA | 60 | | LINK DEL EXPEDIENTE | 014 2023 00112 01 |

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia en contra de la sentencia proferida el día 12 de diciembre de 2024, por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

El señor Gabriel Horacio Martínez Madrigal acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - laboral, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo ficto por medio del cual se le negó el reconocimiento de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.

• 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad del acto administrativo ficto configurado frente a la petición presentada el 24 de febrero de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.

Como restablecimiento del derecho se solicita el pago de la sanción por mora de que trata dicha Ley, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, a partir de los 70 días hábiles después de presentada la solicitud de cesantía y hasta que se hizo efectivo el pago.

Igualmente, se depreca la actualización de la condena en aplicación del IPC, el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y que, en caso de citarse a la entidad territorial, se resuelva su situación jurídica frente al tema debatido.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

El 18 de octubre de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución: 2019060433042 del 04 de diciembre de 2019 y cuyo pago se habría efectuado el 13 de febrero de 2020.

Señala que, en su caso, el pago se produjo con posterioridad a los 70 días hábiles después de presentada la solicitud; motivo por el cual pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de la cesantía a la entidad demandada, quien resolvió desfavorablemente mediante los actos acusados.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición, los artículos 5° y 15° de la Ley 91 de 1989; 1° y 2° de la Ley 244 de 1995; y 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006 y artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Manifiesta que a pesar de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y que la jurisprudencia ha establecido que el reconocimiento y pago no debe superar los 70 días hábiles siguientes a haber radicado la solicitud, la entidad demandada cancela las cesantías por fuera de los términos establecidos en la ley, lo que genera sanción moratoria equivalente a un día de salario de docente por cada día de retardo, con posterioridad a los 70 días hábiles después de radicada la solicitud y hasta cuando se efectúe el pago de las cesantías.

Señala que la actora tiene la calidad de nacional o nacionalizado y la prestación fue reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, situación por la que la sanción moratoria deprecada está a cargo de la entidad demandada, quien está obligada a responder por esta situación irregular.

Expresa que a través de la Ley 1071 de 2006 se amplió la protección en favor del trabajador respecto del pago de las cesantías antes de los 65 días después de radicada la solicitud, no solo respecto de las definitivas sino también para las parciales; imperativo que la entidad pretende desconocer.

Indica que a través de la Ley 1071 de 2006 se amplió la protección en favor del trabajador respecto del pago de las cesantías antes de los 65 días después de radicada la solicitud, no solo respecto de las definitivas sino también para las parciales; imperativo que la entidad pretende desconocer.

Refiere que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, al establecer un término perentorio para la liquidación de la cesantía, buscaron que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y no transgrediera los derechos prestacionales de los docentes.

Hace alusión a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, para concluir que dada la claridad de las normas legales que sirven de fundamento y el desarrollo jurisprudencial, no queda duda del derecho que asiste a la demandante, debiéndose en consecuencia atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.

• 1. Contestaciones

1.5.1. Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)[[1]](#footnote-1)

• 1. Contestaciones

1.5.1. Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)[[1]](#footnote-1)

En defensa a la acción presentada en su contra, FOMAG inicia su defensa explicando que es una cuenta especial sin personería jurídica cuyos recursos solo pueden destinarse al pago de prestaciones sociales, y que la administración de dichos recursos se realiza a través de un contrato de fiducia.

Seguidamente, informa que la eventual mora se originó exclusivamente en la actuación tardía de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, quien expidió el acto de reconocimiento de las cesantías por fuera del término legal. Por esa razón, afirma que, conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad por la sanción moratoria corresponde a la entidad territorial cuando el retraso proviene del incumplimiento de los plazos para tramitar y remitir la solicitud al FOMAG.

Igualmente, señala que la demanda parte de una liquidación errada de la mora. Luego, indicó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, indicó que el término debía contarse desde la solicitud de cesantías, sumando los plazos legales para reconocimiento, ejecutoria y pago, lo que llevaría a concluir que la mora, de existir, sería inferior a la reclamada por el demandante.

Agrega que ni el FOMAG ni la fiduciaria deben asumir sanciones derivadas de retrasos que no provocaron, especialmente porque sus funciones se limitan a administrar recursos y efectuar pagos una vez reciben los actos administrativos expedidos por las entidades territoriales. A partir de ahí, enfatiza que la sanción moratoria tiene carácter punitivo y debe recaer sobre quien generó efectivamente el retardo.

