TA CHO - Sentencia 27001-33-33-002-2021-00205-01 (27-08-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia Sentencia No. 106 Medio de control.

REPARACION DIRECTA

Demandante (s). LUIS ANGEL BECERRA MENA Y OTROS Demandado (s). NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Radicado. 27001333300220210020501

Instancia Segunda Temas y subtemas Privación Injusta de la Libertad Decisión Revoca Sentencia

MAGISTRADA PONENTE: ADELA YRIASNY CASAS DUNLAP

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la Sentencia No. 121 del 19 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la cual concedió las súplicas de la demanda, y en tal sentido se resolvió:

“…PRIMERO: DECLARENSE no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada por los motivos expuestos en la parte motivo de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la NACIÓNFÍSCALIA GENERAL DE LA NACIÓNpor los perjuicios causados a los demandantes:

Demandante Calidad Luis Ángel Becerra Mena Victima directa Kendry Tatiana Becerra Díaz Hijo de la víctima directa Andrés Camilo Becerra Díaz Hijo de la víctima directa Luis Ángel Becerra Hoyos Hijo de la víctima directa

Kendry Tatiana Becerra Díaz Hijo de la víctima directa Andrés Camilo Becerra Díaz Hijo de la víctima directa Luis Ángel Becerra Hoyos Hijo de la víctima directa Angélica Becerra Hoyos Hijo de la víctima directa Dany Rossana Becerra Hoyos Hijo de la víctima directa Miguel Ángel Becerra Paternina Hijo de la víctima directa Luis Miguel Becerra Benítez Hijo de la víctima directa Luis Alberto Becerra Moreno Hijo de la víctima directa

Lo anterior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia con ocasión al tiempo que duró privado de la libertad el Sr. Luis Ángel Becerra Mena.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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Demandante Cuantía Luis Ángel Becerra Mena 19,31 SMLMV Kendry Tatiana Becerra Díaz 6.75 SMLMV Andrés Camilo Becerra Díaz 6.75 SMLMV Luis Ángel Becerra Hoyos 6.75 SMLMV Angélica Becerra Hoyos 6.75 SMLMV Dany Rossana Becerra Hoyos 6.75 SMLMV

Andrés Camilo Becerra Díaz 6.75 SMLMV Luis Ángel Becerra Hoyos 6.75 SMLMV Angélica Becerra Hoyos 6.75 SMLMV Dany Rossana Becerra Hoyos 6.75 SMLMV Miguel Ángel Becerra Paternina 6.75 SMLMV Luis Miguel Becerra Benítez 6.75 SMLMV Luis Alberto Becerra Moreno 6.75 SMLMV

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: sin condena en costas.

SEXTO: La entidad accionada dará cumplimiento a la presente providencia, en los términos de lo dispuesto en los arts. 192 a 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Ejecutoriada la misma archívese previa anotación de rigor…”

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial; los señores Martha Aidé Hoyos Tordecilla Esposa de la Victima directa, Luis Ángel Becerra Mena en calidad de victima directa y en representación de sus hijos Neyly Victoria Becerra Hoyos, Dany Rossana Becerra Hoyos, Angélica Becerra Hoyos, Luis Angel Becerra Hoyos, K endry Tatiana Becerra Díaz, Andrés Camilo Becerra Díaz, Miguel Angel Becerra Paternina, Luis Alberto Becerra Moreno, Luis Miguel Becerra Benitez, los señores Maritilde Becerra Mena, María Eugenia Becerra Mena, Gonzalo Moya Mena, Nilson Antonio Becerra Mena y Eurípides Beccera Parra en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del CPACA demandan contenciosa y administrativamente a la NaciónBeccera Parra en ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del CPACA demandan contenciosa y administrativamente a la NaciónFiscalía General de la Nación, para que, con audiencia y citación del Agente del Ministerio Público, previo los trámites de un proceso ordinario, se pronuncie mediante sentencia sobre las siguientes :

1.1. Pretensiones. En la demanda se formulan las siguientes pretensiones, sintetizadas así:

Primera: Solicita la parte demandante que se declare patrimonialmente responsable a la entidad demandada, por el daño antijurídico y los perjuicios patrimoniales e inmateriales causados a los demandantes.

Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación Fiscalía General de la Nación, por el daño antijurídico a reconozca y pague los perjuicios patrimoniales e

inmateriales consistentes en:

Perjuicios materiales de lucro cesante:

Se solicita en la demanda que se condene a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a título de indemnización por lucro cesante, al señor Luis Ángel Becerra Mena, con cédula de ciudadanía Número 71.983.824 en calidad de victima directa por el daño patrimonial, el equivalente a un salario mínimo legal vigente, por los 20 meses que estuvo privado de la libertad el señor Luis Ángel Becerra Mena.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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Perjuicios Morales

Solicita la parte demandante que se le pague a la víctima directa, por concepto de daño inmaterial y perjuicio moral, daño a la vida en relación y daño al proyecto de vida, un total de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, solicita la parte demandante que se condene a la entidad demandada a la reparación moral – daño a la vida en relación y daño al proyecto de vida - de los afectados, así:

1. Martha Aidé Hoyos Tordecilla, identificada, con la cédula de ciudadanía Número 1074.713.297, en calidad de compañera permanente de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigentes.

2. Neily Victoria Becerra Hoyos , identificada con registro civil de nacimiento 1.128,865.324 en calidad de hija de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

3. Dany Rossana Becerra Hoyos identificada con la tarjeta de identidad 1.074.713.298, en calidad de hija de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

4. Angélica Becerra Hoyos identificada, con la tarjeta de identidad número 1.074.714.234 en su calidad de hija de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

5. Luis Ángel Becerra Hoyos, identificado, con registro civil de nacimiento número

1.074.714.234 en su calidad de hija de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

5. Luis Ángel Becerra Hoyos, identificado, con registro civil de nacimiento número 1.074.716.152, en calidad de hijo de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

6. Kendry Tatiana Becerra Díaz, identificada, con la tarjeta de identidad número 1.074.712.187, en calidad de hija de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

7. Andrés Camilo Becerra Díaz, identificado, con la tarjeta de identidad número 1.074.713.087 en calidad de hijo de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

8. Miguel Ángel Becerra Paternina, identificado cédula de ciudadanía número 1.045.527.530, en su calidad de hijo de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

9. Luis Miguel Becerra Benítez, identificado, con la tarjeta de identidad número 1.007.131.146, en calidad de hijo de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

10. Luis Alberto Becerra Moreno identificado, con la cédula de ciudadanía número 1.193.205.523, en calidad de hijo de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

11. Maritilde Becerra M ena, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.377.873 en su calidad de hermano de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

mínimos legales vigente.

11. Maritilde Becerra M ena, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.377.873 en su calidad de hermano de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

12. María Eugenia Becerra Mena , identificada con la cédula de ciudadanía número 39.318.170 en su calidad de hermana de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

13. Gonzalo Moya Mena, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.855.736 en su calidad de hermano de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

14. Nilson Antonio Becerra Mena, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.986.383 en su calidad de hermano de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

15. Eurípides Becerra Parra , identificado con la cédula de ciudadanía número 82.330.113 en su calidad de hermano de la víctima, el equivalente a 140 salarios mínimos legales vigente.

Tercera. Que no se condene en costas a la parte demandada. 1.2. Hechos

Las pretensiones se fundamentan en las circunstancias fácticas que se resumen a continuación:

Con base en los informes de policía judicial presentados el 19 de junio y el 2 de septiembre de 2014, la Fiscalía 120 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelar io, sin beneficio deMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

de 2014, la Fiscalía 120 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelar io, sin beneficio deMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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excarcelación, en contra del señor Luis Ángel Becerra Mena, como coautor del delito de homicidio en la persona de Agapito Palacios Murillo, ocurrido el 17 de marzo de 2004 en el municipio de Unguía, Chocó. Frente a dicha medida se interpuso recurso de reposición, el cual fue denegado.

En un inicio, la Fiscalía había proferido resolución inhibitoria de la investigación. Contra esta decisión se interpuso recurso, y finalmente, el 4 de agosto de 2008, se ordenó la reapertura del caso, dis poniéndose el envío de las diligencias a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín. La Fiscal 120 Delegada calificó el sumario y, mediante decisión del 16 de julio de 2014, resolvió dictar resolución de acusación en contra del aquí demandante, en calidad de coautor del delito de homicidio.

Cumplidos los procedimientos de rigor, el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Descongestión (OIT), mediante sentencia del 6 de octubre de 2020, decidió absolver de los cargos formulados a los señores Luis Ángel Becerra Mena y Willinton Cuesta Borja.

Descongestión (OIT), mediante sentencia del 6 de octubre de 2020, decidió absolver de los cargos formulados a los señores Luis Ángel Becerra Mena y Willinton Cuesta Borja.

Se afirma que la víctima estuvo privada de la libertad desde el 25 de marzo de 2014 hasta el 19 de noviembre de 2015, fecha en que recobró efectivamente su libertad.

