TA ANT - Sentencia 05001333302020210000801-(30-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

[image]

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | REPARACIÓN DIRECTA | | DEMANDANTE | YILIMAN CANO PÉREZ Y OTROS[[1]](#footnote-1) | | DEMANDADO | LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO[[2]](#footnote-2) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC[[3]](#footnote-3). UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOSUSPEC[[4]](#footnote-4). | | RADICADO | 05001 33 33 020 2021 00008 01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS / DIGNIDAD HUMANA. DERECHO FUNDAMENTAL INALIENABLE | | DECISIÓN | MODIFICA SENTENCIA APELADA | | PROVIDENCIA | 073 | | LINK DEL EXPEDIENTE | EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 020 2021 00008 01 |

Decide esta Sala los recursos de apelación presentados por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 12 de noviembre de 2024.

1. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La parte actora pretende que se declaren a las entidades demandadas, administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados a los demandantes por el sometimiento de Yiliman Cano Pérez a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “Bellavista”, durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2015 y el 27 de febrero de 2019.

Como indemnización solicitan se condene a los siguientes pagos:

-Por concepto de perjuicios morales

Para los demandantes el equivalente a 250 SMLMV

-Por concepto la afectación a sus derechos constitucionales

Para Yiliman Cano Pérez el equivalente a 250 SMLMV

-Por concepto de afectación del derecho fundamental a la dignidad humana

Para los demandantes el equivalente a 100 SMLMV

• 1. Supuestos fácticos[[5]](#footnote-5)

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

Primero. El día 24 de diciembre de 2015, el señor Yiliman Cano Pérez, fue recibido en la cárcel del distrito judicial de Medellín, conocida como Bellavista, donde debía purgar la pena de prisión a órdenes del INPEC. El día 29 de febrero de 2019 recobró su libertad.

Segundo. Desde el día en el que Yiliman Cano Pérez ingresó a Bellavista, dicho centro de reclusión presentaba un alto grado de hacinamiento, lo que degeneró en múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, fruto del desconocimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Tercero. El señor Yiliman Cano Pérez, fue asignado al patio No. 4 de Bellavista, no obstante dicho pabellón carecía de espacio para albergarlo, por lo que fue abandonado a su suerte, pues hasta los pasillos estaban completamente colapsados careciendo por tanto de un espacio adecuado donde pudieran instalarse.

Cuarto. Al demandante se le privó de recibir cama, cobijas, sábanas y almohadas elementos indispensables para dormir dignamente. Tampoco se le entregaron elementos de aseo.

Quinto. El demandante no tuvo otra alternativa que "amontonarse" en un pasillo en el que también había un gran número de reclusos en las mismas condiciones, debiendo adquirir por su cuenta una pequeña colchoneta que le sirviera de “cambuche” para dormir en el suelo, habitando en medio de ratas, chinches cucarachas y otros animales. Para agravar la situación, la edificación presentaba filtraciones de agua, lo que imposibilitaba cualquier pretensión de descanso.

Sexto. Entre los años 2013 y 2016 el hacinamiento en Bellavista llegó a sus peores extremos, por lo que tuvo que turnarse por horas con los demás internos para dormir un poco.

Noveno. La situación anterior se vio agravada cuando el personal de guardia realizaba operaciones de requisas en el patio, en busca de elementos prohibidos.

Décimo. Las condiciones de reclusión le impidieron al demandante sostener relaciones sexuales, pues igualmente carecía de un sitio adecuado para tener intimidad con su pareja.

Décimo primero. El hacinamiento hizo que los reclusos construyeran en las celdas una especie de zarzos en madera para procurarse un sitio donde dormir. Construcciones que llevaron a cerrar las ventanas, lo que hizo que el aire permanezca cargado de humo de cigarrillo y marihuana, por lo que vivió constantemente en medio de malos olores.

Décimo segundo. Así mismo, los sanitarios estaban en mal estado lo que hizo que los olores nauseabundos se mezclaran con la humedad y la falta de ventilación, hasta producir un ambiente insoportable para cualquier ser humano.

Décimo tercero. Por mucho tiempo las duchas y sanitarios carecían de puertas y cortinas, por lo que el señor Yiliman debió hacer uso de ellos a vista de sus compañeros.