Por último, se opuso al reconocimiento de indexación, intereses moratorios y costas procesales. Para ello, indica que el Consejo de Estado ha considerado improcedente actualizar o indexar la sanción moratoria por tratarse de una penalidad económica. En adición, señala que tampoco procede imponer costas sin prueba de su causación ni demostración de una actuación procesal contraria a la buena fe por parte de la entidad demandada.

1.5.2. Departamento de Antioquia

Pese a haber sido debidamente notificada, resulta que la entidad territorial no allegó respuesta dentro de la oportunidad para ello.

• 1. Sentencia impugnada[[2]](#footnote-2)

El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a través de sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto derivado de la petición elevada por la parte actora GABRIEL HORACIO MARTÍNEZ MADRIGAL, el día 24 de febrero de 2022, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de sus cesantías.

TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a pagar a la parte actora GABRIEL HORACIO MARTÍNEZ MADRIGAL, la suma de Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y siete pesos con trece centavos M.L. ($141.477,13), que corresponden a un día de mora imputable a la entidad territorial, y con fundamento en la asignación básica mensual devengada en el mes de febrero de 2020, fecha en que se causó la mora.

CUARTO: Las sumas ordenadas y reconocidas, serán ajustadas de acuerdo con la fórmula descrita en la parte considerativa de este proveído, y conforme a lo señalado en el inciso final del artículo 187 del CPACA.

QUINTO: El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas.

(…)

Para fundamentar su decisión, la primera instancia estableció que el docente radicó su solicitud el 31 de octubre de 2019, la resolución se expidió extemporáneamente el 4 de diciembre de 2019 y no se interpusieron recursos; por ello, adujo que el pago debió efectuarse dentro de los 70 días siguientes a la solicitud, esto es, hasta el 11 de febrero de 2020. Sin embargo, al haberse realizado el 13 de febrero de 2020, concluyó que existió mora por 1 día.

Al momento de distribuir la responsabilidad, sentenció que el pago de la sanción era imputable a la entidad territorial porque había emitido el acto administrativo por fuera del término legalmente establecido.

• 1. Recursos de apelación del Departamento de Antioquia[[3]](#footnote-3)

Inconforme con lo decidido en primera instancia, el Departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2024.

De ese modo, plantea que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad legalmente obligada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del magisterio, así como de las eventuales sanciones por mora, es la Nación - Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la sociedad fiduciaria encargada de administrar sus recursos.

Igualmente, refiere que la sanción moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 recae sobre la entidad pagadora de las cesantías. En ese sentido, afirma que el Departamento de Antioquia, por intermedio de su Secretaría de Educación, únicamente cumple funciones de reconocimiento, liquidación y remisión de la documentación correspondiente, mientras que el pago efectivo de las cesantías está a cargo del FOMAG y de la fiduciaria administradora de sus recursos.

Destaca que tanto el Decreto 1272 de 2018 como la Ley 1955 de 2019 atribuyen al FOMAG la responsabilidad de asumir y financiar las sanciones por mora, salvo cuando el retraso sea consecuencia directa del incumplimiento de los plazos que corresponden a la entidad territorial para tramitar la solicitud. Según la entidad recurrente, en el caso concreto no se acreditó ninguna dilación injustificada atribuible al ente departamental.

En últimas, pone de presente el Departamento que actuó únicamente como intermediario en el trámite de reconocimiento de la prestación y no como entidad obligada al pago. Por ello, solicita revocar la sentencia de primera instancia y declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.8. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 8 de julio de 2025, advirtiéndole a las partes que podrían pronunciarse sobre el recurso de apelación hasta la ejecutoria de este. En cuanto al Ministerio Público, se dispuso que podía emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso a despacho para sentencia. Posteriormente, el proceso pasó al despacho para sentencia sin que se allegara pronunciamiento alguno.

• 1. Pruebas relevantes - Solicitud dirigida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de Antioquia, a través de la cual el demandante solicita el reconocimiento y pago de la sanción por mora, radicada el 24 de febrero de 2022 (01Demanda.pdf, pp. 22 a 24); - Resolución: 201906043333042 del 4 de diciembre de 2019, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para compra de vivienda (01Demanda.pdf, pp. 26 a 29);

• Constancia expedida por la Fiduprevisora, en donde se certifica que las cesantías parciales, reconocidas al señor Martínez Madrigal en la Resolución: 201906043333042 del 4 de diciembre de 2019, fueron pagadas el día 13 de febrero de 2020 (01Demanda.pdf, pp. 31 -32).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 Ibidem.

• 1. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿es el Departamento de Antioquia responsable del pago de la sanción moratoria?

