TA ANT - Sentencia 05001333301820230033901-(30-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

[image]TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | SANDRA LUCÍA TORRES DÍAZ | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FONPREMAG) Y DISTRITO DE MEDELLÍN | | RADICADO | 05001-33-33-018-2023-00339-01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | SANCIÓN POR MORA DOCENTES. COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTÍAS DOCENTES | | DECISIÓN | REVOCA LA SENTENCIA APELADA / CONCEDE PRETENSIONES | | PROVIDENCIA | 74 | | LINK DEL EXPEDIENTE | 018 2023 00339 01 |

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte actora en contra de la sentencia proferida el día 30 de octubre de 2024, por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

La señora Sandra Lucía Torres Díaz acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - laboral, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo ficto por medio del cual se le negó el reconocimiento de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.

• 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 21 de octubre de 2022, frente a la petición presentada el 21 de julio de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora consagrada en la Ley 1071 de 2006.

Como restablecimiento del derecho se solicita el pago de la sanción por mora de que trata dicha Ley, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, a partir de los 70 días hábiles después de presentada la solicitud de cesantía y hasta que se hizo efectivo el pago.

Igualmente, se depreca la actualización de la condena en aplicación del IPC, el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y que, en caso de citarse a la entidad territorial, se resuelva su situación jurídica frente al tema debatido.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora planteó como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

El 15 de febrero de 2022, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución: 2022000133 del 6 de mayo de 2022 y cuyo pago se habría efectuado el 25 de julio de 2022.

Señala que en su caso transcurrieron 64 días de mora; motivo por el cual, el 21 de julio de 2022, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de la cesantía a la entidad demandada, quien resolvió desfavorablemente en forma ficta.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición, los artículos 5° y 15° de la Ley 91 de 1989; 1° y 2° de la Ley 244 de 1995; y 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006 y artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Manifiesta que a pesar de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y que la jurisprudencia ha establecido que el reconocimiento y pago no debe superar los 70 días hábiles siguientes a haber radicado la solicitud, la entidad demandada cancela las cesantías por fuera de los términos establecidos en la ley, lo que genera sanción moratoria equivalente a un día de salario de docente por cada día de retardo, con posterioridad a los 70 días hábiles después de radicada la solicitud y hasta cuando se efectúe el pago de las cesantías.

Señala que la actora tiene la calidad de nacional o nacionalizado y la prestación fue reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, situación por la que la sanción moratoria deprecada está a cargo de la entidad demandada, quien está obligada a responder por esta situación irregular.

Indica que a través de la Ley 1071 de 2006 se amplió la protección en favor del trabajador respecto del pago de las cesantías antes de los 65 días después de radicada la solicitud, no solo respecto de las definitivas sino también para las parciales; imperativo que la entidad pretende desconocer.

Refiere que las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, al establecer un término perentorio para la liquidación de la cesantía, buscaron que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y no transgrediera los derechos prestacionales de los docentes.

Hace alusión a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, para concluir que dada la claridad de las normas legales que sirven de fundamento y el desarrollo jurisprudencial, no queda duda del derecho que asiste a la demandante, debiéndose en consecuencia atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.

• 1. Contestaciones 1. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Distrito de Medellín)[[1]](#footnote-1)

En defensa a la acción presentada en su contra, la entidad territorial sostiene que la solicitud de cesantías parciales de la docente fue radicada el 26 de abril de 2022, una vez cumplidas las etapas de verificación documental en el Sistema Humano. Señala que la prestación fue reconocida mediante la Resolución MEDELR2022000133 del 10 de mayo de 2022, notificada electrónicamente y aceptada por la docente el 25 de mayo siguiente.

Afirma que la resolución fue expedida dentro de los 15 días hábiles previstos en la Ley 1071 de 2006 y que, tras su aceptación, el trámite fue remitido al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago. Agrega que este fue efectuado por la Fiduprevisora S.A. el 25 de julio de 2022, dentro del término legal, por lo que considera que no se causó la sanción moratoria reclamada.

