TA CHO - Sentencia 27001-33-33-003-2020-00171-01 (28-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Quibdó, veintiocho (28) mayo de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia No. 68

RADICACIÓN NÚMERO: 27001333300320200017101

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y OTROS

DEMANDADO:

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL - MUNICIPIO DE QUIBDÓ

REFERENCIA:

APELACIÓN SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA.

Decide la Sala el recurso de apelación in terpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la Sentencia No. 34 del 7 de febrero de 2024 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , dentro del proceso promovido por el señor ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y OTROS, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL -MUNICÍPIO DE QUIBDÓ, a través de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

1. SITUACIÓN FÁCTICA.

La parte demandante expone como hechos los siguientes:

“PRIMERO: El señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA , fue muerto, en hechos ocurridos en la ciudad de Quibdó, el 11 de junio del 2018, en la “BARRA LA CHOQUI”, ubicada

“PRIMERO: El señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA , fue muerto, en hechos ocurridos en la ciudad de Quibdó, el 11 de junio del 2018, en la “BARRA LA CHOQUI”, ubicada en el barrio San Vicente, calle 14 Nro 14-18, a las 04:50 de la madrugada, por varios sujetos, que se encontraban en el establecimiento abierto al público, quienes lo increparon verbal y físicamente y le infligieron en su humanidad varios disparos de arma de fuego, que le causaron la muerte en el lugar; hechos que se adelantan en la investigación penal con SPOA 270016001100201801265.

SEGUNDO: Los hechos se desarrollaron en un establecimiento abierto al público, funcionando después del respectivo horario autorizado por el permiso de amanecida, concedido por la secretaría de gobierno municipal de Quibdó.

TERCERO: La autorización o permiso de amanecida expedido por la secretaría de gobierno municipal de Quibdó, para los días 8, 9 y 10 de junio del 2018, establecía un horario de cierre de establecimientos abiertos al público tipo bares y discotecas hasta las 03:00 a.m horas de la madrugada. Contando con permiso respectivo el establecimiento “BARRA LA CHOQUI”, los días 8, 9 y 10 de junio hasta las 03:00 a.m; es decir, el día 10 de junio se extendía hasta el día 11, teniendo en cuenta que la hora establecida para cierre en el respectivo permiso era a las 03:00 a.m (anexo permiso).

CUARTO: Según el permiso de amanecida de la secretaria de gobierno, para la fecha de los

el día 11, teniendo en cuenta que la hora establecida para cierre en el respectivo permiso era a las 03:00 a.m (anexo permiso).

CUARTO: Según el permiso de amanecida de la secretaria de gobierno, para la fecha de los hechos 10/06/2018, pasada la media noche, ya 11/06/2018 cumplido el horario de cierre hasta las 03:00 a.m, el establecimiento “BARRA LA CHOQUI”, por la falta de control policial continuó abierta al público, con atención a su clientela, la cual era numerosa, aglutinada dentro del establecimiento, la vía pública y los lugares aledaños, con gran concentración de personas.

(conforme se observa en video de la cámara de seguridad aledaña a donde funciona dicho establecimiento).RADICACIÓN: 27001333300320200017101

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QUINTO: Las patrullas policiales en servicio no realizaron el correspondiente control de cierre de establecimiento a la “BARRA LA CHOQUI”, pues continuó abierto al público, después del cierre establecido 03:00 de la madrugada, puesto que si se hubiese realizado el mismo, dicho establecimiento debía haber sido cerrado por la acción policial, a más tardar tipo 03:30 a.m y proferido el comparendo por la violación del no cumplimento del horario de cierre, y así de

establecimiento debía haber sido cerrado por la acción policial, a más tardar tipo 03:30 a.m y proferido el comparendo por la violación del no cumplimento del horario de cierre, y así de esta manera se hubiera prevenido los hechos dolorosos que rodearon la muerte del señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA; aclarando que si el mismo existe, fue realizado dicho comparendo después de sucedido el homicidio, es decir, casi a las 05:00 de la mañana.

SEXTO: Desde el centro de control y monitoreo de las cámaras de seguridad (centro automático de despacho C.A.D) y sala de comunicac iones de la Policía, era advertida e identificada la continuación de la atención al público en el establecimiento “BARRA LA CHOQUI”, después del horario que autorizaba la atención, es decir, después de las 03:00 horas de la madrugada, hasta las 04:50 a.m a proximadamente, que ocurrieron los hechos trágicos del homicidio en dicho establecimiento del señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ

GRACIA.