Décimo cuarto. Los alimentos que se ofrecían no fueron suministrados con la calidad y cantidad necesaria y en algunas ocasiones se entregaban en estado de descomposición, lo cual puso en riesgo la salud del demandante. Además en otras oportunidades, fue sometido a prolongados ayunos.

Décimo quinto. La cárcel carecía de espacios adecuados para aislar a las personas que padecían de enfermedades contagiosas. El demandante no contaba con programas de salud adecuados, siendo una persona enferma, por lo que conseguir una cita para atención médica siempre fue una odisea ante la deficiencia del personal médico y odontológico.

Décimo sexto. El señor Yiliman Cano Pérez, no contó con programas adecuados de deportes o recreación. Bajo tales condiciones de reclusión el señor Yiliman se convirtió en un simple objeto depositado en una cárcel a órdenes del INPEC.

Décimo séptimo. El trato inhumano generó un perjuicio moral en el demandante derivado de los padecimientos a los que se vio sometido.

Décimo octavo. La sobrepoblación carcelaria de Bellavista hizo que sus directivos impusieran un régimen de visitas, según el número de documento de identidad, lo que generó una reducción considerable del acercamiento familiar.

Décimo noveno. Las condiciones miserables de reclusión en la que se encuentran los internos de la cárcel de Bellavista son un hecho notorio, pues han sido divulgadas por diferentes medios de comunicación. Además de lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T 388 del 2013 en la que declaró el estado de cosas inconstitucionales en la cárcel de Bellavista.

• 1. Contestaciones. 1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC[[6]](#footnote-6)

En su contestación, el INPEC manifiesta su oposición total a las pretensiones del demandante, negando la existencia de un daño antijurídico y rechazando cualquier responsabilidad derivada de los hechos narrados en la demanda.

En su defensa, el INPEC sostiene que los perjuicios alegados por el demandante no configuran un daño indemnizable, pues constituyen consecuencias inherentes a la ejecución de una pena privativa de la libertad. Reitera que las condiciones de reclusión cumplen con los estándares mínimos de trato digno establecidos por las normas nacionales e internacionales, y que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales del interno. Asimismo, niega los hechos relativos a la supuesta falta de higiene, deficiencia en la alimentación, atención médica insuficiente y trato inhumano, argumentando que la institución ha implementado programas de aseo, atención sanitaria y alimentación balanceada conforme a la normativa vigente.

Finalmente, el INPEC plantea dos excepciones de fondo: la primera, por falta de legitimación en la causa por pasiva, alegando que las competencias sobre infraestructura, servicios y cupos carcelarios fueron trasladadas a la USPEC mediante el Decreto 4150 de 2011; y la segunda, por inexistencia del daño antijurídico, al no haberse probado un perjuicio concreto, cierto y personal imputable a la entidad.

Con base en lo anterior, solicita el rechazo de las pretensiones y respalda su defensa con diversas pruebas documentales, informes institucionales y solicitudes de testimonios de funcionarios que acreditan el cumplimiento de sus funciones dentro de los límites legales y operativos.

• - 1. NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho[[7]](#footnote-7)

En respuesta a la acción de referencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho señala que los hechos descritos en la demanda no le constan, pues el actor no identificó acciones u omisiones concretas atribuibles al Ministerio que permitan inferir una falla del servicio. En particular, califica de falso el hecho 43 de la demanda, al sostener que la entidad ha cumplido las funciones que le competen en materia penitenciaria y carcelaria, sin que exista evidencia de negligencia o desconocimiento de sus deberes.

Expone varios argumentos de fondo. En primer lugar, afirma que la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito penitenciario debe analizarse desde la política pública integral, la cual —según sostiene— no es deficiente sino que busca mitigar las limitaciones estructurales del sistema carcelario mediante acciones progresivas y coordinadas entre distintas entidades. En segundo término, destaca que su competencia es de carácter normativo y de coordinación, más no de ejecución directa de los servicios carcelarios, que corresponden al INPEC y a la USPEC.

