TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00025-02 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 070

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200002502

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTOR: VANESSA YULIE CÓRDOBA QUEJADA

CONTRA: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS –

HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA DE QUIBDÓ

MAGISTRADO PONENTE: LARRY YESID CUESTA PALACIOS (E)

Decide la Sala Primera de decisión de este Tribunal, los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la Sentencia Nº 151 del 29 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por la señora VANESSA YUL IE CÓRDOBA QUEJADA contra la Ese Hospital San Francisco de AsísHospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó, en la que se resolvió:

“PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva contra la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó - en Liquidación de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declárase la configuración del nulidad del acto administrativo ficto derivado de la reclamación administrativa por medio del cual se dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento del vínculo laboral y pago de los

la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declárase la configuración del nulidad del acto administrativo ficto derivado de la reclamación administrativa por medio del cual se dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento del vínculo laboral y pago de los correspondientes conceptos prestacionales y demás emolumentos, en el periodo contractuales en el que la actora se desempeñó como auxiliar de facturación en la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, esto es, durante el Periodo comprendido entre el 1 a 31 de octubre de 2016, periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre el 2 de enero a 31 de marzo de 2018, respecto de la señora VANESSA YULIE CORDOBA

QUEJADA.

TERCERO: De clárase la existencia de la relación laboral entre las señoras VANESSA YULIE CORDOBA QUEJADA; y la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre el 2 de enero a 31 de marzo de 2018.Radicación número: 27001333300320200002502

Acción: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

Accionante: Vanessa Yulie Córdoba Quejada

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CUARTO: Condénese a la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de

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CUARTO: Condénese a la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, a sufragar las diferencias en las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud causadas entre el 1 de enero a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre el 2 de enero a 31 de marzo de 2018 respecto de la señora VANESSA YULIE CORDOBA QUEJADA, conforme al sueldo mensual establecido para el empleo de auxiliar de facturación de la entidad (a menos de que sea inferior a los honorarios, evento en el que se tomarán estos) y en el porcentaje que le correspondía al empleador.

QUINTO: Ordenase a la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, a pagar a la señora VANESSA YULIE CORDOBA QUEJADA las correspondientes prestaciones sociales devengadas por los servidores de planta, para cuya base de liquidación deberá tener en cuenta el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de facturadora, (en la medida en que no sea inferior a los honorarios, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), en proporción a cada período trabajado en virtud de cada uno de los contratos de prestación de servicios relacionados en la parte motiva de esta providencia

SEXTO: La demandada deberá tomar (1 de enero a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre

motiva de esta providencia

SEXTO: La demandada deberá tomar (1 de enero a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre el 2 de enero a 31 de marzo de 2018) respecto de la señora VANESSA YULIE CORDOBA QUEJADA, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de los demandantes (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñ aban el empleo de facturadora o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratistas y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma fal tante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizo al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la even tualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrán la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadores.

SÉPTIMO: La demandada deberá PAGAR una indemnización por maternidad que deberá cubrir el valor de la remuneración que dejó de percibir la actora entre la fecha del retiro efectivo del cargo, y los 60 días de salario posteriores al parto, en el evento que la misma no haya sido cancelada. Más las 14 semanas de descanso remunerado que contempla la Ley 1468 de 2011.

OCTAVO: Declárase que el tiempo laborado entre el Periodo comprendido entre el 1 a 31 de octubre de 2016, periodo comprendido entre el 1 a 31 de julio de

descanso remunerado que contempla la Ley 1468 de 2011.

OCTAVO: Declárase que el tiempo laborado entre el Periodo comprendido entre el 1 a 31 de octubre de 2016, periodo comprendido entre el 1 a 31 de julio de 2017, periodo comprendido entre el 1 a 30 de septiembre de 2017, periodo comprendido entre el 2 de enero a 31 de marzo de 2018 respecto de la señora VANESSA YULIE CÓRDOBA QUEJADA, se debe computar para efectos pensionales.Radicación número: 27001333300320200002502

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NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia (…).

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones

En la demanda se formulan las siguientes, que la Sala resume a continuación:

Se solicita que se declare la nulidad de l acto administrativo ficto debido al silencio administrativo negativo configurado el 21 de noviembre de 2019, frente a la petición de fecha 21 de agosto de 2019 , radicada por la parte demandante en el Hospital Ismael Roldán Valencia, solicitando el reconocimiento del contrato realidad y el pago de prestaciones sociales y otras indemnizaciones, por haber laborado como auxiliar de facturación a través de contratos de prestación de servicios.

También se pide la nulidad del Oficio Nro. ESELIQUI -0703 recibido el 2 de

de prestaciones sociales y otras indemnizaciones, por haber laborado como auxiliar de facturación a través de contratos de prestación de servicios.

