TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2017-00015-00 (30-07-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Página 1 de 15 Quibdó, treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No.0098/

RADICADO: 27001233300020170001500

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

DEMANDANTE: IPS CENTRO MÉDICO CUBIS

DEMANDADO: DASALUD CHOCÓ EN LIQUIDACIÓN

VINCULADO: DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

MAGISTRADA PONENTE: Dra. MIRTHA ABADÍA SERNA

1. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a proferir sentencia de primera instancia en los términos del artículo 187 del CPACA.

ANTECEDENTES

 La demanda

2. La I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda. por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, presentó demanda contra el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del

Chocó “Dasalud Chocó” en Liquidación.

3. Con la interposición del medio de control, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de la s Resoluciones Nros. 026 del 18 de marzo de 2016 y 108 del 1° de agosto de 2016, mediante las cuales el Mandatario Liquidador del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó en liquidación dispuso la terminación unil ateral del contrato de

2016, mediante las cuales el Mandatario Liquidador del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó en liquidación dispuso la terminación unil ateral del contrato de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles No. 022 del 7 de octubre de 2015, junto con sus adiciones y cualquier otro contrato existente cel ebrado entre dicha entidad y la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda ., y ordenó la terminación y liquidación de los contratos de arrendamiento Nros. 020 y 022 del 2 de octubre de 2014 y el 7 de octubre de 2015, respectivamente.

 Presupuestos fácticos

4. La parte actora expresó como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que

a continuación se sintetizan:

5. La I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda. es una sociedad cuyo objeto social principal consiste en la prestación de servicios de salud en diversas modalidades, incluyendo medicina general, especializada, odontología, optometría, enfermería y servicios comunitarios. Igualmente, está facultada para comercializar equipos, insumos y productos médicos, odontológicos y farmacéuticos, celebrar contratos y convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgar o recibir préstamos o donaciones, participar en otras sociedades, realizar investigaciones y brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para el restablecimiento de sus derechos.

6. En virtud de contratos de arrendamiento de centros de salud celebrados con el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – Dasalud en Liquidación, la entidad ha prestado de manera continua y con calidad el servicio público de salud en el municipio de Bahía

6. En virtud de contratos de arrendamiento de centros de salud celebrados con el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – Dasalud en Liquidación, la entidad ha prestado de manera continua y con calidad el servicio público de salud en el municipio de Bahía Solano desde el año 2014.

7. Actualmente, la I.P.S. opera en el Hospital Julio Figueroa Villa de Bahía Solano, donde cuenta con un equipo conformado por 49 empleados, entre médicos, personal de enfermería y personalMedio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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administrativo. Para el desarrollo de sus actividades, la entidad realizó inversiones significativas en infraestructura, equipos y adecuaciones, dentro de las cuales se destacan:

 Obras de adecuación : arreglo general del puesto de salud del Valle (Chocó) por $9.850.000; dotación por $6.859.000; adquisición de planta eléctrica, arreglo del sistema eléctrico y de tuberías, mantenimiento de ambulancia, y compra de equipo de cómputo por $6.890.000.

 Dotación hospitalaria: instalación de equipo de rayos X fijo, impresora automática para radiografías, aire acondicionado en diversas áreas, lámparas quirúrgicas, camas de hospitalización, camillas, sillas de ruedas, unidades odontológicas fijas y portátiles,

radiografías, aire acondicionado en diversas áreas, lámparas quirúrgicas, camas de hospitalización, camillas, sillas de ruedas, unidades odontológicas fijas y portátiles, instrumental odont ológico, desfibrilador, equipos de cirugía menor y parto, balas de oxígeno, carro de paro, computadores, compresores, sabanas, concentrador de oxígeno, reuter, neveras, fotocopiadoras, equipos de química y hematología, microscopios, insumos de laboratorio, escritorios, escaleras, atriles y demás insumos médicoquirúrgicos.

 Inversiones adicionales: pintura general ($4.500.000), pintura externa ($4.250.000), limpieza de tanques, arreglo eléctrico general ($4.890.000), compra de bombillos ($1.500.000), arreglo de tuberías de agua ($4.320.000) y reparación de planta eléctrica ($8.960.000).

