TA ANT - Sentencia 05001333302820170013501-(30-09-2026)

Tribunal Administrativo de Antioquia

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Detalles

Título
TA ANT - Sentencia 05001333302820170013501-(30-09-2026)
Autor
Tribunal Administrativo de Antioquia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

[image]

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | CARLOS MARIO VÉLEZ MONTOYA | | DEMANDADO | DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN (DISTRITO DE MEDELLÍN) | | RADICADO | 05001 33 33 028 2017 00135 01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | CONFIGURACIÓN Y REMUNERACIÓN DE HORAS EXTRAS, RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL TERRITORIAL | | DECISIÓN | MODIFICA | | PROVIDENCIA | 70 |

Esta Sala decide el recurso de apelación presentado por la entidad demandada en contra de la sentencia expedida el 18 de mayo de 2020 por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

El señor CARLOS MARIO VÉLEZ MONTOYA formula demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN (DISTRITO DE MEDELLÍN).

  • 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad parcial de las Resoluciones 4013 del 29 de abril de 2016 y 2613 del 29 de septiembre de 2016.

Como restablecimiento del derecho, se solicita cancelar en forma integral los conceptos laborales que, a juicio de quien demanda, fueron concedidos en su totalidad por la demandada, pero se liquidaron de forma parcial y deficitaria. Específicamente se reclama:

1. La reliquidación, reajuste y pago, conforme el nuevo valor hora básico reconocido por la entidad (salario básico mensual.12/2675), de los conceptos causados y pagados deficitariamente, a saber: horas ordinarias diurnas y nocturnas, recargos diurnos y nocturnos, horas extras diurnas y nocturnas, horas laboradas habitualmente en dominicales y festivos diurnas y nocturnas, y horas extras diurnas y nocturnas laboradas en dominicales y festivos.

2. Reconocer ilegal que la entidad sume horas extras diurnas y nocturnas con horas diurnas y nocturnas laboradas en dominicales y festivos, para sobrepasar el tope mensual de horas extras. En consecuencia, el reconocimiento y pago de la liquidación no incluida en las resoluciones demandadas, con el nuevo factor y valor hora del salario, por las horas no pagadas al denominarlas horas a compensar o compensatorios producto de la sumatoria indebida.

Además, se depreca la reliquidación y reajuste de las prestaciones sociales legales, incluyendo cada uno de los anticipos a las cesantías; la reliquidación y reajuste de los aportes o cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; la indexación de los valores adeudados y el pago de intereses moratorios.

  • 1. Supuestos fácticos

La parte actora plantea como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

El demandante ingresó a la entidad como empleado público el 16 de diciembre de 1991 y, para la fecha de presentación de la demanda, ostenta el cargo de Conductor.

El actor solicitó la reliquidación del factor y valor hora del salario de acuerdo con la jornada ordinaria laboral establecida en los Decretos Municipales 1849 de 2004 y 1644 de 2011.

Mediante la Resolución 8560 del 7 de julio de 2015, el DISTRITO DE MEDELLÍN accedió a la reliquidación del factor y valor hora del salario, conforme a una jornada ordinaria de 44 horas semanales y de 7.33 horas diarias, y a las demás peticiones.

Con la Resolución 4013 del 29 de abril de 2016 la entidad liquidó los derechos concedidos.

Contra la Resolución 4013 se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto con la Resolución 2613 del 29 de septiembre de 2016 que confirmó la decisión.

La entidad expidió el Decreto Municipal 408 de 2016, aplicado desde agosto de 2016, para no sumar horas extras diurnas y nocturnas con las horas laboradas en dominicales y festivos.

  • 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición, lo siguiente:

  • 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición, lo siguiente:

De la Constitución Política de 1991, Artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 150, 210, 286, 287, 313.

De la Ley 489 de 1998, Artículo 68º Parágrafo 1º.

Del Decreto Ley 1042 de 1978, Artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42.

Del Decreto Ley 1045 de 1978, Artículos 3, 4, 5.

De la Ley 27 de 1992, Artículo 2.

De la Ley 443 de 1998, Artículo 3 Parágrafo 1º y 2°, Artículo 87 Parágrafo.

