TA ANT - Sentencia 05001333303220200019701-(28-09-2026)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

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SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

| | | | --- | --- | | MEDIO DE CONTROL | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL | | DEMANDANTE | DALILA CECILIA VÉLEZ CANO | | DEMANDADO | PENSIONES DE ANTIOQUIA | | RADICADO | 05001 33 33 032 2020 00197 01 | | INSTANCIA | SEGUNDA | | PROCEDENCIA | JUZGADO TREINTA Y DOS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN | | ASUNTO | PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE DE EMPLEADO PÚBLICO EN 1991. VIABILIDAD DE APLICAR EL DECRETO 758 DE 1990 | | DECISIÓN | CONFIRMA | | PROVIDENCIA | 58 |

Esta Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte actora en contra de la sentencia expedida el 31 de mayo de 2022 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1. Medio de control

La señora DALILA CECILIA VÉLEZ CANO formula demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra PENSIONES DE ANTIOQUIA.

• 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad de la Resolución 2020000275 del 27 de marzo de 2020.

• 1. Pretensiones

Se pretende la nulidad de la Resolución 2020000275 del 27 de marzo de 2020.

Como restablecimiento del derecho, se solicita condenar a PENSIONES DE ANTIOQUIA a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante desde el 31 de diciembre de 1991, con los reajustes anuales de ley y las demás mesadas que se causen. Igualmente, al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente se pide el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), condenar «extra y ultrapetita» a la entidad y al pago de costas y agencias en derecho.

• 1. Supuestos fácticos

La parte actora plantea como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

La demandante contrajo matrimonio con el señor Javier Albeiro Pineda Bermúdez el 2 de diciembre de 1991[[1]](#footnote-1); ambos tuvieron una hija, quien es mayor de edad para la fecha de presentación de la demanda y sin discapacidad alguna.

El causante falleció el 31 de diciembre de 1991 y, para ese momento, laboraba como empleado público para el Departamento de Antioquia en calidad de operario en la Fábrica de Licores de Antioquia. Tuvo esa calidad desde el 12 de julio de 1990 hasta su deceso.

El causante estuvo afiliado a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) desde el 30 de diciembre de 1985 hasta el 12 de diciembre de 1988.

La demandante solicitó ante COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; esta petición fue trasladada por competencia a PENSIONES DE ANTIOQUIA.

La entidad demandada negó el reconocimiento prestacional a través de la resolución enjuiciada.

Los cónyuges no adelantaron divorcio ni liquidación de sociedad conyugal.

• 1. Normas violadas y concepto de violación

En los hechos de la demanda, la parte demandante aduce que los cónyuges convivían desde antes de contraer nupcias y así estuvieron de manera ininterrumpida porque conformaban una familia. Asegura que la relación se rigió por el afecto, auxilio mutuo, apoyo económico y acompañamiento espiritual.

Considera que PENSIONES DE ANTIOQUIA omitió, en el acto demandado, pronunciarse con base en el Decreto 758 de 1990 ya que el causante reunía «la densidad de más de 150 semanas dentro de los últimos 6 años anteriores al deceso.» Alega que esta norma debe aplicarse por favorabilidad.

En el concepto de violación manifiesta que, teniendo en cuenta la fecha de deceso del causante y su condición de empleado público, la norma reguladora del caso es la Ley 12 de 1975 junto con la Ley 33 de 1985 que exigen la densidad de 20 años de servicio.

Agrega que, no obstante, el Decreto 758 de 1990 también estaba vigente para la fecha de fallecimiento, contempla el régimen general de los particulares y exige «la densidad de 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del deceso, o 300 semanas al 1 de abril de 1994.»

Considera que de una sencilla comparación entre las dos normas (Ley 33 de 1985 y Decreto 758 de 1990) se puede observar una discriminación o diferenciación entre los requisitos regulatorios de la misma prestación, donde la Ley 33 de 1985 exige un tiempo superior.

Relaciona pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para concluir que el régimen especial de los funcionarios públicos atenta contra los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política porque contempla un tratamiento discriminatorio en comparación con el régimen del Decreto 758 de 1990.