También se pide la nulidad del Oficio Nro. ESELIQUI -0703 recibido el 2 de septiembre de 2019, en el cual el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en Liquidación, respondió la petición elevada por la demandante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, s e solicita que se condene al Hospital Ismael Roldán Valencia y al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en Liquidación, al pago de prestaciones sociales ordinarias, con base en los honorarios pactados. Igualmente , solicita la devolución de los aportes realizados al sistema pensional y la consignación de las diferencias entre lo aportado por la trabajadora y el valor que debió ser consignado. Pide que las sumas adeudadas se actualicen conforme con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso.

1.2. Hechos

Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones son los siguientes:

1. La demandante fue contratada por la ESE - Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó mediante contratos de prestación de servicios, a través de un convenio con el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, hoy en liq uidación, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2018. Durante este tiempo, cumplía jornadas laborales de 8 a 12 horas diarias como Auxiliar de

Facturación.

2. Estuvo en licencia de maternidad del 24 de marzo al 28 de julio de 2018. Solicitó su reintegro, pero el hospital respondió que sería cuando la administración lo

Facturación.

2. Estuvo en licencia de maternidad del 24 de marzo al 28 de julio de 2018. Solicitó su reintegro, pero el hospital respondió que sería cuando la administración lo considerara necesario. Nunca fue reincorporada, a pesar de tener fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad.

3. Los contratos fueron continuos y no se reconocieron derechos laborales como prestaciones sociales. Las funciones eran misionales y permanentes, propias del giro ordinario del hospital, lo que indica una relación laboral encubierta.

4. Las funciones de la contratista eran idénticas a las de otros trabajadores vinculados directamente, no tenía control sobre el tiempo, modo y lugar de suRadicación número: 27001333300320200002502

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labor, que eran definidos por la gerencia o supervisión, y se desarrollaban en las instalaciones del hospital con sus recursos, lo que refuerza la existencia de un “contrato realidad”.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes:

Los artículos 1, 13, 25, 48, 49, 53, 122 y 228 de la Constitución Política Ley 100 de 1993; Decreto Ley 3074 de 1968; Ley 80 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015.

Como concepto de la violación manifestó que, la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia cuando la

2015.

Como concepto de la violación manifestó que, la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia cuando la administración pública encubre verdaderas relaciones laborales bajo la figura de contratos de prestación de servicios. Esta práctica irregular no solo transgrede los principios fundamentales que rigen la función pública, sino que además vulnera los derechos prestacionales inherentes a toda relación laboral, los cuales están protegidos por el ordenamiento jurídico.

1.4. Contestación de la demanda

El Hospital Ismael Roldán Valencia d e Quibdó contestó la demanda señalando que no existió relación laboral directa con la demandante, la contratación se dio en el marco de un convenio interadministrativo entre este hospital y la ESE H ospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, para suplir necesidades temporales con personal que no hacía parte de la planta de personal de la institución. Indica que los contratos firmados fueron de prestación de servicios, con un término fijo y determinado, ajustados a la temporalidad del convenio. No se trató de una relación laboral permanente ni de un contrato realidad ; además no se configuran los tres elementos esenciales del contrato re alidad (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración), por lo tanto, no hay lugar a reconocer derechos laborales propios de un contrato de trabajo.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sentencia Nº 151 del 29 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, considerando que l a ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia asumió la administración del Hospital Departamental San Francis co de Asís –

Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, considerando que l a ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia asumió la administración del Hospital Departamental San Francis co de Asís – HDSFA, desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017. Las obligaciones de la ESE HDSFA cesaron el 31 de julio de 2016, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad solidaria por hechos posteriores.

Señaló que, aunque los contratos fueron formalmente de prestación de servicios, el juzgado reconoce que las funciones contratadas eran misionales y permanentes , propias del objeto social de la ESE, lo que sugiere una relación laboral encubierta. En cuanto a los e lementos del contra to realidad , señaló que se identifica la prestación personal del servicio, ya que la demandante ejecutaba directamente lasRadicación número: 27001333300320200002502

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funciones de auxiliar de facturación ; recibía pagos mensuales por su labor y concluyó que existía subordinación, porque se le imponían horarios y turnos fijos , no podía delegar sus funciones y estaba sujeta a instrucciones y supervisión directa. Además, el a quo señaló que a la demandante se le vulneró del fuero de maternidad, porque su desvinculación ocurrió justo después del na cimiento de su hijo, sin justificación válida, lo que constituye una violación a la estabilidad laboral reforzada

Además, el a quo señaló que a la demandante se le vulneró del fuero de maternidad, porque su desvinculación ocurrió justo después del na cimiento de su hijo, sin justificación válida, lo que constituye una violación a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada o lactante, independientemente del tipo de contrato , por ello decidió declarar la ineficacia del despido, ordenar el pago de una indemnización por maternidad , incluyendo la r emuneración dejada de percibir desde el retiro , consignar los aportes al sistema de pensiones por 60 días posteriores al parto y 14 semanas de descanso remunerado por licencia de maternidad.

1.6. Recursos de apelación

a) Parte demandada

En su escrito de apelación, el apoderado de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó manifestó su inconformidad con la decisión adoptada por el juzgado y en consecuencia , indicó que los contratos celebrados con la actora estuvieron atados a la duración del Convenio Interadministrativo 01 de 2016, cuya vigencia inicial fue de 9 meses. La motivación para contratar fue exclusivamente la necesidad de ejecutar el objeto del convenio: la operación temporal de los servicios y bienes del Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación. Que los bienes utilizados por la contratista no eran propiedad del operador (ESE HLIRV), sino que fueron entregados a título de mera tenencia, con la obligación expresa de ser restituidos al finalizar el convenio, como lo establece la cláusula séptima del mismo.

Además, señaló que no se demostró que los cuadros de turnos allegados por los

ser restituidos al finalizar el convenio, como lo establece la cláusula séptima del mismo.

Además, señaló que no se demostró que los cuadros de turnos allegados por los demandantes correspondían a una imposición o eran el resultado de un acuerdo en la coordinación de turnos entre el personal contratista y la ESE - Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó Sede II, y no se probó tampoco quiénes intervenían en el proceso de determinarlos y el rol que tenían dentro de esa institución.

b) Parte demandante

La apoderada de la parte demandante recurrió la sentencia de primera instancia, manifestando inconformidad con los extremos temporales en los que se reconoció la existencia de la relación laboral, señalando que el juez no tuvo en cuenta la certificación laboral de fecha 15 de mayo de 2019, que da cuenta que su defendida laboró entre el 1 de octubre de 2016, hasta el 31 de marzo de 2018.

1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Parte demandante

En el expediente no existe memorial que dé cuenta de que la parte demandante haya presentado alegatos de conclusión en segunda instancia.Radicación número: 27001333300320200002502

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Parte demandada

En el expediente no existe constancia de que la parte demandada haya alegado de conclusión en esta instancia.

Concepto del Ministerio Público

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Parte demandada

En el expediente no existe constancia de que la parte demandada haya alegado de conclusión en esta instancia.

Concepto del Ministerio Público

No existe en el plenario memorial que dé cuenta de que el Agente del Ministerio Público haya emitido concepto.

II CONSIDERACIONES

Competencia

El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

“ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”.

Problema jurídico

¿Conforme al recurso de apelación, la atención de la Sala se circunscribe a analizar si en este caso quedó acreditada la existencia de una ver dadera relación laboral entre la señora VANESSA YULIE CÓRDOBA QUEJADA y la ESE - Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, cuáles fueron los extremos temporales y si como consecuencia de ello, debe o no ordenarse el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales?.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará en desarrollar lo siguiente : i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Caso concreto.

y prestaciones sociales?.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará en desarrollar lo siguiente : i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Caso concreto.

1. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios De la relación laboral encubierta o subyacente En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.Radicación número: 27001333300320200002502

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Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 1 constituye, junto con otros principios convencionales, 2 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 1 constituye, junto con otros principios convencionales, 2 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación de s ervicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3. º Del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestacione s sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinaci ón continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).

disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinaci ón continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo). En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relaci ón laboral encubierta o subyacente. Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado.

1 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 196 7 y ratificado en 1969. 2 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales », adoptad o en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como « (. . .) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y

derechos económicos, sociales y culturales », adoptad o en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como « (. . .) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente es cogida o aceptada ».Radicación número: 27001333300320200002502

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En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizars e los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

I. el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el surgimiento de una «nue va realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;

II. el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual convenido;

III. la dirección y control e fectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad;

III. la dirección y control e fectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad;

IV. que las actividades o tareas a desarrollar correspon dan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y r eglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de

la Carta Política3 Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe ostentó la facultad de ex igirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes reglas de unificación: (i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3. º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que

indispensable», al que alude el numeral 3. º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia. (ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del s iguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se

3 Al res pecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001 - 23-31 -000 -200105650 -01 ( 092409); C. P. Bertha Lucia Ramírez de PáezRadicación número: 27001333300320200002502

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exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente. (iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. En la primera r egla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar

improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. En la primera r egla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales. En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractua