TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2022-00136-00 (30-04-2025)
Detalles
- Título
- TA CHO - Sentencia 27001-23-33-000-2022-00136-00 (30-04-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Chocó
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Rad. 27001233300020220013600
Demandante: Rafael Antonio Mosquera Reyes Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
SALA PRIMERA DE DECISIÓN
Quibdó, treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025).
SENTENCIA No. 0052/
REFERENCIA: 27001233300020220013600
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: RAFAEL ANTONIO MOSQUERA REYES
DEMANDADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL –
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ.
Tema: Responsabilidad Disciplinaria – Registrador Municipal.
MAGISTRADO PONENTE: Dra. MIRTHA ABADIA SERNA
1. Procede el Despacho a dictar sentencia de primera instancia, en los términos del artículo 187 del CPACA.
ANTECEDENTES
La demanda
2. Obrando por intermedio de apoderad o judicial, el señor RAFAEL ANTONIO MOSQUERA REYES, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos de primera y segunda instancia de fecha 10 de marzo de 2022 y 12 de abril de 2022, la resolución No. 156 de 2022 y auto aclaratorio No. 020 del 02 de mayo de 2022 , mediante los cuales se declaró su responsabilidad disciplinaria, se le sancionó con suspensión e inhabilidad
156 de 2022 y auto aclaratorio No. 020 del 02 de mayo de 2022 , mediante los cuales se declaró su responsabilidad disciplinaria, se le sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 3 meses , y solicita las siguientes pretensiones , las cuales se trascriben de manera literal, inclusive con errores:
“PRIMERO: Que se declare nulo acto administrativo compuesto : fallo de primera instancia de fecha 10 de Marzo de 2022, proferido por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil y fallo de segunda instancia de fecha 12 de abril de 2022, proferido por los Delegados departamentales de la referida entidad, que dispuso la sanción principal de suspensión e inhabilidad especial por 3 meses, en el marco del proceso disciplinari o radicado 017 -005-2021 y la resolución 156 de 2022, por la cual se hace efectiva sanción disciplinaria, y auto aclaratorio No. 020 de fecha 2 de mayo de 2022, los cuales adolecen de las causales de anulación de los actos administrativos.
SEGUNDO: Que se ordene a título de restablecimiento del derecho, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, durante en que mi poderdante fue suspendido del cargo de Registrador Municipal de Lloró.
TERCERO: Que como consecuencia de las anteri ores declaraciones se ordena la cancelación en el registro de sanciones de la Procuraduría General de la Nación, la sanción de suspensión.Rad. 27001233300020220013600
Demandante: Rafael Antonio Mosquera Reyes Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó.
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sanción de suspensión.Rad. 27001233300020220013600
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CUARTO: Que se condene Registraduría Nacional del Estado Civil, al pago de una indemnización por los perjuicios de orden material en que se hubiere incurrido por mi poderdante para el reclamo de sus derechos.
QUINTA: Que se condene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al pago de una indemnización por los perjuicios de orden moral causados a mi poderdante con la expedición de los actos demandado, los cuales se estiman en el capítulo de estimación de la cuantía.
SEXTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 Y SS del C.A.P.A., aplicando los ajustes de valor (ind exación) desde la fecha en que se causó el derecho hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
SÉPTIMA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la condene Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.A.PA.
OCTAVA: la condena Registraduría Nacional del Estado Civil, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 del C.A.P.A.
NOVENA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 195 del C.A.P.A
sentencia en los términos del artículo 189 del C.A.P.A.
NOVENA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 195 del C.A.P.A
DECIMA: Ordenar a título de reparación simbólica en aplicación de los tratados internacionales y de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que condene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a que envié una comunicación a mi poderdante en la cual ofrezca unas sinceras disculpas por su actuación arbitraria y el desconocimiento de sus derechos fundamentales.
DECIMA PRIMERA: Que se orden compulsa copias a la procuraduría general de la nación por el uso arbitrario por el uso arbitrario de la figura de la suspensión provisional.”
