TA ANT - Sentencia 05001333302220220015501-(28-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

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SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | MARÍA DE LOURDES ASIPUELA ALAJO | | DEMANDADO | NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) | | RADICADO | 05001 33 33 022 2022 00155 01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | RÉGIMEN PENSIONAL PARA PERSONAL DOCENTE VINCULADO CON ANTERIORIDAD A LA LEY 812 DE 2003 | | DECISIÓN | CONFIRMA | | PROVIDENCIA | 57 |

Esta Sala decide el recurso de apelación presentado por la entidad demandada en contra de la sentencia expedida el 8 de marzo de 2024 por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

La señora MARÍA DE LOURDES ASIPUELA ALAJO formula demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG).

• 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado el 15 de febrero de 2022 frente a la petición del 15 de octubre de 2021.

Como restablecimiento del derecho, se depreca condenar a la entidad a reconocer y pagar a la demandante una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, es decir, a partir del 15 de febrero de 2016 y sin exigir el retiro definitivo del cargo para su cancelación.

Además, se pide el cumplimiento de la sentencia como lo disponen los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que las sumas adeudadas se ajusten con motivo de la disminución del poder adquisitivo y que se condene a la demandada: a los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago, a la inclusión en nómina de pensionados desde el momento de la consolidación del derecho y a las costas del proceso como lo dispone el artículo 188 del CPACA.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora plantea como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

La demandante nació el 15 de febrero de 1961 y laboró como docente al servicio del Departamento de Antioquia desde 1998 hasta 2001; luego, se vinculó a la docencia oficial en propiedad, en el mismo departamento, a partir del 14 de septiembre de 2004 y permanecía vinculada a la fecha de presentación de la demanda.

La actora realizó aportes al liquidado Instituto de Seguro Social (ISS) por un total de 281,29 semanas.

A través del acto demandado se negó a la demandante la pensión de jubilación por aportes.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La actora realizó aportes al liquidado Instituto de Seguro Social (ISS) por un total de 281,29 semanas.

A través del acto demandado se negó a la demandante la pensión de jubilación por aportes.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invoca como disposiciones violadas y normativa fundamento de su petición las siguientes:

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En los hechos de la demanda señala que la demandante tiene un total de 7.402 días, por lo que tiene derecho a la pensión de jubilación en compatibilidad con el salario de docente.

Alega que la entidad negó la prestación exigiendo 1.300 semanas cotizadas; sin embargo, solo son exigibles 1.000 semanas y la edad de 55 años.

Defiende que la actora posee más de 1.000 semanas, más de 55 años y realizó aportes antes del «23 de junio de 2003», lo que le otorga el derecho a la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, en compatibilidad con el salario.

En el concepto de violación aduce que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 permite a los funcionarios públicos, como es la accionante, acreditar 20 años de aportes en cualquier tiempo, en el ISS y en el sector público.

Apunta que, de conformidad con la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados después de 1990 se regirán por las disposiciones legales de los servidores públicos del orden nacional; por tanto, es posible acudir a la Ley 71 de 1988.

Refiere que con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 quedó fijado que, a los docentes vinculados con anterioridad al 2003, se les aplican las normas anteriores a la Ley 812, es decir, la Ley 71 de 1988 cuando se trata de docentes con aportes al sector privado.

Defiende que no es admisible que, a pesar de la claridad en cuanto a la vinculación antes del «23 de junio de 2003», la administración desconozca el derecho.

Concluye que el acto demandado vulnera las disposiciones legales en que debería fundarse y, por lo tanto, se debe declarar su nulidad y acceder a las pretensiones.

• 1. Contestación de la demanda[[1]](#footnote-1)

La apoderada del FOMAG se opone a las pretensiones argumentando que la normativa aplicable al caso está en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por remisión de la Ley 812 de 2003 porque la demandante ingresó con posterioridad a la vigencia de la Ley 812.

Asevera que la vinculación de la actora se dio con la Resolución 1638 del 8 de septiembre de 2004 y a partir del 14 de septiembre de 2004, por lo que se debe tener en cuenta esta fecha para estudiar la prestación pensional que pretende, más aún cuando las vinculaciones precedentes son órdenes de prestación de servicio.

Indica que para los docentes vinculados antes de la Ley 812, el régimen es el de las disposiciones vigentes con anterioridad; entre tanto, para los vinculados desde su vigencia, el régimen es el de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que se mantiene en 57 años.