Alega que el causante dejó causados los requisitos para que sus beneficiarios accedan a la prestación económica deprecada; igualmente, la demandante llena los presupuestos formales y materiales para acceder a la pensión de sobrevivientes; por último, la actora no está dentro de ninguna de las causales de pérdida o extinción del derecho a la pensión.

Concluye que el acto administrativo desconoce el vínculo matrimonial que unía a los esposos, el cual estaba incólume desde su matrimonio hasta el fallecimiento del afiliado.

• 1. Contestación de la demanda[[2]](#footnote-2)

El apoderado de PENSIONES DE ANTIOQUIA se opone a las pretensiones de la demanda. Argumenta que la entidad no tiene la obligación de reconocer una pensión de sobrevivientes que legalmente no se causó y menos con base en el Decreto 758 de 1990 que solo aplica a los afiliados al Instituto de Seguro Social (ISS), hoy COLPENSIONES.

Agrega que el causante no alcanzó a ser beneficiario del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 porque este entró en vigencia el 30 de junio de 1995 para las entidades del orden territorial y el fallecimiento ocurrió el 31 de diciembre de 1991.

Opone cobro de lo no debido, prescripción trienal y buena fe de la entidad.

• 1. Sentencia impugnada

El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, a través de sentencia expedida el 31 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.

Como fundamentos de la decisión sostuvo que el Decreto 758 de 1990 consagra los requisitos para acceder a las pensiones de invalidez y de vejez; por tanto, la parte actora no puede pretender que su caso se resuelve aplicando un requisito previsto para una prestación distinta a la pensión de sobrevivencia.

Advirtió que a la actora no le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes con base en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 porque para la fecha de fallecimiento del causante las leyes vigentes en materia pensional eran las Leyes 33 de 1985 y 12 de 1975 que exigían un tiempo de 20 años que servicio y el causante acreditó 223 semanas.

Enfatizó en que la Ley 100 no es aplicable porque ello iría en contravía con el principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

• 1. Recurso de apelación[[3]](#footnote-3)

Enfatizó en que la Ley 100 no es aplicable porque ello iría en contravía con el principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.

• 1. Recurso de apelación[[3]](#footnote-3)

El apoderado de la demandante considera que el juzgado cometió un error de interpretación sobre los artículos 25 y 6º del Decreto 758 de 1990. Plantea que tales normas indican que para acceder a la prestación económica de sobrevivencia se deben reunir los requisitos contemplados para adquirir la pensión de invalidez.

Estima que el juzgado desconoce que el Consejo de Estado ha sostenido que el Decreto 758 de 1990 será aplicable bajo condición de que exista una afiliación al ISS para la fecha del fallecimiento. Por ello, dice, no se pretenden principios tales como la condición más beneficiosa, retroactividad ni retrospectividad sino la aplicación de la norma vigente para la fecha del deceso.

Alega que está demostrado que el señor Javier Albeiro Pineda Bermúdez falleció el 31 de diciembre de 1991 y que, para ese momento, tenía 223 semanas cotizadas; de ellas, más de 150 fueron cotizadas dentro de los últimos 6 años anteriores al deceso.

Asevera que la norma aplicable es el Decreto 758 de 1990 por «el principio de favorabilidad» y «por cuanto ostentó vinculación con el ISS desde el 1985/1988.» Defiende que el causante ostentaba una vinculación al ISS anterior al 30 de junio de 1995.

Cita la sentencia T-522 de 2020 para sostener que para la aplicación del Decreto 758 de 1990 basta con estar afiliado a algún régimen pensional; por lo tanto, es factible aplicarlo a las personas que no contaban con cotizaciones al ISS antes de la Ley 100, pero sí estaban vinculadas a algún régimen pensional. Con todo, insiste en que en este caso sí existe afiliación al ISS.

Se refiere al principio de favorabilidad y destaca la sentencia SU-769 de 2014 que permite acumular tiempos de servicio para pensionarse conforme al Decreto 758 de 1990, ya sea por vía de las 500 o 1.000 semanas. Dicha postura, afirma, se hace extensiva a las prensiones de invalidez y de sobrevivientes.