Asimismo, plantea que no existe nexo causal entre su actuación y el daño alegado, invocando la teoría de la causalidad adecuada y la improcedencia de imputar responsabilidad por una falla relativa del servicio, derivada de limitaciones estructurales y no de omisiones deliberadas. Alega, además, que el principio de que nadie está obligado a lo imposible excluye cualquier responsabilidad frente a hechos que excedan su órbita funcional. Finalmente, sostiene que la parte actora no probó la ocurrencia concreta del daño, pues el hacinamiento carcelario, aunque notorio, no genera por sí mismo un derecho a indemnización, y el daño moral debe acreditarse de forma individual y específica.

• - 1. Unidad De Servicios Penitenciarios y CarcelariosUSPEC

Mediante auto del 22 de junio de 2022, el A quo requirió al apoderado judicial de la USPEC para que aportara el poder conferido que lo facultaba para actuar dentro del proceso. Para ello, se le concedió un término de cinco (5) días.

Vencido dicho plazo, la entidad no allegó el poder debidamente otorgado, incumpliendo con el requerimiento judicial. En consecuencia, mediante Auto del 1 de febrero de 2023, el Juzgado dispuso tener por no contestada la demanda en lo que respecta a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

• 1. Sentencia impugnada[[8]](#footnote-8).

Mediante sentencia proferida el 12 de noviembre de 2024, el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad de Medellín, concedió parcialmente las pretensiones de la parte actora.

En su análisis, el juez reconoció que el daño antijurídico estaba plenamente probado, toda vez que el demandante fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Bellavista entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, en patios con índices de hacinamiento superiores al 160%, en condiciones de insalubridad y precariedad extrema. Dicho contexto, corroborado con informes de la Procuraduría General de la Nación, demostró la existencia de una afectación grave y constante al bienestar físico y psicológico del actor. A partir de ello, el Juzgado concluyó que tales condiciones no constituyen una carga que el ciudadano esté obligado a soportar en virtud de una condena penal, sino una manifestación del Estado de Cosas Inconstitucional reconocido en el sistema penitenciario colombiano, lo cual configura un daño antijurídico imputable al Estado.

Por último, el despacho determinó que la responsabilidad recaía exclusivamente en el INPEC, en virtud de su deber legal de custodia y garantía de condiciones humanas de reclusión, conforme a la Ley 65 de 1993. En consecuencia, condenó a dicha entidad al pago de 38.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por concepto de perjuicios morales, calculados a razón de un SMLMV por cada mes de reclusión. A su vez, negó las pretensiones relacionadas con perjuicios morales para los hijos del demandante y con la indemnización por daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, al considerar que estas implicarían una doble compensación por la misma afectación y no contaban con prueba suficiente.

• 1. Recursos de apelación. 1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC[[9]](#footnote-9)

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por intermedio de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, argumentando errores en la valoración probatoria, indebida imputación de responsabilidad y ausencia de acreditación del daño antijurídico. En su criterio, el a quo desconoció la naturaleza y límites de las competencias institucionales del INPEC y efectuó una apreciación general y no individualizada de las pruebas allegadas al proceso.

En primer lugar, el INPEC sostiene que el juez de primera instancia incurrió en un error de hecho manifiesto en la valoración de la prueba, al basar la declaratoria de responsabilidad en el hacinamiento estructural del sistema penitenciario sin considerar las actuaciones concretas desplegadas por la entidad para garantizar los derechos del interno. Aduce que, si bien es cierto que existe sobrepoblación en el Establecimiento Penitenciario de Bellavista, esta circunstancia fue reconocida y enfrentada mediante diversas medidas administrativas y sanitarias. De igual forma, insiste en que se acreditó la prestación de los servicios esenciales de salud, alimentación, resocialización y asistencia espiritual, así como la adecuada clasificación del interno y el cumplimiento del tratamiento penitenciario.

Según la entidad, el juez omitió analizar los documentos que demuestran que el señor Cano Pérez recibió atención médica y psicológica, participó en actividades educativas y contó con acompañamiento institucional, circunstancias que descartan una afectación antijurídica individual.

El INPEC cuestiona la imputación jurídica del daño, señalando que el a quo desconoció la distribución normativa de competencias entre las entidades del sistema penitenciario. Precisa que las deficiencias estructurales en infraestructura y cupos carcelarios no son imputables al INPEC, sino a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), creada precisamente para atender la construcción, mantenimiento y dotación de los centros de reclusión, conforme al Decreto 204 de 2016.

