TA ANT - Sentencia 05001333303120200024501-(30-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

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SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | REPARACIÓN DIRECTA | | DEMANDANTE | YADILTHON FABIÁN CASTAÑEDA ROJAS[[1]](#footnote-1) | | DEMANDADO | LA NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO[[2]](#footnote-2) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC[[3]](#footnote-3). UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOSUSPEC[[4]](#footnote-4). | | RADICADO | 05001-33-33-031-2020-00245-01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS / DIGNIDAD HUMANA. DERECHO FUNDAMENTAL INALIENABLE | | DECISIÓN | MODIFICA SENTENCIA APELADA | | PROVIDENCIA | 72 | | LINK DEL EXPEDIENTE | EXPEDIENTE HÍBRIDO 031 2020 00245 01 |

Decide esta Sala los recursos de apelación presentados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec, contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 21 de agosto de 2024, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La parte actora pretende que se declaren a las entidades demandadas, administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados a los demandantes por el sometimiento del señor Yadilthon Fabián Castañeda Rojas a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “Bellavista”, durante el periodo comprendido entre el 22 de abril de 2015 y hasta la actualidad.

Como indemnización solicitan se condene a los siguientes pagos:

-Por concepto la afectación a sus derechos constitucionales

Para Yadilthon Fabián Castañeda Rojas el equivalente a 200 SMLMV

-Por concepto de perjuicios morales

Para Yadilthon Fabián Castañeda Rojas el equivalente a 200 SMLMV

• 1. Supuestos fácticos

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

Primero. El día 22 de abril de 2015, el señor Yadilthon Fabián Castañeda Rojas, fue recibido en la cárcel del distrito judicial de Medellín, conocida como Bellavista, donde debía purgar la pena de prisión a órdenes del INPEC.

Segundo. Desde el día en el que Yadilthon Fabián ingresó a Bellavista, dicho centro de reclusión presentaba un alto grado de hacinamiento, lo que degeneró en múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, fruto del desconocimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Tercero. El señor Yadilthon Fabián, fue asignado al patio No. 8 de Bellavista, no obstante dicho pabellón carecía de espacio para albergarlo, por lo que fue abandonado a su suerte, pues hasta los pasillos estaban completamente colapsados careciendo por tanto de un espacio adecuado donde pudieran instalarse.

Cuarto. Al demandante se le privó de recibir cama, cobijas, sábanas y almohadas elementos indispensables para dormir dignamente. Tampoco se le entregaron elementos de aseo.

Quinto. El demandante no tuvo otra alternativa que "amontonarse" en un pasillo en el que también había un gran número de reclusos en las mismas condiciones, debiendo adquirir por su cuenta una pequeña colchoneta que le sirviera de “cambuche” para dormir en el suelo, habitando en medio de ratas, chinches cucarachas y otros animales. Para agravar la situación, la edificación presentaba filtraciones de agua, lo que imposibilita cualquier pretensión de descanso.

Sexto. Entre los años 2013 y 2016 el hacinamiento en Bellavista llegó a sus peores extremos, por lo que tuvo que turnarse por horas con los demás internos para dormir un poco.

Noveno. La situación anterior se vio agravada cuando el personal de guardia realizaba operaciones de requisas en el patio, en busca de elementos prohibidos.

Décimo. Las condiciones de reclusión le impidieron al demandante sostener relaciones sexuales, pues igualmente carecía de un sitio adecuado para tener intimidad con su pareja.

Décimo primero. El hacinamiento hizo que los reclusos construyeran en las celdas una especie de zarzos en madera para procurarse un sitio donde dormir. Construcciones que llevaron a cerrar las ventanas, lo que hizo que el aire permanezca cargado de humo de cigarrillo y marihuana, por lo que vivió constantemente en medio de malos olores.

Décimo segundo. Así mismo, los sanitarios estaban en mal estado lo que hizo que los olores nauseabundos se mezclaran con la humedad y la falta de ventilación, hasta producir un ambiente insoportable para cualquier ser humano.