SEPTIMO: No se ordenó por el comandante de distrito y estación de policía Quibdó, comandante de vigilancia, el supervisor de servicios, el oficial de servicio y el comandante de turno de sala de monitoreo, a las patrullas en turno, realizaran el respectivo control y cierre de establecimientos, teniendo en cuenta que dicho listado de establecimientos de comercio con permiso de amanecida, fue remitido por la secretaría de Gobierno oportunamente al comando de distrito, dentro de los que se encontraba el establecimiento BARRA LA CHOQUI, por lo que previamente y una vez finalizado el horario de cierre, las diferentes patrullas tení an que

de distrito, dentro de los que se encontraba el establecimiento BARRA LA CHOQUI, por lo que previamente y una vez finalizado el horario de cierre, las diferentes patrullas tení an que estar haciendo el control de policía con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, hecho que no se dio en cuanto al establecimiento BARRA LA CHOQUI, que continuó abierto al público por casi dos horas más después de finalizado el horario autorizado y extendida la omisión y negligencia y mal funcionamiento del servicio de policía, pues ni las patrullas ni los diferentes cuadros de mando que les correspondía el control del servicio de policía hicieron u ordenaron respectivamente, las acciones de policía para conjurar oportunamente el hecho de extensión del funcionamiento del establecimiento.

OCTAVO: El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ley 1801/2016, en el artículo 87 establece los Requisitos para cumplir actividades económicas , dentro de los mismos se encuentra el cumplimiento de los horarios establecidos para la actividad económica que fue autorizado; y la autoridad que le corresponde realizar la verificación del cumplimiento de estos requisitos de acuerdo al parágrafo 1 de este artí culo, es la Policía Nacional; es decir, que la policía con las patrullas de vigilancia u otros dispositivos policiales, realiza el control del cierre de establecimientos de comercio abiertos al público, verificando el cumplimiento del horario autorizado de l establecimiento, o cuando no se está cumpliendo el horario autorizado proceder a la aplicación el comparendo y el cierre inmediato del establecimiento, dando aplicación a su vez al artículo 86 y el art 92 numeral NOVENO: El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ley 1801/2016, en el artículo 86. Establece el Control de actividades que trascienden a lo público y determina

NOVENO: El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ley 1801/2016, en el artículo 86. Establece el Control de actividades que trascienden a lo público y determina que las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de clubes sociales s in ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendió o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas de dicho Código.

Como consecuencia de lo anterior establece en el Parágrafo 1º. Que, los alcaldes distritales o municipales podrán establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el presente Código. Y el bar “BARRA LA CHOQUI” tenía permiso de amanecida el día 11/06/2018 por la alcaldía de Quibdó a travésRADICACIÓN: 27001333300320200017101

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de la secretaria de gobierno hasta las 03:00 am, habiendo sido notificado con debida anticipación al señor comandante de Estación de Policía. En el Parágrafo 2º. Faculta a las autoridades de Policía y Comandantes de Estación de Policía para ingresar a los establecimientos mencionados en el presente artículo con el fin de verificar el cumplimiento de horarios dispuestos por los alcaldes distritales o municipales y para imponer las medidas correctivas que correspondan, deber funcional pasado por alto, por la policía permitiendo el funcionamiento del establecimiento público después del horario autorizado.

DECIMO: De acuerdo a la resolución número 0912 del 01 de abril de 2009, Reglamento del servicio de Policía, establece unos preceptos legales y reglamentarios sobre el servicio de policía así: 2.10.1.- Artículo 11. Celeridad y eficacia Las actuaciones del personal de la Policía Nacional se desarrollarán de manera ágil, cumplida y sin dilaciones, cumpliendo estrictamente los términos previstos en este reglamento. 2.10.2.- Artículo 35. Servicio de policía Es un servicio público, a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional. 2.10.3.- Artículo 36. De los fines del servicio Son fines del servicio de policía:

1. Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional. 2.10.3.- Artículo 36. De los fines del servicio Son fines del servicio de policía:

1. Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

2. Mantener la convivencia pacífica. 2.10.4.- Artículo 39. Características del servicio de policía El servicio que presta la Policía es esencialmente

1. Público: las necesidades que satisface son esenciales para el desarrollo de la vida en comunidad.

2. Obligatorio: el Estado está obligado a prestar este servicio.

3. Monopolizado: se presta exclusivamente por parte del Estado.

4. Primario: satisface necesidades esenciales para el desarrollo de la vida social.

5. Directo: indelegable en su función y prestación. El Estado no puede delegar su prestación.

6. Permanente: no se puede suspender.

7. Inmediato: se debe prestar instantáneamente ante la perturbación del orden.

8. Indeclinable: no se puede rehusar ni retardar. 2.10.5.- Artículo 40. Aspectos a tener en cuenta en el servicio Para un eficiente servicio de policía, se deben tener en cuenta, especialmente, los siguientes aspectos:

2. Servicio preventivo. Lo realiza la Policía Na cional en el urbano y rural, con el fin de neutralizar la comisión de hechos punibles.