8. Tales adecuaciones y adquisiciones resultaban necesarias para la ejecución del contrato No. 020 del 2 de octubre de 2014, celebrado entre la representante legal de Abogad os & Consultores JUNGOC S.A.S., en calidad de Mandataria Liquidadora y representante legal de Dasalud Chocó en L iquidación, y el representante legal del Centro Médico Cubis Ltda.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2015, se celebró el contrato de a rrendamiento No. 022, también suscrito entre las mismas partes, con objeto similar.

9. El 5 de junio de 2015, las partes firmaron un otrosí a l contrato No. 020, mediante el cual modificaron la cláusula décima séptima, relativa a las garantías para el cump limiento contractual.

9. El 5 de junio de 2015, las partes firmaron un otrosí a l contrato No. 020, mediante el cual modificaron la cláusula décima séptima, relativa a las garantías para el cump limiento contractual.

10. No obstante lo anterior, mediante Resolución No. 026 del 18 de marzo de 2016, el Mandatario Liquidador de Dasalud Chocó resolvió unilateralmente la terminación del contrato de arrendamiento No. 022 del 7 de octubre de 2015, sus a diciones y cualquier otro contrato celebrado con la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda., argumentando su presunta incompetencia para suscribir este tipo de negocios jurídicos y un supuesto incumplimiento de la contratista.

11. La Resolución fue notificada personalmente al Dr. Edinson Emil Peña Gil el 31 de marzo de

2016. Contra dicho acto administrativo, la parte interesada presentó recurso de reposición el 14 de abril del mismo año, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución No. 108 del 1° de agosto de 2016, notificada el 11 de octubre de 2016.

12. Pese a la existencia de la controversia contractual y sin haberse liquidado previamente el contrato terminado de forma unilateral, el 15 de diciembre de 2016 el Mandatario Liquidador de Dasalud celebró un nuevo contrato de arrendamiento de los mismos activos muebles e inmuebles con la Caja de Compensación Familiar del Chocó – COMFACHOCÓ EPS, sin que mediara habilitación como prestador de servicios de salud por parte de esta última.Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

Demandante: IPS Centro Médico Cubis

Demandado: Dasalud en Liquidación y Depto del Chocó

mediara habilitación como prestador de servicios de salud por parte de esta última.Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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13. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2016, la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, diligencia que se llevó a cabo el 3 de febrero siguiente, sin que se alcanzara acuerdo alguno debido a la negativa del Mandatario Liquidador.

14. Durante la semana del 23 de enero de 2016 , el Dr. Julio Eliecer González Cuesta, Mandatario Liquidador de Dasalud, se presentó en las instalaciones del Hospital Julio Figueroa Villa y el Cen tro de Salud del Valle, con la intención de realizar diligencias de inventario y proceder a la entrega de los bienes al nuevo contratista, Comfachocó EPS, a pesar de la oposición expresada por el Centro Médico Cubis y sin tener en cuenta que muchos de los bienes en cuestión habían sido adquiridos por esta última para la prestación del servicio de salud.

 Fundamentos de derecho

15. La parte demandante invocó como fundamentos de derecho, las siguientes disposiciones

normativas:

 Constitución Política de Colombia: Artículos 1, 2, 4, 6, 23, 25, 29, 44, 48, 49, 83, 85, 90, 228 у 230.

normativas:

 Constitución Política de Colombia: Artículos 1, 2, 4, 6, 23, 25, 29, 44, 48, 49, 83, 85, 90, 228 у 230.  Ley 1437 de 2011: Artículo 3.  Ley 80 de 1993.

TRÁMITE PROCESAL

La admisión

16. La demanda fue admitida mediante auto interlocutorio No. 0225 del dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y se cumplieron a cabalidad las notificaciones de rigor.

17. Posteriormente, mediante auto interlocutorio No. 0691 del 04 de septiembre de 2017, se negó por improcedente la petición de control por vía de excepción formulada por el apoderado de la parte demandante.

18. Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la parte actora interpuso de recurso de reposición en subsidio del de apelación, el cual fue rechazado por improcedente a través del auto interlocutorio No. 088 del 07 de febrero de 2018.

Contestaciones

19. El Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó “ Dasalud Chocó” en Liquidación contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, y la genérica o innominada.

20. En primer lugar, sostuvo que el contrato de arrendamiento No. 022 del 7 de octubre de 2015, celebrado con la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda., fue válidamente terminado mediante

y la genérica o innominada.