Explica que al Distrito de Medellín le correspondía reconocer y liquidar las cesantías, mientras que el pago era competencia del Fondo administrado por la Fiduprevisora S.A.. Añade que el Sistema Humano es creado y administrado por el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG, de modo que no puede atribuirse al ente territorial una eventual demora que no haya sido ocasionada por el incumplimiento de sus propios deberes.

También niega la existencia del acto administrativo ficto alegado en la demanda, pues la reclamación de sanción moratoria presentada el 21 de julio de 2022 fue resuelta mediante el oficio del 8 de febrero de 2023 y notificada electrónicamente el 9 de febrero siguiente. Subsidiariamente, manifiesta que cualquier mora eventualmente acreditada no correspondería al periodo señalado en la demanda y solo podría imputarse al Distrito en la proporción demostrada durante el proceso.

Por último, se opone a la indexación de una eventual sanción moratoria, por considerar que esta constituye una penalidad económica y no un derecho laboral susceptible de actualización. Asimismo, propone las excepciones de prescripción, buena fe, compensación, inexistencia de la mora en los términos pretendidos y la genérica, y solicita que se nieguen las pretensiones y se condene en costas a la parte demandante.

1.5.2. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FONPREMAG)[[2]](#footnote-2)

Por su lado, se opone a las pretensiones porque la demandante, al estar afiliada al FOMAG, se encuentra sometida al régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989. Por ello, sostiene que no le resulta aplicable la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, prevista para trabajadores particulares y servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Explica que en el régimen especial docente no existe una consignación anual en una cuenta individual antes del 15 de febrero, pues los recursos se administran bajo un sistema común y se encuentran previamente incorporados en el Fondo. Las secretarías de educación se encargan de liquidar y reportar las cesantías, mientras el FOMAG administra los recursos y paga las prestaciones cuando son exigibles.

Afirma que tampoco procede aplicar el principio de favorabilidad, debido a que los regímenes de la Ley 50 de 1990 y la Ley 91 de 1989 tienen destinatarios, mecanismos de financiación y beneficios diferentes. Aplicar únicamente la sanción del régimen general desconocería el principio de inescindibilidad normativa y combinaría indebidamente disposiciones pertenecientes a sistemas prestacionales distintos.

En el caso concreto, señala que los intereses sobre las cesantías correspondientes a 2020 fueron pagados el 31 de marzo de 2021, dentro del plazo establecido en el Acuerdo 39 de 1998. En consecuencia, considera que no existe obligación de reconocer indemnización por mora, indexación ni intereses adicionales, y que los actos administrativos cuestionados conservan su presunción de legalidad.

Finalmente, propone las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad e inexistencia de la obligación. Alega que la entidad territorial es la empleadora y responsable de liquidar y reportar las cesantías, mientras el Fondo carece de personería jurídica y únicamente cumple funciones de administración y pago de las prestaciones docentes.

• 1. Sentencia impugnada[[3]](#footnote-3)

El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a través de sentencia proferida el 30 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, luego de concluir que no se configuró mora en el pago de sus cesantías parciales y, por tanto, no surgió el derecho al reconocimiento de la sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

La primera instancia estableció que la solicitud de cesantías fue presentada el 26 de abril de 2022, y no el 15 de febrero de ese año, como lo sostuvo la demandante. Para ello, otorgó valor a la fecha consignada en la Resolución MEDELR2022000133. Ahora, como el acto de reconocimiento se expidió el 10 de mayo de 2022, antes del vencimiento del plazo legal del 17 de mayo, consideró que su expedición fue oportuna.

Después, indicó que las demandadas podían efectuar el pago hasta el 19 de agosto de 2022. Como los recursos fueron puestos a disposición de la docente el 25 de julio de 2022, concluyó que el pago se realizó dentro del término legal.