Presupuestos fácticos
3. El señor Rafael Antonio Mosquera Reyes indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones, a continuación, se transcriben y sintetizan, incluso con
errores:
“PRIMERO: Mi poderdante, el señor RAFAEL ANTONIO MOSQUERA REYES, fue notificado con fecha 2 de septiembre del año 2021, de la apertura de una investigación disciplinaria, por la presunta comisión de una falta disciplinaria consiste en el abandono de cargo, dando como soporte de la adecuación típica el artículo 48 numerales 1 y 55 de la ley 734 de 2002, en el marco del proceso disciplinario radicado 017-005-2021.
SEGUNDO: Posteriormente mediante auto de fecha 8 de septiembre y notificado el 9 de septiembre, se dispuso su suspensión sin derecho a remuneración por el lapso de 3
SEGUNDO: Posteriormente mediante auto de fecha 8 de septiembre y notificado el 9 de septiembre, se dispuso su suspensión sin derecho a remuneración por el lapso de 3 meses, argumentando en la aludida providencia, que la permanencia en el cargo de registrador municipal de Lloró, constituía un riesgo para la entidad empleadora, en primer lugar, de seguir en la comisión de la falta disciplinaria, y en segundo lugar de obstaculizar el desarrollo de la investigación en mi contra de conformidad con el artículo 157 de la ley 734 de 2000, el cual fe confirmado mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2021, que resolvió grado de consulta.Rad. 27001233300020220013600
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TERCERO: Seguidamente, con fecha 24 de noviembre de 2021, se formularon cargos en su contra. En el referido pliego de cargos s e calificó provisionalmente la falta como grave de acuerdo a los criterios consagrados en el artículo 43 numerales 4 y 6 de la ley 734 de 2002, y a título doloso, de conformidad con el artículo 34 numerales 1 y 2, artículo 35 numeral 1.
CUARTO: En la misma línea de acción, con fecha 7 de diciembre de 2021, se ordenó mediante providencia, la prórroga de la suspensión decretada en contra del suscrito, por igual termino de tres meses, decisión que fue igualmente confirmada mediante
CUARTO: En la misma línea de acción, con fecha 7 de diciembre de 2021, se ordenó mediante providencia, la prórroga de la suspensión decretada en contra del suscrito, por igual termino de tres meses, decisión que fue igualmente confirmada mediante providencia de fecha 7 de enero de 2022.
QUINTO: Posteriormente, se profirió fallo de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022, que dispuso la sanción principal de suspensión de tres meses, proferido por el operador disciplinario de la Delegación Departamental Chocó y fallo de segunda instancia, de fecha 12 de abril de 2022, que dispuso la confirmación en todas sus parte del fallo de primera instancia, proferido este por los Delegados Departamentales en el Departamento del Chocó de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el marco del proceso disciplinario radicado 017-005-2021.
SEXTO: Dado que el término de la prórroga de suspensión, expiró el 9 de marzo de 2022, con fecha 13 de marzo de 2022, fui reintegrado a mi cargo de Registrador Municipal, estando en total 6 meses suspendido de mis funciones.
SEPTIMO: La ley 734 de 2002, norma con fundamento en la cual se adelantó el proceso disciplinario, establece en el artículo 157 de manera clara, precisa y sin ningún lugar a
equipos lo siguiente:
“ARTICULO 157. Suspensión provisional. Tramite. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de
o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia. El au to que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de única, procede el recurso de reposición. Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado. Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaria por el termino de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes. Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.
PARAGRAFO. CUANDO LA SANCION IMPUESTA FUERE DE SUSPENSION E
cualquier momento por quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.