De la Ley 909 de 2004, Artículo 1, 22.

Decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, ley 153 de 1887 art. 8º, decreto 1222 de 1986, ley 13 de 1984, ley 61 de 1987.

Decreto Municipal 1849 de noviembre de 2004.

Decreto Municipal 1644 de septiembre de 2011.

Decreto Municipal 0408 de marzo de 2016.

En los hechos de la demanda argumenta que la entidad liquidó en forma parcial y deficitaria los derechos concedidos. Parcial, porque no incluyó todos los conceptos, y deficitaria, porque lo que liquidó lo hizo por suma inferior a la que correspondía.

Aduce que, al momento de liquidar los valores, la entidad no tuvo en cuenta todos los conceptos laborales contenidos en el agotamiento de la vía gubernativa y que fueron concedidos en un 100%.

Explica que la entidad suma, en forma indiscriminada e ilegal, las horas extras diurnas y nocturnas con las horas laboradas en dominicales y festivos, para sostener que unas y otras son horas extras y sobrepasan el tope de 40 horas extras mensuales, en contravía con el Decreto 10 de 1989 que dispone que el tope son 50 horas mensuales, y sin atender que dicha sumatoria es improcedente.

Asevera que esta última situación solo vino a ser corregida con el Decreto Municipal 408 de 2016.

Indica que la entidad no incluyó la reliquidación de los anticipos a las cesantías, como era su deber. Además, no efectuó la operación matemática correcta con el nuevo valor hora básico del salario.

Concluye que pagar los conceptos parcial y deficitariamente conllevó a que se cotizara de manera insuficiente por los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

En los fundamentos de derecho, afirma que hay desviación de poder porque se tiene la competencia y la obligación de reconocer el valor real y legal del salario hora base, pero esto se omite dolosamente. Igualmente, existe falsa motivación porque los actos distorsionan la realidad, basados en una falsa situación jurídica y matemática.

  • 1. Contestación de la demanda[[1]](#footnote-1)

Al contestar los hechos, la entidad alega que en los actos demandados reconoció, liquidó y pagó completamente el reajuste por el cambio del valor hora e hizo lo propio con las prestaciones sociales sobre las cuales el valor de la hora es un factor para su liquidación. Afirma que no incluyó los anticipos a las cesantías porque el demandante pertenece al régimen de retroactividad.

Explica el paso a paso del procedimiento desarrollado para el cálculo del valor hora.

Defiende que el Decreto 10 de 1989 no expresa que las horas extras mensuales sean 50, sino que en ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales; por tanto, las entidades territoriales pueden fijar un tope inferior a esas 50 horas.

Asegura que la fórmula para encontrar el nuevo factor hora es: SBM x 12/2675,45.

En el acápite de oposición se refiere a la jornada ordinaria laboral de los empleados públicos, indicando que es de 44 horas semanales como lo determina el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.

Advierte que al empleado le corresponde probar los hechos determinando con claridad y precisión las pruebas en que se funda la petición de reliquidar los valores que ya fueron liquidados y pagados; no obstante, el actor se limita a afirmar que no se pagaron algunas horas sin determinar el número.

Finalmente hace alusión a la excepción de inepta demanda. Este asunto fue desatado en etapas previas del proceso, por lo que no se resumirán tales planteamientos.

  • 1. Sentencia impugnada

El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a través de sentencia expedida el 18 de mayo de 2020, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas.

Como restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad reliquidar el número total de horas extras y recargos, dependiendo de si concedió o no compensatorio, tomando en cuenta el valor de la hora ordinaria establecida en la sentencia. Además, ordenó reliquidar las cesantías reconocidas y los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social.

Negó las restantes pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $880.000.

Como fundamentos de la decisión inició por sostener que el procedimiento aplicado por la entidad, para obtener el valor de la hora ordinaria, es equivocado porque, de acuerdo con lo dicho por el Consejo de Estado, lo primero que se debe hacer es calcular el valor de la hora dividiendo la asignación básica mensual entre 190 horas mensuales.

De acuerdo con ello, encontró que el DISTRITO DE MEDELLÍN no liquidó correctamente el factor básico de la hora al expedir las resoluciones demandadas; por tanto, todos los reconocimientos de horas extras y recargos por trabajo dominical y festivo fueron defectuosos.