A continuación, transcribe los fundamentos de la demanda que ya fueron resumidos en la presente sentencia; específicamente, el resumen se hizo en el acápite «1.4. Normas violadas y concepto de violación».

Para terminar, alude al concepto de convivencia y defiende que esta existió entre la demandante y el causante porque conservaron vínculos afectivos, de apoyo económico y de acompañamiento espiritual; adicionalmente, nunca existió separación de cuerpos. Todo esto, señala, es ratificado con la prueba testimonial del proceso.

Con fundamento en lo anterior considera que la resolución demandada debe declararse nula; asimismo, señala que con el recurso se pretende que no se continúen sacrificando derechos sustanciales mediante una salida que responda a los principios de igualdad, equidad y justicia material.

• 1. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 1º de marzo de 2023, en aplicación del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 con las modificaciones de la Ley 2080 de 2021. Posteriormente, el proceso ingresó a despacho para sentencia.

• 1. Alegatos de conclusión de segunda instancia

Parte demandante y demandada guardan silencio. Igualmente, el Ministerio Público no presenta concepto.

• 1. Pruebas relevantes

1. Documental - Resolución 2020000275 del 27 de marzo de 2020 con la que PENSIONES DE ANTIOQUIA niega una pensión de sobrevivientes a la demandante (páginas 33 a 36, documento 02DemandaAnexos.pdf). - Registro civil de matrimonio entre la actora y el señor Javier Albeiro Pineda Bermúdez (páginas 41 a 43, documento precitado). - Resolución SUB 217775 del 16 de agosto de 2018, mediante la cual COLPENSIONES declara su falta de competencia y remite el expediente a PENSIONES DE ANTIOQUIA (páginas 42 a 45, documento 08ContestaciónExcFolio5.pdf). - Registro civil de defunción del causante (páginas 48 y 49, último documento citado).

• Certificados de información laboral, salario base y salarios mes a mes del causante (páginas 60 a 64, último documento citado). - Certificado de tiempo de servicio del causante al Departamento de Antioquia (páginas 65 y 66, último documento citado). - Certificación electrónica de tiempos laborados por el causante al Departamento de Antioquia (documentos 17AportaCetil.pdf y 18AportaCetil.pdf). - 1. Testimonial - Declaración extraprocesal de las señoras Gloria Amparo Acevedo Quiroz y Aracely del Socorro Vélez Ochoa (página 49, documento 02DemandaAnexos.pdf).

• En este proceso se recibió la declaración de Magnolia Vélez Ochoa, Neftalí de Jesús Vélez y Luz Marina Quiceno (documentos 19AudioAudienciaPruebas.mp4 y 20ActaAudienciaPruebas.pdf).

1. CONSIDERACIONES 1. De la competencia

Este tribunal es competente para conocer en segunda instancia el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• 1. Problema jurídico

La Sala pasa a determinar si la decisión de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá resolver: ¿la señora DALILA CECILIA VÉLEZ CANO tiene derecho a la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite del señor Javier Albeiro Pineda Bermúdez?

A partir de ello, deberá establecer: ¿hay lugar a revocar la sentencia en los términos del recurso presentado, modificarla o confirmarla con fundamento en lo señalado por el juzgado?

• 1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico se plantean tesis opuestas. La identificación de la causa es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

En esta instancia la causa de las diferencias obedece a una antinomia normativa porque la demanda se sustenta en un régimen pensional mientras que la negativa del juzgado se cimenta en otro. En concreto, la tesis de la parte actora se sustenta en la aplicación del Decreto 758 de 1990; con base en él, estima procedente el reconocimiento pensional a favor de la demandante. Por el contrario, el juzgado considera aplicables las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985; de ahí, concluye la improcedencia del reconocimiento pensional.

• 1. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la sentencia con fundamento en que el régimen prestacional aplicable está contenido en las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985 y la demandante no cumple los presupuestos exigidos por ellas. Asimismo, argumentará que el Decreto 758 de 1990 no es aplicable porque la última vinculación del causante fue como empleado público y sus aportes al ISS fueron anteriores a la vigencia del decreto en comento.