Adicionalmente, sostiene que el daño antijurídico no fue debidamente acreditado, ya que no puede presumirse automáticamente a partir de la situación general de hacinamiento, pues las incomodidades propias de la privación de la libertad no configuran per se un daño indemnizable. Finalmente, solicita la revocatoria de la condena en costas, invocando el artículo 365, numeral 5, del Código General del Proceso, que faculta al juez para abstenerse de imponerlas cuando la demanda solo prospera parcialmente, como ocurrió en el caso objeto de apelación.

• - 1. Demandante[[10]](#footnote-10).

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación. Los fundamentos del recurso se estructuran en torno a tres ejes principales: (i) la indebida exoneración de responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), (ii) la negativa a reconocer la indemnización por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, y (iii) la improcedencia del rechazo de los perjuicios morales solicitados a favor de los hijos del demandante como víctimas indirectas.

En primer lugar, la apelante sostiene que el juez de primera instancia incurrió en un error de derecho y de hecho al declarar responsable únicamente al INPEC, cuando la responsabilidad debía ser solidaria entre las tres entidades demandadas. Argumenta que el Ministerio de Justicia y del Derecho, como formulador de la política criminal y penitenciaria del país, incurrió en omisiones graves al no adoptar medidas eficaces para superar la situación estructural de hacinamiento y deterioro carcelario, lo cual ha sido reiteradamente advertido por la Corte Constitucional.

Igualmente, aduce que la USPEC tiene funciones específicas en materia de infraestructura, dotación, alimentación y condiciones materiales de los centros penitenciarios, por lo que no puede ser exonerada de su responsabilidad.

En segundo término, la parte demandante reprocha la negativa a reconocer el daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, argumentando que el juez confundió esta categoría con el perjuicio moral, incurriendo en un error de subsunción jurídica.

Asimismo, considera improcedente la afirmación del A quo según la cual las medidas estructurales ordenadas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional resultan suficientes para reparar el daño individual, pues el señor Cano Pérez ya había recuperado su libertad en 2019, antes de la implementación de dichas medidas. Finalmente, en lo relativo a los perjuicios morales de los hijos del demandante, la apelación argumenta que la sentencia desconoció el precedente jurisprudencial obligatorio que permite presumir el dolor moral de los familiares más cercanos, dada la relación natural de afecto y solidaridad que los une.

• 1. Trámite en segunda instancia[[11]](#footnote-11).

Mediante auto del 27 de marzo de 2025, se admitieron los recursos de apelación instaurados por INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 12 de noviembre de 2024.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubieren decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesaria la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes. Pese a lo anterior, ninguna de las partes se pronunció.

• 1. Pruebas relevantes

1. Documentales - Oficio 502 EPMSC MED AYT del 27 de octubre de 2020, en donde se relacionan los implementos entregados a YILIMAN CANO PÉREZ[[12]](#footnote-12) - Informe técnico de calidad del agua potable, realizado el 26 de agosto de 2015 en Bellavista y orden se servicios de manejo integral de plagas realizado en el año 2015[[13]](#footnote-13). - Informe del primer trimestre de 2017 del programas ambientales adelantados en bellavista[[14]](#footnote-14) - Orden se servicios de manejo integrado de plagas del año 2016, Informe técnico de calidad del agua potable del 18 de abril de 2016, control de fumigación del 2 de junio de 2016[[15]](#footnote-15) - Fumigación realizada en el año 2017, reporte de resultados – análisis de microbiológicos de agua potable[[16]](#footnote-16) - Oficio del 16 de mayo de 2023, mediante el cual el municipio de Medellín informa sobre los programas adelantados en pro de la población reclusa al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellín “Bellavista”, durante los años 2015 hasta el 2019[[17]](#footnote-17).