Con relación al número de horas, sostuvo que la entidad reconoce expresamente cuáles adeuda al actor, tal como consta en el CD a folio 167.

Sobre la reliquidación de las prestaciones sociales, advirtió que solo procede respecto de las cesantías reconocidas al demandante.

  • 1. Recurso de apelación[[2]](#footnote-2)

La apoderada del DISTRITO DE MEDELLÍN recurre la sentencia. Plantea que a los empleados de la entidad se les paga y liquida el valor reflejado en las colillas de pago, las cuales pueden ser consultadas por ellos en cualquier momento y donde el pago se discrimina concepto por concepto. Por eso, si el empleado advierte que no se reportan y pagan las horas laboradas, debe formular la reclamación respectiva; sin embargo, no reposa ninguna reclamación del demandante.

Estima que esto no puede perseguirse con esta demanda porque lo que busca es la nulidad de la Resolución 4013 del 29 de abril de 2016, acto que lo único que hizo fue ejecutar una decisión ya adoptada y liquidar, con la nueva fórmula, lo que ya estaba liquidado en las colillas pasadas.

Defiende que, si lo pretendido es el pago del monto que aduce, el actor debe asumir la carga de la prueba y las consecuencias nefastas de incumplir ese deber.

Asegura que la discusión planteada gira exclusivamente en torno a la liquidación hecha en los actos demandados.

Alega que los actos de simple ejecución no son susceptibles de control por parte del juez contencioso, de manera que existe falta de jurisdicción y es inepta la demanda que así lo pretenda. En ese sentido, indica que si el actor considera que no se pagaron debidamente los derechos reconocidos, debe acudir al proceso ejecutivo. Al respecto, cita diferentes providencias del Consejo de Estado.

Argumenta que las liquidaciones hechas por la entidad se ajustan a derecho y la parte actora no pudo probar que sean deficitarias o con desconocimiento de las horas laboradas.

Advierte que el juzgado no estableció una discrepancia entre las horas reliquidadas por la entidad en la Resolución 4013 del 29 de abril de 2016 sino que su tesis se centró en la fórmula para calcular el valor de la hora ordinaria laboral.

Considera que el juzgado emitió un pronunciamiento que supera las pretensiones de la demanda y que desconoce los argumentos que la misma parte interesada presentó en sede administrativa; allí, la solicitud se limitaba a un reajuste de horas sobre la base de calcular el valor con la fórmula: «asignación básica mensual /30 días / 7,33.»

Destaca que la fórmula de asignación básica mensual sobre 190 horas no fue puesta de presente en la instancia administrativa, momento en el cual la administración pudo valorarla para efectos del trámite de vía gubernativa y, si era el caso, controvertir los planteamientos jurisprudenciales ante la situación particular de la entidad.

Indica que la fórmula que incorpora 190 horas mensuales tiene un vacío porque no consagra el descanso dominical como un día efectivamente remunerado y, con ello, se da una indebida interpretación del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.

Enfatiza en que el sentido del fallo no se corresponde con las pretensiones de la demanda, ya que en estas no se cuestiona la forma de liquidar la hora pagada.

Con relación a la reliquidación de las cesantías reconocidas y los aportes y deducciones, señala que se trata de condenas supeditadas a la firmeza de las condenas anteriores.

  • 1. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 22 de agosto de 2022; luego, por auto del 17 de mayo de 2023, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión por el término 10 días y se dispuso que, una vez vencido este lapso, correría el traslado independiente por 10 días al Ministerio Público para emitir concepto. Posteriormente, el proceso ingresó a despacho para sentencia.

  • 1. Alegatos de conclusión de segunda instancia

Parte demandante y demandada guardan silencio. Igualmente, el Ministerio Público no presenta concepto.