• 1. Marco normativo

Toda vez que la controversia jurídica orbita sobre la norma aplicable para resolver la solicitud prestacional, conviene referir las previsiones normativas en tensión. Particularmente, las vigentes para la fecha de fallecimiento del causante (31 de diciembre de 1991[[4]](#footnote-4)) y la reclamada con la demanda.

• - 1. Pensión de sobrevivientes en Ley 12 de 1975

El artículo 1º de la Ley 12 de 1975[[5]](#footnote-5) consagra el beneficio prestacional a favor de los beneficiarios de un empleado público así:

ARTÍCULO 1º. El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas. (Negrillas fuera del texto original)

Según el texto normativo, para adquirir el derecho deberá acreditarse: (i) la condición de beneficiario del reclamante y (ii) que el causante fallezca antes de cumplir la edad cronológica y tenga reunido el tiempo de servicio para la pensión.

Con relación al tiempo necesario, se tiene que antes de la Ley 33 de 1985 los requisitos para la pensión de los empleados públicos estaban en el Decreto 3135 de 1968[[6]](#footnote-6). El artículo 27 de este cuerpo normativo fijó la exigencia de 20 años de servicio oficial, continuos o discontinuos:

ARTÍCULO 27. Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente.

PARÁGRAFO 1. (…)

El antedicho requerimiento mínimo temporal lo reprodujo el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968.

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, que derogó el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, los requisitos de acceso a la pensión de jubilación se modificaron; no obstante, se mantuvo la necesidad de acumular 20 años de servicio por parte del empleado oficial:

ARTÍCULO 1.El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

PARÁGRAFO 1º.(…)

En conclusión, de acuerdo con estos preceptos, el derecho prestacional de quien se repute beneficiario está condicionado a la acreditación de los 20 años de servicio ya mencionados por parte del causante.

• - 1. Pensión de sobrevivientes en el Decreto 758 de 1990

A través del Decreto 758 de 1990 se aprobó el Acuerdo 049 de 1990, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. Este decreto rige a partir del 18 de abril de 1990[[7]](#footnote-7) y determinó los siguientes requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes:

ARTÍCULO 25. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMÚN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.

Como acaba de citarse, la pensión de sobrevivencia ante la muerte de quien no estaba pensionado queda condicionada a las cotizaciones exigidas para la pensión de invalidez. Según el artículo 6º del mismo Decreto 758, tales cotizaciones son:

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.

Ahora bien, el artículo 27 del Decreto 758 de 1990 enlista a los beneficiarios pensionales de la siguiente forma, en lo de interés para este proceso:

ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMÚN. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derechos habientes:

1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera permanente del asegurado.

Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente:

a) Por muerte real o presunta;

b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;

c) Por divorcio del matrimonio civil y,

d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.

(…)

Finalmente, el artículo 28 del decreto en cita prevé la cuantía de la pensión de sobrevivientes.

1. CASO CONCRETO

Para resolver la controversia que se trasladó a esta instancia, conviene empezar por mencionar que la pensión perseguida se reclama frente al señor Javier Albeiro Pineda Bermúdez.

De acuerdo con el contenido de la Resolución SUB 217775 del 16 de agosto de 2018 de COLPENSIONES[[8]](#footnote-8) y el certificado de tiempo de servicio de la Gobernación de Antioquia[[9]](#footnote-9), el causante laboró como trabajador particular para Servicios Laborales S.A. y como empleado para el Departamento de Antioquia. A continuación, se relacionan cronológicamente los periodos laborados:

• Servicios Laborales: - Del 30 de diciembre de 1985 al 29 de diciembre de 1986. - Del 13 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1987. - Del 26 de enero de 1988 al 14 de diciembre de 1988. - Departamento de Antioquia: - Del 12 de julio de 1990 al 31 de diciembre de 1991.

Durante el tiempo laborado al servicio del ente territorial, el trabajador tuvo la calidad de empleado público del orden departamental, tal como consta en el certificado de tiempo laborado y en los certificados visibles en las páginas 60 a 64 del documento 08ContestaciónExcFolio5.pdf.