Así, al no demostrarse retraso alguno, mantuvo la legalidad de la negativa al reconocimiento de la sanción moratoria y se abstuvo de imponer costas o agencias en derecho, por no encontrarse acreditada su causación.

• 1. Recurso de apelación[[4]](#footnote-4)

Inconforme con lo decidido en primera instancia, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 30 de octubre 2024. Así, advierte que el fallo incurrió en un error al contabilizar los términos para determinar la existencia de mora en el pago de las cesantías parciales.

Según su modo de ver, que la decisión desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, según la cual, cuando la entidad excede el plazo legal para reconocer las cesantías, la sanción moratoria debe calcularse desde la solicitud presentada por el servidor y no desde la firmeza de un acto administrativo expedido tardíamente.

Argumenta que el docente presentó completa la solicitud de retiro parcial de cesantías el 15 de febrero de 2022 y que nunca fue notificado de devolución de documentos, requerimientos o inconsistencias que justificaran una nueva fecha de radicación. Por ello, considera que la fecha del 26 de abril de 2022 acogida por el juzgado carece de respaldo probatorio y contradice la información obrante en el historial de la plataforma utilizada para tramitar la prestación.

Con base en esa fecha inicial de radicación, sostiene que la entidad debía efectuar el pago a más tardar el 13 de mayo de 2022 y que la mora comenzó a causarse desde el 14 de mayo de 2022. Como el pago solo se realizó el 25 de julio de 2022, afirma que transcurrieron 56 días de retraso, lo que da lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

También reprocha la actuación administrativa de la entidad por la falta de notificación oportuna de sus decisiones, señalando que ello vulneró los derechos de defensa, contradicción y debido proceso del docente. A su juicio, la entidad no acreditó que la demora fuera imputable al solicitante y, por el contrario, quedó demostrado que la documentación fue presentada de manera completa desde el inicio del trámite.

En suma, solicita revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda. De manera adicional, pide reconsiderar la condena en costas y agencias en derecho, al estimar que el demandante acudió de buena fe a la jurisdicción para reclamar derechos salariales y prestacionales que consideraba vulnerados, sin ánimo de congestionar la administración de justicia.

• 1. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 8 de julio de 2025, advirtiéndole a las partes que podrían pronunciarse sobre el recurso de apelación hasta la ejecutoria de este. En cuanto al Ministerio Público, se dispuso que podía emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso a despacho para sentencia. Posteriormente, el proceso pasó al despacho para sentencia sin que se allegara pronunciamiento alguno.

• 1. Pruebas relevantes - Solicitud dirigida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Distrito de Medellín, a través de la cual la demandante solicita el reconocimiento y pago de la sanción por mora (032\_ED\_01DEMANDAANEXOS.pdf, pp. 26 a 28); - Histórico del proceso de solicitud de cesantías parciales (032\_ED\_01DEMANDAANEXOS.pdf, pp. 20 y 30);

• Resolución: MEDELR2022000133, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para remodelación (032\_ED\_01DEMANDAANEXOS.pdf, pp. 31 a 33); - Constancia de disposición de pago de las cesantías reconocidas en la resolución anterior (006\_RECIBODEMEMORIALCORREOELECTRONICOOJA\_1CONTESTACIONDEMA.pdf, p.7).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 Ibídem.

• 1. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el juzgado de primera instancia al negar las pretensiones se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿le asiste derecho a la señora Sandra Lucía al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud fue el 15 de febrero de 2022?