1.3. Fundamentos de derecho. La parte actora funda la demanda en los artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 18,21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 49, 51, 83, ,87 ,88 89, 90, 91, 93, 94, 116, 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 103, 104, 140, 152, 162, y 166 N umeral. 6º, 157, 159 y S.S., 187 y S.S., y concordantes del CPACA.

• Código Civil Colombiano: Arts. 1613, 1614, 1494, 2341, 2342, 2343, 2344,2347, 2356, S.S. y concordantes.

• Código de Procedimiento Civil: Arts. 75, 76, 77, 174 a 263 y Concordantes. – ley 1564 de

2012.

• Ley 153 de 1.887 (Arts. 4 y 8), Ley 23 de 1.991 (Arts. 59 a 65), Ley 65 de 1.993, Ley 446

de 1.998 (artículos 40 y 44), Ley 794 de 2003, Ley 599 de 2000; Ley 906 de 2004; Ley 1285 de 2009 y Ley 640 de 2001.

• Decreto 1716 de 2009.

De igual manera hizo referencia a varias sentencias del Consejo de Estado.

1.4. Contestación de la demanda

La Nación – Fiscalía General de la Nación1, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando que las actuaciones de la entidad se enmarcaron dentro de la Constitución Política y de las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Indicó que es responsabilidad del E stado garantizar la convivencia pacífica, y que la detención preventiva constituye una carga que puede ser legítimamente exigida.

Solicitó que se desestimara la demanda, al considerar que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación no fueron despr oporcionadas ni contrarias a los procedimientos legales, pues, con base en los elementos de juicio recaudados, el imputado estaba en el deber jurídico de soportar la detención a la que fue sometido, razón por la cual esta no puede considerarse injusta.

Finalmente, propuso las excepciones de ausencia de daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación, inexistencia de nexo de causalidad, cumplimiento del deber legal, hecho de un tercero como causal de exoneración y excepción genérica.

1 Ver índice 5 expediente electrónico en SamaiMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

1 Ver índice 5 expediente electrónico en SamaiMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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1.5. La sentencia apelada El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las pretensiones de la demandada, con fundamento en las siguientes consideraciones: (…) En la providencia del 6 de octubre de 2020, el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Descongestión -OITde Bogotá absolvió a los señores Luis Ángel Becerra Mena y Willington Cuesta Borja, como coautores del delito de Homicidio Agravado del que resultaría victima Agapito Palacios Murillo, con fundamento en que “no hay prueba que acredite que éstos hubieran participado en aquel designio criminal, o tuvieran dominio del hecho, es decir que sólo –sicseñalamiento que hicieran algunos testigos de oída s a quienes de manera presencial no les consta nada de los hechos, no impone responsabilidad penal, máxime cuando esa investigación quienes fungían como comandantes del Bloque Elmer Cárdenas y del Frente Tanela para la fecha de los hechos aceptaron su responsabilidad del homicidio que se investiga y afirman categóricamente haber dado la orden para su ejecución sin que en su narrativa hubiesen siquiera insinuada la participación de los hoy procesados en los hechos”.

Todo esto, por cuanto “como se dijo anteriormente la mayoría de los testimonios son de

orden para su ejecución sin que en su narrativa hubiesen siquiera insinuada la participación de los hoy procesados en los hechos”.

Todo esto, por cuanto “como se dijo anteriormente la mayoría de los testimonios son de oídas, no presenciaron de manera directa al hecho, no estuvieron presente en una reunión donde se fraguará el homicidio por la organización para endilgar responsabilidad de manera directa a los procesados, no existió una prueba que relacionara a los procesados como las personas que fraguaron el homicidio, simplemente se recepcionaron testimonios de terceras personas, advirtiendo las posibles causas de la muerte, pero no señalan de manera directa los procesados como responsables del homicidio.”

“Efectuadas las anteriores acotaciones, sí aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración directa o indirecta al valorar el conjunto de pruebas coma se impone constitucional y legalmente aplicar el principio de resolución de la duda a favor del incriminado, el cual a la postre, también se encuentra reconocido en la normatividad internacional como pilar esencial del debido proceso y las garantías judiciales.”

Además, se señaló que, “de las pruebas y en particular de su análisis no surge medio alguno complementario que permita afirmar con absoluta certeza, la responsabilidad en cabeza de los hoy encartados, por lo que la solución se erige como única solución apegada a la legalidad.”