Se destaca que los mencionados tiempos laborales son los únicos acreditados al plenario; por lo tanto, son los relevantes para establecer el régimen prestacional aplicable al caso.

Planteado lo anterior se aborda la tensión jurídica existente entre las normas posibles. Frente a ese conflicto, la Sala se decanta por la Ley 12 de 1975 en concordancia con la Ley 33 de 1985; así, desata la antinomia normativa en correspondencia con la decisión del juzgado de primera instancia.

Los argumentos de la tesis que orienta esta sentencia consisten, en primer lugar, en que el último tiempo laborado por el causante le otorgó la calidad de empleado público; por tanto, sus beneficiarios están cubiertos por las normas que regulan las prestaciones para esa condición. En segundo lugar, la normativa que pide la parte actora aplica a los trabajadores afiliados o con aportes al ISS; sin embargo, los aportes hechos por el causante fueron anteriores a la vigencia del Decreto 758 de 1990. Ambas afirmaciones pasan a desarrollarse.

Teniendo como presupuesto no discutido que el régimen aplicable es el vigente para la fecha de fallecimiento del causante, interesa que el señor Javier Albeiro falleció el 31 de diciembre de 1991. Para esa fecha, la normativa que contenía el beneficio prestacional para los beneficiarios de quien fue empleado público era la Ley 12 de 1975, concordada con la Ley 33 de 1985.

Como se indicó en el marco normativo, el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 fijó el derecho prestacional a favor de los beneficiarios, siempre y cuando el causante «hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas». El tiempo de servicio para este caso se extrae de la Ley 33 de 1985, cuyo artículo 1º prescribe un mínimo de 20 años continuos o discontinuos.

Bajo este panorama normativo es claro que el causante no alcanzó los 20 años de servicio exigidos; el tiempo de servicio público que acumuló el señor Pineda Bermúdez es de 1 año, 5 meses y 19 días[[10]](#footnote-10). Por consiguiente, los pretendidos beneficiarios no tienen derecho a la pensión de sobrevivientes de que trata la Ley 12 de 1975.

En esa situación jurídica, la parte actora reclama la aplicación del Decreto 758 de 1990 por principio de favorabilidad.

Dos razones llevan a que la Sala se distancie de esa solución. La primera está dada porque el pretendido principio implica la existencia de al menos dos normas posibles de aplicación o de una duda en la interpretación de una fuente normativa; esto, para guiar la decisión hacia aquella norma o criterio hermenéutico que favorezca al trabajador o, para el caso, a sus beneficiarios. Sin embargo, lo que ocurre en el particular es que solo existe una normativa aplicable, como son las leyes ya indicadas.

La segunda razón explica también la primera toda vez que el Decreto 758 de 1990 rige a partir del 18 de abril de 1990. Aunque a la luz de su artículo 1º este decreto ampara a los trabajadores particulares que estuvieren afiliados o reportaran cotizaciones al ISS, lo cierto es que las cotizaciones realizadas por el causante hacia dicho fondo se registran hasta 1988, es decir, hasta una fecha anterior a la entrada en vigencia de tal decreto. Por ende, las disposiciones sobre pensión de sobrevivientes previstas en el Decreto 758 de 1990 no pueden aplicarse a los beneficiarios de un trabajador que no estuvo cobijado por ese régimen.

En este punto resulta de apoyo lo dicho por el Consejo de Estado en reciente sentencia del 19 de junio de 2026[[11]](#footnote-11). Allí, la alta corporación estudió un caso de características semejantes al presente y concluyó que el Decreto 758 de 1990 no es aplicable. Para hacerlo indicó lo que se transcribe en extenso por su utilidad:

26. En el caso concreto, se encuentra acreditado que el señor (…) laboró en entidades del sector privado entre el 5 de junio y 12 de noviembre de 1972 y entre el 19 de febrero y el 8 de junio de 1974, esto es, por 38.71 semanas, en las que realizó aportes al ISS y desde el 25 de marzo de 1981 hasta el 30 de septiembre de 1992 estuvo vinculado al DAS como mecánico y cotizó a Cajanal por 4.146 días, es decir 592 semanas. Por tanto, el último cargo que desempeñó fue en calidad de empleado público.