Alega que la aplicación de la Ley 71 de 1988 atenta contra los principios de proporcionalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional porque no existe una correspondencia entre los aportes y la prestación económica solicitada.

Defiende que la parte actora pretende el reconocimiento de la pensión con contratos u órdenes de servicio, de manera que se debe considerar que el reconocimiento de tiempo de servicio o el reconocimiento de un contrato realidad no otorga la calidad de empleado público. Seguidamente, enfatiza en que la docente no cumple con el requisito de vinculación al servicio oficial docente antes de la vigencia de la Ley 812.

Concluye que la demandante no reúne las semanas mínimas y pide negar las pretensiones elevadas.

• 1. Sentencia impugnada

El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, a través de sentencia expedida el 8 de marzo de 2024, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y condenó en costas a la entidad, fijando como agencias en derecho la suma de $1.300.000.

Como restablecimiento del derecho, condenó al FOMAG a reconocer y pagar una pensión de jubilación a la demandante, desde el 15 de febrero de 2016 y de conformidad con la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, en un monto equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el año anterior de adquisición del estatus pensional, siempre y cuando estén enlistados en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

Autorizó el descuento de las sumas que se hubieren cancelado junto con el valor de los aportes y dispuso que los efectos fiscales iniciarían a partir del 15 de octubre de 2018 por prescripción de las mesadas causadas con anterioridad.

Como fundamentos de la decisión sostuvo que para la aplicación del régimen pensional de la Ley 71 de 1988 es indispensable acreditar una vinculación al servicio público educativo antes del 27 de junio de 2003, es decir, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Acotó que en este caso ello está demostrado porque la demandante se vinculó por primera vez el 1º de mayo de 1998 como docente de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. En consecuencia, dijo, es procedente el estudio de la prestación bajo la Ley 71 de 1988.

Advirtió que no es obstáculo que la demandante haya tenido solución de continuidad en la prestación del servicio docente y que hubiere reingresado al servicio en 2004 ya que la exigencia del artículo 81 de la Ley 812 es haber tenido vinculación anterior y no requiere mantenerse vinculado.

Encontró que la actora cumplió las condiciones de la Ley 71 de 1988 para acceder a la prestación porque reúne 20 años, 6 meses y 27 días de aportes; además, llegó a 55 años el 15 de febrero de 2016, fecha para la cual ya tenía sufragadas las semanas necesarias.

En cuanto a las costas, indicó que de acuerdo con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2011, junto con el artículo 365 del Código General del Proceso, se deberá condenar en costas a la parte vencida en el proceso en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

• 1. Recurso de apelación[[2]](#footnote-2)

La apoderada del FOMAG recurre la sentencia argumentando que la norma aplicable es la Ley 100 de 1993 debido a la fecha de vinculación de la demandante.

Indica que, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma están amparados por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Alega que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 sí es aplicable a los docentes, siempre que reúna los requisitos exigidos por la norma.

Advierte que el juzgado no tuvo en cuenta que la docente se afilió al FOMAG desde 2004; asimismo, omitió lo señalado en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, del 25 de abril de 2019, que determina las normas aplicables para los docentes vinculados desde la Ley 812.

Así las cosas, pide revocar la sentencia porque el acto acusado no está viciado de causal de nulidad, se emitió de acuerdo con la ley y el contexto fáctico de la docente, y no se reúnen los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

Finalmente, depreca «se absuelva a mi representada de la condena en costas y la agencias en derecho.»

• 1. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 1º de octubre de 2024, en aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021. Posteriormente, el proceso ingresó a despacho para sentencia.

• 1. Alegatos de conclusión de segunda instancia

Parte demandante y demandada guardan silencio. Igualmente, el Ministerio Público no presenta concepto.

• 1. Pruebas relevantes

1. Documental - Cédula de extranjería de la demandante (página 32, documento 03DemandaAnexos.pdf). - Reporte de semanas cotizadas en pensión por la actora a la Administradora Colombiana de Pensiones (páginas 33 a 43, documento precitado). - Certificados de historia laboral de la actora (páginas 44 a 49, documento precitado). - Certificado de salarios de la demandante (páginas 50 a 52, documento precitado). - Solicitud pensional elevada en nombre de la actora el 15 de octubre de 2021 (páginas 53 a 58, documento precitado).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Este tribunal es competente para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• 1. Problema jurídico

La Sala pasa a determinar si la decisión de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿la señora MARÍA DE LOURDES ASIPUELA ALAJO tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación bajo los presupuestos y condiciones de la Ley 71 de 1988?