A partir de ello, deberá establecer: ¿hay lugar a revocar o modificar la sentencia en los términos del recurso presentado, o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a una diferente valoración probatoria relacionada la fecha de presentación de la solicitud de cesantías, por cuanto que para la parte parte demandante está probado que es en febrero 15 de 2011, por lo que al configurarse la mora en el pago de las cesantías se da lugar a la concesión de sus pretensiones; mientras, para la parte accionada y el juzgado de primera instancia la la fecha de presentación de la solicitud está probado que fue en mayo de 2022 y como tal la sanción por mora no se logra configurar en este caso.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar es necesario manifestar que en materia laboral hay que diferenciar lo que es en general el régimen laboral de los empleados, el régimen de prestaciones sociales y el régimen salarial, ya que hay prestaciones que no son salario ni son prestaciones sociales, como es el caso de la denominada indemnización o sanción por mora en el pago de cesantías, característica que también podría predicarse de la indemnización por el no pago de otras prestaciones al terminarse la relación laboral; de tal forma que una cosa es la regulación de las prestaciones sociales, otra muy diferente el régimen salarial y otra la regulación de otras prestaciones (obligaciones) no salariales, ni sociales, como lo es la regulación de la denominada indemnización o sanción por mora en el pago de cesantías, que se reitera no es salario ni prestación social, y cuya función es la de sancionar a la entidad pública empleadora o pagadora que demore el pago definitivo o parcial de las cesantías.

Asimismo, para desatar la controversia es imperioso resaltar el pronunciamiento realizado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012 del 18 de julio de 2018, dentro del expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que trató punto por punto los conflictos que, en materia de sanción moratoria en el pago de cesantías, se fueron presentando dentro de los Despacho judiciales, relacionados con:

• La naturaleza del empleo del docente del sector oficial. - La exigibilidad de la sanción moratoria, tomando en cuenta el silencio de la administración frente a la solicitud de reconocimiento de las cesantías o su pronunciamiento de manera tardía. - El salario base que debe tenerse en cuenta para liquidar la sanción moratoria por el pago de las cesantías definitivas y parciales, prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. - La procedencia de la actualización del valor de la sanción moratoria, una vez se dejó de causar hasta la fecha de la sentencia que la reconoce.

Sobre la determinación de la normatividad aplicable a los docentes, en relación con el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, punto que es central en la mayoría de las pretensiones y oposiciones a las demandas que sobre este tema se han presentado, la alta Corporación de lo Contencioso Administrativo señaló en la sentencia de unificación que, de conformidad con el artículo 123 de la Carta Política, no hay duda del carácter de servidores públicos que revisten los docentes, ya que se debe analizar la naturaleza del servicio prestado, la regulación de su función, su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y su inserción en lo público a través del régimen de carrera.

En este sentido, teniendo clara la calidad de servidores públicos que asiste a los docentes en Colombia, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó:

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995[[5]](#footnote-5) y 1071 de 2006[[6]](#footnote-6), que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.

A lo que hay que decir que la aplicación a los docentes de la ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, se debe a un razonamiento de aplicación de la ley por subsunción de la especie (docente) en el género (servidor público), y no a una aplicación analógica de dichas normas.

Frente a la aplicación de la normatividad especial consagrada en el Decreto 2831 de 2005, en el que se establecieron unos términos específicos para el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de la entidad hoy demandada -entre ellas las cesantías, los cuales difieren de los planteados en la Ley 1071 de 2006, la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que para estos casos no hay lugar a la aplicación conjunta de ambas normatividades para el reconocimiento y sanción, ya que se desconocería la jerarquía normativa de la Ley sobre el reglamento.

En consideración a lo anterior, la providencia de unificación estableció lo siguiente:

129. Para esta Sala de Sección es muy importante recalcar esa jerarquía normativa en cuya virtud debe prevalecer el mandato contenido en la Ley 1071 de 2006 en el trámite de las solicitudes de cesantías que promuevan los docentes oficiales; por lo que tanto entes territoriales como el Fomag procurarán su cumplimiento para tales propósitos. Así mismo, el Gobierno Nacional la tendrá en cuenta para si es del caso disponga de una reglamentación acorde con la ley. (Subrayas fuera de texto)

Bajo estas precisiones, no existe dubitación en que, para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes, así como para el desembolso de la sanción moratoria, deben aplicarse en su integridad los preceptos establecidos en la Ley 1071 de 2006, razón por la cual, frente a los términos que deben contabilizarse para la exigibilidad de esta pretensión, la mencionada Corporación concluyó:

95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivaso lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006[[7]](#footnote-7)), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011[[8]](#footnote-8)) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51[[9]](#footnote-9)], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006[[10]](#footnote-10).