  • 1. Pruebas relevantes
  • Petición elevada en nombre del demandante el 27 de marzo de 2015, solicitando el reconocimiento y pago de derechos laborales (folios 25 a 41). - Resolución 8560 del 7 de julio de 2015 que resuelve la anterior petición (folios 42 a 44). - Resolución 4013 del 29 de abril de 2016 que liquida un mayor valor por cambio de factor básico hora, con anexo de liquidación (folios 45 a 47). - Recurso de apelación contra la Resolución 4013 de 2016 (folios 48 a 56). - Resolución 2613 del 29 de septiembre de 2016 que confirma la Resolución 4013 de 2016 (folios 57 a 60). - Oficio del 8 de noviembre de 2016, que da respuesta a petición del demandante con relación a certificado de salarios y prestaciones sociales desde 2011 e incluye comprobantes de pago (folio 63 y carpeta 02CD FL 65). - Historia laboral del demandante (carpeta 07CD FL 115).
  • Reporte de conceptos laborados por el actor por los años 2011 a 2017 (carpeta 08CD FL 154). - Información base para la liquidación de ajuste factor hora de la Resolución 4013 (folio 64 y carpeta 10CD FL 167). - Certificado de salarios y prestaciones sociales, expedido el 19 de noviembre de 2018 (folio 170). - Colillas de pago de actor desde el 1º de enero de 2011 hasta el 11 de noviembre de 2018 (folios 171 a 199).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Este tribunal es competente para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

  • 1. Problemas jurídicos

La Sala pasa a determinar si la decisión de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver los siguientes tres problemas jurídicos:

  • - 1. ¿Es procedente pronunciarse sobre la fórmula aplicada por el DISTRITO DE MEDELLÍN para calcular el valor hora, para que se fije sobre 190 horas al mes? 2. ¿Asiste derecho al señor CARLOS MARIO VÉLEZ MONTOYA a obtener la reliquidación o el reajuste de la liquidación realizada a través de los actos administrativos demandados? 3. ¿Existe el derecho para el demandante al reajuste de las cesantías y de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social?

A partir de ello, deberá establecer: ¿procede revocar o modificar la sentencia con ocasión del recurso presentado, o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?

  • 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas. La identificación de la causa es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas depende del problema jurídico del cual se trate:

  • - 1. La causa del primer problema jurídico

En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas depende del problema jurídico del cual se trate:

  • - 1. La causa del primer problema jurídico

Es de índole procesal y obedece a la diferente relevancia fáctica dada por las partes y el juzgado de primera instancia a la circunstancia de la no discusión en sede administrativa ni en la demanda de la fórmula aplicada por la demandada. El DISTRITO DE MEDELLÍN considera que no discutir la fórmula aplicada en sede administrativa ni con la demanda, son hechos jurídicamente relevantes que impiden un pronunciamiento judicial al respecto. Por el contrario, de la decisión del juzgado se desprende que tales hechos no son de relevancia jurídica y no impiden decidir sobre dicha materia.

  • - 1. La causa del segundo problema jurídico

La causa se genera por una diferente valoración probatoria porque el DISTRITO DE MEDELLÍN considera demostrado que la entidad liquidó de forma adecuada e integral los conceptos laborales reclamados. Por el contrario, el juzgado avaló la tesis de la parte actora en cuanto a que efectuó un cálculo aritmético inadecuado e inferior con el nuevo valor hora básico.

  • - 1. La causa del tercer problema jurídico.

La causa del tercer problema se deriva de la diferente connotación jurídica dada por las partes y el juez de primera instancia. Esto es así porque el juzgado encontró que los hechos y omisiones que rodearon la liquidación realizada por la entidad tienen la connotación jurídica de hacer procedente el reajuste de las cesantías y de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social; en contraposición a ello, la entidad no les da dicha connotación, por considerar improcedente la reliquidación y reajuste reclamados.

  • 1. Tesis de la Sala

En primer lugar, la Sala sostendrá que no es procedente pronunciarse sobre la fórmula para calcular el valor hora porque no es un aspecto que se desprenda de las pretensiones invocadas con la demanda.

En segundo lugar, argumentará que el DISTRITO DE MEDELLÍN incurrió en algunos errores al momento de liquidar, reajustar y pagar los conceptos laborales por virtud del cambio del valor hora; para ello, explicará cómo, sobre qué conceptos y periodos recaen tales falencias. Seguidamente y en tercer lugar, sostendrá que procede el reajuste de los aportes en salud y pensión, sobre las sumas verificadas en esta instancia; por el contrario, no accederá al reajuste de las cesantías debido al régimen al que pertenece el actor.