DÉCIMO PRIMERO: A consecuencia de la omisión y el incumplimientos de los deberes legales y funcionales, y a la falta del control policial, derivan en la falla del servicio, que dio origen en el establecimiento BARRA LA CHOQUI, después del horario de permiso de amanecida autorizado por la secretaria de gobierno municipal de Quibdó para el día 10 y 11

origen en el establecimiento BARRA LA CHOQUI, después del horario de permiso de amanecida autorizado por la secretaria de gobierno municipal de Quibdó para el día 10 y 11 de junio del 2018, continuara abierto al público por casi dos horas más después de las 03:00 am del día 11/06/2018, hasta que fue asesinado en dicho establecimiento el señor

GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA.

DECIMO SEGUNDO: De acuerdo a la resolución 00987 del 18 de marzo del 2013. Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones del Departamento de Policía Chocó, en el capítulo II UNIDADES OPERATIVAS, el comando operativo estaráRADICACIÓN: 27001333300320200017101

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compuesto por: 1.1 Distrito Uno de policía Quibdó, 1.1.1 Estación de policía Quibdó, siendo entonces el superior jerárquico de la estación de Policía Quibdó, el distrito uno de policía Quibdó, y se encontraba estipulados en sus funciones art 21 de dicha resolución la definición de la unidad y sus funciones entre ellas: las enumeradas en los numerales 1,3, 4,5, 9,

Quibdó, y se encontraba estipulados en sus funciones art 21 de dicha resolución la definición de la unidad y sus funciones entre ellas: las enumeradas en los numerales 1,3, 4,5, 9, igualmente la unidad de estación de policía, es decir para el caso concreto estación de policía Quibdó, en el art 22 de la misma resolución, define que es una estación de policía y establece las funciones entre ellas: numeral 1, “ brindar un servicio de policía oportuno, con calidad y respeto a la comunidad” numeral 2 “ aplicar las normas de policía nacional y local, de acuerdo a las facultades otorgadas”, núme rales 5, 13, 14, numeral 18 “ desarrollar los programas y procedimientos, relacionados con el proceso de prevención.

2. PRETENSIONES.

Teniendo en cuenta los supuestos fácticos, la parte actora solicita:

“PRIMERA: Que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación por falla del servicio (Ministerio de Defensa-Policía Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte del señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA, ocurrida con fecha 11 de junio del 2018, en el municipio de Quibdó departamento de Chocó, en la BARRA LA CHOQUI”, ubicada en el barrio San Vicente, calle 14 Nro 14-18, a las 04:50 de la madrugada.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y extracontractualmente de la Nación por falla del servicio (Ministerio de Defensa -Policía Nacional), se reconozcan y sean pagados los daños materiales, daño emergente y lucro

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y extracontractualmente de la Nación por falla del servicio (Ministerio de Defensa -Policía Nacional), se reconozcan y sean pagados los daños materiales, daño emergente y lucro cesante generados a mis poderdantes por la muerte el señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ G RACIA, estimados en un valor de doscientos noventa y ocho (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

TERCERA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa y extracontractualmente de la Nación por falla del servicio (Mi nisterio de Defensa -Policía Nacional), se reconozcan y sean pagados los daños morales generados a mis poderdantes por la muerte del señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA, en un valor de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes

CUARTO: Se dé cumplimiento a los artículos 192 y 195 La Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo

(CPACA)”.

3. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del circuito de Quibdó, mediante auto interlocutorio N° 738 del 1 de junio de 2021 y se ordenó notificar a las partes y al señor Agente del Ministerio P úblico, como en derecho corresponde.

La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

corresponde.