PARAGRAFO. CUANDO LA SANCION IMPUESTA FUERE DE SUSPENSION E
INHABILIDAD O UNICAMENTE DE SUSPENSION, PARA SU CUMPLIMIENTO SE
TENDRA EN CUENTA EL LAPSO EN QUE EL INVESTIGADO PERMANECIO
SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE. SI LA SANCION FUERE DE SUSPENSION
INFERIOR AL TERMINO DE LA APLICADA PROVISIONALMENTE, TENDRA DERECHO
A PERCIBIR LA DIFERENCIA.
Subrayas, mayúsculas y negrillas nuestrasRad. 27001233300020220013600
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OCTAVO: Es decir, que conforme al parágrafo del artículo 157 de la ley 734 de 2002, si la sanción principal de la cual fue objeto el servidor público establecida en el fallo, es inferior al termino de suspensión provisional, además del reintegro inmediato, el servidor público tendrá derecho a percibir la diferencia, que para el caso que nos ocupa es de tres meses de salario.
NOVENO: No obstante, aunque en una primera oportunidad el despacho dispuso lo contrario, separándolo del cargo, tal actuación fue corregida, profiriendo el auto No. 0020 de fecha 2 de mayo de 2022, y en el que expresamente se indicó lo siguiente:
contrario, separándolo del cargo, tal actuación fue corregida, profiriendo el auto No. 0020 de fecha 2 de mayo de 2022, y en el que expresamente se indicó lo siguiente:
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior dejar sin efectos la resolución 156 del 26 de abril de 2022, a través de la cual la oficina de talento humano de la delegación departamental choco, aplicó una sanción disciplinaria por el término de e meses, al señor RAFAEL ANTONIO NOSQUERA REYES. TERCERO: Reconózcase y reintégrese lo dejando de percibid por el termino de 3 meses al señor RAFAEL ANTONIO NOSQUERA REYES”. No obstante, la entidad nunca dio cumplimiento a dicha orden”.
DECIMO: De acuerdo a la reseña anterior, estimamos que con el desarrollo del proceso disciplinario seguido contra mi poderdante y la expedición de los fallos de primera y segunda instancia, se ha incurrido en las siguientes causales de anulación de los actos administrativos: Violación de la Constitución política y de la ley disciplinaria, derivada de la inobservancia del principio de tipicidad, toda vez que si bien se hizo uso de los tipos abiertos y en blanco en materia disciplinaria, la fuente de la cual se hizo derivar la presunta desatención de la falta se originó en un procedimiento irregular, ilegal y violatorio de los derechos de mi poderdante como servidor público.
DECIMO PRIMERO: Adicionalmente, se incurre en la causal de anulación del acto, consistente en el desconocimiento del derecho de defensa y audiencia, por el cumulo de irregularidades sustanciales que tuvieron lugar durante el trámite del proceso disciplinario tales como: variación ilegal de la calificación jurídica de la falta, desatención
consistente en el desconocimiento del derecho de defensa y audiencia, por el cumulo de irregularidades sustanciales que tuvieron lugar durante el trámite del proceso disciplinario tales como: variación ilegal de la calificación jurídica de la falta, desatención del principio de investigación integral, violación del principio de congruencia en materia disciplinaria, violación del derecho de defensa, contradicción y debido proceso disciplinario, al omitirse la práctica de pruebas, soslayar la declaratoria de nulidades, errores en la apreciación del mater ial probatorio al incurrir en falsos juicios de convicción, identidad y eficacia de la prueba, entre otras razones que serán explicadas y sustentadas en el concepto de la violación.
DECIMO SEGUNDO: En ese mismo sentido, se incurrió en un abuso y extralimi tación en el uso de la figura de la suspensión provisional, que conllevó a causa a mi poderdante múltiples perjuicios, por una acción arbitraria de suspensión que además de carecer de fundamento factico y jurídico, constituye en si misma el ejercicio arbitrario de funciones disciplinarias que demanda una investigación y sanción por parte de las autoridades competentes.
DECIMO TERCERO: En suma, Honorables Magistrados, creemos que están dadas las condiciones para una conciliación en los términos que propones en capítulos posteriores”.