27. En ese contexto, se precisa que el derecho a la pensión de sobrevivientes se consolida con el fallecimiento del afiliado, tal como lo ha sostenido esta Corporación; por manera que, como el señor (…) falleció el 30 de septiembre de 1992, la solución al problema jurídico debe regirse por lo previsto en las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985, norma vigente para esa época, aplicable a los empleados públicos.

28. Precisado lo anterior, se advierte que el a quo incurrió en error al anular los actos acusados basado en que el derecho pensional se consolidó en los términos del Acuerdo 049 de 19902 aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, pues aunque dicha normativa se encontraba vigente al momento del fallecimiento, el causante no era beneficiario de esas disposiciones. En efecto, el artículo 1° del citado acuerdo delimitó su ámbito de aplicación a trabajadores del sector privado o a empleados públicos cuyo empleador al 17 de julio de 1977 estuviera inscrito ante el ISS, así como a afiliados «que hubieren causado sus derechos antes del 1° de abril de 1994, en función del principio de la condición más beneficiosa». Ninguno de estos supuestos se configuró en el presente caso, pues el señor (…), no estaba afiliado al ISS al momento de su fallecimiento.

29. Cabe destacar que, aunque el causante estuvo afiliado al ISS entre 1972 y 1974, con posterioridad cotizó a Cajanal, entidad en la que se efectuaron sus últimos aportes, según certificación expedida por la oficina del Archivo General de la Nación. En consecuencia, no estaba amparado por las contingencias previstas en el Acuerdo 049 de 1990, el cual amparaba el riesgo de la muerte bajo afiliación vigente.

30. Asimismo, no se acreditó que el DAS estuviera registrado como empleador en el ISS para el 17 de julio de 1977, ni que el causante, en su condición de empleado público, hubiera estado afiliado o cotizado al ISS en pensiones o que la mencionada entidad hubiera realizado aportes a su favor en dicho instituto; por ende, no resultan aplicables las disposiciones del régimen pensional administrado por el ISS. (…)

32. De lo expuesto se concluye que le asiste razón a la entidad apelante, por cuanto el Tribunal erró al aplicar el Acuerdo 049 de 1990 al caso concreto, toda vez que el causante no era beneficiario de dicho régimen. Por manera que no se trataba de aplicar el principio de favorabilidad a efecto de garantizar el que le fuera más beneficioso, pues no satisfacía ninguno de los requisitos que le permitieran optar por el régimen establecido en la mencionada norma. En esa medida, el estudio del derecho prestacional reclamado debe sujetarse a lo previsto en las Leyes 12 de 1975 y 33 de 1985, en atención a que el señor Cuero Córdoba ostentaba la calidad de empleado público y sus últimas cotizaciones se efectuaron a Cajanal, por lo tanto, corresponde a la Sala verificar si este cumplió los requisitos exigidos en dichas disposiciones, con el fin de determinar si la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. (Resaltos y cursivas propios de la cita)

A la misma conclusión arribó la Subsección B de la Sección Segunda de la misma corporación mediante fallo del 18 de septiembre de 2025[[12]](#footnote-12):

31. Inconforme con lo anterior la actora apeló la decisión de primera instancia y sostuvo que tenía derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su esposo, con fundamento en el Decreto 758 de 1990. La aplicación de tal norma era procedente en virtud del principio de favorabilidad, máxime cuando se encontraba vigente para la fecha del deceso del causante.

32. Al respecto es importante precisar que, en los asuntos relativos del derecho a pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la prestación se genera a partir de la muerte del causante y por lo tanto, en principio la normativa aplicable era la vigente al momento de la ocurrencia del deceso.

33. En ese orden, se tiene que el causante falleció el 21 de junio de 1995, cuando se desempeñaba como servidor público vinculado al Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación. En esa época, los regímenes aplicables a los empleados oficiales eran los previstos en las leyes 33 de 1973, 12 de 1975 y 33 de 1985, que establecieron el derecho de la viuda a una pensión de sobrevivientes únicamente si el causante había completado el tiempo de servicio requerido para acceder a la pensión de vejez, esto es, 20 años continuos o discontin