• Oficio del 3 de mayo de 2023, elaborado por el Inder, a través del cual informa las actividades deportivas realizadas en Bellavista[[18]](#footnote-18). - Informe técnico de Bellavista con fecha del 27 de octubre de 2021[[19]](#footnote-19), mediante el cual informa que las condiciones adecuadas de atención, tratamiento penitenciario y servicios brindados al interno durante su reclusión. Señala además que el establecimiento ofrece programas de educación, trabajo, deporte y cultura para la resocialización, en los cuales participó el demandante. Destaca además la prestación continua del servicio médico, la adecuada alimentación supervisada por nutricionistas, y las labores de aseo y mantenimiento ejecutadas bajo el Plan Integral de Gestión Ambiental (PIGA). Finalmente, el INPEC afirma que el recluso contó con un sistema regular de visitas y acceso a trámites jurídicos, concluyendo que siempre se garantizó un tratamiento digno y conforme a la normativa penitenciaria.

• Contratos de obra de interventoría No. 67 del 12 de julio de 2013[[20]](#footnote-20), 066 del 12 de julio de 2013[[21]](#footnote-21), 101 del 29 de agosto de 2013[[22]](#footnote-22), 112 de 2015[[23]](#footnote-23), 128 de 2015[[24]](#footnote-24), 137 de 2015[[25]](#footnote-25), 203 del 28 de julio de 2015[[26]](#footnote-26), 206 del 31 de julio de 2015[[27]](#footnote-27), 299 del 10 de noviembre de 2014[[28]](#footnote-28), 343 del 23 de diciembre de 2015[[29]](#footnote-29), 372 del 23 de diciembre de 2014[[30]](#footnote-30), 00035 del 16 de marzo de 2017[[31]](#footnote-31), 331 del 27 de diciembre de 2016[[32]](#footnote-32), 363 de 2015[[33]](#footnote-33), 216144 del 29 de noviembre de 2016[[34]](#footnote-34),

• Directiva No. 003 del 2 de septiembre de 2014 que tiene por asunto “Directrices en materia de sostenimiento de establecimientos penitenciarios y carcelarios, para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad”[[35]](#footnote-35) - Oficio 2020EE0162590 mediante el cual la Directora del Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, entre otras cosas, informa que el señor Yiliman Cano Pérez ingresó el 24 de diciembre de 2015 y su baja fue el 27 de febrero de 2019. Señala además que permaneció en el patio 4 del 24 de diciembre de 2015 al 3 de mayo de 2018 y en el patio 16 del 4 de mayo de 2018 al 27 de febrero de 2019[[36]](#footnote-36).

Indica que la cantidad promedio de privados de la libertad que ha albergado el pabellón 4 entre el 24 de diciembre de 2015 al 3 de mayo de 2018 era un aproximado de 1221 internos, con un hacinamiento del 223% y la cantidad promedio de privados de la libertad que ha albergado el pabellón 16 entre 16 del 4 de mayo de 2018 al 27 de febrero de 2019 era un aproximado de 426 interinos, con un hacinamiento del 163%.

• Acta de asignación y ubicación de patios[[37]](#footnote-37). - Oficio 10302 del 4 de diciembre de 2017, en el que el Inder da respuesta a exhorto No. 2574[[38]](#footnote-38). - Oficio del 30 de junio de 2017, en el que la subdirectora de atención en salud del INPEC informa sobre el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria 2016-2017[[39]](#footnote-39).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 6º del artículo 155 ibídem.

• 1. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar cómo problema jurídico uno ¿Si la decisión que tomó el Juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, al declarar al INPEC como única entidad responsable del daño ocasionado al demandante, derivado del hacinamiento y los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas sufrido por el señor YILIMAN CANO PÉREZ?

Se deberá establecer como problema jurídico dos: si ¿Es procedente la negativa al reconocimiento daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos y el perjuicio moral para los hijos de la víctima directa?

Además, se deberá establecer como problema jurídico tres: si ¿Es procedente la condena en costas procesales al INPEC?

• 1. Causa del problema

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante para la resolución del litigio como la formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa del problema jurídico uno se circunscribe a la diferente valoración probatoria, por cuanto, para la parte actora y el INPEC son tres las entidades responsables de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del hacinamiento carcelario sufrido por YILIMAN CANO PÉREZ, mientras que para el juez de primera instancia, la unidad entidad responsable del daño causado es el INPEC.

En relación con el problema jurídico dos, que tiene que ver con el reconocimiento o no de los perjuicios solicitados, encuentra la Sala que la causa que da origen al problema jurídico se circunscribe a la diferente valoración probatoria, dado que la parte demandante considera que en el expediente se evidencian todas las pruebas requeridas para el reconociendo de lo pedido, mientras que el juez de primera instancia, considera que estas no fueron debidamente probados en el proceso.