A partir de ello, deberá establecer: ¿hay lugar a revocar o modificar la sentencia en los términos del recurso presentado, o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas. La identificación de la causa es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, la causa de las diferencias presentadas se circunscribe a una antinomia normativa. Es así porque, aunque hay acuerdo en que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determina las condiciones prestacionales de los docentes, el juzgado encontró que, con base en tal norma, se deben aplicar las condiciones y los presupuestos de la Ley 71 de 1988. Por el contrario, el FOMAG defiende que, de acuerdo con la misma norma, se debe aplicar la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

• 1. Tesis de la Sala

La Sala sostendrá que el régimen prestacional aplicable al actor es el contenido en la Ley 71 de 1988; ello, debido a su vinculación al servicio educativo anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 y porque acumuló aportes en el sector público y privado.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Régimen pensional aplicable al personal docente oficial e Ingreso Base de Liquidación (IBL) pensional.

• 1. Marco normativo y jurisprudencial 1. Régimen pensional aplicable al personal docente oficial e Ingreso Base de Liquidación (IBL) pensional.

La normativa que regula las prestaciones sociales del personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no establece un régimen especial en materia pensional, pues las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993 y el Decreto 2277 de 1979 no fijaron condiciones ni requisitos especiales para acceder al derecho[[3]](#footnote-3).

En contraposición a ello, la Ley 91 de 1989 ratificó como aplicable el régimen pensional consagrado en la Ley 33 de 1985, como norma general que regula el asunto para los empleados del sector público nacional, incluyendo a los docentes oficiales[[4]](#footnote-4). Asimismo, la Ley 812 de 2003 indica que los docentes tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo cual se remite una vez más a un régimen general.

Teniendo en cuenta que el régimen pensional de los docentes está previsto en normas de aplicación general, lo siguiente es definir cuáles son las aplicables para resolver sobre el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y/o vejez para el personal docente afiliado al FOMAG. Siguiendo el análisis hecho por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019[[5]](#footnote-5), esa determinación depende de la fecha de ingreso o vinculación al servicio público educativo.

En efecto, el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone:

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

A partir de esta norma, uno es el régimen pensional de los docentes afiliados al FOMAG cuya vinculación se produjo antes de la vigencia de la Ley 812, es decir, antes del 27 de junio de 2003[[6]](#footnote-6); y otro es el aplicable para quienes se vincularon desde la entrada en vigencia de la Ley 812.

Del régimen pensional aplicable dependerá el IBL de la pensión, como pasa a explicarse de manera separada.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y señaló sus competencias en cuanto al pago y reconocimiento de prestaciones sociales compartidas con las entidades territoriales, dependiendo de la calidad del personal, según clasificación hecha en su artículo 1º. Este artículo indica:

ARTÍCULO 1º. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. (Negrillas fuera del texto original).

Por su parte, el artículo 15 de la misma ley preceptúa:

ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. (Negrillas de la Sala)

En este sentido, conforme a la Ley 91 de 1989[[7]](#footnote-7), se hacen las siguientes precisiones:

1. Como expresa el numeral 1° del artículo 15, los docentes «nacionalizados» que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, respecto a prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen que venía aplicándose en la respectiva entidad territorial, esto es, la Ley 33 de 1985.

2. Respecto a los docentes «nacionales» vinculados a partir del 1º de enero de 1990 y para los mismos efectos, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

No obstante, la Ley 33 de 1985 derogó el Decreto 3135 de 1968; con ello, también desaparecieron los efectos jurídicos del decreto reglamentario 1848 de 1969.

1. Finalmente, para los docentes «nacionales y nacionalizados» vinculados a partir del 1° de enero de 1981 y para todos los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, se reconocerá una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año y gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, esto es, la Ley 33 de 1985.

Es así como la mencionada Ley 33 de 1985 es la aplicable como régimen general que opera, en materia de reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación, para los empleados oficiales de todos los niveles que no se encontraran exceptuados, incluidos los docentes[[8]](#footnote-8).

Adicionalmente existe otro régimen aplicable para los docentes cuando tengan cotizaciones al ISS y a otra administradora de pensiones. Ese régimen es el de la Ley 71 de 1988 que opera para la generalidad de empleados públicos de carácter oficial; colectivo del que hace parte el gremio docente.

Sobre esto último se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 3 de julio de 2026[[9]](#footnote-9) donde recordó las conclusiones de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y, seguidamente, discurrió como se cita en extenso por su pertinencia:

56.1 Para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, quienes, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985. En ese escenario, el ingreso base de liquidación se determina únicamente con los factores sobre los cuales se hayan efectuado aportes, conforme al artículo 1° de la Ley 62 de 1985, de manera que no es posible incluir factores distintos a los allí enlistados.

(…)

61. Sentado lo anterior, resulta necesario examinar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia pensional docente: en la práctica, no son pocos los educadores que han prestado servicios tanto en el sector público como en el privado, acumulando aportes en distintos regímenes.

62. De ahí surge el interrogante, pues, aun cuando los docentes están exceptuados del régimen general por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y cuentan con un régimen propio en la Ley 91 de 1989, se discutió si podían acceder a la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

63. Esta discusión adquiere particular relevancia respecto de docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, en la medida en que la Ley 71 de 1988 puede resultar más favorable que la Ley 33 de 1985 cuando no se alcanza el tiempo exigido exclusivamente en el sector público, pero sí se completa el requisito al sumar aportes efectuados en distintos sectores.

64. En efecto, la Ley 71 de 1988 (art. 7) prevé, para la pensión por aportes, los siguientes requisitos: (i) 55 años si es mujer y 60 años si es varón; (ii) 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión del sector público y el ISS (hoy Colpensiones); y (iii) una tasa de reemplazo del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

(…)

70. En línea con lo anterior, se puede destacar que esta Subsección, en providencia del 30 de enero de 2025, expuso razones por las cuales la Ley 71 de 1988 se considera aplicable a docentes, entre ellas: la intención legislativa vinculada a la Ley 91 de 1989; el carácter general de la Ley 71 de 1988, respecto de servidores públicos; su condición de normativa de “derechos mínimos” en materia pensional; la inexistencia de un mandato legal que exija ejercer toda la vida laboral en docencia pública para acceder a beneficios pensionales; y que la excepción prevista en la Ley 33 de 1985 no impide que otra norma posterior, como la Ley 71 de 1988, gobierne aspectos pensionales en los términos de la remisión normativa aplicable.

71. Con todo, se precisó que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no sustituye ni elimina la posibilidad de pensionarse bajo la Ley 33 de 1985, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003; antes, constituye una alternativa adicional, potencialmente favorable para quienes acumulan tiempos en el sector público y privado.

72. Se concluyó entonces que, para docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, la Ley 71 de 1988 opera como parte del régimen vigente del sector público nacional al que remite la Ley 91 de 1989, permitiendo una modalidad que exige 55/60 años y 20 años de aportes acumulables; y, en cualquier caso, la pensión se liquida con el 75% del promedio base de aportes del último año.

En conclusión, según la circunstancia fáctica podrá aplicarse la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988 para los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003. En todo caso, sea uno u otro, deberán considerarse los límites que existen para el cálculo del IBL.

Si se trata de la Ley 33 de 1985, el artículo 1º consagra el derecho a una pensión vitalicia de jubilación bajo las siguientes condiciones y características:

ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

PARÁGRAFO 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley. (Negrillas y subrayas intencionales)

En consecuencia, tendrá derecho a una pensión de jubilación el empleado docente que cumpla 20 años de servicio a la educación oficial y que llegue a la edad de 55 años, tanto para hombres como para mujeres. Esta pensión tendrá una tasa de reemplazo equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año[[10]](#footnote-10).

Ahora, en lo que tiene que ver con los factores salariales a incluir en el IBL de la pensión, la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 definió el asunto y unificó jurisprudencia fijando la siguiente regla:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. (Negrillas del texto original).

Por consiguiente, los factores salariales a incluir, en el IBL de la pensión reconocida con base en la Ley 33 de 1985, solo pueden ser los delimitados por el artículo 3º de citada ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que son los mismos sobre los cuales la Nación debe efectuar los correspondientes aportes

Ahora bien, la Ley 71 de 1988 fija las condiciones pensionales en su artículo 7 así:

ARTÍCULO 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. (Se destaca)

Así las cosas, la pensión de esta norma exige 20 años de aportes y la edad de 55 años para la mujer o 60 para el hombre. En cuanto a la tasa de reemplazo es del 75%.

Por último, el IBL corresponde al promedio de los aportes del último año de servicio por expresa disposición del Decreto 2709 de 1994 que reglamentó el artículo 7º de al Ley 71 de 1988.

• - - 1. Régimen pensional para docentes vinculados desde la vigencia de la Ley 812 de 2003.

El Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que el régimen pensional de los docentes vinculados desde que la Ley 812 entró en vigencia es el mismo del régimen de prima media, es d