La entidad demandada NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, sustentado en las siguientes consideraciones:

“(…) Ahora bien la actividad de policía fue ejercida de manera eficiente, eficaz y efectiva, frente al caso de marras, visibilizando esto que posterior a ello, mediante la celeridad y eficacia, se logró capturar a los homicidas del hecho, el cual hoy se encuentras 3 ciudadanos antes referidos pagando condena por la muerte del señor GUILLERMO SANCHEZ GRACIA”. (…)RADICACIÓN: 27001333300320200017101

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En la presente contienda se encuentra probado a través y sentencia condenatoria por el hecho referenciada con número de SPOA 2700116000000201800088 y 2700116000000201800058, en la cual se condenó por el homicidio del señor GUILLERMO SANCHEZ GRACIA”. A los jóvenes señores LUIS HERNANDO PALACIOS ORTIZ, (ALIAS NADO), JUAN DE DIOS PALACIOS PARRA (ALIAS PUPI YAN), YAN DAVID PALACIOS CHALA (ALIAS YAN),

jóvenes señores LUIS HERNANDO PALACIOS ORTIZ, (ALIAS NADO), JUAN DE DIOS PALACIOS PARRA (ALIAS PUPI YAN), YAN DAVID PALACIOS CHALA (ALIAS YAN), miembros de delincuencia común del sector o barrio san Vicente de Quibdó, por tal razón queda sin sustento y soportes la Premisa, lo aludido por el abogado de confianza de la parte actora, al manifestar que el señor Guillermo fue muerto por omisión en la prestació n del servicio de policía. Por consiguiente, el daño alegado por el demandante, no es imputable a la Policía Nacional, ya que fueron ocasionados por personas ajenas a la Institución, configurándose la causal de eximente de responsabilidad planteada. Pues bien, en el caso que nos convoca, no se encuentra demostrado que la Policía Nacional, por intermedio de sus agentes haya ocasionado el daño al demandante, lo que exime de toda responsabilidad a la entidad pública antes mencionada (…)” En virtud de lo anterior, propuso la excepción de hecho determinante y exclusivo de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

Por su parte, la entidad demandada MUNICIPIO DE QUIBDÓ, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la m isma, sustentado en las siguientes

consideraciones:

“(…) De acuerdo a las circunstancias en que ocurrió el hecho daño, el mismo no tiene relación directa ni indirecta entre la actuación del municipio de Quibdó, al haber presentado como consecuencia de un acto de intolerancia entre ciudadanos, ya que el homicidio ocurrido en el día del permiso de amanecida, no tiene relación directa con dicha autorización, no es una

consecuencia de un acto de intolerancia entre ciudadanos, ya que el homicidio ocurrido en el día del permiso de amanecida, no tiene relación directa con dicha autorización, no es una consecuencia derivada del mismo.

(…)

Como lo ha sostenido el apoderado de la parte demandante, la muerte del señor GUILLERMO ANTONIO SÁNCHEZ GRACIA, ocurrida el día 11/07/2018; fue cometido por una persona natural, ajena a la administración municipal, pues la alcaldía, no tiene control sobre el actuar de los ciudadanos, por tener una obligación ius vigilendo de orden abstracto.

(…)

De acuerdo a los documentos arribados al expediente, no existe obligación del municipio de Quibdó, a la reparación del daño causado al demandante, por ser el causante del hecho, una persona ajena a la administración municipal.

También atendiendo a que la obligación que le asiste al municipio en materia de seguridad, se trata de una situación en abstracto, por cuanto las acciones de seguridad ciudadana, se encuentra en primer lugar en cabeza de la PRESIDENCIA DEL REPÚBLICAMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAPOLICÍA NACIONAL, pero sea bueno acotar que la víctima directa sus familiares, jamás presentaron solicitud de seguridad a la policía nacional. (…)”

En virtud de lo anterior, propuso la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia No. 34 del 7 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.RADICACIÓN: 27001333300320200017101

La sentencia No. 34 del 7 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.RADICACIÓN: 27001333300320200017101

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Para tomar esa decisión, el a quo argumentó:

“(…) Con respecto a lo anterior, se puede comprobar que aunque existió una omisión en el cumplimiento de los deberes administrativos y de coordinación por parte de ambas entidades, esta no es lo suficientemente determinante para imputar la responsabilidad por falla del servicio, ya que para que esta se configure, la causa de la falla debe ser relevante y trascendental para que se genere el daño antijuridico, es decir, el homicidio ocurrido, no fue generado única y exclusivamente por la omisión de las entidades en el control de los permisos, pues de ninguna manera se puede inferir que el fatídico desenlace no hubiese ocurrido si la Policía Nacional por medio de sus agentes hubiera procedido a cerrar el establecimiento comercial en las horas asignadas, pues dicha afirmación carece de acreditación y de lógica, convirtiéndose además en una mera conjetura, sin soporte alguno. Pues bien, conforme a la valoración de las pruebas aportadas al plenario, este Despacho