Respecto al problema jurídico tres, relacionado con la condena en costas, encuentra la Sala que la causa se da por la diferente relevancia que dan las partes a la conducta procesal de la parte vencida, toda vez que resultando claro que la normatividad que regula la condena en costas en materia contencioso administrativa, contenida en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 que remite a las normas de procedimiento civil, se difiere en la relevancia que dan sobre la conducta procesal de la parte vencida, por cuanto para el a quo es irrelevante la conducta procesal de la parte vencida; mientras que para la demandada si es relevante para determinar la procedencia de la condena en costas tomar en cuenta la conducta asumida por la parte vencida.

• 1. Cuestión previa

El artículo 18 de la ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que obliga a los jueces a dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en el que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de Sentencia anticipada de prelación legal.

Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos a solicitud del agente del ministerio público por su importancia jurídica y trascendencia social.

Atendiendo entonces a la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos dentro de los cuales existe línea jurisprudencial claramente definida por parte del Consejo de Estado, se procederá a emitir la sentencia correspondiente modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

• 1. Del hacinamiento carcelario

Como resultado de la gran cantidad de sentencias penales que ordenan la privación de la libertad, ha surgido un problema de hacinamiento carcelario en Colombia. Esto se traduce en la falta de suficientes espacios en las cárceles, lo que a su vez conlleva a condiciones de vida dentro de los centros de reclusión que son cada vez menos respetuosas de la dignidad humana y otros derechos fundamentales. Además, la infraestructura carcelaria existente no cumple con los estándares mínimos de calidad de vida y convivencia para los reclusos.

La problemática del hacinamiento carcelario en Colombia ha sido objeto de atención por parte de la Corte Constitucional, como se evidencia en la Sentencia de Tutela No. T-153 de 1998. En este fallo, la Corte examinó las condiciones en las que se encontraban alojados los internos de las cárceles Modelo de Bogotá y Bellavista en Medellín, con el fin de determinar si dichas condiciones constituían una violación de sus derechos fundamentales.

Tras analizar la situación de hacinamiento, se llevó a cabo una evaluación más amplia de la sobrepoblación carcelaria en el país. Esta evaluación condujo a la declaración de un estado de cosas inconstitucional, argumentando que la sobrepoblación carcelaria contradecía los objetivos del sistema penitenciario, los cuales buscan la resocialización de los infractores de la ley penal. Se enfatizó que, a pesar del vínculo de sujeción con el Estado que limita algunos derechos de los reclusos, se debe garantizar su derecho a la vida, la integridad, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, la salud y el debido proceso.

Posteriormente, en Sentencia de Tutela No. T – 388 de 2013, la Corte Constitucional determinó que las autoridades demandadas vulneraban los derechos fundamentales de los internos, incluyendo la dignidad humana, la vida, la salud y la resocialización, debido a las graves condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios. La Corte enfatizó la responsabilidad de los establecimientos de reclusión en adoptar medidas para asegurar la resocialización de los internos marginados y excluidos socialmente, independientemente de su situación legal. Se calificó el hacinamiento como un problema urgente que requería solución inmediata, y se señaló que el sistema penitenciario se encontraba en un estado de cosas inconstitucional debido a fallas estructurales en la política criminal, lo que generaba demanda de cupos para la privación de la libertad y condiciones inaceptables para los reclusos.

En Sentencia de Tutela No. T – 762 de 2015, la Corporación analizó de manera general la desproporción entre las entradas y salidas de personas privadas de la libertad a los centros de reclusión; la construcción de cupos carcelarios y penitenciarios que no respetan estándares mínimos de dignidad humana; y la forma de inversión de los recursos, hasta el momento utilizada, para contrarrestar la sobrepoblación carcelaria en el país.

En sentencia, sobre el derecho a tener condiciones dignas de detención, la citada corporación en sentencia, T SU 122 de 2022, señaló lo siguiente:

91. La Corte Constitucional ha indicado que la dignidad humana equivale al merecimiento de las personas de un trato acorde con su condición humana. La Corte ha aclarado que constituye un principio fu