  • 1. Marco normativo y jurisprudencial

La discusión central del proceso radica en la manera en que la entidad liquidó los conceptos reclamados; entonces, para dar solución al litigio, es importante hacer referencia general a las normas y a la jurisprudencia existente frente a los conceptos laborales respecto de los cuales se dio el cómputo, reajuste y pago.

  • - 1. Régimen jurídico aplicable sobre jornada laboral de empleados públicos del nivel territorial.

La normativa que aplica para estos servidores públicos, en cuanto al régimen de administración de personal, está contenida en el Decreto 1042 de 1978, por ser el que gobierna el régimen normativo de los empleados públicos del orden territorial. Dicha aplicación se da por la extensión contenida en el artículo 2º de la Ley 27 de 1992 y es reconocida por el Consejo de Estado en el entendido de que la jornada de trabajo hace parte del régimen de administración de personal[[3]](#footnote-3):

De tiempo atrás, la Sección Segunda de esta corporación ha adoptado la tesis, según la cual, la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial está gobernada por el Decreto 1042 de 1978.

Al respecto, se ha señalado que, aunque dicho decreto es aplicable a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, sus efectos se extienden también a los del orden territorial por disposición del artículo 2 de la Ley 27 de 1992 y del artículo 87 de la Ley 443 de 1998.

Las aludidas normas hicieron extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan “el régimen de administración de personal” contenido no solamente en ellas, sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen.

Ahora, con respecto al concepto de “régimen de administración de personal” a que se refieren el artículo 2 de la Ley 27 de 1992 y el artículo 87 de la Ley 443 de 1998, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que el mismo comprende el concepto de “jornada de trabajo”.

(…)

En virtud de lo anterior se puede concluir que el Decreto 1042 de 1978 es la norma que rige la jornada de trabajo para los empleados públicos del orden territorial porque:

(i) El artículo 2 de la Ley 27 de 1992 y el artículo 87 de la Ley 443 de 1998 hicieron extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan “el régimen de administración de personal” contenido en ellas y en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen.

(ii) El concepto de “régimen de administración de personal” incluye el concepto de “jornada de trabajo” que reguló el Decreto 1042 de 1978 luego este se constituye en una adición del Decreto 2400 de 1968 y;

(iii) El artículo 3 de la Ley 6ª de 1945 solo es aplicable a los trabajadores oficiales.

Aunque el artículo 87 de la Ley 443 de 1998 fue derogado por la Ley 909 de 2004, esta última ley mantuvo lo relativo a la jornada laboral porque el numeral 2º del artículo 22 dispone: «En las plantas de personal de los diferentes organismos y entidades a las que se aplica la presente ley se determinará qué empleos corresponden a tiempo completo, a tiempo parcial y cuáles a medio tiempo, de acuerdo con la jornada laboral establecida en el Decreto-ley 1042 de 1978 o en el que lo modifique o sustituya.»(Negrillas ajenas al texto).

Precisamente, las disposiciones de la Ley 909 aplican para los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, distrito capital, distritos, municipios y sus entes descentralizados (lit. c), num. 1º, art. 3º). De esta manera y con base en el tipo de vinculación de quien demanda[[4]](#footnote-4), es clara la aplicación del Decreto 1042 de 1978.

Desde ahí se torna relevante que el citado decreto define lo que se entiende por jornada ordinaria de trabajo, la extraordinaria (horas extras o trabajo suplementario) y el trabajo ordinario u ocasional en días dominicales o festivos, así como la forma de remunerar los servicios prestados en cada uno de ellos. Sobre tales puntos se ahondará en los siguientes acápites.

  • - 1. Jornada ordinaria de trabajo para empleados públicos del nivel territorial.

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 la establece de la siguiente forma:

  • - 1. Jornada ordinaria de trabajo para empleados públicos del nivel territorial.

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 la establece de la siguiente forma:

ARTÍCULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras. (Resaltos de esta Sala)

De acuerdo con lo anterior, la jornada ordinaria de trabajo para los empleados del nivel territorial está establecida en periodos semanales y es de 44 horas; salvo la jornada especial que aplica para quienes laboran en actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia. Igualmente, dicha jornada implica el pago del salario ordinario pactado, sin que en principio comprenda la remuneración de recargos.