20. En primer lugar, sostuvo que el contrato de arrendamiento No. 022 del 7 de octubre de 2015, celebrado con la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda., fue válidamente terminado mediante Resolución No. 026 del 18 de marzo de 2016, dados los incumplimientos por parte del arrendatario, especialmente la omisión en la entrega de la información contable y financieraMedio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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necesaria para calcular el valor real del canon pactado (el 5% de la facturación neta mensual), así como la falta de pago de dicha contraprestación.

21. Señaló que tales obligaciones estaban claramente estipuladas en el contrato, en particular en sus cláusulas quinta (valor del canon), sexta (incumplimiento como causal de terminación anticipada) y séptima (plazo y terminación unilateral por incumplimiento). Pese a los requerimientos realizados por el Mandatario Liquidador, la I.P.S. no cumplió con tales deberes contractuales, razón por la cual procedió la terminación anticipada del vínculo.

22. Adicionalmente, la entidad accionada afirmó que tanto la Resolución No. 026 de 2016 como la Resolución No. 108 de 1° de agosto de 2016 que resolvió el recurso de reposición interpuesto

22. Adicionalmente, la entidad accionada afirmó que tanto la Resolución No. 026 de 2016 como la Resolución No. 108 de 1° de agosto de 2016 que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora, fueron expedidas con observancia del debido proceso, y que no se configuró falsa motivación ni extralimitación de funciones, toda vez que el liquidador contaba con competencia legal expresa para suscribir y terminar contratos en el marco del proceso de liqu idación, con fundamento en la Ley 1105 de 2006, el Decreto Ley 254 de 2000 y el Decreto Departamental 099 de 2013.

23. Frente a las inversiones realizadas por la actora, la parte demandada sostuvo que, de haberse efectuado, estas correspondían a obligacio nes contractuales a su cargo, mantenimiento, reposición o adecuación de bienes, y que, conforme a lo pactado, las mejoras debían ser autorizadas por el arrendador para tener derecho a reembolso o compensación, lo cual no ocurrió en este caso.

24. Finalmen te, alegó que no existe obligación de indemnizar perjuicios, dado que la terminación del contrato se produjo conforme a derecho, y que la pretensión de condena por valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) carece de sustento probatorio. Solicitó, en consecuencia, que se nieguen las pretensiones y se condene en costas a la parte actora.

25. El Departamento del Chocó, no contestó la demanda.

 Audiencia inicial

26. El día 19 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, durante la cual se declaró saneado el trámite procesal, se difirió a la sentencia la

 Audiencia inicial

26. El día 19 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, durante la cual se declaró saneado el trámite procesal, se difirió a la sentencia la resolución de las excepciones propuestas por el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó “Dasalud Chocó” en Liquidación, se declaró fallida la posibilidad de conciliación, y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos contractuales resoluciones N° 026 del 18 de marzo de 2016 у resolución N° 108 del 01 de agosto de 2016, por medio de las cuales el Mandatario Liquidador de Dasalud Chocó en Liquidación termina unilateralmente el contrato de arrendamiento N° 022 del 07 de octubre de 2015 celebrado con la I.P.S. Centro Médico Cubis LTDA y si como consecuencia de ello resultan procedentes las declaraciones que a título de restablecimiento del derecho se efectúan en la demanda, es decir, el cumplimiento del contrato de arrendamiento, se condene a la entidad accionada a indemnizar los perjuicios y demás petitum de la demanda; o si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y/o las que puedan ser declaradas por el Despacho.”Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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27. En la misma diligencia, se incorporaron las pruebas aportadas con la demanda y sus contestaciones, se negó la inspección judicial, se decretaron las pruebas documentales solicitadas por Dasalud Chocó en Liquidación, se decretó la prueba testimonial y pericial técnica solicitada por la parte actora, y se fijó fecha para la realización de la audiencia de pruebas.

28. El día 16 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA, durante la cual se declaró saneado el trámite procesal, se recepcionó el testimonio del señor Mario Dalton Mosquera Lozano, se reiteraron las prueb as faltantes, y se fijó fecha para la continuación de la diligencia.

29. El 29 de octubre de 2019 se reanudó la audiencia de pruebas y en ella se incorporaron al expediente, el informe pericial realizado por el Ingeniero Civil Francisco Edgar Realpe Lozano, y los memoriales de fechas 26 de septiembre y 25 de octubre de 2019, a través de los cuales la Caja de Compensación Familiar del Chocó “ Comfachocó” y el Centro Médico Cubis, dieron respuestas a las solicitudes probatorias decretadas en la audiencia inicial.