A partir de ello, deberá establecer: ¿hay lugar a revocar o modificar la sentencia en los términos del recurso presentado, o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a la diferente valoración probatoria dada por la partes y el juez de primera instancia sobre las circunstancias fácticas relacionadas con el trámite para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales. Por un lado, el juzgado considera que los hechos y omisiones que rodearon el trámite de la solicitud de cesantías del actor prueban una responsabilidad exclusiva del Departamento de Antioquia sobre la sanción moratoria causada. Por otro lado, el Departamento de Antioquia no le otorga la misma valoración probatoria, ya que considera probado que la responsabilidad es del Fomag – Fiduprevisora.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar es necesario manifestar que en materia laboral hay que diferenciar lo que es en general el régimen laboral de los empleados, el régimen de prestaciones sociales y el régimen salarial, ya que hay prestaciones que no son salario ni son prestaciones sociales, como es el caso de la denominada indemnización o sanción por mora en el pago de cesantías, característica que también podría predicarse de la indemnización por el no pago de otras prestaciones al terminarse la relación laboral; de tal forma que una cosa es la regulación de las prestaciones sociales, otra muy diferente el régimen salarial y otra la regulación de otras prestaciones (obligaciones) no salariales, ni sociales, como lo es la regulación de la denominada indemnización o sanción por mora en el pago de cesantías, que se reitera no es salario ni prestación social, y cuya función es la de sancionar a la entidad pública empleadora o pagadora que demore el pago definitivo o parcial de las cesantías.

Asimismo, para desatar la controversia es imperioso resaltar el pronunciamiento realizado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012 del 18 de julio de 2018, dentro del expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que trató punto por punto los conflictos que, en materia de sanción moratoria en el pago de cesantías, se fueron presentando dentro de los Despacho judiciales, relacionados con:

• La naturaleza del empleo del docente del sector oficial. - La exigibilidad de la sanción moratoria, tomando en cuenta el silencio de la administración frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías o su pronunciamiento de manera tardía. - El salario base que debe tenerse en cuenta para liquidar la sanción moratoria por el pago de las cesantías definitivas y parciales, prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. - La procedencia de la actualización del valor de la sanción moratoria, una vez se dejó de causar hasta la fecha de la sentencia que la reconoce.

Sobre la determinación de la normatividad aplicable a los docentes, en relación con el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, punto que es central en la mayoría de las pretensiones y oposiciones a las demandas que sobre este tema se han presentado, la alta Corporación de lo Contencioso Administrativo señaló en la sentencia de unificación que, de conformidad con el artículo 123 de la Carta Política, no hay duda del carácter de servidores públicos que revisten los docentes, ya que se debe analizar la naturaleza del servicio prestado, la regulación de su función, su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y su inserción en lo público a través del régimen de carrera.

En este sentido, teniendo clara la calidad de servidores públicos que asiste a los docentes en Colombia, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó:

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995[[4]](#footnote-4) y 1071 de 2006[[5]](#footnote-5), que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.

Frente a la aplicación de la normatividad especial consagrada en el Decreto 2831 de 2005, en el que se establecieron unos términos específicos para el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de la entidad hoy demandada -entre ellas las cesantías, los cuales difieren de los planteados en la Ley 1071 de 2006, la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que para estos casos no hay lugar a la aplicación conjunta de ambas normatividades para el reconocimiento y sanción, ya que se desconocería la jerarquía normativa de la Ley sobre el reglamento.

En consideración a lo anterior, la providencia de unificación estableció lo siguiente:

129. Para esta Sala de Sección es muy importante recalcar esa jerarquía normativa en cuya virtud debe prevalecer el mandato contenido en la Ley 1071 de 2006 en el trámite de las solicitudes de cesantías que promuevan los docentes oficiales; por lo que tanto entes territoriales como el Fomag procurarán su cumplimiento para tales propósitos. Así mismo, el Gobierno Nacional la tendrá en cuenta para si es del caso disponga de una reglamentación acorde con la ley. (Subrayas fuera de texto)

Bajo estas precisiones, no existe dubitación en que, para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, así como para el desembolso de la sanción moratoria, deben aplicarse en su integridad los preceptos establecidos en la Ley 1071 de 2006, razón por la cual, frente a los términos que deben contabilizarse para la exigibilidad de esta pretensión, la mencionada Corporación concluyó:

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivaso lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006[[6]](#footnote-6)), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011[[7]](#footnote-7)) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51[[8]](#footnote-8)], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006[[9]](#footnote-9).

En este orden de ideas, se procederá a transcribir las reglas jurisprudenciales que se plasmaron tanto en la parte motiva como en la parte resolutiva de esa sentencia de unificación, en la que de manera resumida se llegó a las siguientes conclusiones frente al tema de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías.