Esta jornada ordinaria laboral puede cumplirse en horario diurno y nocturno. El horario nocturno es el que va entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.

Ahora bien, cuando el trabajador cumple su jornada ordinaria, de manera habitual y permanente, en jornada nocturna, tiene derecho a un recargo del 35% sobre toda su asignación básica (art. 34, Decreto 1042 de 1978). Entre tanto, si el empleado cumple su jornada ordinaria, de manera habitual y permanente,en un horario que incluye horas diurnas y nocturnas, adquiere el derecho a que las horas nocturnas laboradas se remuneren con un recargo del 35%, o a que se compensen con periodos de descanso (art. 35, Decreto 1042 de 1978).

  • - 1. Horas extras.

Definida la jornada ordinaria, se consideran extras las horas prestadas en jornada distinta a la regular y que exceden la misma; por ello también se les denomina jornada extraordinaria o trabajo suplementario, justamente porque superan la máxima legal ordinaria.

Ellas están consagradas en los artículos 36 y 37 del citado Decreto 1042 de 1978 y se rigen por las siguientes condiciones:

  • El pago de horas extras o la concesión del descanso compensatorio debe ser autorizado por el jefe del respectivo organismo o por las personas a quienes se haya delegado tal atribución. - El trabajo suplementario debe ser autorizado previamente y mediante comunicación escrita. - El reconocimiento por el trabajo suplementario se hará por resolución motivada y se liquidará con un recargo del 25% sobre la asignación básica si se trata de horas extras diurnas, o del 75% igualmente sobre la asignación básica si se trata de horas extras nocturnas. - En ningún caso podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales (art. 13, Decreto 10 de 1989) y el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo. - 1. Trabajo en dominicales y festivos.

Frente al trabajo en días que corresponden a descanso obligatorio, los artículos 39 y 40 del Decreto 1042 de 1978 se encargan de su regulación, diferenciando los eventos en que dicho trabajo se realiza de manera habitual y permanente, de cuando se presta de manera ocasional.

Para este caso interesa lo referente al trabajo que se cumple ordinariamente en días dominicales y festivos, por cuanto es el supuesto de quien demanda (como se detallará en el caso concreto). Al respecto, el artículo 39 consagra:

ARTÍCULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos. (Negrillas fuera del texto legal).

Como se ve, cuando con ocasión de sus labores el trabajador deba cumplir su jornada laboral, de manera permanente, en días que corresponden a días de descanso, dicho servicio implica una remuneración especial consistente en[[5]](#footnote-5):

1. El doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, es decir: el 100% del trabajo realizado más un recargo del 100% sobre ese trabajo, lo que equivale al doble del valor (200%).

2. El disfrute de un día de descanso compensatorio (cuya remuneración se entiende involucrada en la asignación mensual).

3. El pago de un día compensatorio, a condición de que el día de descanso compensatorio no se hubiere concedido.

Importante es que esta remuneración es independiente del derecho a la remuneración habitual del día y se concede sin perjuicio de la remuneración ordinaria por laborar el mes completo (iv).

Para enfatizar en este último punto resulta útil la precisión presentada por el Consejo de Estado en sentencia del 22 de junio de 2023, donde sostuvo[[6]](#footnote-6):

En efecto, el tribunal en sus consideraciones hizo alusión a los cálculos realizados por su contadora, los cuales, como lo plantea el actor en su recurso, no verificaron la fórmula precisada anteriormente que ha sido esbozada de manera pacífica vía jurisprudencial, sino que consideró que en días festivos tanto diurnos como nocturnos, la alusión del doble del valor de la hora laborada que hacen los artículos 39 y 40 del Decreto 1042 de 1978, correspondía a aplicar un 100% y 135% adicional.

Acerca de este postulado, la Sala debe puntualizar que los porcentajes que deben observarse en cada fórmula respectivamente, son realmente un 200% y un 235%, pues las normas en mención claramente indican que el valor de estos recargos en días feriados y en atención a la jornad

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