convirtiéndose además en una mera conjetura, sin soporte alguno. Pues bien, conforme a la valoración de las pruebas aportadas al plenario, este Despacho considera que no hay elementos de juicio suficientes para encontrar, en el plano de la imputación jurídica, que los demandados omitieron el cumplimiento de las funciones de seguridad legal y constitucionalmente atribuidas (…) El hecho tampoco es imputable a la demandada a tít ulo de daño especial, pues no se demostró participación alguna de sus agentes en un enfrentamiento, operativo o reacción legítima que hubiera causado o contribuido en la producción del daño. Para la procedencia de este criterio de atribución, es necesario que el Estado despliegue o desarrolle, en cumplimiento de un deber legal y en beneficio del interés general, una acción legítima que, a su vez, ocasione un perjuicio concreto, grave y especial, que rompa el principio de igualdad ante las cargas públicas, lo cual no ocurrió en el presente caso. (…) Para este Despacho judicial es claro que el ataque perpetrado en contra de las instalaciones del señor Guillermo Sánchez Gracia, se constituyó como un evento irresistible para las demandadas, pues, como se vio, cu mplieron con los deberes y obligaciones que, respectivamente, tenían a su cargo; imprevisible, porque el atentado se produjo sin que previamente hubiera mediado noticia alguna sobre amenazas, riesgos o intimidación al occiso; finalmente, se encuentra proba da la exterioridad de dicha conducta delictual respecto del servicio prestado por las entidades demandadas, habida cuenta de que las autoridades no estuvieron en la capacidad de evitar ese hecho. Por las razones expuestas, se negarán las suplicas del demandante, al considerar que el daño

servicio prestado por las entidades demandadas, habida cuenta de que las autoridades no estuvieron en la capacidad de evitar ese hecho. Por las razones expuestas, se negarán las suplicas del demandante, al considerar que el daño alegado no resulta imputable a las entidades demandadas, sino al hecho de un tercero. (…)”

Y luego resolvió:

“PRIMERO: Declárese probada la excepción hecho determinante y exclusivo de un tercero, a favor de la POLICIA NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, termínese el proceso, cancélese su radicación y archívese el expediente, previo las anotaciones de rigor”

5. RECURSOS DE APELACIÓN.

Dentro del término legal, la parte demandante interpuso recurso de apelación, bajo el argumento que el a quo no tuvo en cuenta la interrelación de las normas constitucionales, legales y demás disposiciones que preceptúan el cumplimiento de un deber legal, una funciónRADICACIÓN: 27001333300320200017101

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estatal y la garantía de los derechos y deberes, así como los fines constitucionales de las autoridades de Policía en el control de los establecimientos abiertos al público.

Asimismo, expuso que, de acuerdo con la r esolución número 0912 del 1 de abril de 2009, Reglamento del Servicio de Policía, los artículos 11, 35, 36, 39 y 40 numeral 2, establecen los principios de celeridad y eficacia. En efecto, se determina que el servicio de Policía, a cargo del Estado, cumple unos fines específicos y se define como un servicio público, permanente, obligatorio, monopolizado, primario, directo, inmediato e indeclinable, es decir, que no se puede rehusar.

Por lo tanto, refiere que se configura un deber legal y reglamentario que fue omitido por la entidad demandada, del cual surge el nexo causal con el daño imputado. En consecuencia, su omisión de los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios genera una causalidad jurídica, y, por ende, una acreditación de la existencia de un deber, de una obligación de hacer, que permite vincular jurídicamente al aparato estatal con el daño ocurrido, es decir, con el homicidio del señor Guillermo Gracia.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio del 3 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto

es decir, con el homicidio del señor Guillermo Gracia.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Con auto interlocutorio del 3 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia N° 34 del 07 de febrero 2024, y se ordena notificar al Ministerio Público y a las partes procesales, conforme al artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONSIDERACIONES

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear lo siguiente:

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es competente el Tribunal Administrativo de Chocó para resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó.

9. CUESTIÓN PREVIA.

Precisado lo anterior, pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera in stancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los

Circuito de Quibdó, recordando, los límites que impone la apelación al juez de segunda instancia, en tanto el ad quem solo está autorizado para pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos puntualmente al fallo, sin que pueda inmiscuirse en tópicos que no fueron debatidos por el recurrente, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

1 “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia . Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelacio nes de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación