TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00088-01 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No. 078

REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACTOR: ALINA AMADA VALENCIA MENDOZA CONTRA: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍSHOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA DE QUIBDÓ

MAGISTRADO PONENTE: LARRY YESID CUESTA PALACIOS (E) Decide la Sala Primera de decisión de este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la S entencia N.º 258 del 2 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por la señora Alina Amada Valencia Mendoza contra la Ese Hospital San Francisco de Asís - Hospital Ismael Roldan Valencia de Quibdó, en la que se resolvió: “PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, cancélese su radicación y archívese el expediente, previo las anotaciones de rigor”.

I. ANTECEDENTES 1.1 Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes, que la Sala resume a continuación: Solicita la parte demandante, que se declare la nulidad de l oficio Nro. ESELIQUI –

I. ANTECEDENTES 1.1 Pretensiones En la demanda se formulan las siguientes, que la Sala resume a continuación: Solicita la parte demandante, que se declare la nulidad de l oficio Nro. ESELIQUI – 839, recibido el 19 de noviembre del 2019 y del oficio recibido el 3 de febrero del 2020 a través d e los cuales el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó en Liquidación y el Hospital Ismael Roldán Valencia, respondieron la petición elevada por la demandante reclamando el reconocimiento del contrato realidad y el pago de presta ciones sociales y otras indemnizaciones , por haber laborado como auxiliar de enfermería a través de contratos de prestación de servicios, entre octubre de 2016 y agosto de 2017.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicita que se condene al Hospital Ismael Roldan Valencia y al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó enREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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Liquidación, al pago de prestaciones sociales ordinarias, con base en los honorarios pactados. Igualmente, solicita la devolución de los aportes realizados al siste ma pensional y la consignación de las diferencias entre lo aportado por la trabajadora y el valor que debió ser consignado. Pide que las sumas adeudadas se actualicen conforme con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y se condene a la parte

pensional y la consignación de las diferencias entre lo aportado por la trabajadora y el valor que debió ser consignado. Pide que las sumas adeudadas se actualicen conforme con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y se condene a la parte demandada al pago de las costas del proceso. 1.2. Hechos Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones son los siguientes:

1. La demandante fue contratada por la ESE - Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó mediante contratos de prestación de se rvicios, a través de un convenio con el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, hoy en liquidación, desde el 01 de octubre del 2016 hasta febrero 28 del 2017 y desde marzo hasta agosto de 2017, devengando un salario de $1.744.129). Durante este tiempo, cumplía 16 turnos de 12 horas; es decir 192 horas mensuales como Auxiliar de Enfermería.

2. Señala que l os contratos fueron continuos y no se reconocieron derechos laborales como prestaciones sociales. Las funciones eran misionales y permanentes, propias del giro ordinario del hospital, lo que indica una relación laboral encubierta.

3. Las funciones de la contratista eran idénticas a las de otros trabajadores vinculados directamente, no tenía control sobre el tiempo, modo y lugar de su labor, que eran definidos por la gerencia o supervisión, y se desarrollaban en las instalaciones del hospital con sus recursos, lo que refuerza la existencia de un “contrato realidad”. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes:

instalaciones del hospital con sus recursos, lo que refuerza la existencia de un “contrato realidad”. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación En la demanda se indicaron como normas violadas las siguientes: Los artículos 1, 13, 25, 48, 49, 53, 122 y 228 de la Constitución Política. Ley 100 de 1993; Decreto Ley 3074 de 1968; Ley 80 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015 Como concepto de la violación manifestó que, la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia cuando la administración pública encubre verdaderas relaciones laborales bajo la figura de contratos de prestación de servicios. Esta práctica irregular no solo transgrede los principios fundamentales que rigen la función pública, sino que además vulnera los derechos prestacionales inherentes a toda relación laboral, los cuales están protegidos por el ordenamiento jurídico. 1.4. Contestación de la demanda a) Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó

El Hospital Ismael Roldán Valencia d e Quibdó contestó la demanda señalando que no existió relación laboral directa con la demandante, la contratación se dio enREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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el marco de un convenio inter administrativo con la ESE H ospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, para suplir necesidades temporales con

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el marco de un convenio inter administrativo con la ESE H ospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, para suplir necesidades temporales con personal que no hacía parte de la planta de personal de la institución. Indica que los contratos firmados fueron de prestación de servicios , con un término fijo y determinado, ajustados a la temporalidad del convenio. No se trató de una relación laboral permanente ni de un contrato realidad. Propuso entre otras, las excepciones de legalidad de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y ESE Hospital Local Ismael Roldán valencia de Quibdó sede II, legalidad del acto administrativo del 3 de febrero de 2020, imposibilidad de coexistencia de un acto con pres unción de legalidad como el contenido en los contratos de prestaciones suscritos y de un contrato individual de trabajo y/o contrato realidad, existencia de un contrato legal de prestación de servicios con el lleno de requisitos que contempla el artículo 3 2 de la Ley 80 de

1993. b) Hospital San Francisco de Asís La apoderada judicial de la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó En Liquidación, manifestó que cuando el hospital inició el proceso de liquidación suscribió un convenio con el Hospital Loc al Ismael Roldán Valencia, para la operación, funcionamiento y contratación de todo lo que se requería para que este último siguiera prestando los servicios, a partir del 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2017.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido. 1.5. Sentencia de primera instancia

agosto de 2017. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido. 1.5. Sentencia de primera instancia La Sentencia Nº 258 del 2 de julio de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , negó las pretensiones de la demanda, considerando que l a parte demandante no logró acreditar que recibía órdenes impartidas por el hospital, la imposición de reglamentos de trabajo o llamados de atención, es decir que no probó la subordinación para que pudiera configurarse el contrato realidad. 1.6. Recurso de apelación La apoderada de la parte demandante recurrió la sentencia de primera instancia, manifestando que la señora Alina Amada Valencia, trabajó en la ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, cumpliendo con las órdenes de prestación de servicios que se aportaron al expediente. Su labor fue en el Hospital Departamental San Francisco de Asís, que estaba en proceso de liquidación y donde el Hospital Local Ismael Roldan Valencia tenía l a autonomía para contratar personal. El Convenio Interadministrativo No. 01 del 2016 abarcó desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de abril de 2017, con dos prórrogas que extendieron el contrato hasta el 31 de agosto de 2017. Indicó que su defendida est uvo subordinada, ya que las órdenes de prestación de servicios señalaban que su trabajo sería supervisado y que su relación era similar a un contrato laboral, según lo estipulado en el Art. 53 de la Constitución Nacional.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

que su relación era similar a un contrato laboral, según lo estipulado en el Art. 53 de la Constitución Nacional.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia En el expediente no existe memorial que dé cuenta que la s partes hayan presentado alegatos de conclusión en segunda instancia, ni que el Agente del Ministerio Público haya emitido concepto. II CONSIDERACIONES Competencia El Tribunal es competente para desatar la alzada con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que le correspondía”. Problema jurídico Conforme al recurso de apelación, la atención de la Sala se circunscribe a analizar si en este caso quedó acreditad o el elemento subordinación que d é lugar a la existencia de una verdadera relación laboral entre la señora Alina Amada Valencia

Conforme al recurso de apelación, la atención de la Sala se circunscribe a analizar si en este caso quedó acreditad o el elemento subordinación que d é lugar a la existencia de una verdadera relación laboral entre la señora Alina Amada Valencia Mendoza y la ESE - Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, y si como consecuencia de ello, debe o no ordenarse el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumento reclamados. De acuerdo a lo expresado anteriormente, el estudio de la Sala se centrará a desarrollar lo siguiente i. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios; ii. Caso concreto.