Décimo tercero. Por mucho tiempo las duchas y sanitarios carecían de puertas y cortinas, por lo que el señor Yadilthon Fabián debió hacer uso de ellos a vista de sus compañeros.

Décimo cuarto. Los alimentos que se ofrecían no fueron suministrados con la calidad y cantidad necesaria y en algunas ocasiones se entregaban en estado de descomposición, lo cual puso en riesgo la salud del demandante. Además, en otras oportunidades, fue sometido a prolongados ayunos.

Décimo quinto. La cárcel carecía de espacios adecuados para aislar a las personas que padecían de enfermedades contagiosas. El demandante no contaba con programas de salud adecuados, siendo una persona enferma, por lo que conseguir una cita para atención médica siempre fue una odisea ante la deficiencia del personal médico y odontológico.

Décimo sexto. El señor Yadilthon Fabián Castañeda Rojas, no contó con programas adecuados de deportes o recreación. Bajo tales condiciones de reclusión el señor Yadilthon Fabián se convirtió en un simple objeto depositado en una cárcel a órdenes del INPEC.

Décimo séptimo. El trato inhumano generó un perjuicio moral en el demandante derivado de los padecimientos a los que se vio sometido.

Décimo octavo. La sobrepoblación carcelaria de Bellavista hizo que sus directivos impusieran un régimen de visitas, según el número de documento de identidad, lo que generó una reducción considerable del acercamiento familiar.

Décimo noveno. Las condiciones miserables de reclusión en la que se encuentran los internos de la cárcel de Bellavista son un hecho notorio, pues han sido divulgadas por diferentes medios de comunicación. Además de lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T 388 del 2013 en la que declaró el estado de cosas inconstitucionales en la cárcel de Bellavista.

• 1. Contestaciones. 1. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC[[5]](#footnote-5)

• 1. Contestaciones. 1. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC[[5]](#footnote-5)

En su contestación, la USPEC negó los hechos expuestos por el demandante, argumentando que ha tomado medidas para mejorar la calidad de vida en el establecimiento penitenciario "Bellavista".

Asimismo, explicó que la USPEC, fue creada mediante el Decreto 4150 de 2011, es una unidad administrativa especial encargada de la gestión de bienes y servicios para la población carcelaria, mientras que el INPEC se ocupa de la vigilancia y custodia. Destacó que no presta directamente el servicio de salud, sino que administra recursos a través del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (FNS-PPL).

Finalmente, argumentó la inexistencia de daño antijurídico, la improcedencia de imputabilidad y la ausencia de nexo causal, sosteniendo que su rol es meramente administrativo, logístico y contractual, sin responsabilidad directa en los hechos alegados.

Propuso como excepciones la incongruencia de la reclamación de perjuicios por "daño moral", la falta de legitimidad en la causa por pasiva y la caducidad del medio de control.

• - 1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC[[6]](#footnote-6)

En su contestación, el INPEC se opuso a todas las pretensiones del demandante, argumentando que no se ha generado ningún daño atribuible al Estado.

Negó la existencia de "actos de lesa humanidad", afirmando que no se configuran delitos de esa naturaleza según la legislación colombiana. Además, sostuvo que el trato a los reclusos se ajusta a las directrices vigentes y que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, en especial la dignidad humana.

Sobre la sobrepoblación, reconoció su existencia, pero argumentó que no hay evidencia de que esto haya generado fallas en el servicio o violaciones a derechos humanos. También explicó que el sistema de visitas se organiza por el número de cédula del visitante. Finalmente, rechazó la afirmación de que las condiciones de reclusión sean miserables, asegurando que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín cuenta con los servicios necesarios para los internos.

Presenta como excepciones la indebida representación y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

• - 1. NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho[[7]](#footnote-7)

En respuesta a la acción de la referencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho se opone a las pretensiones del demandante, argumentando que no se han demostrado fallas en el servicio que puedan ser imputadas a la entidad.