Normas violadas y concepto de violación
4. En el acápite de normas violadas, la parte actora señaló como tales las siguientes:
Constitución Política de Colombia: Artículos 29, 125, y 209.Rad. 27001233300020220013600
Demandante: Rafael Antonio Mosquera Reyes Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó.
Constitución Política de Colombia: Artículos 29, 125, y 209.Rad. 27001233300020220013600
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Ley 734 de 2002.
5. Como concepto de la violación, luego de transcribir el contenido de las normas violadas y citar un pronunciamiento del H. Consejo de Estado, las aplicó al caso en estudio, para concluir que le asiste el derecho reclamado.
Trámite procesal
6. La demanda fue admitida me diante auto interlocutorio número 05 del 16 de enero de
20231.
7. Las notificaciones se cumplieron a cabalidad, tal y como consta a índice 0000 6 del expediente digital en SAMAI.
8. La Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de legalidad y debido proceso en la actuación disciplinaria y la genérica.2
9. En aplicación del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, mediante auto interlocutorio No. 402 del 24 de julio de 2023 , se prescindió de la audiencia inicial, se incorporaron las pruebas allegadas con la demanda y durante el trámite procesal. Además, se fij ó el litigio en los
siguientes términos:
“Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos acusados, esto es, el fallo
allegadas con la demanda y durante el trámite procesal. Además, se fij ó el litigio en los siguientes términos:
“Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos acusados, esto es, el fallo disciplinario de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022 proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fallo Disciplinario de Segunda Instancia de fecha 12 de abril de 2022, proferido por los Delegados Departamentales de la citada entidad, por medio de los cuales se le impuso sanción principal de suspensión e inhabilidad especial por 3 meses al señor Rafael Antonio Mosquera Reyes, en el marco del proceso disciplinario con radicado número 017 -005-2021; así como, la Resolución Nro. 156 de 2022, por medio de la cual se hace efectiva la sanción disciplinaria y a uto aclaratorio Nro. 020 de fecha 02 de mayo de 2022, expedidos por la entidad demandada, son contrarios al ordenamiento y si como consecuencia de lo anterior resultan procedentes las ordenes a título de restablecimiento solicitada, es decir, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, durante el tiempo que el demandante fue suspendido del cargo de Registrador Municipal de Lloró, y demás petitum de la demanda, o si por el contrario se encuentra probada la excepción propuesta por la enti dad demandada y/o las que puedan ser declaradas por la Corporación.”
10. En la misma providencia, se corrió traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran por escrito, los primeros sus alegatos de conclusión y el segundo su concepto final si a bien lo consideraba en el marco de sus competencias.
Ministerio Público para que presentaran por escrito, los primeros sus alegatos de conclusión y el segundo su concepto final si a bien lo consideraba en el marco de sus competencias.
11. Dentro del término legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó, presentó sus alegaciones finales, las cuales se abrevian de la
siguiente manera:
“(…) Desde un principio hemos manifestado que cada una de ellas carecen de fundamento factico y jurídico, por considerar que los actos administrativos expedidos por el Operador Disciplinario, esto es, fallo de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022; fallo de segunda instancia de fecha 12 de abril de 2022; resolución 156 de 2022 y
1 Ver índice 00002 del expediente digital en SAMAI. 2 Ver índice del 00007 al 00012 del expediente digital en SAMAI.Rad. 27001233300020220013600
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auto aclaratorio No. 020 de fecha 2 de mayo de 2022 demandando por el señor RAFAEL ANTONIO MOSQUERA REYES, está revestido de legalidad. (…). En este momento procesal, se hace necesario puntualizar lo que consideramos que a la luz del plenario y las pruebas aportadas en el expediente, evidencian que cada una de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario, gozan de legalidad, y empezaremos
En este momento procesal, se hace necesario puntualizar lo que consideramos que a la luz del plenario y las pruebas aportadas en el expediente, evidencian que cada una de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario, gozan de legalidad, y empezaremos por explicar detalladamente las etapas procesales que el actor considera violatorias.