1. Marco legal aplicable al contrato de prestación de servicios De la relación laboral encubierta o subyacente En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trab ajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta razón,REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la OIT, 1 constituye, junto con otros principios convencionales, 2 un axioma la boral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución p resupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3. º Del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas natur ales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo). En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrat o estatal de prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente. Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado. En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del contrato de trabajo (subordinación, prestación p ersonal del servicio y remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el

contrato de trabajo (subordinación, prestación p ersonal del servicio y remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el

1 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 196 7 y ratificado en 1969. 2 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales », adoptad o en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como « (. . .) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente es cogida o aceptada ».REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para d eclarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

I. El lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;

II. El horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto

matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;

II. El horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual convenido;

III. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ej emplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad;

IV. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de empl eado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de

la Carta Política3 Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuner ación, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes reglas de unificación:

la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las siguientes reglas de unificación: (i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3. º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia. (ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los c asos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente. (iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es

3 Al res pecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001 - 23-31 -000 -200105650 -01 ( 092409); C. P. Bertha Lucia Ramírez de PáezREFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar cabal cu mplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede advertirse en la fase prec ontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales. En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad pa ra aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse dicho lapso, se pue de concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones

declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse dicho lapso, se pue de concluir «la existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades». A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S22021, se reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,4 según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la finalización del vín culo contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, 5 por lo que de no presentarse la reclamación en ese period o, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a dicho término.6 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada. Finalmente, en la tercera reg la, la Sección Segunda consideró improcedente la

del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada. Finalmente, en la tercera reg la, la Sección Segunda consideró improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el

4 sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ 2-0 05

6 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos , aun si no se hubiesen deprecad o de forma ex presa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se demuestren causadas , mes a mes, res pecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como empleadora.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal». Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa. De la subordinación en actividades de enfermería. Respecto de la continuada subordinación en labores de enfermería, es necesario tener en cuenta que, en sentencia de 21 de abril de 2016, esta corporación señaló lo siguiente:

y administrativa. De la subordinación en actividades de enfermería. Respecto de la continuada subordinación en labores de enfermería, es necesario tener en cuenta que, en sentencia de 21 de abril de 2016, esta corporación señaló lo siguiente: «…se ha considerado que la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales le corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados especiales que requiere cada paciente, así como estable cer condiciones respecto de cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los pacientes en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación. Lo expuesto no impide que en determinados casos éstas puedan actuar de manera independiente puesto que se pueden presentar excepciones. Sin embargo, la regla general es la de la subordinación, por lo que ésta se deb e presumir. En consecuencia, le corresponderá a las entidades demandadas desvirtuar dicha presunción.»7 Si lo anterior es cierto para enfermeras, es todavía más claro que existe una presunción de continuada subordinación para auxiliares de enfermería, pues estarán sujetos no solo a las órdenes de los médicos, sino de los mismos enfermeros, y por lo tanto, se trata de actividades que no pueden desempeñarse

presunción de continuada subordinación para auxiliares de enfermería, pues estarán sujetos no solo a las órdenes de los médicos, sino de los mismos enfermeros, y por lo tanto, se trata de actividades que no pueden desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario e n que prestan sus servicios; la actividad que desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Adicionalmente, se debe tener en consideración que , en términos generales , les corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados especiales que requiere cada paciente, así como establecer condiciones respecto de cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los pacientes en los cent ros de salud. Lo anterior implica que la relación entre

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril de 2016, expediente 2820-2014, magistrado ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 27001333300320200008801

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médicos y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación. 2.5. Caso concreto La señora Alina Amada Valencia Mendoza, solicita que se declare la existencia de

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médicos y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación. 2.5. Caso concreto La señora Alina Amada Valencia Mendoza, solicita que se declare la existencia de una verdadera relación laboral, por haber prestado sus servicios como Auxiliar de Enfermería, en la E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, desde el 1° de octubre de 2016, hasta el al 31 de agosto d e 2017, vinculada a través de diversos contratos de prestación de servicios. Hechos probados De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: La señora Alina Amada Valencia Mendoza , suscribió con la E.S.E Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó los siguientes contratos de prestación de servicios cuyo objeto principal fue el de adelantar la labor de auxiliar de enfermería, en dicho centro hospitalario: Número del contrato u O.P.S. de servicios Duración Cargo Objeto del contrato valor 346

(pág. 72-75) Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016 Auxiliar de enfermería Prestar los servicios en el cargo de auxiliar de enfermería en el ESE Hospital Local Ismael Roldan Valencia de Quibdó, Sede II $4.947.885

252 (pág. 76-77) Del 1° al 31 de enero de 2017 Auxiliar de Enfermería Prestar los servicios en el cargo