Aborda el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario, detallando las medidas adoptadas en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional y presenta un diagnóstico de los establecimientos de reclusión, con especial énfasis en las condiciones en los EPMSC de Medellín (Bellavista), Riohacha y Tumaco.

Se manifiesta sobre el Plan Integral de Resocialización, donde se reportan los avances en los programas y actividades implementados por el INPEC para mejorar la reinserción de los internos. Asimismo, detalla el proceso de contratación de servicios de salud para la población privada de la libertad (PPL), señalando que la selección de proveedores fue declarada desierta y explicando las medidas adoptadas para garantizar la atención médica de los reclusos.

Además, informa sobre las brigadas jurídicas implementadas para descongestionar los establecimientos penitenciarios, la creación de una mesa nacional de prevención contra la tortura, y el desarrollo de una cartilla sobre estándares mínimos en derechos humanos dentro del análisis de política criminal.

Finalmente, describe diversas actividades de resocialización, incluyendo programas culturales y la participación de entidades religiosas, como parte de las estrategias para mejorar la calidad de vida y la reintegración de la población carcelaria.

• 1. Sentencia impugnada[[8]](#footnote-8).

Mediante sentencia proferida el 21 de agosto de 2024, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Oralidad de Medellín, concedió parcialmente las pretensiones de la parte actora.

Argumentó su posición señalando que comprobó la existencia de hacinamiento en la EPMSC Medellín (Bellavista) durante el periodo de reclusión de Yadilthon Fabián Castañeda Rojas. Consideró que el hacinamiento y sus consecuencias vulneraron los derechos del demandante y que la falta de medidas adecuadas para mitigar esta situación era imputable a las entidades encargadas de la gestión penitenciaria.

Identificó una falla en el servicio por parte del Estado, aduciendo para ello que las condiciones inhumanas a las que fue sometido el demandante evidenciaban un incumplimiento en el deber de garantizar condiciones dignas de reclusión.

Además, determinó la vulneración de derechos fundamentales de Castañeda Rojas, al considerar que el hacinamiento atentó contra su dignidad humana y otros derechos protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

Finalmente, analizó las obligaciones legales de las entidades demandadas en cuanto a la población reclusa y concluyó que el Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC incumplieron su deber de garantizar condiciones adecuadas en los centros de reclusión.

• 1. Recursos de apelación. 1. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios[[9]](#footnote-9)

Al no estar de acuerdo con lo ordenado por el juez de primera instancia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios presentó escrito de apelación señalando la ausencia de una relación de sujeción con el demandante y la falta de una falla en el servicio que justifique su responsabilidad. Sostiene que no tenía un vínculo directo con Castañeda Rojas y que cumplió con sus funciones dentro del marco legal que la regula.

Asimismo, señala que no existe cohesión entre los elementos de la responsabilidad, pues no se ha demostrado un daño que pueda ser imputado a la entidad ni un deber jurídico de reparación. En línea con esto, argumenta que los daños alegados no han sido debidamente acreditados, por lo que no se puede comprometer la responsabilidad del Estado.

Sostiene que sus gestiones administrativas, logísticas y contractuales han sido regulares y eficientes, sin que haya pruebas de irregularidades o incumplimientos que justifiquen su vinculación al caso.

Además, recalca que no ostenta una posición de garante ni una relación de especial sujeción respecto de la población privada de la libertad. Sus funciones son de carácter administrativo y logístico, lo que la exime de ser considerada responsable de las condiciones de reclusión del demandante. En este sentido, insiste en su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues su actuación no contribuyó al daño reclamado y, por el contrario, cumplió con sus obligaciones legales y contractuales.

Por último, cuestiona la reclamación por daño moral, indicando que no se ha demostrado ni aportado pruebas que lo acrediten. Además, sostiene que los perjuicios morales en casos de reparación directa están limitados a situaciones específicas como muerte, privación injusta de la libertad y lesiones personales, escenarios que, según su perspectiva, no se configuran en este caso.