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

1. En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

2. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley[[10]](#footnote-10) para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

3. Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

QUINTO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de manera obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los conflictos decididos con antelación.

Así mismo, que al reconocer un derecho, será extensible en los términos previstos en los artículos 10, 102 y 269 del CPACA.

Con base en el tratamiento unificado que la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado a este tema de transcendencia jurídica, al cual esta Sala se acoge plenamente, se entrará a definir cual es la entidad responsable del reconocimiento de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías de la parte actora, en el siguiente punto de esta sentencia.

1. CASO CONCRETO

El recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia se opone, de manera principal, a la decisión de imponer la obligación de pago en su contra.

1. CASO CONCRETO

El recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia se opone, de manera principal, a la decisión de imponer la obligación de pago en su contra.

La entidad es apelante único y no discute el derecho que asiste al señor Gabriel Horacio Martínez Madrigal. Con todo, antes de resolver los motivos de inconformidad, conviene mencionar los puntos que no son objeto de discusión y que se encuentran acreditados:

• Por medio de la Resolución: 201906043333042 del 4 de diciembre de 2019, el Departamento de Antioquia reconoció el pago de una cesantía parcial (01Demanda.pdf, pp. 26 a 29); - El valor de cesantías reconocido fue pagado a la parte interesada el 13 de febrero de 2020 (01Demanda.pdf, pp. 31 -32); - El demandante solicitó el pago de la sanción por mora en la cancelación de sus cesantías el día 24 de febrero de 2022 (01Demanda.pdf, pp. 22 a 24).

En adición a lo expuesto, sobresale que se tuvo como fecha de presentación de la solicitud de cesantías parciales la del 31 de octubre de 2019, según lo referido en la resolución de reconocimiento de la prestación, lo cual tampoco es objeto de debate para las partes.

Siendo así, la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales debe entenderse radicada el 31 de octubre de 2019, por ser esta la acreditada en el proceso, de modo que será a partir de ahí que se entrará a contabilizar el plazo con el cual se cuenta para efectuar el pago de las cesantías.

Dicho ello, en atención a la posición del órgano de cierre de esta jurisdicción, deberán contarse 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento, 10 días hábiles del término de ejecutoria del acto (conforme a la Ley 1437 de 2011, por ser la vigente para la fecha en que se presentó la petición) y 45 días hábiles, a partir del día en que quedó en firme el acto administrativo, para el efectivo pago.

De acuerdo con lo expuesto, tomando en cuenta que la demandante presentó solicitud de reconocimiento de las cesantías el 31 de octubre de 2019, y la Resolución: 201906043333042 es del 4 de diciembre de 2019, dicho acto sobrepasó el término de 15 días establecidos para proferirlo, que se cumplía el día 25 de noviembre 2019, de ahí que a partir del 26 de noviembre de 2019, inclusive, se cuentan los 10 días de ejecutoria del acto que debía ser expedido, los cuales culminarían el 9 de diciembre de 2019, por lo que a partir del 10 de diciembre de esa misma anualidad, se deberá empezar a contar los 45 días, que contempla el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, como plazo máximo para cancelar las cesantías, el cual se cumplió el 13 de febrero de 2020, dia en el cual fueron pagadas las cesantías.A partir de ese entendido, puede concluirse que no se configuró ningún tipo de mora.

Lo anterior se explica porque si bien es cierto que el Departamento de Antioquia expidió el acto de reconocimiento de cesantías parciales por fuera de los 15 días posteriores a la solicitud, lo cierto es que FOMAG subsanó ese error de la entidad territorial, a tal grado que no se configuró extemporaneidad alguna en el pago de las cesantías reclamadas, el cual es el presupuesto esencial para el reconocimiento de la sanción moratoria pretendida.

Consecuentemente, no hay lugar a reconocer responsabilidad del Departamento Antioquia por su demora en la expedición de la resolución, en consideración a que, según el mismo artículo 57 de la Ley 1955 de 2021, esta tiene lugar cuando se genere un pago extemporáneo “(…) como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

Siendo de ese modo, al no llegarse a generar el pago extemporáneo de las cesantías como presupuesto esencial para el reconocimiento de la sanción por mora, debe revocarse la decisión recurrida.

• 1. Condena en costas de segunda instancia

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”

Este artículo fue adicionado en un inciso por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, así: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

En consideración de lo anterior, esto es, que se ha presentado una variación frente al criterio objetivo de imposición de costas que regía bajo la redacción o