30. De igual manera se suspendió la diligencia para darle cumplimiento el artículo 228 del Código General del Proceso, y en virtud de ello se corrió traslado a las partes del informe pericial incorporado al proceso y se citó al perito para que en aud iencia efectuara la sustentación del

Código General del Proceso, y en virtud de ello se corrió traslado a las partes del informe pericial incorporado al proceso y se citó al perito para que en aud iencia efectuara la sustentación del dictamen.

31. El día 12 de octubre de 2021 se reanudó nuevamente la audiencia de pruebas, en dicha diligencia se efectuó la sustentación del dictamen pericial realizado por el Ingeniero Civil Francisco Edgar Realpe Loz ano y se incorporó al expediente, se fijaron los honorarios del perito, se cerró el periodo probatorio, y se corrió traslado por el término de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto de fondo.

 Alegatos de conclusión

32. El Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó “ Dasalud Chocó” en Liquidación , al presentar sus alegaciones finales, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

33. De otro lado, el apoderado de la parte actora al presentar sus alegatos de conclusión, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 099 del 3 de mayo de 2013 que ordenó la liquidación de Dasalud Chocó, los contratos relacionados con la prestación del servicio público de salud debían ser subrogados al Departamento del Chocó o a la entidad que éste designara, y no podrían ser objeto de nuevos contratos ni de terminación anticipada por parte del agente liquidador. En ese contexto, el contrato de arrendamiento No. 022 del 7 de octubre de 2015 habría sido celebrado sin competencia legal, y su terminación unilateral, al

por parte del agente liquidador. En ese contexto, el contrato de arrendamiento No. 022 del 7 de octubre de 2015 habría sido celebrado sin competencia legal, y su terminación unilateral, al igual que la suscripción de un nuevo contrato con C omfachocó EPS, resultaría jurídicamente ineficaz.

34. Asimismo, afirmó que no existió incumplimiento contractual por parte de la I.P.S., pues la entidad cumplió con la prestación del servicio de salud, el pago de salarios, la ejecución presupuestal, la contratación del personal y las obligaciones financieras asociadas, l o cual se encuentra respaldado por abundante prueba documental obrante en el expediente.Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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35. Argumentó que los fundamentos del acto administrativo demandado son falsos o inconsistentes, como se demuestra, entre otros aspectos, con la afirmación errónea sobre el tiempo de vigencia contractual al momento de la terminación.

36. Cuestionó también la actuación del liquidador, al indicar que ejecutó de facto la restitución del inmueble sin decisión judicial mediante actos de fuerza y desconocimiento de la continuidad del servicio de salud, incluso en medio de procedimientos clínicos en curso, lo cual vulneró los derechos de la comunidad usuaria y de la I.P.S. demandante.

37. Frente a la prueba testimonial, cuestionó su valor por provenir exclusivamente de

del servicio de salud, incluso en medio de procedimientos clínicos en curso, lo cual vulneró los derechos de la comunidad usuaria y de la I.P.S. demandante.

37. Frente a la prueba testimonial, cuestionó su valor por provenir exclusivamente de funcionarios vinculados a Dasalud Chocó en Liquidación, con respuestas evasivas, carentes de conocimiento preciso sobre los estados financieros o los supuestos incumplimientos.

Igualmente, señaló que gran parte de la prueba documental allegada por la parte demandada resultaba inconducente o posterior a la expedición del acto, y que no puede servir de sustento para justificar una decisión ya adoptada.

38. Respecto del dictamen pericial, solicitó que se valorara críticamente a la luz de la objeción presentada y del testimonio rendido por el perito en audiencia, toda vez que, según indicó, no refleja de forma adecuada la realidad económica y operativa del servicio prestado ni el valor de los bienes e inversiones efectuadas por la I.P.S.

39. Finalmente, solicitó desestimar las excepciones propuestas por la parte demandada, en tanto no se acredi taron los presupuestos fácticos que las sustentan, y reiteró que el perjuicio económico derivado de la nulidad de los actos administrativos es evidente y verificable con base en la prueba recaudada, lo que justifica la condena a favor de su representada.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

 Competencia

40. La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 152 del C.P.A.C.A.1.

 Medio de control procedente

 Competencia

40. La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 152 del C.P.A.C.A.1.

 Medio de control procedente

41. El medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, según el cual, cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas, es el idóneo para perseguir la nulidad de la s Resoluciones acusadas, mediante la s cuales el Mandatario Liquidador del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó en L iquidación dispuso la terminación unilateral del contrato de arrendamiento de bienes

1“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…).