Por todo lo antes expuesto y bajo las instrucciones legales y constitucionales para el tema, debo manifestarle, que NO es procedente dar trámite a la petición del accion ante en pretender DECLARAR NULIDAD Y RESTYABLECIMIENTO DEL DERECHO sobre los fallos sancionatorios en contra del señor RAFAEL ANTONIO MOSQUE REYES esto es, Fallo de Primera Instancia de fecha 10 de marzo de 2022; Fallo de Segunda Instancia de fecha 12 de abril de 2022; Resolución 156 de 2022 y Auto Aclaratorio No. 020 de fecha 2 de mayo de 2022. (…)”
12. Por su parte, el extremo demandante no presentó sus alegatos finales.
13. El Ministerio Público no emitió su concepto.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
Competencia
14. La Corporación es competente para conocer la primera instancia del presente asunto de conformidad al numeral 2 del artículo 152 del C.P.A.C.A.3.
Problema jurídico
15. Conforme quedó fijado el litigio, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos acusados, esto es, el fallo disciplinario de primera instancia de fecha 10 de marzo de 2022 proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fallo Disciplinario de Segund a Instancia de fecha 12 de abril
marzo de 2022 proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fallo Disciplinario de Segund a Instancia de fecha 12 de abril de 2022, proferido por los Delegados Departamentales de la citada entidad, por medio de los cuales se le impuso sanción principal de suspensión e inhabilidad especial por 3 meses al señor Rafael Antonio Mosquera Reyes, en el marco del proceso disciplinario con radicado número 017-005-2021; así como, la Resolución Nro. 156 de 2022, por medio de la cual se hace efectiva la sanción disciplinaria y auto aclaratorio Nro. 020 de fecha 02 de mayo de 2022, expedidos por la entidad d emandada, son contrarios al ordenamiento y si como consecuencia de lo anterior resultan procedentes las ordenes a título de restablecimiento solicitada, es decir, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, durante el tiempo que el demandante fue suspendido del cargo de Registrador Municipal de Lloró, y demás petitum de la demanda, o si por el contrario se encuentra probada la excepción propuesta por la entidad demandada y/o las que puedan ser declaradas por la Corporación.
16. Para absolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará de manera integral i) La actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo; ii) Los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria; iii) El control judicial integral fr ente a los actos
3 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…). 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se
instancia de los siguientes asuntos: (…). 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legal es mensuales vigentes. (…).”Rad. 27001233300020220013600
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administrativos sancionatorios ; iv) El derecho constitucional al debido proceso e n las actuaciones disciplinarias; v) Caso concreto; vi) Costas.
- Análisis integral de la actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo.
17. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, que contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública.
18. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia.
19. Respecto a la actuación disciplinaria, el Consejo de Estado, ha sostenido que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un acto administrativo
19. Respecto a la actuación disciplinaria, el Consejo de Estado, ha sostenido que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado, dicha competencia debe de estar en consonancia con l a previsión contenida en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que prevé como objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de los principios constituciones y del derecho procesal .
20. Asimismo, dispuso que el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador, condicionado por los formalismos que imponen restringir su á mbito de razonamiento a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resu lte insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que ilustró al juzgador la Constitución de 1991 permite anteponer el análisis pleno, integral del caso.
21. En esa misma línea, en sentencia de unificación se dispuso en relación al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, que “la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, que “la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales”, y se indicó además que: (…) Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, l o cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto admin istrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva. (…)”
22. Teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los actos
de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva. (…)”
22. Teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia arriba referida.Rad. 27001233300020220013600
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- Los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria.
La tipicidad.
23. Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario detenta una doble funcionalidad, pues no solo busca prevenir sino también corregir todas aquellas conductas que afectan la buena marcha de la administración pública y, de contera, garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás instrumentos que conforman el ordenamiento jurídico.4
24. Para alca
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