• - 1. NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho[[10]](#footnote-10)

El Ministerio de Justicia y del Derecho interpone un recurso de apelación contra la sentencia antes citada, señalando que el despacho judicial no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión presentados por la entidad, en la sentencia no se especificó adecuadamente el régimen de responsabilidad bajo el cual se evaluó el caso y que la misma contradice el precedente del Consejo de Estado, que en casos similares ha negado las pretensiones de los demandantes.

En relación con el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en el sistema penitenciario y carcelario, argumenta que la Corte Constitucional ha establecido un plan de acción hasta el 2028 (Sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU 122 de 2022), por lo que considera que no corresponde a los jueces de instancia ordenar medidas individuales y concretas, dado que el Gobierno aún está dentro del plazo para implementar soluciones estructurales.

También invoca el principio de "nadie está obligado a lo imposible", aduciendo que no se pueden imponer al Estado cargas que excedan su capacidad operativa y presupuestaria en un momento dado. La crisis del sistema penitenciario, según el Ministerio, es una problemática estructural que se está abordando progresivamente.

Sostiene que es evidente la falta de demostración de un daño antijurídico y discriminatorio y que las condiciones alegadas por el demandante son similares a las que enfrentan otras personas privadas de la libertad, máxime cuando no se ha probado que exista un trato discriminatorio o una falla del servicio que haga procedente la indemnización.

Reconoce que el hacinamiento es un problema estructural identificado por la Corte Constitucional, pero enfatiza que el plan de superación del ECI está en curso. En este sentido, incluso si se considerara acreditado el daño, el Estado no podría ser condenado mientras se implementan las medidas ordenadas por la Corte.

En cuanto a la carga de la prueba, el Ministerio invoca el artículo 167 del Código General del Proceso, que exige que cada parte pruebe los hechos que fundamentan sus pretensiones. Argumenta que el demandante no acreditó suficientemente las circunstancias fácticas que sustentan su reclamo, lo que impide comprometer la responsabilidad del Estado.

Respecto a los daños morales, sostiene que la presunción de daño moral no aplica en casos de hacinamiento. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha presunción solo es válida en situaciones como muerte, lesiones personales graves y privación injusta de la libertad, pero no por las condiciones generales de reclusión.

Finalmente, el Ministerio enfatiza que cualquier análisis sobre responsabilidad patrimonial del Estado debe considerar el contenido y diseño de la política pública y no solo sus efectos actuales. Argumenta que el sistema penitenciario colombiano está en desarrollo y evolución, con medidas progresivas para mitigar el hacinamiento y mejorar las condiciones carcelarias. En este sentido, los informes presentados ante la Corte Constitucional por el Ministerio, el INPEC y la USPEC evidencian un esfuerzo continuo por implementar soluciones efectivas.

• 1. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto del 3 de marzo de 2025, se admitieron los recursos de apelación instaurados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 21 de agosto de 2024.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubieren decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesaria la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes. Pese a lo anterior, ninguna de las partes se pronunció.

• 1. Pruebas relevantes

1. Documentales - Informe de procurador penal[[11]](#footnote-11). Carpeta contentiva de escrito del 3 de marzo de 2014, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación presentó acción preventiva en la Cárcel Bellavista[[12]](#footnote-12), soportes e informe del Procurador[[13]](#footnote-13). - Petición e informes Procuraduría[[14]](#footnote-14). Carpeta que contiene archivos denominados derecho de petición de la procuraduría, el sistema de prisiones colombiano y los DDHH en las PPL en riesgo, Informe procuraduría, La PGN alerta frente al derechos a la salud de las PPL, pantallazo procuraduría y Política preventiva de la PGN de los DD.HH de las PPL. - Petición en informe defensoría[[15]](#footnote-15). Carpeta que contiene los documentos denominados: 2011 situación penitenciaria y carcelaria en establecimientos de Medellín, agua potable en los establecimientos de reclusión en Colombia, análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia, derecho de petición defensoría, informe con fotos año 2014 de bellavista, informe defensoría de bellavista año 2014, informe sobre ejecución decreto 1141 de 2009 misión internacional DD.HH y situación carcelaria, misión internacional derechos humanos y situación carcelaria, pantallazo defensoría, prestación de servicios de salud en centros carcelarios, recibido defensoría, situación penitenciaria y carcelaria en establecimientos de Medellín 2011, visita y fotos defensoría año 2016 a bellavista, visitas defensoría a bellavista año 2016

• Petición e informes grupo de Investigación Jurídica UPB[[16]](#footnote-16). Carpeta que contiene los documentos denominados de la siguiente forma: ANEXOS respuesta al derecho de petición, Derecho de Petición grupo investigación, RESPUESTA INPEC Derecho de Petición y RESPUESTA MINJUSTICIA Derecho de Petición. - Petición e informes Personería[[17]](#footnote-17). Carpeta que contiene los documentos denominados de la siguiente forma: 2009, pág. 26. La situación de DD. HH en los establecimientos carcelarios, 2010, pág. 26. Situación DD. HH establecimiento penitenciario y reclusión de mujeres, 2010, pág. 37. Los DD. HH en la Cárcel Bellavista y Reclusión de Mujeres, 2011, págs. 48, 49 y 50. Entre rejas, dignidad humana de los reclusos, 2011, págs. 49 y 50. Derechos en déficit, 2012, pág. 93 DD. HH de las PPL, 2013, pág. 164. DD. HH de las PPL, 2014, pág. 203. DD. HH de las PPL, 2015, pág. 225. DD. HH de las PPL, 2016, pág. 124. Situación de los DD. HH, 2017, pág. 11. POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, 2017, parte 2, Derecho de Petición Personería, Página web informes Personería, Pantallazo Personería, Recibido Personería, Respuesta Personería. - Fotos de las instalaciones de Bellavista[[18]](#footnote-18).

• Prueba trasladada del Juzgado sexto[[19]](#footnote-19). - Copia de sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el 4 de marzo de 2013[[20]](#footnote-20). - Copia de aclaración de sentencia del Tribunal Superior de Medellín, con fecha del 28 de junio de 2013[[21]](#footnote-21). - Copia de acta No. 25 del 14 de agosto de 2013, elaborado por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral[[22]](#footnote-22). - Documentos relacionados con otros internos[[23]](#footnote-23). - Plan ocupacional de TEE, regional Noroeste[[24]](#footnote-24). - Solicitud de medidas urgentes de Pico y placa[[25]](#footnote-25). - Acta de audiencia pública celebrada el 4 de marzo de 2013, ante el Tribunal Superior de Medellín[[26]](#footnote-26). - Copia de informe de actualidad establecimiento penitenciario de Mediana seguridad y carcelario Bellavista[[27]](#footnote-27). - Anexo memorial petición respuesta Inpec[[28]](#footnote-28). Carpeta que contiene los documentos denominados de la siguiente forma: Acta patio 8, entrega kits de aseo, colchoneta, sabana y demás Yadilthon Fabián Castañeda Rojas, respuesta solicitud de información, petición Yadilthon Fabián Castañeda Rojas, respuesta a solicitud de información. - Tres contratos de suministros celebrados entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y Fabio Boblado Barreto[[29]](#footnote-29) y sus anexos[[30]](#footnote-30)

• Contratos de obra e ingeniería de Bellavista[[31]](#footnote-31). - Cartilla biográfica y documentos relacionados directamente con Yadilthon Fabián Castañeda Rojas[[32]](#footnote-32). - Videos de Bellavista[[33]](#footnote-33) - Prueba trasladada del Juzgado Sexto Administrativo de Medellín, contentivo de la audiencia de pruebas celebrada dentro del Proceso con radicado 05001 33 33 006 2018 00255 00, en la que rindieron testimonio los señores Juan Pablo Gómez Villarraga y Alberto Enrique Serna Rengifo[[34]](#footnote-34). - Prueba trasladada del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, con el fin de que remita copia de la audiencia de pruebas celebrada dentro del Proceso con radicado 05001 33 33 026 2017 00389 00, en la que rindieron testimonio los señores Juan Henry Buyucue Penagos, Juan pablo Gómez Villarraga, Alberto Enrique Serna Rengifo, Juan Pablo Blanco Torres, Ariel Guzmán Zambrano y Robert Acuña Lizcano[[35]](#footnote-35). - Oficio del 29 de abril de 2022, mediante el cual el Inder informa sobre las actividades deportivas realizadas en Bellavista[[36]](#footnote-36). - Oficio del 12 de mayo de 2022, elaborado por el Municipio de Medellín, con el que informan sobre los programas adelantados en pro de la población reclusa de Bellavista, personal contratado para apoyar los procesos misionales y si se han destinado recursos para la infraestructura de equipos para Bellavista[[37]](#footnote-37)

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 6º del artículo 155 ibídem.

• 1. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar cómo problema jurídico ¿Si la decisión que tomó el Juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, al declarar solidaria, administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el daño ocasionado al demandante, derivado del hacinamiento y por los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas sufridas por el señor Yadilthon Fabián Castañeda Rojas?

Previo a ello la Sala deberá pronunciarse sobre la existencia o no de la caducidad de la acción.

• 1. Causa del problema

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante para la resolución del litigio como la formulación del problema jurídico.

• 1. Causa del problema

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante para la resolución del litigio como la formulación del problema jurídico.

En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la razón por la cual las partes difieren en la solución al problema jurídico se origina por la diferente valoración probatoria, por cuanto, para la parte actora las circunstancias que dieron origen a los daños antijurídicos sufridos por los demandantes, está probado que, configuran la responsabilidad extracontractual del Estado de que trata el artículo 90 de la Constitución Política, siendo por tanto procedente la reparación de los perjuicios debido a los tratos inhumanos padecidos durante el tiempo de reclusión en Bellavista; mientras que para las entidades demandadas no está probada tal configuración, y por el contrario, sostienen que no se evidencia prueba que demuestre el daño.

• 1. Cuestión previa

El artículo 18 de la ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que obliga a los jueces a dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en el que hayan pasado los expedientes al Despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de Sentencia anticipada de prelación legal.

Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos a solicitud del agente del ministerio público por su importancia jurídica y trascendencia social.

Atendiendo entonces a la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos dentro de los cuales existe línea jurisprudencial claramente definida por parte del Consejo de Estado, se procederá a emitir la sentencia correspondiente modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

• 1. Sobre la caducidad de la acción

Toda demanda interpuesta ante la jurisdicción contencioso administrativa debe dirigirse al funcionario judicial competente, cumplir los presupuestos procesales y contener los requisitos de que tratan los artículos 161 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, entre los que se encuentra la oportunidad para la presentación de la demanda, así:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;

b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;

d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;

e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria;

f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

1. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;

(…)” (Negrillas fuera del texto original)

La presentación oportuna, se constituye así en un presupuesto procesal cuyo cumplimiento es necesario para dar inicio al proceso jurisdiccional y cuyo incumplimiento genera la consecuencia negativa de la caducidad.

Doctrinariamente se ha considerado, en cuanto al fenómeno jurídico de la caducidad, que obedece a la necesidad del Estado de imprimirle estabilidad a las situaciones jurídicas, acabando con la duda de que sus actos u omisiones puedan ser cuestionadas indefinidamente. También se ha sostenido que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser ejercido, para darle así firmeza a las situaciones jurídicas.

La doctrina nacional ha señalado que la caducidad se configura “(…) cuando la ley ha señalado un término para su ejercicio y de la relación de los hechos de la demanda o de sus anexos resulta que está ya