En consecuencia, si bien al inicio de la investigación penal se consideró que los relatos de Antonio Julio González, Naideth Tordecilla y Jhon Fredy Osorio, eran pruebas veraces y serias a voces de la Fiscalía acerca de la presunta comisión del delito de homicidio en

de Antonio Julio González, Naideth Tordecilla y Jhon Fredy Osorio, eran pruebas veraces y serias a voces de la Fiscalía acerca de la presunta comisión del delito de homicidio en coparticipación por parte de los procesados (aunque como se detalló en acápite precedente, tampoco lo fueron en punto a la medida de aseguramiento impuesta), lo cierto es que posteriormente estas perdieron su grado de credibilidad como se indica en la sentencia penal definitiva, por las contradicciones e imprecisiones en las que incurrieron dichos testigos así como la ausencia de corroboración de sus dichos, la forma como obtuvieron la información (testigos de oídas), las retractaciones producidas, y la aceptación de responsabilidad penal en línea de mando por personas diferentes a aquellos (Alias el “Alemán”).

De modo que, a pesar de que la orden de captura y posterior determinación de la fiscalía de mantener la privación de la libertad de los entonces procesados hasta la definición de su situación jurídica resultaban improcedente, al no cumplir con los requisitos exigidos por la le y procesal penal, el Estado, con su actuar legítimo, rompió el principio de igualdad de las cargas públicas que debe soportar todo ciudadano. Es decir, se le generó a los aquí demandantes un daño anormal, especial y grave, dado que, al no poderse desvirtuar su presunción de inocencia, no existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad.

En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad del procesado que fue exonerado de responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado comportamiento punible. Por lo tanto, la afectación del derecho a la

En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad del procesado que fue exonerado de responsabilidad penal, al no demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado comportamiento punible. Por lo tanto, la afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano, al tratarse deMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

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un atributo propi o de la persona, no puede considerarse como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica dicha restricción, como en efecto ocurrió en el presente caso. Por las anteriores razones, procede la reparación del daño antijurídico alegado, como así se ordenará. (…)

1.6. El recurso de apelación Los apoderados de la parte demandante y demandada, dentro del término legal presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en los siguientes términos: Parte Demandante: La parte demandante solicitó a la Corporación que se c oncedan las súplicas de la demanda, en el sentido de ajustar, reconocer y pagar las sumas indicadas en las pretensiones de la misma, las cuales fueron inobservadas por el juzgado de primera instancia.

La parte demandante solicitó a la Corporación que se c oncedan las súplicas de la demanda, en el sentido de ajustar, reconocer y pagar las sumas indicadas en las pretensiones de la misma, las cuales fueron inobservadas por el juzgado de primera instancia. Como yerros del a quo, señaló que se omitió reconocer l a existencia de la unión marital de hecho entre el señor Luis Ángel Becerra y la señora Martha Aidé Hoyos Tordecilla, toda vez que, como se probó en el plenario, su hija Danny Rosa Becerra Hoyos nació el 25 de agosto de 2006, y posteriormente nacieron sus demás hijos. Esta situación indica que su relación inició antes del año 2006, formalizándose posteriormente mediante matrimonio civil en el año 2017. Asimismo, difirió de la posición del juez de primera instancia cuando desestimó el daño moral sufrido por los hermanos de la víctima directa, pues el sufrimiento se presentó tanto para esta como para toda su familia, debido a la ausencia de su hermano, lo que generó intranquilidad, ansiedad y angustia. De igual manera, señaló que el a quo computó erróneamente el término de privación de la libertad de la víctima directa, indicando tres meses y veintiséis días, cuando en realidad corresponde a veinte meses. Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación se ratificó en todos los argumentos expuestos tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, sosteniendo que no se configuraron los supuestos esenciales que estructuran la responsabilidad patrimonial en cabeza de dicha entidad. Precisó que la sentencia absolutoria a favor del demandante fue proferida ante la duda

configuraron los supuestos esenciales que estructuran la responsabilidad patrimonial en cabeza de dicha entidad. Precisó que la sentencia absolutoria a favor del demandante fue proferida ante la duda sobre su responsabilidad, mas no porque exista certeza de su inocencia. En cuanto a la medida de aseguramiento, señaló que esta se impuso con el fin de garantizar su comparecencia al proceso, lo que no implica desconocimiento del debido proceso; por lo tanto, en el presente caso no es jurídicamente procedente presumir la injusta privación de la libertad del señor Luis Ángel Becerra Mena. Por lo expuesto, solicitó que se revoque la sentencia 121 del 19 de diciembre de 2022. 1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia. Parte demandante No existe constancia en el expediente electrónico de la parte demandante haya alegado de conclusión en esta instancia. Parte demandada No se evidencia en el expediente electrónico alegatos de conc lusión por parte de la entidad demandada.