5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distin tos órdenes o un particular en el ejercicio de funciones propias del Estado , y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes , cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).”Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).”Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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muebles e inmuebles No. 022 del 7 de octubre de 2015, junto con sus adiciones y cualquier otro contrato existente celebrado entre dicha entidad y la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda.

 Vigencia de la acción

42. De conformidad con el literal j) del artículo 164 del CPACA vigente para la fecha de presentación de la demanda, en tratándose del medio de control de controversias contractuales, el término para demandar será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

43. En el presente asunto, la Resolución No. 108 del 01 de agosto de 2016, a través de la cual se decidió no reponer la Resolución No. 026 del 18 de marzo de 2016 objeto de demanda, se notificó el 11 de octubre de 2016, por lo que, la parte actora contaba hasta el día 12 de octubre de 2018 para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual hizo el 09 de febrero de 2017, es decir, dentro del término legal correspondiente.

 Problema Jurídico.

44. Conforme quedó fijado el litigio: “Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos

2017, es decir, dentro del término legal correspondiente.

 Problema Jurídico.

44. Conforme quedó fijado el litigio: “Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos contractuales resoluciones N° 026 del 18 de marzo de 2016 у resolución N° 108 del 01 de agosto de 2016, por medio de las cuales el Mandatario Liquidador de Dasalud Chocó en Liquidación termina unilateralmente el contrato de arrendamiento N° 022 del 07 de octubre de 2015 celebrado con la I.P.S. Centro Médico Cubis LTDA y si como consecuencia de ello resultan procedentes las declaraciones que a título de restablecimiento del derecho se efectúan en la demanda, es decir, el cumplimiento del contrato de arrendamiento, se condene a la entidad accionada a indemnizar los perjuicios y demás petitum de la dema nda; o si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y/o las que puedan ser declaradas por el Despacho.”

45. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente esquema conceptual: i) la terminación unilateral del contrato estatal de arrendamiento, y ii) lo probado en el proceso, y iii) análisis del caso.

1. La terminación unilateral del contrato estatal de arrendamiento

46. Como quiera que los contratos de arrendamiento suscritos entre la I.P.S. Centro Médico Cubis Ltda y Dasalud Chocó en Liquidación datan del año 2015 y las resoluciones a través de las cuales se terminaron unilateralmente dichos negocios jurídicos fueron expedidas en el año 2016, se colige que el régimen aplicable al negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993,

las cuales se terminaron unilateralmente dichos negocios jurídicos fueron expedidas en el año 2016, se colige que el régimen aplicable al negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordara el análisis de las pretensiones de la demanda.

47. Pues bien, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que consagra los medios que pueden utilizar las entidades públicas para el cumplimiento del objeto con tractual, prevé las denominadas clausulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, las cuales, en pro del interés general, se encuentran reservadas a la Administración2.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 2013. Rad.: 24697.Medio de control nulidad simple Radicado número 27001233300020170001500

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48. En tal sentido, la cláusula excepcional de terminación unilateral del contrato tiene (…) el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos ... y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los mismos y cuando es ejercida la entidad debe proceder al reconocimiento y pago de las compensaciones "... e indemnizaciones

exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos ... y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los mismos y cuando es ejercida la entidad debe proceder al reconocimiento y pago de las compensaciones "... e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicaran los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contr actuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial”3.

49. Además, las causales por las cuales se puede ejercer dicha potestad excepcional se encuentran recogidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, a saber:

“1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.

“2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona Jurídica del contratista.

“3. Por interdicción judicial o declaratoria de quiebra del contratista.

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato’’.

50. Ahora bien, en cuanto al contenido de los contratos estatales, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del nego cio jurídico de que se trate, pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico4.

marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico4.

51. A partir de lo anterior, cabe precisar que la Administración, además de pactar la terminación unilateral del contrato como clausula excepcional (artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993), puede estipular de común acuerdo con la otra parte y dotarse mutuamente o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, la facultad de resolver el contrato, pacto que constituye ley para las partes y que, por tanto, no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres o cuando implique abuso del derecho, de manera que ambas posibilidades pueden convenirse en una relación contractual estatal5.

3 Ar