En este orden de ideas, se procederá a transcribir las reglas jurisprudenciales que se plasmaron tanto en la parte motiva como en la parte resolutiva de esa sentencia de unificación, en la que de manera resumida se llegó a las siguientes conclusiones frente al tema de la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías.

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

1. En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

2. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley[[11]](#footnote-11) para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

3. Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estadopara señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

QUINTO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de manera obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los conflictos decididos con antelación.

Así mismo, que al reconocer un derecho, será extensible en los términos previstos en los artículos 10, 102 y 269 del CPACA.

Con base en el tratamiento unificado que la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado a este tema de transcendencia jurídica, al cual esta Sala se acoge plenamente, se entrará a definir la procedencia o no del reconocimiento de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías de la parte actora, en el siguiente punto de esta sentencia.

1. CASO CONCRETO

En el asunto que convoca se encuentra claro que, con soporte en las consideraciones que anteceden, hay razones suficientes para la aplicación de la sanción establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en caso de que resulte probado pago inoportuno de las cesantías a favor de la demandante, toda vez que no existe duda de la facultad que le asiste como servidora pública de exigir el derecho que reclama, en razón a que en la mencionada normatividad se señalan con claridad los términos con que cuentan las entidades para dar respuesta a las solicitudes de liquidación de cesantías y el plazo para cancelarlas, so pena de incurrir en mora.

Al respecto, resulta oportuno insistir en que, por medio de sentencia de unificación del 18 de julio de 2018[[12]](#footnote-12), referenciada en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, el Consejo de Estado indicó el carácter de servidores públicos que asiste a los docentes, conforme a los preceptos constitucionales y el servicio que prestan, con base en el cual les es plenamente aplicable lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 en su integridad, sin necesidad de remisión a lo consagrado en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005.

A la vez, recientemente la Corte Constitucional reiteró su posición en cuanto a la procedencia de aplicar a los docentes la sanción moratoria por el retardo en el pago de cesantías, sosteniendo lo siguiente en sentencia SU-332 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado:

En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores, protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan de un régimen prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su vinculación con el Estado; (iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como empleados públicos, en razón de las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento, que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv) los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

Rriterando la Sala que, la aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se debe aun razonamiento por subsunciñón de la especie en el género y no a una aplicación analógica.

En consecuencia, al no tener duda sobre el derecho que podría asistirle a la señora Sandra Lucía Torres Díaz, se entrarán a analizar los documentos allegados al expediente, con el propósito de resolver el motivo de inconformidad expuesto por la recurrente, conforme a lo cual se tiene acreditado lo siguiente:

• Por medio de la Resolución MEDELR2022000133, el Distrito de Medellín reconoció el pago de una cesantía parcial para remodelación de vivienda (032\_ED\_01DEMANDAANEXOS.pdf, pp. 31 a 33); - El valor de cesantías reconocido fue pagado a la parte interesada el 25 de julio de 2022 (006\_RECIBODEMEMORIALCORREOELECTRONICOOJA\_1CONTESTACIONDEMA.pdf, p.7);

• La demandante solicitó el pago de la sanción por mora en la cancelación de sus cesantías; sin embargo, las mismas fueron negadas a través del acto administrativo ficto demandado (032\_ED\_01DEMANDAANEXOS.pdf, pp. 26 a 28)

Ahora, el motivo de inconformidad de la recurrente gira sobre la fecha que tomó en cuenta el Juzgado como aquella de radicación de la solicitud de reconocimiento de cesantías, pues, a su juicio, la verdadera presentación se dio el 15 de febrero de