Ministerio Público.

En el expediente no existe constancia procesal, de que haya presentado concepto de fondo.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

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II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1 Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del

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II. CONSIDERACIONES

PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

2.1 Competencia.

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTICULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)”.

Respecto a los límites de la decisión de segunda instancia, el Honorable Consejo de Estado, en providencia del 25 de marzo de 2015, C.P. Dr. HERNAN ANDRADE RINCON, expediente 41001-23-31-000-1999-00435-01 (28425) dijo:

“Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo2.”

Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá exclusivamente al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

apelación interpuesto por la parte accionante, en concordancia con el artículo 328 del C.G.P., aplicable al caso concreto por el artículo 306 del CPACA, y la jurisprudencia citada.

2.2 Oportunidad del medio de control

El medio de control de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, se encuentra acreditado que la sentencia abs olutoria fue proferida el día 06 de octubre de 2020 y la demanda fue presentada el 4 de agosto de 2021, dentro del término de dos años previsto en el numeral segundo, literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Legitimación para la causa

Las personas titulares del interés jurídico que se debate en este proceso son Luis Ángel Becerra Mena, como víctima directa de la privación de la libertad, y en representación de sus hijos Neily Victoria Becerra Hoyos, Dany Rossana Becerra Hoyos, Angélica Becerra Hoyos, Luis Ángel Becerra Hoyos, Kendry Tatiana Becerra Díaz y Andrés Andrés Camilo Becerra Díaz, los señores Miguel Ángel Becerra Patertina, Luis Miguel Becerra Benítez, Luis Alberto Becerra Moreno en calidad de hijos de la víctima directa, la señora Martha Aidé Hoyos Tordecilla, en calidad de victima por ser la esposa de la víctima directa, los señores Maritilde Becerra Mena, María Eugenia Becerra Mena, Gonzalo Moya Mena, Nilson Antonio Becerra Mena y Eurípides Becerra Parra y Luis Ángel Becerra Mena, en calidad de hermanos de la víctima directa.

señores Maritilde Becerra Mena, María Eugenia Becerra Mena, Gonzalo Moya Mena, Nilson Antonio Becerra Mena y Eurípides Becerra Parra y Luis Ángel Becerra Mena, en calidad de hermanos de la víctima directa.

De los documentos de identidad obrantes en el archivo numerado 31-50 del expediente digitalizado, se logró establecer el parentesco entre el demandante y las personas referenciadas como hijos y hermanos.

2 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.” (Negrilla s adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RADICADO: 27001 33 33 002 2021 00205 01

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL BECERRA MENA Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación , de manera que la Nación se encuentra legitimada por pasiva en este asunto.

en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación , de manera que la Nación se encuentra legitimada por pasiva en este asunto.

2.4. Problema jurídico:

Corresponde a esta Sala establecer si en el caso objeto de estudio, procede o no confirmar la Sentencia No. 121 del 19 de diciembre de 202 2, emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda; para lo cual se debe analizar si la Nación - Fiscalía General de la Nación, es administrativa y extracontractualmente responsable de los daños sufridos por el señor Luis Ángel Becerra Mena y su núcleo familiar , en razón de la privación de la libertad sufrida desde el día 25 de marzo del 2014 hasta el 19 de noviembre del 2015 , en virtud de la medida de aseguramiento en es tablecimiento carcelario impuesta por Fiscalía 120 Delegada Adscrita a la Unidad Nacional de –Derechos Humanos y DIHProyecto O.I.T., por la presunta comisión del delito de Homicidio Agravado en las persona de Agapito Palacios Murillo.

Para dar respuesta al problema planteado se hace necesario el siguiente análisis.

2.5. MARCO TEÓRICO.

2.5.1. De los Fundamentos Normativos y Jurisprudenciales.

Régimen de responsabilidad patrimonial del estado por los daños derivados de la privación injusta de la libertad.

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, y en virtud de lo dispuesto por su artículo 90, el Consejo de Estado ha reconocido la procedencia de la responsabilidad

privación injusta de la libertad.

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, y en virtud de lo dispuesto por su artículo 90, el Consejo de Estado ha reconocido la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por las decisiones adoptadas por los operadores judiciales. Antes de dicha reforma constitucional, únicamente se indemnizaban los perjuicios derivados de las actuaciones administrativas de la jurisdicción, mientras que los ocasionados por la actividad estrictamente jurisdiccional se consideraban cargas inherentes a la vida en sociedad, carentes de reconocimiento indemnizatorio, en aras de salvaguardar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Por su parte , la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la A dministración de Justicia, en su artículo 65 y siguientes, establece que